STC8414-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8414-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01550-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de julio de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Wilson Alberto C\u00e1rdenas Jarro instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la empresa Taller Autoservicio Pineda, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 23-68459. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor, en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara \u00abrevisar la demanda corregida\u00bb y, en consecuencia, \u00abverifi[car] con sus investigadores las instalaciones de Taller Autoservicio Pineda y se den cuenta que este establecimiento no cumple con procedimientos y normas (\u2026) [y] en virtud de lo investigado se tomen las medidas disciplinarias\u00bb. <\/p>\n
El accionante controvierte tal actuaci\u00f3n, porque cuando aport\u00f3 la \u201ccorrecci\u00f3n\u201d del escrito genitor, le arroj\u00f3 el radicado n.\u00b0 \u201c23-207555-00000-0000\u201d, sin embargo, \u201cde este \u00faltimo radicado no t[uvo] respuesta\u201d, raz\u00f3n por la cual, al comunicarse telef\u00f3nicamente con el personal de la entidad convocada para preguntar por el tr\u00e1mite, le indicaron que no era posible impulsarlo, por cuanto \u201cten\u00eda que contratar los servicios de un abogado\u201d y \u201cen el momento [se] encuentr[a] desempleado, (\u2026) es decir que no t[iene] derecho [a] reclamar algo adquirido por un servicio, porque la entidad que supervisa los establecimientos comerciales no [le] puede brindar esa ayuda (\u2026) como ciudadano y consumidor\u201d. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio relat\u00f3 que si bien el d\u00eda en el que Wilson Alberto radic\u00f3 la \u201csubsanaci\u00f3n de la demanda (\u2026), en el sistema [se] gener[\u00f3] un nuevo n\u00famero [de radicado 23-207555\u201d, diferente al asignado inicialmente, cuando \u201cse percat\u00f3 de dicho error, inhabilit\u00f3 dicho radicado y el escrito de subsanaci\u00f3n fue trasladado\u201d al juicio que s\u00ed correspond\u00eda, esto es, al n\u00b0 23-68459. De modo que, al realizar el an\u00e1lisis pertinente observ\u00f3 que el peticionario no enmend\u00f3 \u201cen debida forma\u201d la misiva inaugural y esa situaci\u00f3n gener\u00f3 \u201cel rechazo\u201d de conformidad con el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Taller Autoservicio Pineda se opuso a la salvaguarda, por cuanto no ha transgredido las garant\u00edas supralegales del impulsor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el resguardo, tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en su informe, la entidad accionada puso de presente, de una parte, que al presentar el actor la subsanaci\u00f3n de la demanda se gener\u00f3 err\u00f3neamente un numero nuevo de radicado (23-207555), lo que tambi\u00e9n aparece en la impresi\u00f3n de pantalla del correo electr\u00f3nico del 4 de mayo de 2023 adosada a la tutela, no obstante, posteriormente fue corregido e inhabilitado y trasladada la subsanaci\u00f3n al proceso n.\u00b0 23-68459; y, por otra parte, que por Auto n.\u00b0 58085 del 26 de mayo de 2023, notificado mediante Estado N\u00b0 093 del 29 de mayo de 2023, se rechaz\u00f3 la demanda por no subsanaci\u00f3n en debida forma de conformidad a lo dispuesto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora, de los hechos de la tutela se evidencia que el actor nunca tuvo conocimiento del error cometido por la entidad accionada en la asignaci\u00f3n de un nuevo radicado a la subsanaci\u00f3n de la demanda, como tampoco del rechazo de su demanda, por lo que qued\u00f3 a la espera de respuesta de este \u00faltimo n\u00famero 23-207555-00000-0000 y en la respuesta otorgada en 14 de julio pasado, dentro del tr\u00e1mite de esta instancia, s\u00f3lo se le inform\u00f3 de la existencia del auto de inadmisi\u00f3n, m\u00e1s nada se dijo respecto del yerro antedicho y del rechazo de la demanda. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n de desconocimiento de las actuaciones al interior del proceso de protecci\u00f3n al consumidor por parte del se\u00f1or C\u00e1rdenas Jarro – quien no debe perderse de vista que actuaba sin intermediaci\u00f3n de abogado – no solo vulnera su prerrogativa de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, desde la \u00f3ptica del principio de publicidad estatuido en el art\u00edculo 228 superior, sino su debido proceso, por cuenta del derecho a la defensa, al no haber tenido la oportunidad de ejercer en tiempo el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que rechaz\u00f3 la demanda o cualquier otro mecanismo de los consagrados en el estatuto procesal civil, si as\u00ed lo estimaba pertinente; de all\u00ed que no se hubiera opuesto, tampoco, el principio de subsidiariedad de la tutela para el examen de fondo del asunto\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el t\u00e9rmino de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a poner en conocimiento del se\u00f1or Wilson Alberto C\u00e1rdenas Jarro el auto del 26 de mayo de 2023 que rechaz\u00f3 la demanda que propuso y le conceda el t\u00e9rmino legales para que cuente con la oportunidad de ejercer los medios de defensa establecidos en la ley procesal si as\u00ed lo considera pertinente\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, exhort\u00f3 al precursor para que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si es su deseo, realice la solicitud de amparo de pobreza ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco de la demanda de protecci\u00f3n al consumidor que propuso, teniendo en cuenta que en la narraci\u00f3n de los hechos de la tutela indic\u00f3 que no puede contratar los servicios de un profesional del derecho por falta de recursos\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien afirm\u00f3 que la contienda criticada es \u00abde naturaleza civil que se rige bajo las normas procesales de un procedimiento verbal, en el cual se deben surtir todas las etapas consagradas en el T\u00edtulo II Cap\u00edtulo I\u00bb, ello, por remisi\u00f3n de lo reglado en los art\u00edculos 4 \u2013inciso 3\u00b0- y 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Bajo esa reflexi\u00f3n, explic\u00f3 que el libelo \u00abdeb[\u00eda] cumplir con los requisitos previstos en el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y, al advertir varias falencias, otorg\u00f3 al convocante el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que cumpliera con varias exigencias, pero al no hacerlo \u00abrechaz\u00f3 la demanda mediante auto nro. 58085 del 26 de mayo de 2023. Por lo que, no puede argumentar el accionante que (\u2026) vulner[\u00f3] sus derechos fundamentales, toda vez que las actuaciones y decisiones (\u2026) son dictadas conforme a derecho acatando el procedimiento que las normas procesales establecen en cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del mismo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n opugn\u00f3 Wilson Alberto, aduciendo que \u00ab(\u2026) de acuerdo a la respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (\u2026) le haya m\u00e1s raz\u00f3n a la empresa [u] organizaci\u00f3n que vende el servicio que al usuario que lo utiliza y fuera de esto en ning\u00fan momento fue[ron] inspeccionadas las instalaciones del taller para tomar una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el \u00e9xito del amparo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto refutado, comoquiera que la Superintendencia de Industria y Comercio puso en crisis los postulados de \u00abdefensa\u00bb y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb consagrados el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica y conculc\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb del querellante. <\/p>\n
En efecto, se observ\u00f3 que el actor, con el prop\u00f3sito de atender los par\u00e1metros dados por dicha dependencia en prove\u00eddo de 24 de abril hoga\u00f1o, anex\u00f3 11 folios al e-mail contactenos@sic.gov.co que denomin\u00f3 \u00abCORRECCI\u00d3N DEMANDA\u00bb y anot\u00f3 igualmente que tal documento lo \u00abrealiz\u00f3 (\u2026) dando uso al formato establecido por la entidad\u00bb. <\/p>\n
Inmediatamente, la querellada le reenvi\u00f3 del correo noresponder@sic.gov.co, la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
Del anterior comunicado se deduce que en virtud de la remisi\u00f3n que el tutelante hizo a la enjuiciada del legajo que nombr\u00f3 \u00abCORRECCI\u00d3N DEMANDA\u00bb, surgi\u00f3 por equivocaci\u00f3n, tal como aquella lo describi\u00f3, otro n\u00famero de \u00abradicado\u00bb (n\u00b0 23-207555-00000-0000), cuyo seguimiento lo pod\u00eda efectuar a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web en el canal \u00abESTADO DE TR\u00c1MITES\u00bb, como as\u00ed lo precis\u00f3 en el pantallazo adjuntado, alteraci\u00f3n que confundi\u00f3 a Wilson Alberto y no le permiti\u00f3 conocer a tiempo el auto que se emiti\u00f3 el pasado 26 de mayo \u00abrechazando (\u2026) por no subsanarse en debida forma la demanda de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, con el fin de formular el recurso procedente y esbozar las inconformidades al respecto, ya que el proceso por \u00e9l interpuesto se identific\u00f3 con un consecutivo distinto al mencionado, lo que quebrant\u00f3 el principio constitucional de confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
Valga destacar que, aun cuando la Superintendencia evidenci\u00f3 la anomal\u00eda registrada e intent\u00f3 enderezarla, tal labor no culmin\u00f3 de la forma esperada, puesto que solo se concentr\u00f3 en las diligencias administrativas internas, es decir, de exportar el referido memorial al pleito n\u00b0 23-68459 al cual pertenec\u00eda, pero no notici\u00f3 de ello al suplicante y, por tanto, it\u00e9rese, aquel no se enter\u00f3 de lo que realmente acaeci\u00f3 en la plataforma de la SIC. <\/p>\n
En torno al \u00abprincipio constitucional de confianza leg\u00edtima\u00bb el m\u00e1ximo \u00f3rgano de esta jurisdicci\u00f3n en sentencia T 472 de 2009 sostuvo: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el principio de la confianza leg\u00edtima consiste en una proyecci\u00f3n de la buena fe que debe gobernar la relaci\u00f3n entre las autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado (\u2026). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la confianza leg\u00edtima es un principio constitucional que directa o indirectamente est\u00e1 en cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garant\u00eda y protecci\u00f3n. Es un mandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste en que la administraci\u00f3n no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permit\u00eda a los administrados, sin que se otorgue un per\u00edodo razonable de transici\u00f3n o una soluci\u00f3n para los problemas derivados de su acci\u00f3n u omisi\u00f3n. <\/p>\n
Dentro del alcance y l\u00edmites es relevante tener en cuenta, seg\u00fan el caso concreto: (i) que no libera a la administraci\u00f3n del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligaci\u00f3n de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual ser\u00e1 preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y dise\u00f1ar estrategias de soluci\u00f3n; (ii) que no se trata de un derecho absoluto y por tanto su ponderaci\u00f3n debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; (iii) que no puede estar enfocado a obtener el pago de indemnizaci\u00f3n, resarcimiento, reparaci\u00f3n, donaci\u00f3n o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos adquiridos, sino de situaciones jur\u00eddicas an\u00f3malas susceptibles de modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En un caso donde se inobserv\u00f3 dicho \u201cprincipio\u201d, esta Colegiatura sostuvo: <\/p>\n
[C]onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de \u2018confianza leg\u00edtima\u2019 procura \u2018garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que, al compararlas, resulten contradictorias (C-836 de 2001, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). En efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la [actuaci\u00f3n] de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. (\u2026). (STC, 18 dic. <\/p>\n
2012, rad. 2012-00119-01; reiterada entre otras en la <\/p>\n
STC3158-2022, STC5778-2022 y STC16326-2022). Resalto ajeno al texto. <\/p>\n
2.- Los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio al impugnar la decisi\u00f3n de primer grado, no tienen asidero, por cuanto, la vulneraci\u00f3n que se predica, contrario a lo alegado, no desconoce los lineamientos del estatuto procesal civil, ni de la Ley 1480 de 2011 que gobiernan el asunto, sino que hace relaci\u00f3n a las inconsistencias a las que ocasionalmente se pueden enfrentar los ciudadanos en el funcionamiento de las plataformas tecnol\u00f3gicas y que es el deber de las autoridades solucionar sin trasladar dicha carga a aquellos. <\/p>\n
Y, lo afirmado por Wilson Alberto en esta instancia, en el sentido de que \u00ab(\u2026) de acuerdo a la respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (\u2026) le haya m\u00e1s raz\u00f3n a la empresa [u] organizaci\u00f3n que vende el servicio que al usuario que lo utiliza y fuera de esto en ning\u00fan momento fue[ron] inspeccionadas las instalaciones del taller para tomar una decisi\u00f3n\u00bb, son desconciertos que deber\u00e1 manifestar en el desarrollo normal de esa lid, sin que pueda soslayar los instrumentos de \u00abdefensa\u00bb que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas circunstancias como las referidas. <\/p>\n
3.- Con base en lo cavilado, se refrendar\u00e1 el fallo apelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8414-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8414-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01550-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}