STC8433-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8433-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01645-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 27 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Wilson Leonardo Leal Arbel\u00e1ez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y el Consejo Seccional de la Judicatura, ambos de esta ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de celeridad, eficacia, eficiencia y efectividad\u00bb, que dice vulnerados por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3: (i) se ordene al juzgado accionado \u00abapartarse del conocimiento de la acci\u00f3n constitucional y remitir el caso al funcionario previsto en la regulaci\u00f3n legal pertinente\u00bb; (ii) oficiar para que se \u00abinvestigue disciplinariamente al juez de conocimiento por la omisi\u00f3n de dar un tr\u00e1mite oficioso y preferencial a la acci\u00f3n constitucional\u2026\u00bb; (iii) ordenar al consejo seccional convocado \u00abla vigilancia oficiosa del cumplimiento de los plazos y t\u00e9rminos perentorios e improrrogables regulados en la [ley] 472 en el tr\u00e1mite de las acciones populares que est\u00e9n en curso en el Juzgado [Primero] Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb; (iv) \u00ab \u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Wilson Leonardo Leal Arbel\u00e1ez promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Conjunto Cerrado Condados de La Sabana PH, que fue admitida con prove\u00eddo del 25 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 25 de marzo de 2022, se requiri\u00f3 al demandante para que adelantara las diligencias \u00abtendientes a lograr la notificaci\u00f3n del demandado\u2026 y el emplazamiento de los miembros de la comunidad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el demandante solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de amparo de pobreza, que le fue concedido con auto del 20 de abril de esas calendas, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se le reiter\u00f3 el requerimiento efectuado en la prenotada providencia de 25 de marzo. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 5 de mayo de 2022, el juzgado accionado, \u00abpara efectos de informar del presente tr\u00e1mite a los miembros de la comunidad\u00bb, dispuso oficiar \u00aba la Unidad de Inform\u00e1tica de la Rama Judicial, a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, para que publiquen en sus p\u00e1ginas web el aviso de rigor, con el extracto de la demanda, del auto admisorio y de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, el demandante reform\u00f3 la demanda, que fue admitida con providencia del 25 de julio de 2022, decisi\u00f3n que se dispuso notificar a la comunidad a trav\u00e9s de publicaci\u00f3n de un aviso publicado en las p\u00e1ginas web de la Rama Judicial, la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a trav\u00e9s de auto del 5 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.6. A trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 13 de octubre de 2022, se requiri\u00f3 al actor popular para que efectuara \u00ablos tr\u00e1mites de los c\u00e1nones 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, en aras de enterar como corresponde al convocado, remiti\u00e9ndole el citatorio y el aviso de que tratan los preceptos en cita a la Calle 71 Sur No.98B-50 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.7. Con auto del 25 de enero de 2023, se requiri\u00f3, nuevamente, al promotor \u00abpara que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, so pena de aplicar el desistimiento t\u00e1cito contemplado por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, realice las gestiones de notificaci\u00f3n de la copropiedad demandada\u00bb, exigencia que se reiter\u00f3 en prove\u00eddos del 27 de marzo, 14 de abril y 10 de mayo, todos de esta anualidad. <\/p>\n
2.8. Seguidamente, el demandante reclam\u00f3 la aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, solicitud denegada con determinaci\u00f3n del 10 de mayo de 2023. <\/p>\n
2.9. De otro lado, el actor popular solicit\u00f3 al consejo seccional convocado iniciar vigilancia judicial administrativa sobre la referida acci\u00f3n popular, cuya apertura fue negada con determinaci\u00f3n del 31 de marzo de esta anualidad. <\/p>\n
2.10. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado enjuiciado \u00abha hecho caso omiso a la obligaci\u00f3n de cumplir la carga oficiosa\u2026\u00bb, pues \u00abpese a conocer\u2026 que\u2026 no cuenta con los recursos econ\u00f3micos, t\u00e9cnicos o funcionales para desarrollar las gestiones propias a la notificaci\u00f3n, publicaci\u00f3n y carga probatoria pericial necesaria, se ha negado a dar el respectivo impulso oficioso\u00bb. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que ha reclamado a la sede judicial convocada \u00abse aparte del conocimiento de la acci\u00f3n constitucional, por cuanto se encuentra superado el a\u00f1o de conocimiento sin que hasta la fecha se hubiera proferido sentencia de fondo\u00bb, pero \u00e9sta \u00abha mantenido su conocimiento, sin que hasta la fecha se hubiera gestionado nada para su impulso oficioso, desconociendo\u2026 las disposiciones normativas del Art 121 y 90 numeral 7 enciso 4 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.12. Por otra parte, esgrimi\u00f3 que solicit\u00f3 al consejo seccional vinculado el inicio de vigilancia judicial administrativa, \u00absin que hasta la fecha se conozca ning\u00fan tipo de decisi\u00f3n definitiva o parcial al respecto\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Primera Judicial II Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad precis\u00f3 que el quejoso \u00abno agot\u00f3 los medios ordinarios de defensa judicial para controvertir las decisiones reprochadas\u00bb; y que \u00abla par\u00e1lisis del proceso no obedece a la desidia de este despacho\u00bb, habida cuenta que, \u00aben diferentes oportunidades, se ha requerido al accionante para que efect\u00fae la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de [la] acci\u00f3n\u2026 [a] la copropiedad accionada, sin embargo, a la fecha\u2026, no ha acatado aquella orden\u00bb. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno es plausible que\u2026 se ordene por esta v\u00eda la aplicaci\u00f3n del canon 121 ibidem, pues sobre esa decisi\u00f3n nada dijo [el actor] en el momento procesal oportuno\u00bb; y, adem\u00e1s, porque \u00abya hubo un pronunciamiento\u2026 respecto [a la vigilancia judicial administrativa], en providencia del 31 de marzo de 2023\u00bb, por lo que \u00abno se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, en tanto lo pretendido ante el Juez constitucional ya fue definido por las autoridades competentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante esgrimi\u00f3 que \u00ablas consideraciones del fallo impugnado dejan de observar que el legislador le impuso al juez popular la obligaci\u00f3n de impulso oficioso\u00bb, pues desconoce que \u00abel Juez accionado, al observar que la parte accionante\u2026 no cumpli\u00f3 con [la] carga de notificar a la parte accionada, le corresponde\u2026 ordenarle al personal del Juzgado, para que en los t\u00e9rminos y condiciones previstos en la [ley] 472 se desarrolle la notificaci\u00f3n personal de la PH accionada\u2026\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, insisti\u00f3 en sus argumentos enfilados a predicar que el juez debi\u00f3 declarar su p\u00e9rdida de competencia, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 el impugnante que el fallador de primer grado \u00abdesconoci\u00f3 deliberadamente la obligaci\u00f3n del consejo seccional de notificar o comunicar las decisiones adoptadas en la solicitud de vigilancia judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que el promotor cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 10 de mayo de 2023, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia que, con fundamento en el art\u00edculo 121 el C\u00f3digo General del Proceso, elev\u00f3 en el juicio criticado; (ii) que el juzgado accionado no hubiese procedido, de oficio, a la notificaci\u00f3n de la propiedad horizontal demandada en la acci\u00f3n popular criticada; y (iii) no haber recibido respuesta respecto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n el prove\u00eddo de 10 de mayo de 2023, que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia que reclam\u00f3 en la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto al segundo de los reproches del actor, mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
5. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al rehusarse a adelantar las diligencias necesarias para enterar a la propiedad horizontal demandada en la acci\u00f3n popular objeto de censura, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada. <\/p>\n
5.1. Y es que, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que compete a las autoridades judiciales el impulso oficioso de las acciones populares con miras a lograr la debida resoluci\u00f3n de esos asuntos, deber que, incluso, comprende la debida vinculaci\u00f3n de los llamados a atender las pretensiones, tem\u00e1tica sobre la cual se destac\u00f3 que: <\/p>\n
Bajo este panorama, para la Sala la decisi\u00f3n constitucional de primer grado debe ser revocada, por verificarse la vulneraci\u00f3n superior alegada por el actor, para lo cual debe precisarse, que la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, situaci\u00f3n que, se aprecia en el caso bajo estudio, donde el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, a pesar de que justific\u00f3 la tardanza del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular promovida por el actor, en que \u00e9ste no ha notificado personalmente del auto admisorio a la sociedad all\u00e1 accionada, siendo el \u00fanico enteramiento que falta se verifique en dicho decurso para continuar con el tr\u00e1mite respectivo, no ha agotado todos los medios de impulso procesal que tiene a su disposici\u00f3n para lograr tal cometido, generando as\u00ed una mora injustificada que ha impedido poner fin a la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Si bien es cierto el estrado acusado adelant\u00f3 las gestiones pertinentes para notificar del inicio de la acci\u00f3n popular al Ministerio P\u00fablico y a toda la comunidad, ninguna gesti\u00f3n en tal sentido ha llevado a cabo para lograr lo mismo con la accionada\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En un asunto en que se concedi\u00f3 el amparo ante una situaci\u00f3n similar a la presente, consider\u00f3 la Sala que, \u00ab[c]iertamente, no se observa que hubiese averiguado la direcci\u00f3n de notificaciones\u2026 del Banco de Bogot\u00e1\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La Sala resalta, en el \u00e1mbito propio de las acciones populares es deber del juzgador impulsar los tr\u00e1mites a su cargo, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el recto desenvolvimiento de las actuaciones y, por supuesto, la definici\u00f3n de la contienda1. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, esta Corte, en un asunto equiparable, adujo: <\/p>\n
\u201c(…) [S]e advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo. <\/p>\n
\u201c(…) No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab…impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n (…)\u201d2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, se extrae la irregularidad enrostrada porque si bien, en principio, es deber de la parte demandante convocar al demandado, en este caso, el actor ha manifestado la imposibilidad de hacerlo y, el despacho ha omitido remover los obst\u00e1culos existentes para convocar al tr\u00e1mite a la entidad demandada, continuar con el decurso y poner fin a la controversia mediante sentencia\u2026 (STC8695-2020). (CSJ STC10801-2020). <\/p>\n
5.2. Bajo ese horizonte, revisado el expediente contentivo del juicio criticado, se advierte que el juzgador querellado se ha negado, en m\u00faltiples oportunidades, a adelantar las gestiones necesarias para la debida vinculaci\u00f3n de la propiedad horizontal accionada, a pesar de que el actor popular ha manifestado, en varias ocasiones, que carece de los recursos para adelantar dicha actuaci\u00f3n, situaci\u00f3n que conlleva la paralizaci\u00f3n del tr\u00e1mite acusado, en detrimento d los derechos invocados por el gestor del amparo, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la vigilancia judicial administrativa que formul\u00f3 el quejoso, advierte la Sala que, si bien est\u00e1 acreditado que el consejo seccional acusado resolvi\u00f3 sobre \u00e9sta con determinaci\u00f3n del 31 de marzo pasado, lo cierto es que no se demostr\u00f3 que dicha decisi\u00f3n le hubiese sido notificada al promotor, con miras a que aquel ejerciera los recursos que tiene a su alcance para censurarla, omisi\u00f3n que, sin duda, compromete su derecho al debido proceso. <\/p>\n
Aunado lo anterior, comoquiera que el consejo seccional enjuiciado no rindi\u00f3 informe en las presentes diligencias (a pesar de haber sido notificado de la existencia de esta acci\u00f3n) y que el promotor afirm\u00f3 haber presentado la anotada vigilancia, \u00absin que hasta la fecha se conozca ning\u00fan tipo de decisi\u00f3n definitiva o parcial al respecto\u00bb, debe tenerse por cierta dicha afirmaci\u00f3n, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 203 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
7. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, acceder parcialmente el resguardo rogado, toda vez que, de un lado, la sede judicial acusada ha escatimado mayor esfuerzo en impulsar, en el sentido que estime apropiado, la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
De otro lado, se ordenar\u00e1 al consejo seccional querellado notificar al actor la decisi\u00f3n de 31 de marzo de 2023, que resolvi\u00f3 la solicitud de vigilancia judicial administrativa que \u00e9l inco\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede parcialmente el amparo al derecho al debido proceso de Wilson Leonardo Leal Arbel\u00e1ez. En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las gestiones necesarias para impulsar la acci\u00f3n popular promovida por el ac\u00e1 tutelante (radicaci\u00f3n 2020-00056), atendiendo los razonamientos vertidos en las consideraciones de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 que, dentro de los tres d\u00edas siguientes al enteramiento de esta providencia, notifique a Wilson Leonardo Leal Arbel\u00e1ez la decisi\u00f3n de 31 de marzo de 2023, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 la solicitud de vigilancia judicial administrativa que aquel elev\u00f3 (radicado 11001-1101-001-2023-0995). <\/p>\n
Tercero: Las autoridades accionadas informar\u00e1n al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtaseles copia de esta providencia a los enjuiciados y al a quo constitucional. <\/p>\n
Cuarto: En lo no contemplado en los numerales que anteceden, negar el resguardo reclamado. <\/p>\n
Quinto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. STC1553-2019\u2026 <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC14483- 7 Nov. 2018, rad. 2018-00755-01. <\/p>\n
3\u0002 \u00abSi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
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STC8433-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8433-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01645-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}