STC8454-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8454-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00332-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rafael Palacio Dager contra los Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Mar\u00eda del Pilar Franco Mart\u00ednez, Raimundo de la Espriella del Valle, Graciela Mart\u00ednez, Fiscal\u00eda Seccional 26 de Cartagena, Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, Cristian Ayola, Comisaria de Familia \u2013 Casa de Justicia El Country de Cartagena y Procuradora 115 Judicial de Familia de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena con la decisi\u00f3n adoptada el 26 de abril de 2022 al interior del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de su menor hijo. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a la autoridad judicial accionada \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado a partir del 26 de abril de 2022, y se le ordene, asimismo, solicitar el expediente a la Comisaria de Familia de la Casa de Justicia del Country, y hecho lo anterior, proceda a decidir sobre el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la decisi\u00f3n arbitraria del Comisario LIBARDO MERCADO BARGUIL, al negar las pruebas solicitadas en la audiencia de fecha 21 de febrero de 2022 DENTRO DEL el tr\u00e1mite del proceso en mi contra PARD 0221-2021 \u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Que contrajo matrimonio con Mar\u00eda del Pilar Franco el 10 de junio de 2006 y, de dicha uni\u00f3n se procre\u00f3 su menor hijo; que se separaron de cuerpos desde el a\u00f1o 2008 y, posteriormente, en audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 29 de julio de 2008, acordaron que la custodia del ni\u00f1o estar\u00eda en cabeza de la madre, la patria potestad seria compartida y se estableci\u00f3 r\u00e9gimen de visitas. <\/p>\n
2.2. Que el 31de agosto de 2016, su hijo fue a vivir con \u00e9l debido a que su madre lo hab\u00eda sacado de su casa, raz\u00f3n por la cual tramit\u00f3 ante el juzgado accionado proceso de restablecimiento de derechos en contra de la progenitora del menor y su compa\u00f1ero permanente, el cual termin\u00f3 con sentencia del 31 de enero de 2018, que le otorg\u00f3 la custodia y cuidado personal de su hijo, no obstante, fij\u00f3 r\u00e9gimen de visitas en favor de la madre del menor, pese a que se demostr\u00f3 que este venia siendo maltratado. <\/p>\n
2.3. Que el 19 de junio de 2020, a su hijo le tocaba compartir una semana de vacaciones con su madre, lapso en el cual esta present\u00f3 una queja en su contra ante el ICBF por presunto maltrato, la cual le correspondi\u00f3 el conocimiento a la Comisaria de Familia Country. <\/p>\n
2.4. En dicha comisaria se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de la queja en su contra, no obstante, ante una serie de anomal\u00edas se decret\u00f3 a trav\u00e9s de auto del 17 de noviembre de 2021 la nulidad de lo actuado y se procedi\u00f3 a dictar una nueva resoluci\u00f3n de apertura de investigaci\u00f3n, en la cual se agotaron todas las etapas procesales, se abri\u00f3 y cerr\u00f3 etapa de pruebas si recibir los testimonios por \u00e9l solicitados y se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo la queja interpuesta, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, el primero fue despachado de manera desfavorable, concedi\u00e9ndose la alzada, la cual le correspondi\u00f3 al juzgado accionado. <\/p>\n
2.5. Que el 7 de abril de 2022, present\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo, mediante providencia del 26 de abril de 2022, el juzgado fustigado resolvi\u00f3 sobre una situaci\u00f3n diferente al motivo de alzada y lo \u00abrechaz\u00f3 por falta de competencia\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su correcci\u00f3n el 18 de enero de 2023, sin embargo, en auto del 28 de marzo de 2023, se orden\u00f3 atenerse a lo resuelto en auto de 26 de abril de 2022 que dispuso su rechazo. <\/p>\n
2.6. Que el 29 de mayo de 2023 solicit\u00f3 a la comisaria de familia accionada que remitiera nuevamente el proceso al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, no obstante, dicha solicitud a\u00fan no ha sido resuelta. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, indic\u00f3 que el tramite administrativo de restablecimiento de derechos fue rechazado por falta de competencia en providencia del 26 de abril de 2022, toda vez que su homologo sexto, declar\u00f3 no probada la recusaci\u00f3n formulada por el actor, por lo que procedi\u00f3 a devolver el expediente a la comisaria correspondiente el 27 de julio de 2022. Posterior a esto, el accionante solicit\u00f3 la correcci\u00f3n del auto del 26 de abril de 2022, sin embargo, se estableci\u00f3 que dicho despacho judicial carece de competencia para resolver la petici\u00f3n debido a que el expediente fue devuelto a la comisaria de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisaria de Familia Casa de Justicia El Country de Cartagena, solicit\u00f3 que la presente acci\u00f3n e tutela se declare improcedente debido a que carece del requisito de inmediatez, toda vez que el tr\u00e1mite administrativo tiene m\u00e1s de un a\u00f1o que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia, aunado a que el actor dej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para interponer los recursos que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena, indic\u00f3 que en dicho despacho judicial se tramita proceso penal seguido en contra de Mar\u00eda del Pilar Franco y Raymundo de la Espriella del Valle, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. De cara al presente tramite constitucional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradora 115 Judicial de Familia narr\u00f3 el tr\u00e1mite realizado en el tr\u00e1mite administrativo atacado, en el cual se dict\u00f3 el fallo declarando la vulneraci\u00f3n de derechos, adoptando decisiones consecuentes y resolviendo el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el querellado de manera desfavorable. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF, indic\u00f3 que si bien es cierto que las comisarias hacen parte del Sistema Nacional De Bienestar Familiar a nivel local o municipal, no pertenecen al ICBF, por lo que ning\u00fan hecho materia de la acci\u00f3n constitucional tienen relaci\u00f3n con dicha entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo por ausencia del presupuesto de inmediatez y subsidiariedad en raz\u00f3n a que la insatisfacci\u00f3n del actor radica en que mediante el auto del 26 de abril de 2022 el juzgado accionado \u00abrechaz\u00f3 por falta de competencia\u00bb, decisi\u00f3n que no fue controvertida y data de hace mas de 1 a\u00f1o. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. En punto a los cuestionamientos del actor frente a que se declare la nulidad de lo actuado desde la fecha en que se profiri\u00f3 el auto por parte del juzgado accionado que decidi\u00f3 \u00abrechazar por falta de competencia\u00bb la resoluci\u00f3n del asunto puesto a su conocimiento, lo cierto es que este ruego supralegal se muestra inviable por carecer de inmediatez, habida cuenta que entre la data en que la actuaci\u00f3n que ataca el accionante, esto es la el auto que declar\u00f3 la falta de competencia para resolver la solicitud del actor (esto es, el 26 de abril de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (23 de junio de 2023), transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3.1. Aunque lo anterior resultar\u00eda suficiente para desechar el prenotado reproche del promotor, considera la Sala que de cara al auto del 26 de abril de 2022 que decidi\u00f3 \u00abrechazar por falta de competencia\u00bb la resoluci\u00f3n del asunto puesto en conocimiento del juzgado accionado, el amparo tambi\u00e9n resulta improcedente, por cuanto el accionante omiti\u00f3 interponer los respectivos recursos en contra de la mencionada decisi\u00f3n adoptada al interior del proceso en menci\u00f3n, los cuales resultaban viables. <\/p>\n
Se dice lo anterior, puesto que, si el accionante no estaba de acuerdo con la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en la providencia en menci\u00f3n, debi\u00f3 alegar dicha situaci\u00f3n ante el juez que la profiri\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n que ten\u00eda a su alcance dentro de los t\u00e9rminos establecidos en la ley para ello, lo cual no se advierte de la revisi\u00f3n del expediente y, fue s\u00f3lo hasta el mes de enero del a\u00f1o que avanza, pasados m\u00e1s de seis meses despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n atacada, que solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Sobre el particular, importante es indicar que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8454-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8454-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00332-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}