STC8502-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8502-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03120-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Ricardo Fierro Manrique, en calidad de Juez Quince Civil Municipal de Medell\u00edn contra la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio y en la referida condici\u00f3n, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa, contradicci\u00f3n y \u00abderecho a probar\u00bb\u2013, trabajo, autonom\u00eda y dignidad, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el marco de la acci\u00f3n de tutela que John Alexander Echeverry George present\u00f3 contra los Juzgados Primero y Quinto Civiles Municipales, ambos de Bello, y Quince Civil Municipal de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n de lo dispuesto en los tr\u00e1mites de liquidaci\u00f3n judicial \u2013a continuaci\u00f3n de la insolvencia de persona natural no comerciante (rad. n.\u00ba 2020-00795)\u2013 y ejecutivo (rad. n.\u00ba 2020-00341), respectivamente, por la presunta falta de definici\u00f3n de una solicitud de nulidad; el estrado Segundo Civil del Circuito de la primera ciudad declar\u00f3 improcedente el auxilio, por la pretermisi\u00f3n del criterio de subsidiariedad. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn revoc\u00f3 el fallo desfavorable (rad. n.\u00ba 2023-00197), para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n deprecada, por cuanto \u00abno admite duda que al se\u00f1or John Alexander Echeverry George no se le ha resuelto su petici\u00f3n de nulidad del decreto de medidas cautelares, pues lo antes transcrito refleja una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n que coloca a dicha parte en un estado de incertidumbre, esto es, sin saber qu\u00e9 destino tiene la validez de la actuaci\u00f3n judicial que fustiga y que se\u00f1ala de trasgresora de otros derechos fundamentales, como su m\u00ednimo vital. Es que la denotada providencia no resolvi\u00f3 nada de lo que por Ley deb\u00eda resolver ni fue sometida al tr\u00e1mite establecido para las solicitudes de nulidad procesal (art\u00edculos 132 a 138 del CGP)\u00bb. <\/p>\n
2.3. En ese orden, en criterio del funcionario tutelante, esa decisi\u00f3n es irregular, toda vez que (i) omiti\u00f3 verificar que el auto cuestionado era susceptible de recursos de \u00abreposici\u00f3n y apelaci\u00f3n ante el juez ordinario competente\u00bb, mecanismos de defensa que el all\u00ed actor no ejerci\u00f3 en el marco del aludido liquidatorio; (ii) el contradictorio qued\u00f3 mal integrado porque a ese estrado se le vincul\u00f3 como tercero y no como accionado directo; (ii) se desconoci\u00f3 la competencia del juez civil as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia de la autoridad, entre otros aspectos. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, \u00abrevocar la sentencia de tutela proferida por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el pasado 4 de agosto de 2023, sentencia ST 110 M.P. Piedad Cecilia V\u00e9lez Gaviria, radicado 05088 31 03 002 2023 00197 01\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Adem\u00e1s, adujo que \u00abno est\u00e1n dados los presupuestos que abrir\u00edan paso a la procedencia del amparo contra la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por este Tribunal, al no estructurarse los eventos que jurisprudencialmente han sido reconocidos como las circunstancias excepcionales para cuestionar mediante acci\u00f3n de tutela una sentencia que se ha sido proferida en un procedimiento de la misma naturaleza\u00bb. <\/p>\n
2. JFK Cooperativa Financiera pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la causa, por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
3. John Alexander Echeverri George, accionante en la causa auscultada, reliev\u00f3 que \u00aben mi calidad de afectado con toda esta situaci\u00f3n lo primero que quiero expresar es que no estoy de acuerdo con lo narrado por el despacho accionante, y realmente me encuentro tristemente sorprendido de la manera en la que funciona la justicia, con todo respeto, lo \u00fanico que puedo pensar al leer la acci\u00f3n aqu\u00ed interpuesta, es que el se\u00f1or Juez 15 se duele de que el superior le haya llamado la atenci\u00f3n ante su falla, y que le haya ordenado proceder como corresponde a corregirla, que realmente es lo que deber\u00eda hacer, pues no estamos libres de cometer errores y esto puede pasar; pero definitivamente lo que no es correcto es que en vez de recocer su error y llevar a cabo el control de legalidad que como juez de conocimiento le corresponde hacer para resolver y sanear las faltas de las que pueda adolecer el proceso, m\u00e1s bien desgasta a las partes y al aparato judicial con esta acci\u00f3n buscando hacer la situaci\u00f3n m\u00e1s compleja y haciendo m\u00e1s grave mi perjuicio, tratando de justificar lo injustificable, y no es el comportamiento que un despacho judicial deber\u00eda tener\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Primera Civil Municipal de Bello inform\u00f3 que, dada la p\u00e9rdida de competencia frente al demandado John Alexander Echeverry George por la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n patrimonial de persona natural no comerciante, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n (2020-00795) a su hom\u00f3logo Quince de la ciudad de Medell\u00edn, conservando el conocimiento exclusivamente frente a Natali Jaramillo Ardila, codemandada (2020-00341); pero que, por virtud de los Acuerdos PCSJA22-12028 y CSJANTC23-67, remiti\u00f3 este \u00faltimo expediente al Juzgado Quinto Civil Municipal de su misma poblaci\u00f3n. <\/p>\n
5. El \u00faltimo funcionario arriba mencionado, luego de confirmar la recepci\u00f3n de la causa 2020-00341, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpor auto de 15 de junio del hoga\u00f1o, procedi\u00f3 a ordenar el env\u00edo de memorial contentivo de nulidad al juzgado 15 civil municipal de Medell\u00edn para el proceso con Rdo. 05001 40 03 015 2020 00795 00, encontr\u00e1ndose as\u00ed cumplidas hoy las actuaciones por parte del despacho dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, (i) si Jos\u00e9 Ricardo Fierro Manrique, en calidad de Juez Quince Civil Municipal de Medell\u00edn, est\u00e1 legitimado para formular el amparo; y, (ii) de superarse lo anterior, si est\u00e1 configurada alguna de las circunstancias excepcionales en las que se habilita la procedencia de este mecanismo contra lo resuelto en tr\u00e1mites similares. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, a este no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma, o s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (\u2026)\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada en STC5951-2023, 21 jun.). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
De acuerdo con las premisas que anteceden, la Sala precisa que se declarar\u00e1 la inviabilidad del resguardo, toda vez que Jos\u00e9 Ricardo Fierro Manrique, en calidad de Juez Quince Civil Municipal de Medell\u00edn, no est\u00e1 facultado para interponer la presente tutela, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el liquidatorio \u2013a continuaci\u00f3n de la insolvencia de persona natural no comercial que inici\u00f3 John Alexander Echeverry George\u2013, la cual origin\u00f3 la acci\u00f3n constitucional auscultada, solo ata\u00f1e a las partes all\u00ed involucradas, condici\u00f3n que no se puede predicar del titular del estrado que adelanta el proceso, quien es el encargado justamente de dirimir la controversia sometida a su escrutinio. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha sostenido que carece de legitimaci\u00f3n, para estos efectos, el funcionario judicial que tiene a su cargo la resoluci\u00f3n de la causa, por cuanto \u00abla informalidad que impera en la acci\u00f3n de amparo no llega hasta el aspecto (\u2026) de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por su equivalente municipal y en la orden dada por su superior funcional y jer\u00e1rquico, como si a \u00e9l se le quebrantaran los derechos fundamentales y no a las partes\u00bb (CSJ STC9883-2014, 29 jul., citada y reiterada, entre otros, en STC3480-2022, 23 mar.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la prenotada providencia se reiter\u00f3 que \u00abel hecho de que el interesado act\u00fae como titular del juzgado destinatario que conoce del referido asunto, no lo habilita, per se, para pretender el auxilio constitucional del derecho invocado, que, sin duda, est\u00e1 radicado en cabeza de los sujetos procesales, y no en la suya\u00bb (ib\u00eddem), de modo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para desestimar el amparo es suficiente argumento la falta de legitimaci\u00f3n del promotor, toda vez que el supuesto error en la decisi\u00f3n no constituye violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, siendo que detenta la calidad de juez de conocimiento para el tr\u00e1mite liquidatorio al que se ha hecho alusi\u00f3n, facultad reservada a los sujetos procesales o terceros a quienes vincule y\/o perjudique la providencia. <\/p>\n
Para estos efectos, la acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n o amenaza al debido proceso constituye, como en general la apelaci\u00f3n y todos los recursos, un acto procesal de parte, no de los funcionarios investidos de jurisdicci\u00f3n, lo cual es a todas luces inadmisible\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El accionante, en su calidad de juez de la Rep\u00fablica, carece de legitimaci\u00f3n para incoar la presente acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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