STC8462-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2023-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n que Camilo Torres actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de Manuela Torres S\u00e1enz formul\u00f3 frente a la sentencia del 25 de julio de 2023, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan, extensiva a los intervinientes en el proceso de regulaci\u00f3n de visitas con radicado No. 2022-00225-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento adujo que fruto de la relaci\u00f3n sentimental que sostuvo con Manuela S\u00e1enz Torrijo naci\u00f3 su hija Manuela Torres S\u00e1enz; comoquiera que aquella hasta la calenda de su \u00abseparaci\u00f3n\u00bb resid\u00eda en la \u00abvereda [P]i\u00f1alito\u00bb acudi\u00f3 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. – Seccional Sincelejo para que citara a la madre a la pr\u00e1ctica de conciliaci\u00f3n extrajudicial con el fin de definir el r\u00e9gimen de visitas, actuaci\u00f3n que se declar\u00f3 fallida por la inasistencia de la convocada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Primero de Familia de la referida ciudad conoci\u00f3 el juicio objeto de escrutinio primigeniamente, sin embargo, al desatar el recurso de reposici\u00f3n que interpuso la demandada contra el auto admisorio del libelo, revoc\u00f3 tal decisi\u00f3n con sustento en que carec\u00eda de competencia por el factor \u00abterritorial\u00bb, raz\u00f3n por la cual remiti\u00f3 las diligencias al hom\u00f3logo de Sahag\u00fan, donde seg\u00fan inform\u00f3 su contraparte viv\u00eda con la menor. <\/p>\n
Indic\u00f3 que aun cuando cumpli\u00f3 con el requisito de procedibilidad para iniciar la acci\u00f3n, que acredit\u00f3 con la citada acta, el Juez convocado, no solo, inadmiti\u00f3 el libelo, sino que, lo rechaz\u00f3 tras advertir que el mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos no se realiz\u00f3 en el domicilio de la primog\u00e9nita; en su criterio la anterior circunstancia ha dilatado la reglamentaci\u00f3n de las visitas lo que \u00absignifica la p\u00e9rdida de mucho tiempo valioso\u00bb con su hija. <\/p>\n
2.- El titular del estrado convocado precis\u00f3 que el prove\u00eddo criticado se apoy\u00f3 en las normas que regulan la puntual materia; agreg\u00f3 que est\u00e1 en manos del actor acudir ante la autoridad competente en dicha circunscripci\u00f3n para que se adelante la actuaci\u00f3n que se echa de menos. <\/p>\n
La se\u00f1ora S\u00e1enz precis\u00f3, en suma, que el accionante ten\u00eda conocimiento que desde enero de 2020 fij\u00f3 su residencia en la \u00faltima de las memoradas urbes, raz\u00f3n por la cual le resulta inexplicable su convocatoria a una localidad diferente, adem\u00e1s que no concurri\u00f3 a la citaci\u00f3n que se le hizo por el \u00abembar[z\u00f3] de alto rie[s]go\u00bb que sobrellevaba para aquella data. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor \u00abcuenta con la posibilidad de agotar el requisito de conciliaci\u00f3n prejudicial ante una autoridad competente y, en caso de resultar fallida, podr\u00e1 iniciar la acci\u00f3n judicial pertinente ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria con el lleno de los requisitos\u00bb; a lo que agreg\u00f3 comoquiera que la decisi\u00f3n censurada se fund\u00f3 en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia esta \u00abse encuentra ajustad[a] a la normatividad vigente y a la carta pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
4.- El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3 similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en relaci\u00f3n a la dilaci\u00f3n que ha tenido que soportarte y que el factor territorial no tendr\u00eda por qu\u00e9 influir en relaci\u00f3n a la conciliaci\u00f3n conforme el art\u00edculo 5 de la Ley 2220 de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos expuestos en el escrito de tutela y a la impugnaci\u00f3n formulada, advierte que la queja se dirige contra el prove\u00eddo del Juzgado convocado que rechaz\u00f3 para su conocimiento la demanda de regulaci\u00f3n de visitas que promovi\u00f3 Camilo Torres contra Manuela S\u00e1enz; en tal orden pronto se advierte que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado para en su lugar conceder el amparo en la medida que dicha autoridad incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n del debido proceso del accionante. <\/p>\n
En primer lugar, cabe advertir que la tem\u00e1tica tratada en el juicio ordinario ventila de manera inexorable prerrogativas superiores de una menor de edad, que sobra recordarlo, de conformidad con el art\u00edculo 44 del texto constitucional y los tratados internacionales, son sujetos de especial protecci\u00f3n, por ende, sus derechos deben ser objeto de protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u00abgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb, luego cualquier tipo de barrera al respecto debe mirarse objetivamente, propendiendo por la efectividad del derecho sustancial sobre el procesal, lo que en efecto ocurri\u00f3 con la determinaci\u00f3n de primer grado confutada. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n sobre la particular tem\u00e1tica se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
De ah\u00ed, que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente \u00absu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb, e incluso ha establecido que existe un inter\u00e9s superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos. <\/p>\n
Es as\u00ed que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que, esa especial defensa de los derechos del menor incluyen \u00abi) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad\u00bb, por ello, refiere, que frente a los poderes p\u00fablicos, tal r\u00e9gimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias. <\/p>\n
De manera que para \u00abel legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.\u00bb, lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues \u00abtanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos.\u00bb (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces (\u2026) para conocer de los derechos e intereses de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como se ha previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que indica: \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb (STC16395-2017). <\/p>\n
En segundo lugar, es del caso destacar en relaci\u00f3n a la Ley 640 de 2001 a\u00fan vigente para cuando acaecieron los hechos materia de revisi\u00f3n, que el art\u00edculo 19 prev\u00e9 que \u00ab[s]e podr\u00e1n conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacci\u00f3n desistimiento y conciliaci\u00f3n, ante los conciliadores de centros de conciliaci\u00f3n, ante los servidores p\u00fablicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios\u00bb. <\/p>\n
A su vez el canon 31 ibidem estipula que en asuntos de familia cuando la citada convocatoria sea extrajudicial entre los operadores para adelantar tal actuaci\u00f3n est\u00e1n \u00ab(\u2026) los conciliadores de los centros de conciliaci\u00f3n, (\u2026) los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la defensor\u00eda del pueblo, los agentes del ministerio p\u00fablico ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios\u00bb. <\/p>\n
En ese orden el art\u00edculo 35 ibidem estipul\u00f3 el citado mecanismo como una exigencia de procedibilidad previo para acudir a la jurisdicci\u00f3n, en lo que interesa, dej\u00f3 sentado que <\/p>\n
(\u2026) El requisito de procedibilidad se entender\u00e1 cumplido cuando se efect\u00fae la audiencia de conciliaci\u00f3n sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el t\u00e9rmino previsto en el inciso 1 del art\u00edculo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este \u00faltimo evento se podr\u00e1 acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n con la sola presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, podr\u00e1 acudirse directamente a la jurisdicci\u00f3n cuando bajo la gravedad del juramento, que se entender\u00e1 prestado con la presentaci\u00f3n de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitaci\u00f3n y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero. (Subraya la Corte) <\/p>\n
Y como consecuencia de tal inobservancia los c\u00e1nones 36 Cit. y 90-7 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9n al unison\u00f3 que se rechazar\u00e1 la demanda; estipulan respectivamente que \u00ab[l]a ausencia del requisito de procedibilidad de que trata esta ley, dar\u00e1 lugar al rechazo de plano de la demanda\u00bb y que habr\u00e1 lugar a la citada sanci\u00f3n cuando \u00ab(\u2026) no se acredite que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
Del recuento normativo se puede colegir que la conciliaci\u00f3n, por una parte, est\u00e1 prevista como un mecanismo alternativo para la soluci\u00f3n de conflictos, y de la otra, en asuntos relacionados con la familia, est\u00e1 prevista como un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n; en ese mismo orden se entiende que tal exigencia se encuentra cumplida ya sea porque se celebr\u00f3 la audiencia respectiva en la que se logra el acuerdo de voluntades, no se llega a tal cometido, no se realiza por ausencia del convocado o en \u00faltimas transcurridos 3 meses de radicada la solicitud la autoridad administrativa perdi\u00f3 su competencia, de tales circunstancias se dejar\u00e1 acta en los primeros supuestos y en los otros las constancias respectivas. <\/p>\n
Ahora bien, en asuntos de familia esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, que consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, puede ser aplicado a los casos que conozcan las autoridades jurisdiccionales, en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Sentado lo anterior, en el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan lesion\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb del aqu\u00ed actor, al inadmitir y rechazar la demanda por incumplir presuntamente con el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que el Juez convocado, para mantener la determinaci\u00f3n que rehus\u00f3 el conocimiento del asunto precis\u00f3 que si bien el nuevo Estatuto de Conciliaci\u00f3n prev\u00e9 que el factor de competencia territorial \u00abno puede convertir en obst\u00e1culo para que el conciliador pueda realizar su labor\u00bb, lo cierto era que de conformidad con el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, norma especial que rige la puntual materia <\/p>\n
el Defensor de Familia competente para adelantar la conciliaci\u00f3n prejudicial, como requisito de procedibilidad, desde un principio, lo fue y es el circunscrito a esta municipalidad, por ser donde se encuentra la ni\u00f1a (\u2026), pues esa atribuci\u00f3n privativa no pod\u00eda eludirse intentando la autocomposici\u00f3n del conflicto ante un Defensor de Familia distinto, a sabiendas del lugar donde la NNA est\u00e1 asentada <\/p>\n
Tales elucubraciones se advierten erradas, comoquiera que, la autoridad accionada aplic\u00f3 aisladamente la citada norma, cuando en realidad ten\u00eda que interpretarse en forma arm\u00f3nica con la Ley procesal, la que rigi\u00f3 la conciliaci\u00f3n al momento de su pr\u00e1ctica y los hechos particulares que precedieron en las diligencias. <\/p>\n
N\u00f3tese que si bien, el mentado art\u00edculo 97 determina la competencia para conocer de asuntos relacionados con restablecimiento de derechos de menor, atribuyendo para ello el factor territorial en raz\u00f3n de la inmediaci\u00f3n que la autoridad administrativa debe tener con los infantes involucrados, precisamente para tomar las decisiones inmediatas para su protecci\u00f3n, lo que es extensivo para los representantes jurisdiccionales, lo cierto es que, en el caso de marras, esta no puede convertirse en un obst\u00e1culo para acceder a la administraci\u00f3n de justicia, cuando el requisito de procedencia en efecto se advierte cumplido. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, que el actor desde el inicio de la actuaci\u00f3n prejudicial ten\u00eda el convencimiento pleno de que su menor hija se encontraba en la vereda Pi\u00f1alito \u2013 Sucre, de all\u00ed que acudi\u00f3 directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Sincelejo con el fin de adelantar la convocatoria de la progenitora de la ni\u00f1a a efectos de establecer el r\u00e9gimen de alimentos y de visitas. <\/p>\n
En tal sentido remiti\u00f3 la citaci\u00f3n para tal acto, no solo, v\u00eda electr\u00f3nica, sino, mediante correo certificado a la direcci\u00f3n en donde presuntamente se encontraba domiciliada aqu\u00e9lla, adem\u00e1s que surti\u00f3 dicho enteramiento a trav\u00e9s de mensaje de datos a los abonados telef\u00f3nicos de la progenitora y la abuela materna de la primog\u00e9nita, y como quiera que la contraparte no asisti\u00f3 a la audiencia prevista para tal efecto, la Defensora de Familia cognoscente sent\u00f3 el acta correspondiente, lo que dio lugar para que aquel acudiera a la jurisdicci\u00f3n en dicha ciudad insistiendo bajo la gravedad de juramento en el domicilio de su contraparte. <\/p>\n
Ahora bien, se advierte que, de un lado, una de las causales de inadmisi\u00f3n de la demanda, es que \u00abno se acredite que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb, y del otro, que la demostraci\u00f3n y consumaci\u00f3n de tal requisito, seg\u00fan las previsiones anotadas en l\u00edneas anteriores, es la pr\u00e1ctica de la audiencia y el acta que d\u00e9 cuenta de ello; luego en el proceso criticado, se itera, la exigencia referida se encontraba satisfecha por la pot\u00edsima raz\u00f3n que se aport\u00f3 el acta que dio cuenta de tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corte, en el caso en particular, no resulta aceptable que el Juez haga requerimientos procesales inexistentes o adicionales a los contemplados en el ordenamiento en perjuicio de los derechos de la ni\u00f1a, pues inclusive, se evidencia que desde la calenda en que se efectu\u00f3 la mentada convocatoria (9 feb. 2022) hasta que arribaron las diligencias al Juzgado de Sahag\u00fan provenientes del hom\u00f3logo de Sincelejo (23 mar. 2023), transcurri\u00f3 m\u00e1s 1 a\u00f1o sin que se determinaran judicialmente las obligaciones y deberes de ambos padres frente a las prerrogativas superiores de su hija, las que inclusive se exigieron provisionalmente en el escrito de demanda, sin encontrar eco alguno en los funcionarios judiciales que han conocido de la causa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y comoquiera que el estrado atacado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, se impone conceder el amparo y dejar sin vigor el prove\u00eddo censurado, a fin de que la c\u00e9lula judicial convocada profiera uno nuevo en el que justifique las razones de su decisi\u00f3n teniendo en cuenta los argumentos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por Camilo Torres actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de Manuela Torres S\u00e1enz. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin valor y efecto el auto de 4 de julio de 2023, emitido en el proceso de regulaci\u00f3n de visitas con radicado 70001-31-10-001-2022- 00225-00, para que el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, se pronuncie frente al rechazo de la demanda aludida teniendo en cuenta las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8462-2023 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8462-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2023-00139-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}