STC8478-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8478-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00604-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que interpuso Maria Yudi Solano Quintero frente al fallo proferido el 8 de junio \u00faltimo por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra el Consejo Superior de la Judicatura; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al derecho de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada con fundamento en los siguientes hechos que se consideran relevantes: <\/p>\n
1.1. Jos\u00e9 Omar Solano (q.e.p.d), padre de la accionante, falleci\u00f3 el 6 de julio de 2009. Posterior a su muerte, Ana Clara Dur\u00e1n, tambi\u00e9n progenitora de la quejosa, inici\u00f3 tr\u00e1mite declarativo de Uni\u00f3n Marital de Hecho (2010-00223) en el cual solicit\u00f3 medida cautelar sobre un Certificado de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino Definido que en vida el causante constituy\u00f3 en Bancolombia por la suma de $8.000.000. <\/p>\n
En consecuencia, ante el Banco Agrario se constituy\u00f3 a \u00f3rdenes del Juzgado Primero de Familia de Palmira t\u00edtulo judicial por esa suma de dinero. <\/p>\n
1.2. Ante la prosperidad del referido proceso, junto a su madre y sus hermanos promovieron proceso de sucesi\u00f3n (2011-00272), el cual qued\u00f3 suspendido hasta 2019 adjudicando a los herederos determinados una parte del CDT. <\/p>\n
1.3. En 2022, una vez qued\u00f3 registrada la sentencia la quejosa acude al Banco Agrario con el prop\u00f3sito de cobrar el respectivo CDT, encontrando que desde 2018 al referido t\u00edtulo se le declar\u00f3 prescrito. <\/p>\n
2. Cuestiona que se haya aplicado tal fen\u00f3meno extintivo en tanto sobre el mismo exist\u00eda un proceso en curso, por tanto solicit\u00f3 \u00abse realice la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo judicial Nro. 69400000182674 por el valor de $8.611.491 el cual se embarg\u00f3 por el Juzgado Primero de Familia de la Ciudad de Pereira\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora Ejecutiva Seccional de Cali solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no han recibido ninguna petici\u00f3n a nombre de la accionante. <\/p>\n
Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que le corresponde acudir a la interesada ante el despacho judicial que corresponda, a efectos de solicitar su reactivaci\u00f3n y entrega, en caso de ser procedente, conforme lo regula el Acuerdo PCSJA21-11731. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura manifest\u00f3 que revisados los correos de la entidad no se encontr\u00f3 ninguna petici\u00f3n formulada y pendiente de resolver por la aqu\u00ed quejosa tal y como as\u00ed lo certific\u00f3 la Oficina Mesa de Ayuda Correo Electr\u00f3nico del Consejo Superior de la Judicatura, CENDOJ, en constancia del 7 de junio del presente a\u00f1o. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca, respondi\u00f3 que, en relaci\u00f3n con el dep\u00f3sito judicial reclamado por la demandante, dicho despacho procedi\u00f3 a declarar su prescripci\u00f3n en raz\u00f3n a que no fue reclamado dentro del t\u00e9rmino de los dos a\u00f1os siguientes a la fecha de terminaci\u00f3n definitiva del proceso. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que una vez recibi\u00f3 del Consejo Superior de la Judicatura el memorial de la accionante, procedi\u00f3 a informarle a la peticionaria las circunstancias particulares que impiden la entrega o devoluci\u00f3n del respectivo dep\u00f3sito judicial, esto, a trav\u00e9s de oficio C-268 del 7 de junio de 2023. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta colegiatura neg\u00f3 el amparo por hecho superado, pues al margen de que la resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n resultare favorable, lo cierto es que la queja constitucional se encuentra agotada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Solano Quintero cuestion\u00f3 que se hubiere aplicado la prescripci\u00f3n al t\u00edtulo judicial, reproch\u00f3 los argumentos con los cuales el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira le dio respuesta a su petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, \u00abla acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01). <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento, advierte la Corte la inviabilidad de la salvaguarda propuesta, toda vez que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira procedi\u00f3 a informarle a la peticionaria las circunstancias particulares que impiden la entrega o devoluci\u00f3n del respectivo dep\u00f3sito judicial, esto, a trav\u00e9s de oficio C-268 de 2023. <\/p>\n
3.1. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional del reclamante, en la actualidad, est\u00e1 plenamente satisfecha. As\u00ed las cosas, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de esta se cumpli\u00f3. <\/p>\n
3.2. Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareci\u00f3, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, de cara a la impugnaci\u00f3n formulada, se advierte que estos son hechos nuevos, por lo que se advierte su fracaso, en tanto la pretensi\u00f3n de amparo se abri\u00f3 paso \u00fanica y exclusivamente por la presunta violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n por parte del Consejo Superior de la Judicatura, al margen de que dicha respuesta no se comparta. <\/p>\n
5. En lo dem\u00e1s, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, espec\u00edficamente, en lo tocante al juicio ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado, pero por las consideraciones que anteceden. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali, los Juzgados Primero de Familia y Primero Civil Municipal, ambos de Palmira, y las entidades bancarias, Bancolombia y Banco Agrario. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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