STC8415-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8415-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00426-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por frente al fallo proferido el 1\u00b0 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yeribeth Paola Castro Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3 entonces, se ordene al estrado querellado \u00abdarle tr\u00e1mite a las solicitudes presentadas por la accionante relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela de primera instancia de fecha\u2026 19 de mayo de\u2026 2023\u00bb, asimismo, \u00abexcepcionalmente\u00bb se disponga a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas que \u00abprocedan hacer entrega de manera inmediata a la accionante el derecho a la indemnizaci\u00f3n administrativa por la suma de $4.426.595, m\u00e1s sus rendimientos legales que le fue constituido en un encargo fiduciario desde el a\u00f1o 2018, tal como lo dispone el art\u00edculo 185 de la Ley 1448 de 2011\u00bb, como lo solicit\u00f3 en la petici\u00f3n que por falta de pronunciamiento concedi\u00f3 la sede judicial. <\/p>\n
Por otra parte, pidi\u00f3 se compulsen copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina, a la Fiscal\u00eda y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el fin de que se investiguen los posibles delitos y faltas disciplinarias en que pudieron incurrir las personas encargadas de atender las ordenes impartidas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yeribeth Paola Castro Guti\u00e9rrez promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, con el fin de que se le diera respuesta a su petici\u00f3n, por medio del cual solicitaba se adelantara el tr\u00e1mite pertinente para que se autorice la entrega a su favor de la indemnizaci\u00f3n administrativa que le fue reconocida y con la que se constituy\u00f3 un encargo fiduciario en Bancolombia mientras cumpl\u00eda su mayor\u00eda de edad, \u00faltima que ya alcanz\u00f3. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, quien con sentencia de 19 de mayo de 2023 concedi\u00f3 la salvaguarda, ordenando a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas que, \u00aben el t\u00e9rmino de las\u2026 72 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, responda de fondo, de manera clara, precisa, completa y en congruencia con lo solicitado, la petici\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Yeribeth Paola Castro Guti\u00e9rrez el d\u00eda 15 de abril de 20[23], mediante la cual solicita que en cumplimiento de lo ordenado en el art\u00edculo 185 de la ley 1448 de 2011, proceda a adelantar los tr\u00e1mites administrativos correspondientes a fin de autorizarle la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa que se encuentra constituida en un encargo fiduciario en la entidad bancaria Bancolombia $4.426.595,33\u2026\u00bb; decisi\u00f3n confirmada, en sede de impugnaci\u00f3n, el 27 de junio siguiente confirm\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la promotora que el 4 de julio de 2023 solicit\u00f3 al estrado judicial el tr\u00e1mite incidental, comoquiera que, la Unidad tutelada no se ha dado cumplimiento a lo ordenado, situaci\u00f3n que reiter\u00f3 el 10 y 13 de julio siguiente, sin que a la fecha exista pronunciamiento al respecto \u00abtranscu[rriendo] un t\u00e9rmino de\u2026 14 d\u00edas calendarios a partir del d\u00eda 4 de julio de 2023, que se present\u00f3 el primer requerimiento\u00bb, lo cual es urgente, en la medida en que Bancolombia le inform\u00f3 que el encargo fiduciario tuvo vigencia hasta octubre de 2022. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la UARV no ha dado cumplimiento a lo ordenado, pues \u00abpara nada se ha dignado al menos a decir[le] en que nueva entidad bancaria se encuentra constituido el referido encargo fiduciario\u00bb, desatendiendo el derecho a la informaci\u00f3n y reiterando su actuar negligente y omisiva para cumplir una orden judicial. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el actuar de los funcionarios de la UARV es temerario desde que impugnaci\u00f3n la concesi\u00f3n de la salvaguarda, adem\u00e1s, \u00abno acatar los fallos de tutela ya prove\u00eddos, raya y es constitutiva de la presunta conducta penal de fraude a resoluci\u00f3n judicial o administrativa de polic\u00eda, tipificada en el art\u00edculo 454 del C\u00f3digo Penal Colombiano\u00bb, por lo que se debe compulsar las copias pertinentes, para que las autoridades competentes inicien las investigaciones que correspondan. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad se pronunci\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; indic\u00f3 que con prove\u00eddo de 16 de julio de 2023 requiri\u00f3 a la incidentada a efectos de que informara acerca del cumplimiento de la orden dada al fallo emitido el 19 de mayo anterior, por lo que se constituye un hecho superado; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, pues desde la presentaci\u00f3n del desacato a la fecha solo han transcurrido 7 d\u00edas h\u00e1biles, tiempo justificado, si en cuenta se tiene todas las actividades que a diario debe ejecutar y la carga laboral con la que cuenta ese despacho. <\/p>\n
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2. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas manifest\u00f3 que otorg\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n de la promotora bajo el c\u00f3digo lex 7516087; que verificada la base de datos, a la promotora se le reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n, por lo que se constituy\u00f3 un encargo fiduciario, que al haber cumplido la mayor\u00eda de edad debe ser entregado junto con sus rendimientos, materializaci\u00f3n que tarda cerca de 3 meses, sino presenta novedad en el procedimiento. <\/p>\n
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3. Fiduciaria Bancolombia S.A. \u2013 Sociedad Fiduciaria, el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior -ICETEX, la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar, en escritos separados, instaron la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no han emprendido acciones u omisiones que pongan en peligro las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la solicitud de amparo por hecho superado, pues con el auto de 18 de julio de 2023 se imparti\u00f3 tr\u00e1mite al incidente de desacato, requiriendo previamente a la entidad censurada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues, de un lado, respecto a lo pretendido con la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, es esa entidad quien debe pronunciarse de fondo, al ser quien conoce del asunto y frente a las determinaciones all\u00ed adoptadas puede hacer valer sus mecanismos de defensa; y, por otra parte, si la promotora considera que existe alg\u00fan actuar que debe ser investigado, debe ponerlo en conocimiento directamente ante la autoridad competente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, a los que adicion\u00f3 que conforme a los precedentes jurisprudenciales, a las v\u00edctimas del conflicto armado se debe velar por sus derechos, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 185 de la ley 1448 de 2011 dispone la entrega de la indemnizaci\u00f3n para cuando adquiera la mayor\u00eda de edad, destac\u00f3 que \u00abel no cumplimiento de la orden judicial por parte de la referida entidad accionada UARIV, vulnera [su] derecho fundamental constitucional al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la compulsa de copias a la Procuradur\u00eda, Contralor\u00eda y Fiscal\u00eda son pertinentes, comoquiera que el actuar de las personas encargadas de la Unidad son irregulares. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n de este ruego constitucional es la tardanza del estrado encausado en impartir el tr\u00e1mite correspondiente al incidente de desacato que la actora promovi\u00f3, al considerar que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV- no ha dado cumplimiento a la orden constitucional impartida el 19 de mayo de 2023, confirmada por el Tribunal. <\/p>\n
Ahora, del informe allegado por la autoridad accionada, junto con sus anexos, se desprende que el 18 de julio de 2023 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad resolvi\u00f3 requerir previamente a la Unidad, con el fin de que informara sobre el cumplimiento del fallo antes de dar apertura al incidente de desacato, de donde se extrae que ya pronunci\u00f3 al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente tr\u00e1mite supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como quebrantadora de derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual se colige que la supuesta vulneraci\u00f3n ha cesado, por lo que el resguardo no puede prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01; y STC 18211-2016). <\/p>\n
3. Ahora, respecto a la falta de cumplimiento de la orden constitucional, es un asunto que le compete al estrado querellado determinar, esto, al agotar las etapas pertinentes y decidir sobre el prenotado desacato; asimismo, es a la Unidad quien debe pronunciarse de fondo sobre sus pretensiones, sin que sea de recibo los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Finalmente, frente a la compulsa de copias que pretende la promotora, por las supuestas irregularidades de los diferentes funcionarios que, a su parecer, requieren ser investigados disciplinaria y penalmente, es menester precisar que si aquella considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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