STC8479-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8479-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que interpuso Luz Adriana Perilla D\u00edaz frente al fallo proferido el 24 de julio \u00faltimo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal ambos de Melgar; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de los procesos reivindicatorios que contra ella y su esposo promovi\u00f3 Gandhi Arnold Huerta Machado, radicados 2018-00257 y 2017-00372. <\/p>\n
2. Del farragoso escrito que dio origen a la presente radicaci\u00f3n se extrae que la promotora fue demandada en dos tr\u00e1mites reivindicatorios por dos lotes que se encuentran ubicados en el municipio de Melgar, C14 y E19. <\/p>\n
Surtidos los tr\u00e1mites de rigor ambos procesos culminaron. El primero de ellos con decisi\u00f3n de 24 de junio de 2022 a trav\u00e9s de auto que declar\u00f3 a inviabilidad del tr\u00e1mite de segunda instancia, por tanto retrotrajo todo lo actuado hasta la decisi\u00f3n que debi\u00f3 proferirse en \u00fanica instancia en raz\u00f3n a la cuant\u00eda. <\/p>\n
En el segundo proceso fue decidido en sede de apelaci\u00f3n el 8 de octubre de 2021, ordenando compensaciones en favor de los demandados, la ahora quejosa. <\/p>\n
3. En consecuencia, Perilla Diaz solicita en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
Se proteja mi [su] derecho al debido proceso y al acceso a la justicia al principio de lealtad judicial, principio de contradicci\u00f3n que haya nulidad demanda en el proceso, o que provisional se empiece desde cero para me respecte mis derechos fundamentales al debi\u00f3 proceso, y adem\u00e1s se me proteja el principio de convencionalidad\u2026 Y <\/p>\n
Solicito que involucre al perito ROSA AURORA ARIZA, VILLALBA, GANDHI ARNOLDO HUERTAS MACHADO, a la procuradur\u00eda General de la naci\u00f3n, los Agust\u00edn Codazzi, la super intendencia de notariado y registro registro p\u00fablico, y la rama judicial, con el consejo superior de la judicatura y las partes que estuvieron en el proceso, que vea todo el proceso desde la admisi\u00f3n de la demanda y contestaci\u00f3n de la demanda de C14 con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 36640833 y la E19 con el n\u00famero de matr\u00edcula 36640866 con lo cd del juicio oral y estudia real mente todo el expediente y la cuant\u00eda que anexaron en la demanda. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar aport\u00f3 link del expediente cuestionado y que curs\u00f3 en ese despacho. <\/p>\n
2. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Melgar solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por cuanto no se colmaron los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar manifiesto que se atiene a lo decido en segunda instancia el 8 de octubre de 2021 al interior del proceso con radicaci\u00f3n 2018-00257-01. Acus\u00f3 tambi\u00e9n la existencia de una posible temeridad por haberse presentados otras acciones con id\u00e9nticas pretensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 adecu\u00f3 al tr\u00e1mite de tutela el escrito presentado por la accionante acci\u00f3n de cumplimiento, esto, teniendo en cuenta las pretensiones esbozadas all\u00ed, enfocadas a obtener \u00abse proteja mi derecho al debido proceso y al acceso a la justicia al principio de lealtad judicial, principio de contradicci\u00f3n que haya nulidad en el proceso, o que provisional se empiece desde cero para me respecte mis derechos fundamentales al debi\u00f3 proceso, y adem\u00e1s se me proteja el principio de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa reiter\u00f3 los mismos argumentos expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
En el curso de la impugnaci\u00f3n, ante esta sede judicial se recibi\u00f3 memorial en el que la accionante agreg\u00f3 argumentos relacionados con los procesos cuestionados y el referido tr\u00e1mite de tutela, los cuales fueron incorporados al expediente y revisados previo a decidir lo precedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso se critic\u00f3 las determinaciones que pusieron fin a los procesos reivindicatorios que contra la accionante y su esposo promovi\u00f3 Gandhi Arnold Huerta Machado, radicados 2018-00257 y 2017-00372. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del inconforme, se impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado porque la solicitud de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso por carecer del presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que entre el cierre procesal de los procesos cuestionados (24 de junio de 2022 y 8 de octubre de 2021), y el 7 de julio \u00faltimo, cuando interpuso la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, transcurri\u00f3 un lapso superior al de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que el quejoso demostrara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, para desestimar la salvaguarda, dijo esta Colegiatura: <\/p>\n
…La Sala observa acertada la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que el amparo deprecado no cumple el presupuesto de inmediatez, esto por cuanto si bien el gestor se duele… de que no tuvo conocimiento del juicio penal seguido en su contra, lo cierto es que los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite tutelar, dan cuenta de que desde el 13 de enero de 2003 -cuando se produjo su captura ordenada por el Juzgado…, para que suscribiera el acta de compromiso para suspender condicionalmente la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia antes anotada-, \u00e9ste se enter\u00f3 del motivo por el cual era requerido por la justicia penal, de manera que no resulta coherente… [que] pretenda que el juez de tutela la examine, dado que entre la fecha en que se enter\u00f3 de la misma y la… de interposici\u00f3n de la petici\u00f3n tuitiva transcurri\u00f3 un plazo superior al de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que se halle raz\u00f3n alguna que excuse dicha tardanza…. <\/p>\n
(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido… pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01) (CSJ STC11872-2016, 25 ag., rad. 2016-00788-02). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
4. Ahora bien, llama la atenci\u00f3n de esta Sala la presentaci\u00f3n de tutelas de manera separada por el esposo de la aqu\u00ed quejosa por las mismas razones, siendo entonces de importancia resaltar que, en lo que a esta sala concierne se ha agotado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, tendiendo presente que recientemente se emiti\u00f3 en esta colegiatura pronunciamiento sobre estos mismos procesos reivindicatorios bajo el radicado de la acci\u00f3n de tutela n.\u00b0 73001221300020230020001 en donde el accionante fue Jos\u00e9 Octavio Novoa Bossa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado, pero por las consideraciones que anteceden. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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