STC8432-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8432-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01443-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 11 de julio de 2023, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el amparo que promovi\u00f3 Italcol S.A. contra la Superintendencia de Sociedades, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de acci\u00f3n revocatoria 2021-840-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora pretende que se ordene al juez proferir una nueva sentencia en la que reconozca las excepciones de fondo presentadas. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que celebr\u00f3 contrato de compraventa para adquirir los activos de Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. (4 may. 2018) a valor de mercado, dado que esa sociedad recientemente hab\u00eda tomado la decisi\u00f3n de cambiar su enfoque y l\u00ednea de negocio (abr. 2018), por lo que no usar\u00eda m\u00e1s esos bienes. Previo a la operaci\u00f3n efectu\u00f3 un estudio diligente y suficiente, de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, financiera y corporativa de la sociedad vendedora y asegur\u00f3 que para ese momento el negocio le representaba una mejora en su liquidez y disminuci\u00f3n de gastos improductivos, as\u00ed como anot\u00f3 que dicha sociedad no ten\u00eda procesos de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n activos, ten\u00eda un patrimonio positivo para pagar pasivos, entre otros. D\u00edas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato, Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. inici\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n (18 may. 2023) y, posteriormente, solicit\u00f3 finalizarlo e iniciar la liquidaci\u00f3n judicial (21 jul. 2021). <\/p>\n
Paralelamente, la sociedad Babillos Fish S.A.S., En Reorganizaci\u00f3n, demand\u00f3 en acci\u00f3n revocatoria, el contrato de compraventa de activos enunciado, debido a que represent\u00f3 un detrimento para sus acreedores concursales. La Superintendencia profiri\u00f3 sentencia en contra de los demandados, la cual, la gestora esgrimi\u00f3, adolece de defecto f\u00e1ctico por no valorar adecuadamente los estados financieros, el contrato de compraventa, el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal y el Acta de Asamblea 048, as\u00ed como se configur\u00f3 un defecto material por indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 74 #1 de la Ley 1116 de 2006, se desconoci\u00f3 tanto precedente vertical como horizontal y se vulner\u00f3 la constituci\u00f3n pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades contest\u00f3 los hechos de la tutela en los que aclar\u00f3 que lo decidido no fue por la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa de activos en el periodo de sospecha, sino que, parte de los activos fueron entregados como daci\u00f3n en pago por deudas anteriores de la vendedora en favor de la compradora, a sabiendas esta \u00faltima de que la situaci\u00f3n cr\u00edtica de aquella, lo que en \u00faltimas gener\u00f3 una alteraci\u00f3n en la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Adicionalmente, defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, as\u00ed como solicit\u00f3 la improcedencia del amparo por no haber vulnerado los derechos fundamentales de la impulsora. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo por razonabilidad. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Afirm\u00f3 que el Tribunal omiti\u00f3 el an\u00e1lisis de la mayor\u00eda de los cargos formulados y solo se adentr\u00f3 en una parte peque\u00f1a de ellos y, posteriormente, reiter\u00f3 los argumentos principales de la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, la acci\u00f3n revocatoria objeto de estudio gir\u00f3 en torno al contrato de compraventa de activos celebrado (4 may. 2018) d\u00edas antes a que la vendedora – Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. \u2013 solicitara la apertura a un proceso de reorganizaci\u00f3n (18 may. 2023). El negocio transfer\u00eda los activos enlistados en los anexos del contrato, mientras que el precio correspondi\u00f3 a un valor de $455.000.000, pagaderos de dos formas: Un primer pago se dar\u00eda con la compensaci\u00f3n de la deuda insoluta por crisis que ten\u00eda la vendedora en favor de la compradora por suministro de concentrado de peces que no hab\u00eda sido objeto de pago por valor de $197.588.790 \u2013 con facturas desde 12 oct. 2017 a 7 mar. 2018 \u2013, mientras que el valor restante \u2013 $226.467.199 \u2013 se pagar\u00eda mediante el suministro futuro de concentrado para peces. <\/p>\n
La queja medular de la accionante se dirige contra la decisi\u00f3n de la judicatura de revocar parcialmente el contrato de compraventa de activos, dado que la fracci\u00f3n pagada mediante el cruce de la deuda que para ese momento exist\u00eda se dio en detrimento de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de la sociedad Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. Para ello, en s\u00edntesis, manifest\u00f3 que el Despacho incurri\u00f3 en i) defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente por interpretar de forma errada y contraevidente el art\u00edculo 74, numeral 1\u00ba, en lo relativo a la buena fe y dado que no tuvo en consideraci\u00f3n que se demostr\u00f3 que el prop\u00f3sito del contrato fue la colaboraci\u00f3n del deudor para salir de la crisis financiera y ii) defecto f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n dado que no valor\u00f3 o no se pronunci\u00f3 los estados financieros de marzo de 2018, el Acta de Accionistas 048, el contrato de compraventa y el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal de la sociedad, que acreditaban que exist\u00eda suficiencia patrimonial de la pisc\u00edcola al momento de celebraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, dado que interpret\u00f3 los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 bajo una hermen\u00e9utica razonable y con apoyo en sentencias constitucionales, as\u00ed como valor\u00f3 las probanzas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, lo que le permiti\u00f3 establecer que el contrato de compraventa de activos deb\u00eda ser revocado parcialmente por atentar contra la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial sin que se haya demostrado la buena fe por la gestora. <\/p>\n
1.- En cuanto a las exigencias para la prosperidad de la acci\u00f3n revocatoria inserta en los art\u00edculos 74 y 75 de la ley de insolvencia precitada, la Superintendencia de Sociedades indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cVamos a iniciar con lo que son los elementos de la acci\u00f3n revocatoria. Es que para que prospere una acci\u00f3n revocatoria, los art\u00edculos 74 y 75 de la Lay 1116 de 2006 establecen unos requisitos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que la demanda se proponga por cualquiera de los acreedores y el promotor o liquidador del concursado o por oficio en caso de daciones en pago y actos a t\u00edtulo gratuito<\/p>\n
2. Que no haya operado la caducidad de 6 meses a partir de la ejecutoria de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos<\/p>\n
3. Que el acto o negocio haya realizado por el deudor en detrimento de su patrimonio.<\/p>\n
4. Que el acto o negocio haya perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelaci\u00f3n de pagos.<\/p>\n
5. Que los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir los cr\u00e9ditos reconocidos.<\/p>\n
6. Que el acto se haya celebrado dentro del periodo de sospecha entre 18, 24 y 6 meses anteriores al inicio del proceso concursal respectivo<\/p>\n
7. Y que no aparezca que el adquirente haya obrado de buena fe.1 <\/p>\n
Seguidamente, profundiz\u00f3 sobre los requisitos de la causaci\u00f3n de perjuicios a los dem\u00e1s acreedores y ausencia de buena fe y la inversi\u00f3n de su carga probatoria, para lo que afirm\u00f3: <\/p>\n
En primera medida sobre el perjuicio de acreedores o la prelaci\u00f3n de pagos. El acto demandado ha debido tener un impacto en el patrimonio de la deudora. Es decir que haya ocasionado la situaci\u00f3n de insolvencia o al menos haberla agravado. Ello puede ocurrir de varias maneras, ambas comprendidas en el primer inciso del art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 2006. Una de ellas se presenta cuando el acto revocable re\u00fane los activos disponibles e increment\u00f3 la insuficiencia patrimonial, por ejemplo, cuando el deudor transfiere bienes a t\u00edtulo gratuito por un menor precio sin una contraprestaci\u00f3n equivalente y en contra de la prenda general de los acreedores. <\/p>\n
Respecto de la buena fe cumple que la buena fe requerida en estos asuntos que nos ocupan es la objetiva cualificada o buena fe creadora de derechos y no otra distinta, m\u00e1xime cuando conforme con pronunciamiento de la honorable Corte Constitucional el art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 2006 no desconoce el principio de la previsi\u00f3n de la buena fe, solo que al no ser absoluto, \u201cpuede ser interpretado por ende restringido en armon\u00eda con otros principios o derechos aplicables en el marco de las relaciones jur\u00eddicas\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La inversi\u00f3n de la carga probatoria en los eventos del art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 2006 conlleva a que sea el deudor y los demandados a quienes les corresponde probar que actuaron de buena fe cualificada. Es tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Honorable Corte Constitucional en el an\u00e1lisis constitucional mentado del mentado art\u00edculo 74 como una forma leg\u00edtima de evitar los efectos perversos de aquellos actos dispositivos del deudor deliberadamente conscientes para no honrar sus compromisos o que son el resultado de angustiosas y desesperadas decisiones en \u00e9poca de crisis cuando terminan por desencadenar situaciones asim\u00e9tricas injustas respecto de uno, varios o todos los acreedores. Lo que se refiere de manera espec\u00edfica al art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 2006 \u201cla Corte reconoce que la norma bajo examen en realidad invierte la carga probatoria al establecer que la extinci\u00f3n de los actos celebrados tendr\u00e1n lugar cuando habi\u00e9ndose cumplido los presupuestos de la ley se\u00f1alados no aparezca que el adquirente arrendatario obr\u00f3 de buena fe radicando cabeza de estos la obligaci\u00f3n de demostrar las condiciones bajo las cuales se demostraron los negociales impugnados lo que naturalmente har\u00e1 ser evaluados de acuerdo con las especificidades de cada caso. <\/p>\n
Pero ello no fue porque necesariamente se presuma que su conducta fue indebida o fraudulenta sino porque por la carga din\u00e1mica de la prueba son aquellos quienes est\u00e1n mejor posicionados para ilustrar a los jueces del concurso respecto de la conducta en torno a cada uno de los actos mercantiles desplegados lo cual es compatible con la jurisprudencia constitucional decantada sobre el particular\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, este despacho en sentencia 400112 de primero de septiembre de 2015 sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
El tercero adquirente pueda enervar la acci\u00f3n revocatoria y proteger de esta forma sus derechos tiene que demostrar que su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 a sus deberes y que se obr\u00f3 exento de culpa. En el caso de la presunci\u00f3n de la buena fe cuales son los hechos que le sirven de base que deben estar probados en el proceso. <\/p>\n
La actitud diligente de quien la alega que despleg\u00f3 todas las actuaciones que correspond\u00edan en aras de crearse una certeza razonable acerca de la situaci\u00f3n en la que se encontraba. Solo quien ha obrado con la diligencia que corresponde emplear puede alegar que obr\u00f3 de buena fe creadora de derechos. Y la carga de probar dicha diligencia corresponde a quien alega haber obrado de buena fue pues seg\u00fan dispone el inciso tercero del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearlo\u201d2. <\/p>\n
De esta forma, no se observa una interpretaci\u00f3n irracional o arbitraria de los preceptos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 comoquiera que para fundar su posici\u00f3n se apoy\u00f3 en pronunciamientos de la hom\u00f3loga constitucional, as\u00ed como en precedentes verticales de la atacada superintendencia, justamente en contraposici\u00f3n al reproche efectuado por la impulsora frente a un posible defecto material o desconocimiento del precedente. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 que esta Sala comparta o no esa hermen\u00e9utica, no se acreditan motivos suficientes para la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el asunto. <\/p>\n
2.- Ahora bien, en cuanto a los defectos f\u00e1cticos implorados por la accionante, se tiene que la valoraci\u00f3n probatoria de la autoridad judicial gir\u00f3 en torno a los requisitos de la acci\u00f3n precitados en esta providencia y, una vez los encontr\u00f3 acreditados, procedi\u00f3 a resolver el pleito. As\u00ed, se refiri\u00f3, en primer lugar, a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa3 y por pasiva4, determin\u00f3 que la acci\u00f3n se present\u00f3 de forma oportuna5, se demostr\u00f3 que el contrato se celebr\u00f3 dentro del periodo de sospecha de la ley6 y precis\u00f3 que los bienes del patrimonio del deudor eran insuficientes para responder por los pasivos7, cuestiones que no fueron objeto de embate. <\/p>\n
Enseguida, se encarg\u00f3 de forma conjunta de pronunciarse sobre el perjuicio causado con el negocio jur\u00eddico a los dem\u00e1s acreedores, as\u00ed como la ausencia de buena fe del accionante, cuesti\u00f3n que gener\u00f3 en la promotora el desacuerdo plasmado en su libelo. Para ello, valor\u00f3 de forma conjunta las siguientes pruebas: <\/p>\n
2.1.- El contrato de compraventa de activos (4 may. 2018) del cual destac\u00f3 que \u00abse defini\u00f3 como precio la suma de 455.000.000 y se indic\u00f3 que se pagar\u00eda 196.292.219 suma que Coolfish declar\u00f3 haber recibido a satisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del concentrado de animales provisto antes de la firma del contrato de compraventa. As\u00ed mismo se pagar\u00eda $258.707.781 que ser\u00edan cancelados con el suministro de concentrado de peces necesarios para la actividad econ\u00f3mica del vendedor\u00bb.8 <\/p>\n
2.2.- Memorial bajo radicado 2018-01549029 (18 dic. 2018) enviado por Italcol S.A. al juez de la reorganizaci\u00f3n bajo la cual, al contestar a un requerimiento, manifest\u00f3 que las sociedades contratantes acordaron la venta de activos dado que la operaci\u00f3n de producci\u00f3n de Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. no resultaba rentable y estaba generado p\u00e9rdidas, por lo que la venta le generaba liquidez y el concentrado le serv\u00eda para la producci\u00f3n de los \u00faltimos peces que, una vez vendidos, obtendr\u00eda el dinero para apalancar su cambio de negocio.9 <\/p>\n
2.3.- Facturas venta emitidas por Italcol S.A. a Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. previas a la firma del negocio cuestionado (desde 12 oct. 2017 a 7 mar. 2018).10 <\/p>\n
2.4.- Facturas de venta entre las mismas sociedades, pero posteriores a la celebraci\u00f3n del contrato (desde 5 may. 2018 a 18 jul. 2018).11 <\/p>\n
2.5. Certificaci\u00f3n de la revisora fiscal de Italcol S.A. en la que acredit\u00f3 la veracidad de las facturas de venta.12 <\/p>\n
2.6. Declaraci\u00f3n de parte rendida por el representante legal de Italcol S.A., bajo la cual la superintendencia extrajo que: <\/p>\n
\u201cAl preguntarle al gerente regional de Italcol sobre el impago de las facturas del a\u00f1o 2017 por parte del Coolfish y el contrato de compraventa celebrado al minuto 58 de la audiencia inicial manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cnosotros nos reunimos con ellos, Coolfish, paramos los despachos, nos reunimos con ellos para identificar lo que estaba pasando, por qu\u00e9 ellos no nos pagaban las facturas y por qu\u00e9 se estaban colgando, lo que ellos nos manifestaron en esa reuni\u00f3n era que ellos estaban en el negocio en ese momento tambi\u00e9n estaban en un momento cr\u00edtico porque hab\u00eda un comercializador muy grande internacional que les compraba los piscicultores de la empresa el filete para exportar. Yo no tengo claridad que le pas\u00f3 a ellos externamente que no pudieron poner m\u00e1s producto en el mercado internacional, luego no compraron y hubo una abundancia de producto en el mercado local que afect\u00f3 a todos los productores. Al haber eso entonces los precios bajaron, esa era la situaci\u00f3n que se estaba presentando en ese momento. Nosotros nos reunimos con ellos y lo que ellos nos informaron fue eso, que el precio estaba muy bajo que ellos la verdad no quer\u00edan seguir produciendo, que ellos estaban acabando con el tema de producci\u00f3n y que iban a dedicarse a comercializaci\u00f3n y producci\u00f3n de producto de valor agregado\u201d. M\u00e1s adelante indica \u201ccomo a meterse en ese mercado de comercializaci\u00f3n con valor agregado que eso si era m\u00e1s rentable y entonces se iban a salir de la producci\u00f3n\u201d m\u00e1s adelante sigue indicando \u201clo que necesitaba era Coolfish primero terminar de engordar lo que \u00e9l ten\u00eda en proceso en ese momento, terminar su ciclo porque es de entenderse que un animal que no ha llegado a sus pesos de comercializaci\u00f3n se pierde\u201d luego m\u00e1s adelante indica \u201centonces ellos necesitaban terminar ese proceso y que nos pon\u00edan en oferta unos activos que para ellos ya eran improductivos porque como le digo se estaban saliendo de producci\u00f3n. Los pon\u00edan en venta si a nosotros nos interesaba y que \u00e9l nos recib\u00eda, si nosotros lo compramos, y le podemos pagar en alimento porque su inter\u00e9s, vuelvo y repito, era terminar de engordar esos animales para poder sacarlos en venta al mercado y dedicarse al tema de comercializaci\u00f3n, entonces a ra\u00edz de eso nosotros mandamos al especialista a fuera que revisara los activos\u201d m\u00e1s adelante se\u00f1ala \u201cy para que este especialista nos diera un valor comercial con base en eso llegamos a un valor comercial de $455.000.000 por el cual se lo pagamos en alimento, entonces ellos nos deb\u00edan 196 y nosotros le entregamos 258 millones adicionales en alimento por los cuales ellos terminaban su proceso de producci\u00f3n y vend\u00edan sus animales, sus mojarras\u201d. <\/p>\n
A la hora minuto 4:09 el despacho pregunt\u00f3: \u201cimputaron esas facturas vencidas al pago o c\u00f3mo se manej\u00f3 eso a lo que el gerente regional contest\u00f3 \u201csi se\u00f1or, los otros 195 millones se imputaron al pago, pero le entregamos 258 m\u00e1s en alimento\u201d. Al preguntarse sobre en qu\u00e9 momento se enter\u00f3 del proceso de reorganizaci\u00f3n de Coolfish el gerente regional manifest\u00f3 a la hora minuto 19 22 segundos que \u201cno ten\u00eda ning\u00fan inter\u00e9s en esa parte no sab\u00eda en qu\u00e9 momento nos enteramos de ese proceso que estaban en ley de reorganizaci\u00f3n\u201d y en consecuencia el despacho pregunt\u00f3 si Italcol era parte de reorganizaci\u00f3n de Coolfish a lo cual respondi\u00f3 a la hora minuto 19, 51 segundos \u201cno se\u00f1or, nosotros no estamos en ese proceso porque nosotros ya, digamos, afortunadamente hab\u00edamos comprado estos bienes\u201d, luego indica \u201cel negocio que hab\u00edamos hecho con ellos es que les entreg\u00e1bamos el alimento para cerrar su ciclo de producto digamos en ese instante nosotros le deb\u00edamos alimento\u201d a continuaci\u00f3n el despacho le pregunt\u00f3 \u201centonces me confirma que Italcol no fue parte del proceso, no qued\u00f3 ninguna acreencia pendiente\u201d a lo que respondi\u00f3 \u201cno se\u00f1or\u201d13 <\/p>\n
A partir de ello, de acuerdo con el debate procesal, la superintendencia accionada encontr\u00f3 que \u00abItalcol conoc\u00eda del deterioro econ\u00f3mico que estaba sufriendo Coolfish para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa objeto de acci\u00f3n revocatoria dado que no les \u201cpagaban las facturas\u201d e indagaron el motivo por el cual \u201cse estaban colgando\u201d\u00bb15 y, en ese orden de ideas, concluy\u00f3 que aunque la gestora manifest\u00f3 \u00abque el negocio realizado con la sociedad en concurso se efectu\u00f3 con el fin de ayudarla a solventarla situaci\u00f3n por la que estaba atravesando\u00bb16 lo que qued\u00f3 demostrado fue que \u00abno solo fue esa la finalidad de Italcol sino que con ello procur\u00f3 el pago de unas acreencias previas a la celebraci\u00f3n del contrato de las cuales Italcol era acreedor\u00bb17. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 con el an\u00e1lisis espec\u00edficamente de las facturas emanadas con anterioridad a la celebraci\u00f3n del acuerdo negocial, incumplidas hasta esa fecha dada la situaci\u00f3n de crisis del vendedor conocida por el comprador, las cuales se imputaron al pago del precio por los activos entregados. Con fundamento en ello concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cQueda probado as\u00ed que Italcol era un acreedor de Coolfish, acreedor que conoc\u00eda de la situaci\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda de la concursada previo al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y que con la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa tuvo la posibilidad de pagarse anticipadamente, 4 meses antes del inicio del proceso concursal, deudas insolutas por valor de $197.588.790 sin necesidad de acudir al proceso concursal, aspecto que tambi\u00e9n confirm\u00f3 el gerente de Italcol que manifest\u00f3 que para la fecha del inicio del proceso concursal Italcol no era acreedor del Coolfish en el concurso. <\/p>\n
Tales facturas impagadas por valor de 197.588.790 en realidad debieron ser exigidas en el proceso concursal y no a trav\u00e9s de la entrega de activos fijos puesto que no representaba beneficio para la concursada, distinto a cancelaci\u00f3n de tales obligaciones de manera anticipada, contrariando el principio de universalidad de acreencias y afectando el orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Ese punto debe indicarse que sobre la figura de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos la Corte Constitucional en sentencia C125-2018 se\u00f1al\u00f3 que esta <\/p>\n
\u201ces una consecuencia del principio seg\u00fan el cual el patrimonio del deudor es prenda com\u00fan de todos los acreedores (C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 2492). Esa norma implica que todos los bienes que integran el patrimonio del obligado garantizan los cr\u00e9ditos a su cargo y en el evento de incumplimiento puede ser perseguido por los acreedores. Sin embargo, cuando los bienes del deudor no son suficientes para cubrir las obligaciones insolutas, surge la instituci\u00f3n de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. En virtud de esta se aplica a los titulares de un derecho de cr\u00e9dito, unas reglas m\u00ednimas frente a una masa de bienes con la finalidad de garantizar la protecci\u00f3n de las personas que, por alguna caracter\u00edstica especial, merecen ser tratados de modo preferente frente a los dem\u00e1s acreedores\u201d. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que la figura de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos esta prevista para los acreedores y su incumplimiento se configura cuando el deudor paga primero una obligaci\u00f3n sin haber pagado a los acreedores que ostentaban un mejor derecho. En consecuencia, en el caso de estudio existe una alteraci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de los acreedores de Coolfish por cuanto recibi\u00f3 el pago de sus acreencias a trav\u00e9s de la entrega de cierta cantidad de bienes muebles que conformaban el objeto del contrato de compraventa celebrado el 4 de mayo de 2018 entre esta y la deudora pag\u00e1ndose primero frente a acreedores que se encontraban en mejor derecho frente a Italcol. <\/p>\n
Las anteriores obligaciones se acompasan con la denominada ausencia de buena fe pues como se indic\u00f3 en l\u00edneas precedentes Italcol dej\u00f3 entrever que conoc\u00eda la situaci\u00f3n financiera de la sociedad en concurso para la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa y permiti\u00f3 que se le pagara de forma anticipada las facturas impagadas por valor de $197.588.790 que ten\u00eda a su favor. Como se indic\u00f3 la finalidad de esta no era solo colaborar a la sociedad en concurso que saliera de la crisis en la que se encontraba sino asegurar el pago de los cr\u00e9ditos pendientes. Queda demostrada la ausencia de buena fe de la demandada en relaci\u00f3n con la imputaci\u00f3n de las facturas adeudadas previo al contrato de compraventa celebrado. <\/p>\n
Por supuesto, se revocar\u00e1 parcialmente el contrato de compraventa en lo atinente al pago efectuado a trav\u00e9s de las facturas que se encontraban pendiente de pago previo a la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa toda vez que no ingresa un activo fijo corriente al patrimonio de la concursada a cambio de los bienes que aquella entreg\u00f3 a Italcol sino que con ello se sald\u00f3 una deuda que ten\u00eda Coolfish con Italcol alterando as\u00ed la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Esto es por la suma de $197.588.790\u201d18 <\/p>\n
F\u00edjese, entonces, que la decisi\u00f3n de nulitar parte del contrato de compraventa de activos dada la alteraci\u00f3n de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en ausencia de la buena fe no obedeci\u00f3 al capricho del juzgador, sino a la interpretaci\u00f3n que esa autoridad despleg\u00f3 sobre la normativa aplicable al caso concreto y las pruebas que se recaudaron en el litigio, en concordancia con los principios de universalidad de acreencias, en especial, porque consider\u00f3 que (i) Italcol S.A. era acreedora de obligaciones incumplidas de Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. por valor de $197.588.790, (ii) con ocasi\u00f3n del incumplimiento las sociedades se reunieron y la vendedora revel\u00f3 a la compradora la dificultad de su situaci\u00f3n financiera, (iii) con el contrato celebrado Italcol S.A. se asegur\u00f3 el pago de las deudas insolutas en medio de la crisis econ\u00f3mica de la vendedora sin que a esta \u00faltima le ingresara a su patrimonio nuevos activos fijos corrientes, (iv) pocos d\u00edas despu\u00e9s la vendedora solicit\u00f3 la apertura de la reorganizaci\u00f3n y fue admitida, lo que dejaba el negocio en el periodo de sospecha, (v) se alter\u00f3 por este medio la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos lo que gener\u00f3 la insuficiencia de bienes para los acreedores de la vendedora; raciocinios que, independientemente de que se compartan, no lucen irracionales o caprichosos, lo cual impide la injerencia de esta sede constitucional. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Con todo, en lo que respecta a la censura por la falta de apreciaci\u00f3n y menci\u00f3n de cada uno de los medios de prueba practicados, tales como el Acta de Asamblea 048 y el estado de situaci\u00f3n financiera de la vendedora del 31 de marzo de 2018, pudo constatarse del expediente que la tutelante tuvo la oportunidad de elevar ese reproche mediante solicitud de adici\u00f3n de la sentencia de acuerdo con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que no resulte de recibo su queja en esta subsidiaria senda supralegal. <\/p>\n
De todos modos, recu\u00e9rdese a la censora que el simple hecho de omitir referirse expl\u00edcitamente a algunas pruebas no significa que hayan sido omitidas por el fallador, sino que fueron valoradas de forma impl\u00edcita, tal como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, entre otros casos, en CSJ SC 31 mar. 2003, rad. 7141, cuando record\u00f3: <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior que los documentos de los cuales extra\u00f1a pronunciamiento expreso la impulsora no desvirt\u00faan los cimientos de la decisi\u00f3n objeto de reproche, pues la superintendencia no desconoci\u00f3 el hecho de que Pisc\u00edcola Coolfish S.A.S. tuviera en sus planes un cambio de objeto social, ni asegur\u00f3 que para marzo de 2018 esa sociedad no contara con activos superiores a los pasivos. Contrario a ello, esa autoridad despleg\u00f3 una labor probatoria ardua para emanar la conclusi\u00f3n no compartida por la gestora. <\/p>\n
En definitiva, comoquiera que la decisi\u00f3n cuestionada descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada en este numeral. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital; archivo \u201c20218400002618abril23\u201d, contentivo de audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento del 26 de abril de 2023; Minutos 1:26:15 \u2013 1:27:09. <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital; archivo \u201c20218400002618abril23\u201d, contentivo de audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento del 26 de abril de 2023; Minutos 1:32:30 \u2013 1:36:38. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem minutos 1:27:33 \u2013 1:28:16. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem minutos 1:28:16 \u2013 1:28:48 <\/p>\n
5\u0002 Ibidem minutos 1:28:50 \u2013 1:30:05 <\/p>\n
6\u0002 Ibidem minutos 1:30:06 \u2013 1:31:04 <\/p>\n
7\u0002 Ibidem minutos 1:31:04 \u2013 1:32:03 <\/p>\n
8\u0002 Ibidem minutos 1:36:57 \u2013 1:37:24 <\/p>\n
9\u0002 Ibidem minutos 1:37:26 \u2013 1:38:35 <\/p>\n
10\u0002 Ibidem minutos 1:38:36 \u2013 1:39:13 <\/p>\n
11\u0002 Ibidem minutos 1:39:14 \u2013 1:39:55 <\/p>\n
12\u0002 Ibidem minutos 1:39:56 \u2013 1:40:13 <\/p>\n
13\u0002 Ibidem minutos 1:40:16 a 1:44:10. <\/p>\n
14\u0002 Ibidem minutos 1:44:46 a 1:46:10 <\/p>\n
15\u0002 Ibidem minutos 1:46:17 a 1:46:39 <\/p>\n
16\u0002 Ibidem minutos 1:46:42 a 1:46:48 <\/p>\n
17\u0002 Ibidem minutos 1:46:55 \u2013 1:47:06 <\/p>\n
18\u0002 Ibidem minutos 1:49:09 \u2013 1:52:33 <\/p>\n
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STC8432-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8432-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01443-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 11 de julio de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}