STC8418-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8418-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01472-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 12 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ana Yelitza Pardo L\u00f3pez contra los Juzgados 34 Civil del Circuito y 45 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple (hoy 65 Civil Municipal de esta ciudad), ambos de esta localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, \u00aben conexidad con la vivienda digna\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto\u00bb el proceso de restituci\u00f3n de tenencia que se adelant\u00f3 ante el juzgado del circuito accionado, as\u00ed como tambi\u00e9n el tr\u00e1mite del que conoci\u00f3 el estrado municipal convocado. <\/p>\n
2.1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA (BBVA Colombia) formul\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de tenencia contra Ana Yelitza Pardo L\u00f3pez, con la finalidad de que se declarara \u00abterminado el contrato de leasing habitacional\u2026 sobre el inmueble ubicado en la Calle 19 N\u00b0 96 C \u2013 38, Apartamento 202\u00bb y, en consecuencia, se condenara a la enjuiciada \u00aba restituir[le]\u00bb el citado bien, que fue admitida por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con auto del 4 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.2. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que se abstuvo de tramitar el prenotado despacho judicial, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del primero de noviembre de 2022, por cuanto, en su concepto, \u00abno [era] procedente o\u00edr a la pasiva, toda vez que no fue allegada, constancia alguna, que acredite el dep\u00f3sito por el total de los c\u00e1nones adeudados, ni tampoco, aport\u00f3 los recibos de pago de los \u00faltimos tres periodos\u00bb, de conformidad con lo previsto en el \u00abnumeral 3\u00b0 del art\u00edculo 384 del CGP\u00bb. Adicionalmente, mediante providencia de esa misma fecha (primero de noviembre de 2022), se dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones. <\/p>\n
2.3. Contra a esas dos decisiones la demandada formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, recursos a los que decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite la sede judicial de conocimiento, mediante providencia del 26 de enero 2023, en aplicaci\u00f3n del \u00abinciso segundo y tercero del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, BBVA Colombia promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Ana Yelitza Pardo L\u00f3pez, libr\u00e1ndose orden de pago por el Juzgado 45 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (hoy 65 Civil Municipal de esta ciudad), a trav\u00e9s de auto del 2 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la demandada, recurso desestimado con providencia del 24 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, la ejecutada reclam\u00f3 la suspensi\u00f3n del litigio, que fue negada con prove\u00eddo de 3 de marzo de esa anualidad, determinaci\u00f3n frente a la que la peticionaria formul\u00f3 reposici\u00f3n, que fue rechazada, por extempor\u00e1nea, con auto del 24 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.6. Cumplido lo anterior, la demandada insisti\u00f3, en dos oportunidades, en su solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, siendo negada con providencias del 17 de mayo y 23 de junio, decisiones todas de esta anualidad. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, en lo que ata\u00f1e al proceso de restituci\u00f3n de tenencia, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada debi\u00f3 remitir la demanda a la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso; que err\u00f3 al no escucharla en el juicio criticado y, por tanto, no darle tr\u00e1mite a los mecanismos defensivos que plante\u00f3; as\u00ed como tambi\u00e9n que el asunto se adelant\u00f3 por una v\u00eda que no corresponde. <\/p>\n
2.8. Respecto al proceso ejecutivo, que actualmente conoce el Juzgado 65 Civil Municipal de esta ciudad, en resumen, cuestion\u00f3 la promotora que dicho estrado carece de competencia para conocer de la ejecuci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 24 del estatuto procesal civil; que el documento allegado como soporte del cobro, no constituye t\u00edtulo ejecutivo; y que debi\u00f3 suspenderse dicho juicio, conforme ella lo solicit\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, pidi\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n de tutela por evidenciar que la misma resulta improcedente, atendiendo que las actuaciones realizadas dentro del proceso se han surtido de conformidad a la norma establecida y la naturaleza del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 63 Civil Municipal de esta localidad manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones emitidas dentro de[l]\u2026 coactivo se han tomado con estricto apego a las normas constitucionales, procesales y comerciales vigentes que rigen la materia, por ende\u2026, se atiene a los fundamentos facticos y jur\u00eddicos contenidos en las mismas\u00bb. <\/p>\n
3. Revisadas las diligencias no se verifica la existencia de respuestas adicionales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que, de un lado, \u00abno se advierte que la decisi\u00f3n adoptada por el juez de conocimiento [del proceso de restituci\u00f3n de tenencia] sobrepase los l\u00edmites de la juridicidad o una hermen\u00e9utica m\u00ednimamente plausible\u00bb, habida cuenta que: <\/p>\n
\u2026 el funcionario acusado aplic\u00f3 las consecuencias jur\u00eddicas que trae la norma 384 del C\u00f3digo General del Proceso, porque aunque se trata de un leasing financiero, el precepto 385 del ese ordenamiento, regulando los otros procesos de restituci\u00f3n de tenencia, expresamente dispuso que lo \u201cdispuesto en el art\u00edculo precedente se aplicar\u00e1… a la de cualquier clase de bienes dados en tenencia a t\u00edtulo distinto del arrendamiento\u201d, es decir, la reglas contenidas en aquella disposici\u00f3n relativas a los requisitos para ser \u201co\u00eddo en el proceso\u201d, configura una interpretaci\u00f3n razonable de los preceptos legales aplicables al caso controvertido\u2026 <\/p>\n
Respecto a la ejecuci\u00f3n cuestionada, resalt\u00f3 que \u00abla accionante no satisfizo el requisito de subsidiariedad que gobierna la promoci\u00f3n excepcional de la acci\u00f3n de tutela\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se constata que la actora critic\u00f3 la legalidad: (i) de la actuaci\u00f3n surtida en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia que promovi\u00f3 BBVA Colombia en su contra; y (ii) de la ejecuci\u00f3n que contra ella tambi\u00e9n impuls\u00f3 la referida entidad financiera. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al rehusarse a escuchar a la demandada en el juicio criticado, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada. <\/p>\n
4.1. Y es que, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que la sanci\u00f3n prevista en el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, no aplica para procesos de restituci\u00f3n de tenencia, impulsados con fundamento en contratos de leasing financiero, tem\u00e1tica sobre la cual se destac\u00f3 que: <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que mediante prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2016, el estrado acusado dispuso no o\u00edr a la demandada, pues no cumpli\u00f3 con lo contemplado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que no la tendr\u00eda en cuenta: <\/p>\n
\u2026hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel (folio 161, cuaderno 1). <\/p>\n
Posteriormente, el 2 de diciembre de 2016 profiri\u00f3 sentencia, en la que se declar\u00f3 terminado el contrato y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien objeto de dicho convenio. <\/p>\n
3. Bajo el anterior contexto, se concluye que el estrado criticado incurri\u00f3 en una v\u00eda hecho, comoquiera que no apreci\u00f3 la normatividad ni la jurisprudencia aplicable, pues consider\u00f3 que la demandada no deb\u00eda ser o\u00edda hasta que cancelara los c\u00e1nones denunciados por la demandante como debidos, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, se observa que no se tuvo en cuenta que, la sentencia T-734 de 2013 de la Corte Constitucional, al estudiar la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los contratos de leasing financiero, concluy\u00f3 que, pese a que para la restituci\u00f3n de bienes entregados en leasing se hac\u00eda una remisi\u00f3n normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la misma no se hac\u00eda extensiva a la referida sanci\u00f3n. Norma que en este t\u00f3pico no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, la referida Corporaci\u00f3n, en esa providencia precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contemplado en el art\u00edculo 424 del C.P.C., no plantea ninguna discusi\u00f3n y por lo mismo resulta viable en tanto es la v\u00eda judicial que el legislador ha dise\u00f1ado para resolver este tipo de reclamaciones judiciales. Sin embargo, lo que no resulta aceptable, es que por v\u00eda de este mecanismo de integraci\u00f3n normativa se restrinja de manera dr\u00e1stica el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso y de defensa, cuando quiera que dicha limitaci\u00f3n no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada ante presuntos incumplimientos de contratos financieros como el leasing. De aceptarse dicha circunstancia, ello supondr\u00eda el desconocimiento del principio pro homine, el cual se pasar\u00e1 a explicar m\u00e1s adelante\u2026 <\/p>\n
7.2.8 En el presente caso, el fundamento jur\u00eddico que domina la actuaci\u00f3n judicial controvertida corresponde al proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u2026 En esta medida, la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica no plantea mayor dificultad\u2026 Sin embargo, no resulta aceptable, que dicha aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la norma procesal, se haga incluso respecto de aqu\u00e9l aparte normativo que restringe o limita el ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso. Tal y como sucede en el caso que nos ocupa, en el que si bien el contrato de leasing inmobiliario plantea algunas similitudes con el contrato de arrendamiento de inmueble por nutrirse de algunas caracter\u00edsticas de \u00e9ste, ello no permite que pueda asimilarse en su integridad a \u00e9ste \u00faltimo pues contiene otras caracter\u00edsticas jur\u00eddicas muy distintas, propias de otros contratos t\u00edpicos o propias a \u00e9l. <\/p>\n
7.2.9 Por esta raz\u00f3n, cuando en el tr\u00e1mite del referido proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el accionado\u2026 aplic\u00f3 de manera anal\u00f3gica e integral el contenido del art\u00edculo 424 del C.P.C. al suponer que la reclamaci\u00f3n del contrato de leasing incumplido era asimilable a un contrato de arrendamiento com\u00fan y corriente, incurri\u00f3 en un causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela por defecto sustantivo o material, justificado en una indebida interpretaci\u00f3n de la citada norma a consecuencia de una indebida aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del citado aparte normativo. En efecto, no pod\u00eda la autoridad judicial imponer\u2026 la restricci\u00f3n al ejercicio del derecho al debido proceso y de defensa contemplada en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 del C.P.C. por no estar contemplada de manera expresa por el mismo Legislador para su aplicaci\u00f3n a los contratos financieros como el leasing\u2026 <\/p>\n
7.3 Ahora bien, el anotado defecto material o sustancial atr\u00e1s explicado, dio origen igualmente [a] un defecto f\u00e1ctico, pues el juez al aplicar de manera estricta el art\u00edculo 424 de C.P.C. ignor\u00f3 por completo el material probatorio que la sociedad tutelante hab\u00eda expuesto en su contestaci\u00f3n de la demanda y en sus objeciones de fondo, documentos en los que pon\u00eda en entredicho el referido contrato de leasing o arrendamiento financiero\u2026 <\/p>\n
A pesar de que estos argumentos fueron oportunamente presentados por la sociedad demandada como excepciones de fondo, no fueron objeto de an\u00e1lisis alguno por parte del Juzgado… En efecto esta instancia judicial atendiendo lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 C.P.C., decidi\u00f3 no estudiar los argumentos jur\u00eddicos planteados en las objeciones de fondo, raz\u00f3n por la cual, le fue imposible advertir las diferencias jur\u00eddicas entre el contrato financiero de leasing y el simple arrendamiento inmobiliario, y tampoco pudo analizar los argumentos jur\u00eddicos que pon\u00edan en entredicho el real incumplimiento contractual alegado\u2026 <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Sala en un caso de similares contornos, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se transgreden los derechos fundamentales del quejoso, ya que el fallador aplic\u00f3 de modo autom\u00e1tico el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a un caso que no era susceptible de la exigencia prevista en ese precepto, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la norma en cita exige que el extremo pasivo en un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cancele los c\u00e1nones que el demandante alega como adeudados, con la finalidad de que aqu\u00e9l pueda ser escuchado dentro del proceso… No obstante, la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia T-[734]\/13 de la Corte Constitucional, ha establecido que no es viable aplicar la sanci\u00f3n antes aludida en los eventos en los cuales los supuestos normativos no se cumplen, destacando que la misma no puede llevarse por analog\u00eda al campo de los juicios en que se pide la restituci\u00f3n de bienes cuya tenencia se entreg\u00f3 al demandado con fundamento en contratos de leasing financiero\u2026 <\/p>\n
3. En el caso bajo estudio el Juzgado acusado, al advertir que el gestor constitucional no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones que su demandante adujo adeudados por aqu\u00e9l, resolvi\u00f3 no escucharlo, a pesar de que el asunto se edific\u00f3 en un contrato de leasing financiero por el cual se le entreg\u00f3 la tenencia de una inmueble y que el demandado, en la oportunidad legal, contest\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones condensadas en la misma. <\/p>\n
En tal sentido, al existir certeza respecto a que el juicio no se edific\u00f3 en un contrato de arrendamiento sino en uno de leasing financiero, se hac\u00eda inaplicable la exigencia contenida en el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026 (CSJ STC4523-2016, 15 abr., rad. 2016-00126-01). (CSJ STC11330-2017. En el mismo sentido, ver tambi\u00e9n STC16045-2022). <\/p>\n
4.2. Bajo ese horizonte, revisado el prove\u00eddo de primero de noviembre de 2022, evidencia la Sala que el juzgado querellado desconoci\u00f3 los par\u00e1metros antes mencionados, comoquiera que para desechar los mecanismos defensivos que plante\u00f3 la demandada en el asunto objeto de censura constitucional, se limit\u00f3 a indicar que, \u00abteniendo en cuenta la naturaleza del proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n, la causal invocada para promoverlo, encuentra el despacho, que, no es procedente o\u00edr a la pasiva, toda vez, que, no fue allegada, constancia alguna, que acredite el dep\u00f3sito por el total de los c\u00e1nones adeudados, ni tampoco, aport\u00f3 los recibos de pago de los \u00faltimos tres periodos\u00bb, postura que reiter\u00f3 en el auto de 26 de enero de los corrientes, que decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a los recursos que formul\u00f3 la quejosa contra la prenotada decisi\u00f3n de primero de noviembre, oportunidad en la que adicion\u00f3 que: <\/p>\n
El inciso segundo y tercero del numeral 4\u00b0. Del art\u00edculo 384 del C.G.P., indica: \u201cSi la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel. <\/p>\n
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo.\u201d <\/p>\n
En el caso concreto, la causal que se invoca es la mora y la parte demandada si bien es cierto se notific\u00f3 de la demandada, no ha dado cumplimiento a lo establecido en la norma transcrita, raz\u00f3n por la cual no ser\u00e1 o\u00eddo y por ende no se da tr\u00e1mite a los recursos invocados. <\/p>\n
4.3. Entonces, evidente es que que el fallador enjuiciado err\u00f3 al no dar tr\u00e1mite a los mecanismos defensivos que plante\u00f3 la hoy tutelante, con fundamento en una norma que no resultaba aplicable al juicio criticado, conforme lo ha decantado la jurisprudencia constitucional antes citada, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
4.4. En este punto, cabe a\u00f1adir que, como las consideraciones precedentes conllevan el quiebre del fallo que dirimi\u00f3 el litigio acusado, as\u00ed como tambi\u00e9n el auto que dispuso no escuchar a la demandada en ese asunto, la Corte se abstendr\u00e1, por sustracci\u00f3n de materia, de pronunciarse sobre las dem\u00e1s quejas de la promotora del resguardo, comoquiera que los aspectos sobre los cuales \u00e9stas versan, habr\u00e1n de ser planteados ante la sede judicial acusada, quien es la llamada a resolver sobre dichas cuestiones, por lo que cualquier pronunciamiento del juez constitucional resultar\u00eda prematuro. <\/p>\n
5. Ahora, en lo que ata\u00f1e a los reproches que esgrimi\u00f3 la gestora del resguardo frente a la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra, se advierte, inicialmente, que dicho tr\u00e1mite se impuls\u00f3 con sustento en el contrato de leasing habitacional, cuyo incumplimiento se viene discutiendo en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia que conoce el juzgado del circuito accionado, lo que denota la estrecha relaci\u00f3n que existe entre los dos juicios criticados. <\/p>\n
Entonces, la existencia del prenotado v\u00ednculo entre los dos asuntos cuestionados, dota de competencia a esta Corporaci\u00f3n para pronunciarse sobre las quejas que plante\u00f3 la promotora frente al proceso ejecutivo, las cuales se circunscriben a predicar que: (i) el estrado municipal accionado carece de competencia para conocer de la ejecuci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 24 del estatuto procesal civil; (ii) debi\u00f3 suspenderse dicho juicio; y (iii) el documento allegado como soporte del cobro, no constituye t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
6. En lo que ata\u00f1e a los dos primeros de esos reproches, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto la quejosa dej\u00f3 de utilizar los medios de defensa judicial que tuvo a su alcance para conjurar la supuesta configuraci\u00f3n de las irregularidades que ahora denuncia por v\u00eda constitucional, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
6.1. En primer lugar, respecto a la alegada falta de competencia del juzgado acusado para conocer del coercitivo materia de censura, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, se advierte que la ejecutada omiti\u00f3 esgrimir tal situaci\u00f3n en el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra el mandamiento de pago, en acatamiento del mandato consignado en el art\u00edculo consagrado en el canon 4421 (numeral 3\u00b0) del citado compendio normativo. <\/p>\n
Ello en la medida en que, en ese escenario, la quejosa se limit\u00f3 a alegar la existencia de un pleito pendiente entre los contendientes y la falta de competencia, pero debido a la cuant\u00eda, m\u00e1s no con soporte en la disposici\u00f3n antes citada (art\u00edculo 24, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
6.2. Por otra parte, se advierte que la actora tampoco formul\u00f3, oportunamente, reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos que negaron la suspensi\u00f3n que reclam\u00f3, como se verific\u00f3 en el expediente contentivo del proceso criticado. <\/p>\n
6.3. De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
7. Respecto a la \u00faltima de las censuras previamente relacionadas, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, por cuanto el proceso criticado est\u00e1 en curso, sin que se hubiese siquiera proferido sentencia que resuelva sobre las excepciones meritorias propuestas, en la cual el juzgador accionado habr\u00e1 de pronunciarse, precisamente, sobre la viabilidad de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, como el referido litigio est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
7.1. Cabe a\u00f1adir que, en casos como el de ahora, en los que la queja radica en que la parte ejecutada considera que el documento base de cobro no re\u00fane los requisitos de ley, el ruego tutelar se ha considerado prematuro cuando a\u00fan est\u00e1n pendientes de definici\u00f3n las defensas de m\u00e9rito planteadas ante el fallador natural, como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n
En efecto, esta Corte en fallo STC1121-2015, en lo que aqu\u00ed interesa, dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026el amparo deprecado no est\u00e1 llamado a prosperar comoquiera que resulta prematuro ya que, no ha sido aun expedida la sentencia que dirima tal pleito, providencia en la cual el alcance de la obligaci\u00f3n del accionante necesariamente debe ser analizado con independencia de que el mandamiento de pago haya sido recurrido en reposici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Lo anotado torna improcedente la referida solicitud de resguardo porque no puede el fallador constitucional, en modo alguno, anticiparse a los pronunciamientos del juez natural\u2026 <\/p>\n
En efecto, aun cuando en un tr\u00e1mite judicial sea propuesta y decidida adversamente una excepci\u00f3n previa, tramitada por v\u00eda de reposici\u00f3n en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos, ello no exime al operador judicial de conocimiento de volver sobre los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, que es lo que aduce el demandante constitucional. <\/p>\n
En igual sentido, respecto a la revisi\u00f3n oficiosa de los t\u00edtulos que debe agotar el juzgador natural al momento de ocuparse de resolver si existe m\u00e9rito para continuar el cobro, insistentemente se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026es dable a los juzgadores bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y as\u00ed tambi\u00e9n de acuerdo con el C\u00f3digo General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia. <\/p>\n
Y es que sobre el particular de la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala precis\u00f3, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n
Por ende, mal puede olvidarse que as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb (se relieva). <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n
Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material\u2026 <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb\u2026 <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido. (CSJ STC4808-2017) (reiterada en STC433-2018). <\/p>\n
8. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria parcial del fallo objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, en lo que ata\u00f1e al juicio de restituci\u00f3n de tenencia cuestionado, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la accionante, por lo que se ordenar\u00e1 al estrado enjuiciado que, tras dejar sin efecto las providencias de primero de noviembre de 2022 y toda la actuaci\u00f3n que dependa de esas decisiones, proceda a dictar una nueva determinaci\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, espec\u00edficamente, en lo tocante al juicio ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca parcialmente la sentencia impugnada, en su lugar, concede con alcance parcial el amparo al derecho al debido proceso de Ana Yelitza Pardo L\u00f3pez. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto las providencias de primero de noviembre de 2022 dentro del proceso criticado (radicaci\u00f3n 11001-31-03-034-2022-00214), a trav\u00e9s de las cuales decidi\u00f3 no o\u00edr a la demandada y dict\u00f3 sentencia, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dichas determinaciones se desprendieron. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contados desde la misma data, la mencionada sede judicial dictar\u00e1 un nuevo prove\u00eddo, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: En lo dem\u00e1s, se confirma el fallo impugnado, pero por las consideraciones que anteceden. <\/p>\n
Cuarto: Rem\u00edtase copia de esta providencia al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Quinto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En su aparte pertinente, establece la disposici\u00f3n en cita que: \u00abEl beneficio de excusi\u00f3n y los hechos que configuren excepciones previas deber\u00e1n alegarse mediante reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8418-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8418-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01472-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}