STC8477-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8477-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2023-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 26 de julio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Largo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Banco Davivienda, la Defensor\u00eda del Pueblo y su Regional Caldas, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su Regional Caldas, el Personero Municipal de Manzanares y la Alcald\u00eda Municipal de Manzanares. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que admita la acci\u00f3n popular puesto que se cumple con los requisitos de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Es un hecho relevante para la decisi\u00f3n de este asunto que el actor interpuso acci\u00f3n popular, la cual fue inadmitida ya que no se consignaron las pruebas que pretend\u00eda hacer valer, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n bajo el argumento que tal exigencia no era un requisito para admitir la demanda de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, el cual no establece que con la demanda se deba probar el da\u00f1o alegado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares indic\u00f3 que efectivamente el accionante impetr\u00f3 en dicha unidad judicial acci\u00f3n popular, la cual fue inadmitida por auto del 27 de junio de 2023, sin que el actor diera cumplimiento a lo all\u00ed requerido, limit\u00e1ndose a indicar al juzgado que no estaba obligado a cumpli con lo dispuesto en el auto inadmisorio, raz\u00f3n por la cual se procedi\u00f3 con el rechazo de la demanda. Aunado a lo anterior, manifest\u00f3 que las actuaciones desplegadas en la acci\u00f3n popular objeto de queja constitucional estuvieron ajustada a derecho y no constituyeron excesos rituales. <\/p>\n
2. El banco Davivienda S.A., manifest\u00f3 que desconoce del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez que no han vulnerado las garanticas fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
4. Las dem\u00e1s vinculadas no emitieron pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por carecer del requisito de subsidiariedad toda vez que \u00abfrente al auto adiado 10 de julio de 2023 que rechaz\u00f3 la demanda popular, no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, pese a ser procedente conforme lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo indic\u00f3 que contrario a lo manifestado en el fallo de primera instancia, s\u00ed interpuso recurso de reposici\u00f3n en donde le indic\u00f3 al juzgado accionado que el requisito exigido en el auto inadmisorio no esta contemplado en la ley 472 de 1998. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinados los reparos planteados por el actor, circunscritos a cuestionar las actuaciones que adelant\u00f3 la autoridad judicial criticada al interior de la acci\u00f3n popular objeto de queja constitucional, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso pudo interponer recurso de reposici\u00f3n en contra del auto del 10 de julio de 2023 mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda por no subsanaci\u00f3n, en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 36 de la ley 472 de 19981, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dispone la citada norma que: \u00abContra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u00bb <\/p>\n
1 <\/p>\n
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