STC8440-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8440-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02948-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cristo Humberto Urquijo y Maritza Vaca, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la igualdad, al m\u00ednimo vital y al trabajo, que dicen vulneradas por la autoridad accionada, dentro del proceso de Restituci\u00f3n de Tierras promovido por Auris Duarte Cobos y otro, donde intervinieron como opositores. <\/p>\n
Solicitan en consecuencia, que se ordene \u00abla revisi\u00f3n del fallo proferido el d\u00eda 24 de abril de 2023 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras (\u2026) con el fin de que se garantice el derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mediante la precitada providencia la Colegiatura accionada le neg\u00f3 a los gestores la solicitud de modulaci\u00f3n de la sentencia emitida dentro del referido juicio, a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a restituir a Auris Duarte Cobos, el predio denominado \u00abLos Mangos\u00bb, ubicado en el Municipio de Pelaya, Cesar, el cual fue adquirido por \u00e9sta mediante adjudicaci\u00f3n del Incora, despu\u00e9s, por hechos de violencia ocurridos en la zona desde el a\u00f1o 1993, y a trav\u00e9s de poder conferido a Ciro Alfonso Guerrero Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Dig\u00e9nita Rivera Baena, aquella lo enajen\u00f3 a Gregorio Quintero Pallares, quien a su vez lo transfiri\u00f3 a Alirio S\u00e1nchez Sosa, que se lo vendi\u00f3 a Emiro Orduz Jaimes, quien lo enajen\u00f3 a Jos\u00e9 Santos Valencia, \u00faltimo que lo transfiri\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
2.2. Narran que participaron en la etapa administrativa del referido juicio en calidad de \u00absegundos ocupantes y\/o opositores\u00bb; la etapa de instrucci\u00f3n del proceso fue tramitada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y posteriormente las actuaciones fueron enviadas a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, que dict\u00f3 sentencia el 22 de septiembre de 2022, donde protegi\u00f3 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n reclamado, pero declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n presentada por los gestores y les neg\u00f3 la condici\u00f3n de adquirentes de buena fe exenta de culpa y de ocupantes secundarios, sin lugar a reconocerles compensaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.3. Sostienen los atores que el 24 de abril de 2023 la Colegiatura no accedi\u00f3 a su solicitud de modular el precitado fallo, con desconocimiento de sus condiciones de vulnerabilidad, pues la accionante est\u00e1 reconocida como v\u00edctima de la violencia y se encuentran en condici\u00f3n de discapacidad, determinaci\u00f3n tomada, dicen, sin que se ordenara la actualizaci\u00f3n de su caracterizaci\u00f3n para demostrar tales condiciones, y en cambio se fund\u00f3 en pruebas que no reflejan su actual situaci\u00f3n personal y econ\u00f3mica. <\/p>\n
2.4. Aseguran que del predio restituido derivaban m\u00e1s del 90% de sus ingresos, porque los otros inmuebles que tienen a su nombre no les reportan ning\u00fan ingreso, uno de los mismos fue vendido para cubrir gastos financieros y los ocasionados por una \u00abdiscapacidad f\u00edsica\u00bb que aqueja al promotor y en otro tienen una funeraria que, adem\u00e1s de que no funciona debido a la precitada dolencia del gestor, \u00abse encuentra en riesgo de derrumbe debido a una falla geol\u00f3gica\u00bb; de otro lado, si bien son propietarios de cuatro (4) veh\u00edculos utilizados para el negocio funerario, los mismos est\u00e1n muy viejos y deteriorados, todo lo cual, aseveran, al evidenciar su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, permit\u00eda considerarlos como ocupantes secundarios en calidad de adquirentes de buena fe del inmueble restituido. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja corrobor\u00f3 que tramit\u00f3 la etapa de instrucci\u00f3n del referido proceso, donde intervinieron como opositores los aqu\u00ed accionantes, y las actuaciones fueron remitidas a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
2. La prenombrada Colegiatura se atuvo a lo que decidi\u00f3 dentro del juicio criticado, sin que a ello se anteponga el \u00abmuy peculiar punto de vista\u00bb expuesto por los promotores. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque los hechos denunciados no versan sobre alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que le sea atribuible. <\/p>\n
4. El Banco Agrario de Colombia S.A. se\u00f1al\u00f3 que lo expuesto en la tutela es una diferencia \u00abde tipo procesal\u00bb que debe ventilarse con el despacho accionado. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, en prove\u00eddo de 24 de abril de 2023, donde resolvi\u00f3 \u00abnegar por improcedente la solicitud de modulaci\u00f3n presentada por los opositores\u00bb, aqu\u00ed accionantes, respecto de la sentencia de 21 de septiembre de 2022, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada observ\u00f3 de entrada que, <\/p>\n
Los aqu\u00ed opositores CRISTO HUMBERTO URQUIJO y MARITZA VACA QUINTERO, reclamaron que fuera modulada la sentencia, con miras a que se reconociere a su favor la condici\u00f3n de adquirentes de \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d o siquiera se les tuviere como \u201csegundos ocupantes\u201d y, por consecuencia, que se mantenga la \u201ctitularidad\u201d sobre el terreno o en su defecto, se les compense con el monto determinado en el aval\u00fao comercial. <\/p>\n
Frente a ello consider\u00f3 que, <\/p>\n
Sin embargo, es claro que la mentada petici\u00f3n conmina de inmediato a fracaso. <\/p>\n
Para comprobar tal aserto, debe comenzarse admitiendo que en estos asuntos ciertamente procede la excepcional posibilidad de modular los fallos lo que en principio sugiere que en lo pertinente, sean variadas algunas de las \u00f3rdenes contenidas en la sentencia. <\/p>\n
Con todo, conviene s\u00ed precisar que as\u00ed se trate de procesos de veras muy especiales que conciernen con un singular mecanismo de justicia transicional, tan particular connotaci\u00f3n no significa ni puede traducir que las providencias dictadas en estos asuntos, puedan modificarse de cualquier modo o por cualquier raz\u00f3n. Pues como no pod\u00eda ser de otra manera, en estos escenarios aplican tambi\u00e9n los principios de estabilidad, certeza y seguridad que deben comportar las decisiones judiciales; mismas que, si bien aqu\u00ed no son necesariamente inexpugnables por cuanto que, es verdad, en veces se autoriza esa modulaci\u00f3n, de todas formas la aplicaci\u00f3n de esa valiosa prerrogativa, es francamente excepcional y reclama, por eso mismo, un criterio severamente restrictivo. <\/p>\n
Traduce entonces que, aunque excepcional, esa posibilidad que queda a salvo para que en estos asuntos proceda modular los fallos tiene cabida, y en ello vale la precisi\u00f3n, en tanto medie la concluyente prueba de sucesos -novedosos por dem\u00e1s- por cuya trascendencia se ense\u00f1e consecuente que, en lo pertinente, se innoven las \u00f3rdenes contenidas en la sentencia en aras de realizar de mejor manera, si se quiere decir as\u00ed, esa dispuesta reparaci\u00f3n a favor de la v\u00edctima o incluso, optimizar la medida de atenci\u00f3n que hubiere beneficiado a un segundo ocupante por la \u201cespecial\u201d protecci\u00f3n aneja con la condici\u00f3n de una y de otro. <\/p>\n
Caracter\u00edstica esa que brota diamantina de mirar con atenci\u00f3n cuanto se\u00f1ala el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011, que dispone que en este linaje de asuntos, la competencia del Juez no se queda en meramente pronunciar el fallo cuanto que igual le incumbe \u201c(\u2026) dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y a la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u201d; prec\u00edsase de una vez, tanto a favor de los favorecidos solicitantes como de los reconocidos segundos ocupantes. <\/p>\n
Todo, bajo el claro entendido que se busca no solo meramente reparar sino por sobre todo que esa v\u00edctima, reconocida como tal, pueda en verdad rehacer su vida en condiciones dignas. Se persigue de ese modo \u201casegurar\u201d el goce efectivo del derecho reconocido en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Hechas estas precisiones, a continuaci\u00f3n, observ\u00f3 que, en el caso concreto, <\/p>\n
Con esos proleg\u00f3menos, incumbe ahora resaltar que en este particular caso, en sentencia de 21 de septiembre de 2022, este Tribunal, al margen de brindar la protecci\u00f3n recabada a la solicitante AURIS DUARTE COBOS, dispuso asimismo y atendiendo las razones de hecho y de derecho all\u00ed se\u00f1aladas, con fundamento igualmente en las probanzas recaudadas, que deber\u00eda neg\u00e1rseles a MARITZA VACA QUINTERO y CRISTO HUMBERTO URQUIJO \u201c(\u2026) la solicitud de compensaci\u00f3n, en tanto que no demostraron buena fe exenta de culpa, como el reconocimiento de la condici\u00f3n de \u2018segundos ocupantes\u2019 (\u2026)\u201d. En fin: se dispuso derechamente, y de manera expresa adem\u00e1s, que ellos no ostentaban esa especial calidad de adquirente de \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d ni de \u201csegundos ocupantes\u201d. <\/p>\n
Lo que de suyo refleja la improcedencia del pedimento ahora invocado. Pues no es sino ver cuanto qued\u00f3 ordenado en la sentencia y parangonarlo ahora con lo pretendido, para prontamente revelar que, lejos de propender por esos loables prop\u00f3sitos de enriquecer y\/o contribuir con las medidas de reparaci\u00f3n otorgadas a favor de los amparados con el fallo -cual constituye la misi\u00f3n de la modulaci\u00f3n apunta m\u00e1s bien a un ins\u00f3lito designio para renovar la controversia y remover una decisi\u00f3n, m\u00e1s puntualmente, esa que de manera franca y manifiesta le neg\u00f3 y descart\u00f3 en los ahora peticionarios, y por las diferentes reflexiones all\u00e1 mismo explicitadas, esa alegada condici\u00f3n de adquirentes de \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d o de \u201csegundos ocupantes\u201d. Casi sobra decir que ensayo semejante -m\u00e1s bien desprop\u00f3sito- no es factible de lograr mediante el instituto por el que aqu\u00ed se recaban semejantes cosas. <\/p>\n
Desde luego que la excepcional posibilidad de modular las decisiones en este linaje de asuntos, ni por asomo se corresponde con un instrumento alterno o subsidiario del que antojadizamente puedan servirse las partes para as\u00ed controvertir los fundamentos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos o probatorios de la sentencia como tampoco para provocar cuestionamientos o replanteamiento de lo que fue objeto de resoluci\u00f3n; mucho menos para, por sobre los motivos contenidos en la providencia, hacer primar aquellos que a su juicio eran acaso m\u00e1s preferibles o los mejor ajustados y pertinentes. Tal ser\u00eda refundir y asimilar la \u201cmodulaci\u00f3n\u201d con un ex\u00f3tico y hasta vers\u00e1til medio de impugnaci\u00f3n; que desde luego no lo es. <\/p>\n
Por modo que ese anhelo para \u201cmodular\u201d la sentencia por las razones que aqu\u00ed se trajeron a cuento (que m\u00e1s bien persigue que se profiera una decisi\u00f3n distinta), bastar\u00eda replicarlo diciendo que no se est\u00e1 en una situaci\u00f3n que justifique variar o retocar o mejorar esos mandatos con ocasi\u00f3n de flamantes circunstancias que as\u00ed lo ameriten; y, adicionalmente, sobre todo, porque tampoco se corresponde o equivale a un \u201crecurso\u201d del que antojadizamente se pueda servir para de ese modo \u201crevocar\u201d providencias en firme. Ni m\u00e1s faltaba. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir del entendimiento del mecanismo de la modulaci\u00f3n de sentencias, que lo pretendido por los actores escapaba de su espec\u00edfica finalidad, ya que buscaban se reconsiderara el an\u00e1lisis jur\u00eddico y probatorio realizado en el fallo, en busca de obtener unas conclusiones diferentes a las all\u00ed logradas, esto es, insistir en que al menos se los considerara segundos ocupantes para acceder a una compensaci\u00f3n, lo que por ende impon\u00eda negar la solicitud y mantener intocada la decisi\u00f3n de fondo en comento. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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