STC8449-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8449-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Enrique Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos esenciales al debido proceso y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, al emitir sentencia en el juico fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, anular \u00ablas sentencias de\u2026 17 de febrero\u2026 y 11 de agosto de 2022\u00bb, y \u00abfall[ar] la terminaci\u00f3n procesal de cualquier tipo de acci\u00f3n al asunto ventilado (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio posesorio incoado por Inversiones L M & J S.A.S. contra Jes\u00fas Leguizam\u00f3n Celis, Carlos Julio Acosta, Carlos Eduardo Arias, Fredy Torres Ortiz, Marco Tulio Cruz Varela y Jos\u00e9 Orlando Marroqu\u00edn Blanco, surtidas las etapas de rigor, el 17 de febrero de 2022, el Juzgado convocado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones; decisi\u00f3n que, el 11 de agosto de 2022, confirm\u00f3 el Tribunal acusado, mediante providencia en la que, adem\u00e1s, expresamente dispuso \u00abrechazar las solicitudes de vinculaci\u00f3n presentadas [ante esa instancia] por\u2026 Pedro Antonio Vargas Cruz, Carlos Enrique Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez [ac\u00e1 accionante] y Daniel Eduardo Arias Ordu\u00f1a\u00bb, porque \u00abno fueron presentadas a trav\u00e9s de apoderado judicial[,] en virtud del derecho de postulaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el actor critic\u00f3 que los juzgadores acusados incurrieron en defectos procedimental, f\u00e1ctico, sustantivo, de error inducido y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, porque el inmueble sobre el que recay\u00f3 el litigio no fue debidamente individualizado, ni siquiera se inspeccion\u00f3 para clarificar las imprecisiones frente al mismo, lo que implic\u00f3 que dejaran de determinarse \u00abquienes eran los poseedores reales y materiales\u00bb, como \u00e9l, omitiendo, irregularmente, su obligatoria vinculaci\u00f3n a ese asunto, para la debida integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
Adujo que s\u00f3lo hasta ahora, con ocasi\u00f3n de la notificaci\u00f3n de una futura diligencia de desalojo en cumplimiento de tal veredicto, \u00e9l y \u00abm\u00e1s de 40 familias\u00bb, se enteraron de la existencia de dicho juicio; y que de materializarse el despojo de sus casas de habitaci\u00f3n, resultar\u00e1 cercenado su derecho a la vivienda digna. <\/p>\n
3. Esta Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 rog\u00f3 \u00abrechazar la acci\u00f3n constitucional de tutela propuesta\u2026[,] por no acreditarse el presupuesto de inmediatez y legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, sumado a que \u00abNO se estructura la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, alegados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso se critic\u00f3 el juicio posesorio entablado por Inversiones L M & J S.A.S. contra Jes\u00fas Leguizam\u00f3n Celis, Carlos Julio Acosta, Carlos Eduardo Arias, Fredy Torres Ortiz, Marco Tulio Cruz Varela y Jos\u00e9 Orlando Marroqu\u00edn Blanco, clausurado con la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal encartado, en la cual, adem\u00e1s de confirmarse la que el 17 de febrero anterior emiti\u00f3 el Juzgado atacado -favorable a las pretensiones de la demanda-, expresamente se indic\u00f3 \u00abrechazar las solicitudes de vinculaci\u00f3n presentadas\u00bb ante esa Colegiatura por el ac\u00e1 accionante, Pedro Antonio Vargas Cruz y Daniel Eduardo Arias Ordu\u00f1a. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, la solicitud de protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por carecer del presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que entre el 11 de agosto de 2022, cuando se emiti\u00f3 la sentencia que puso fin a ese asunto, en la que, expresamente, se rechaz\u00f3 la intervenci\u00f3n del ac\u00e1 reclamante -por ende, se tiene que, al margen de cualquier discusi\u00f3n, en esa data conoci\u00f3 de aqu\u00e9lla-, y el 10 de agosto \u00faltimo, cuando interpuso la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, transcurri\u00f3 un lapso muy superior al de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que demostrara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Sala que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para despachar adversamente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo pedido. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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