STC8457-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8457-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2023-00312-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Leonel Leandro Vanegas Fonseca y Ana Cecilia Fonseca de Vanegas formularon a la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que instauraron contra el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, extensiva a las partes y a los intervinientes en el proceso verbal con rad. 2022-00063-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pretenden se deje sin efectos el auto proferido por el Juzgado convocado en el que resolvi\u00f3 decretar, como prueba de oficio, requerir a la Fiscal\u00eda Seccional de C\u00e1queza copia de las declaraciones que rindieron los gestores dentro del caso No. 251516000372202100011, el d\u00eda 10 de marzo de 2021. En igual sentido se quejaron de que el despacho accionado haya incorporado pruebas documentales al expediente en el curso de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, cuando no era la etapa procesal para ello, en la medida en que debieron ser aportados con el escrito de demanda. <\/p>\n
En sustento manifestaron que en el curso de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento que se surti\u00f3 el 26 de junio de 2023, un testigo de la parte demandante mientras rindi\u00f3 su declaraci\u00f3n aport\u00f3 documentos en la audiencia, los cuales fueron en principio rechazados por la Juez; sin embargo, previo a dictar sentencia, la Juzgadora dispuso de oficio ordenar a la fiscal\u00eda la remisi\u00f3n de esos mismos escritos que se intentaron incorporar irregularmente al proceso, los cuales afirmaron no guardan relaci\u00f3n con el negocio jur\u00eddico celebrado por tratarse de un asunto de \u00edndole penal, respecto del cual no tiene competencia el estrado judicial querellado al ser de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
Alegaron que la decisi\u00f3n cuestionada no guarda relaci\u00f3n con lo resuelto horas antes en la diligencia adelantada, pues los mentados medios suasorios ya hab\u00edan sido rechazados, situaci\u00f3n que evidencia que la Juez abandon\u00f3 su rol como garante de la normatividad sustancial y, por ende, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al debido proceso, oportunidad, legalidad e igualdad procesal. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza solicit\u00f3 desestimar el resguardo invocado, por encontrarse su determinaci\u00f3n fundamentada en lo reglado en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso y frente al testigo en lo dispuesto por el art\u00edculo 221 #6 Ib\u00eddem. La Fiscal\u00eda Seccional de C\u00e1queza solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. El apoderado de la demandante en el juicio en cuesti\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de la audiencia. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la determinaci\u00f3n objeto de escrutinio esgrimi\u00f3 argumentos razonables. <\/p>\n
4.- Los gestores impugnaron, para lo cual expresaron que el fallo de primer grado no se ajusta a los hechos que motivaron el mecanismo constitucional invocado, agregaron que las pruebas decretadas de oficio guardan relaci\u00f3n con un asunto que les ha ocasionado perjuicios y ha puesto en peligro su vida sin que se tenga en cuenta el principio de preclusi\u00f3n, adem\u00e1s se duelen de que el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza no haya accedido a la solicitud de aplazamiento de la vista p\u00fablica fijada para el 06 de julio del corriente a\u00f1o, que se justific\u00f3 en que la presente acci\u00f3n se encontraba en tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente se anuncia que al confrontar la Sala el escrito inicial con las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En efecto, aunque los tutelantes reprocharon el veredicto al cual arrib\u00f3 el Juzgado enjuiciado, lo cierto es que esa determinaci\u00f3n encuentra soporte en disposiciones legales, aplicables al caso en cuesti\u00f3n, como lo son el art\u00edculo 170 del Estatuto Procesal que establece: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 170. El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. <\/p>\n
Las pruebas decretadas de oficio estar\u00e1n sujetas a la contradicci\u00f3n de las partes.\u00bb <\/p>\n
Y el art\u00edculo 221 #6 Idem que textualmente predica: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 221. La recepci\u00f3n del testimonio se sujetar\u00e1 a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
6. El testigo al rendir su declaraci\u00f3n, podr\u00e1 hacer dibujos, gr\u00e1ficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos ser\u00e1n agregados al expediente y ser\u00e1n apreciados como parte integrante del testimonio. As\u00ed mismo el testigo podr\u00e1 aportar y reconocer documentos relacionados con su declaraci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n haya insistido en que el decreto oficioso de pruebas: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho.\u00bb (\u2026) (se destaca, (CSJ STC6223-2014, STC1619-2022, entre otras). <\/p>\n
Ahora, no se quebranta la igualdad entre las partes ni su derecho al debido proceso porque el juzgador haya decretado oficiosamente medios de prueba, en la medida en que estos ser\u00e1n objeto de contradicci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el inciso final del precepto 170 Idem, y de la lectura sistem\u00e1tica del estatuto adjetivo se desprende que dicha actuaci\u00f3n puede surtirse en cualquier etapa del proceso siempre que sea previo a dictar sentencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la queja relacionada con la ausencia de competencia de la autoridad judicial criticada para conocer de las declaraciones rendidas dentro del proceso penal, por ser una cuesti\u00f3n que difiere de los asuntos de naturaleza civil, carece de sustento jur\u00eddico y desconoce lo dispuesto por el legislador en el art\u00edculo 174 de la Ley 1564 de 2012: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 172. Las pruebas practicadas v\u00e1lidamente en un proceso podr\u00e1n trasladarse a otro en copia y ser\u00e1n apreciadas sin m\u00e1s formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deber\u00e1 surtirse la contradicci\u00f3n en el proceso al que est\u00e1n destinadas. La misma regla se aplicar\u00e1 a las pruebas extraprocesales. <\/p>\n
La valoraci\u00f3n de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definici\u00f3n de sus consecuencias jur\u00eddicas corresponder\u00e1n al juez ante quien se aduzcan.\u00bb <\/p>\n
De otra parte, se advierte que los reparos de los convocantes relacionados con el no aplazamiento de la continuaci\u00f3n de la audiencia programada para el 06 de julio hoga\u00f1o y el hecho de que las pruebas de oficio decretadas afectan su integridad personal y vulneran el principio de preclusi\u00f3n, constituyen argumentos que no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto se trata de aspectos nuevos respecto de los cuales la contraparte y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de lo contrario se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien: <\/p>\n
\u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021) <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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