STC8448-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8448-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2023-00142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen Julia Mart\u00ednez Villadiego contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que adelanta contra Axa Colpatria Seguros S.A. y otra, radicado \u00ab23162-03-002-2022-00013-00\u00bb. <\/p>\n
Solicita en consecuencia \u00abse declare que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, ha perdido la competencia para seguir conociendo del [referido proceso] por no cumplir con el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 CGP\u00bb y en consecuencia se ordene al precitado estrado \u00abdar traslado del presente proceso al juez o despacho siguiente en turno\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido tr\u00e1mite la demanda fue admitida el 8 de febrero de 2022 y el 23 de mayo de 2023 la promotora le pidi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Ceret\u00e9 que decretara la p\u00e9rdida de competencia para seguir conociendo del juicio, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, a lo cual no accedi\u00f3 dicha autoridad el 23 de mayo siguiente, decisi\u00f3n atacada mediante el recurso de reposici\u00f3n y mantenida el 10 de julio postrero. <\/p>\n
2.2. La gestora afirma que debi\u00f3 operar la p\u00e9rdida \u00abautom\u00e1tica\u00bb del conocimiento por parte del juzgado, que se dar\u00eda una vez cumplido un a\u00f1o desde la notificaci\u00f3n al extremo demandado sin dictarse sentencia, sin que importe la causa de la tardanza, pues, la notificaci\u00f3n a dicho extremo se verific\u00f3 el 14 de febrero de 2022 y para el 15 de febrero de 2023 oper\u00f3 la invalidaci\u00f3n en comento, sin que el lapso se haya prorrogado o el juicio se haya suspendido, adem\u00e1s de que su primera actuaci\u00f3n luego de transcurrido el lapso fue pedir la invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 resalt\u00f3 la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales y se remiti\u00f3 a lo que decidi\u00f3 dentro del juicio cuestionado y se atuvo a la determinaci\u00f3n que se adopte en este escenario. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras citar apartes del prove\u00eddo cuestionado que consider\u00f3 relevantes y de su an\u00e1lisis concluir que los argumentos all\u00ed plasmados no resultan antojadizos, caprichosos o subjetivos, sin que la discrepancia con lo resuelto que expone la gestora, sea suficiente para habilitar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en sus argumentos iniciales, con \u00e9nfasis en que el fallo constitucional de primera instancia adolec\u00eda de argumentaci\u00f3n, se fund\u00f3 en precedentes con fundamentos f\u00e1cticos dis\u00edmiles al presente, adem\u00e1s de que la tardanza en definir el proceso no pod\u00eda excusarse en cuestiones administrativas del juzgado accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, pero porque la accionante desaprovech\u00f3 los mecanismos de defensa con que cont\u00f3 dentro del proceso. <\/p>\n
3.1. En efecto, para discutir la p\u00e9rdida de competencia por parte del juzgado cognoscente por haber transcurrido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, la accionante pudo interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 23 de mayo de 2013, que le neg\u00f3 tal solicitud y por ende no decret\u00f3 la nulidad del auto de 24 de abril anterior, con que se continu\u00f3 con el tr\u00e1mite mediante la fijaci\u00f3n de fecha para realizaci\u00f3n de la audiencia inicial, determinaci\u00f3n pasible de alzada en aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 320 ibidem, porque en este caso resolvi\u00f3 sobre una nulidad procesal. <\/p>\n
3.2. Del mismo modo, se convalid\u00f3 la eventual nulidad derivada de haber transcurrido sin sentencia la anualidad a que alude el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque luego de cumplido dicho lapso, la gestora permiti\u00f3 que cobrara firmeza el prectitado auto de se\u00f1alamiento de audiencia inicial, sin poner de presente el vicio, con lo cual, t\u00e1citamente consinti\u00f3 en la continuidad del proceso por parte del juzgado que lo ven\u00eda conociendo, en vez de haber expuesto su inconformidad antes de la firmeza de dicha determinaci\u00f3n, con lo cual desaprovech\u00f3 la oportunidad para haber reclamado la p\u00e9rdida de competencia solicitada en este escenario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla nulidad se considerar\u00e1 saneada (\u2026) cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en este caso, en el que se emiti\u00f3 decisi\u00f3n que impuls\u00f3 el proceso, y la demandante con su silencio no se opuso a la continuidad del tr\u00e1mite, convalidando as\u00ed el supuesto vicio. <\/p>\n
3.3. De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por los motivos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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