STC8490-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8490-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c9rika Patricia Rinc\u00f3n Castro contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Ministerio de Defensa, el Ej\u00e9rcito Nacional y su Direcci\u00f3n de Sanidad, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00076. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, vida digna y seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que la accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Ministerio de Defensa y la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, cuestionando la resoluci\u00f3n n\u00ba 2664 del 3 de junio de 2011, mediante la cual el Ej\u00e9rcito la desvincul\u00f3 de la instituci\u00f3n por \u00abdisminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica\u00bb, con fundamento en la determinaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica Laboral n\u00ba 36829 del 19 de marzo de 2010. La actora pretend\u00eda que se le ordenara a la Direcci\u00f3n de Sanidad que le practicara nuevos ex\u00e1menes m\u00e9dicos para verificar su estado actual de salud y que se le brindara atenci\u00f3n para su rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1, dict\u00f3 fallo el 14 de junio de 2022, declarando improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de la inmediatez, ya que, desde su retiro de la instituci\u00f3n castrense y el dictamen de la Junta M\u00e9dico Laboral \u00abtranscurrieron aproximadamente 12 a\u00f1os\u00bb; sumado a que, la interesada, no hizo ning\u00fan requerimiento directo a la Direcci\u00f3n de Sanidad, por lo que tambi\u00e9n se desatend\u00eda el criterio de la subsidiariedad. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 1\u00ba de agosto de 2022 confirm\u00f3 en su integridad la sentencia del juez a quo. <\/p>\n
Acudi\u00f3 la aqu\u00ed actora a esta nueva salvaguarda atacando las decisiones constitucionales rese\u00f1adas. <\/p>\n
Adujo que, los fallos de tutela \u00abdenegaron las pretensiones causando un da\u00f1o irremediable vulnerando todos los derechos que ten\u00eda por ley, agravando el m\u00ednimo vital, siendo madre cabeza de familia de menor de edad, soportando una carga que no deber\u00eda soportar una persona que ha sido desvinculada de su trabajo por tener una disminuci\u00f3n laboral y en tratamiento m\u00e9dico\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, a pesar del concepto del Ministerio P\u00fablico frente a su caso, \u00abdesvirtu\u00f3 la legalidad del acto acusado, por lo tanto, solicita declarar la nulidad de la misma, para que en su lugar se ordene el reintegro al grado correspondiente, pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, solicit\u00f3 que la Corte Constitucional efect\u00fae la revisi\u00f3n de dichos fallos de tutela, ya que en su momento no fueron seleccionados \u00abdej\u00e1ndome en desventaja y total desigualdad frente a las dem\u00e1s donde solicitamos lo mismo\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, en las decisiones recriminadas no se consider\u00f3 que, no se le realizaron ex\u00e1menes de retiro de la instituci\u00f3n, pese a haberlos solicitado en repetidas ocasiones, es decir, asever\u00f3 que, su desvinculaci\u00f3n se dispuso \u00abcon una resoluci\u00f3n de retiro vencida, sin conceptos m\u00e9dicos de especialistas [\u2026] haciendo caso omiso a las solicitudes, evadiendo toda responsabilidad, a pesar de tener fuero de estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al criterio de la inmediatez, a partir del cual le fue declarada improcedente su demanda aleg\u00f3 que, durante todo el tiempo transcurrido \u00abha venido interponiendo todo tipo de acciones como la de Acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, procesos en la jurisdicci\u00f3n laboral, tutelas contra providencias judiciales, Procuradur\u00eda, entre otras solicitudes, siempre ha sido un proceso vivo; [y], en consideraci\u00f3n a las particularidades del caso [\u2026] se trata de una amenaza actual del derecho a la salud, ante la progresi\u00f3n de las patolog\u00edas del accionante y la falta de asistencia por parte del Ej\u00e9rcito Nacional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se dejen sin efecto las sentencias de tutela cuestionadas y se ordene su reintegro al Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia de las providencias proferidas al interior de la acci\u00f3n de tutela 2022-00076. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 que sea declarado improcedente el amparo invocado, al considerar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda porque es inviable para controvertir lo resuelto en una actuaci\u00f3n semejante. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante, insistiendo en las alegaciones del escrito inicial. Reitera que, no se analiz\u00f3 que ingres\u00f3 al Ej\u00e9rcito en \u00f3ptimas condiciones de salud y que sus patolog\u00edas fueron por causa y raz\u00f3n del servicio y que las secuelas han evolucionado. A\u00f1ade que, agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa, entre ellos, varias solicitudes de insistencia y de revisi\u00f3n, a la defensor\u00eda del pueblo, procuradur\u00eda y la misma Corte Constitucional. Indica que, actualmente se encuentra desprotegida en materia de salud, por carecer de recursos para el pago de la EPS y que no ha podido ubicarse laboralmente por su estado de salud y edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la quejosa, al denegar la salvaguarda pretendida dentro del tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2022-00076 que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 contra el Ministerio de Defensa y el Ej\u00e9rcito Nacional y su Direcci\u00f3n de Sanidad. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acci\u00f3n, ya que, \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el asunto que es objeto de estudio se advierte que la ac\u00e1 promotora pretende controvertir, mediante una nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (rad. 2022-00076) por el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 14 de junio y de 1\u00ba de agosto de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, desestimatorios del amparo frente al Ministerio de Defensa y Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Direcci\u00f3n de Sanidad. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, pero esa situaci\u00f3n no es la que aqu\u00ed se propone. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional en la providencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto no se probaron y ni siquiera se alegaron, pues la censura se circunscribi\u00f3 a discutir el soporte argumentativo a partir del cual el juzgado y el tribunal accionados, desestimaron la s\u00faplica por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Es decir, los planteamientos de la gestora consistieron en manifestaciones producto de la inconformidad con aqu\u00e9llas determinaciones por desconocer una serie de irregularidades que se habr\u00edan, supuestamente, presentado en el tr\u00e1mite de su desvinculaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional; pero, en todo caso, sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alguno de los dos primeros eventos referidos en la jurisprudencia que habilitar\u00edan excepcionalmente el resguardo. <\/p>\n
4. Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Finalmente, el auxilio es inviable no solo porque se dirigi\u00f3 contra otros fallos de la misma naturaleza, sino, esencialmente, porque el debate en torno a la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales qued\u00f3 agotado en sede del control directo que realiza la Corte Constitucional, dado que, ese Alto Tribunal los excluy\u00f3 de revisi\u00f3n con auto del 15 de mayo de 2023 (T-9305158), por lo que emerge la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide volver sobre aspectos definidos en dicho juicio. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirma la improcedencia del amparo implorado porque, aunado a que se dirigi\u00f3 contra una sentencia dictada dentro de una acci\u00f3n de la misma estirpe, el asunto fue excluido de revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n, por lo que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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