STC8505-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8505-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03127-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ivanagro S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0. 2020-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que la Financiera Dann Regional Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. promovi\u00f3 demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda contra Ivanagro S.A. y Gextion: Grupo de Expertos en Gesti\u00f3n e Innovaci\u00f3n S.A.S. (en liquidaci\u00f3n judicial) buscando la satisfacci\u00f3n de las obligaciones crediticias contenidas en unas facturas de venta, m\u00e1s los intereses moratorios generados a partir de su vencimiento hasta la acreditaci\u00f3n del pago. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn, despacho que libro \u00f3rdenes de apremio el 5 de marzo y 10 de agosto de 2020, data \u00e9sta en que se admiti\u00f3 la reforma del libelo presentada por la compa\u00f1\u00eda demandante. <\/p>\n
Notificada en debida forma, Ivanagro se opuso a las pretensiones formulando las excepciones que denomin\u00f3 \u00abi) prejudicialidad; ii) endoso con responsabilidad; iii) falta de representaci\u00f3n o de poder de quien suscribi\u00f3 el t\u00edtulo a nombre del demandado; iv) inexistencia de la factura por cuanto el negocio subyacente nunca fue contratado ni realizado, el concepto de la factura corresponde a un negocio jur\u00eddico inexistente; v) ausencia de buena fe exenta de culpa del demandante; vi) inexistencia de la obligaci\u00f3n; vii) cobro de lo no debido, mala fe y temeridad del demandante; viii) enriquecimiento sin causa; ix) buena fe de la sociedad demandada IVANAGRO S.A.; x) excepci\u00f3n de evitar un perjuicio irremediable; xi) culpa exclusiva de la demandante; xii) nadie puede alegar su propia torpeza; xiii) prescripci\u00f3n o caducidad y, xiv) la gen\u00e9rica [sic]\u00bb. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el despacho cognoscente profiri\u00f3 fallo el 25 de enero de 2021, a trav\u00e9s del cual desestim\u00f3 las defensas esgrimidas y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en la forma dispuesta en los mandamientos de pago. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, Ivanagro interpuso recurso de apelaci\u00f3n, desatado el pasado 6 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el sentido de confirmar lo resuelto. <\/p>\n
3. La sociedad accionante acus\u00f3 al colegiado ad quem de incurrir en defectos sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Frente al primero, adujo que \u00abno aplic\u00f3 las normas sustantivas previstas en el inciso final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 774, el art\u00edculo 620 y el art\u00edculo 897 del C\u00f3digo de Comercio, que claramente establecen que las facturas que no cumplan los requisitos legales son ineficaces de pleno derecho y\/o son inexistentes, a lo que se suma que soslaya que los endosos violentaron las exigencias previstas en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 3327 de 2009 y el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 773 C\u00f3digo de Comercio en concordancia con el numeral 3\u00ba del art 5\u00ba del Decreto 3327 de 2009. Lo procedente, entonces, era haber cesado la ejecuci\u00f3n, y declarar la ineficacia de pleno derecho y\/o inexistencia de esas facturas y sus respectivos endosos por la vulneraci\u00f3n de norma imperativa [sic]\u00bb <\/p>\n
En torno al segundo yerro se quej\u00f3 de una \u00aberr\u00f3nea apreciaci\u00f3n probatoria puesto que no se valoraron los testimonios de la defensa, ni la denuncia y el proceso penal que se adelanta en estos momentos en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en donde se investiga la materializaci\u00f3n de los presuntos delitos de falsedad en documento privado, hurto, estafa, entre otros, a ra\u00edz de esas y otras facturas, en donde es v\u00edctima la sociedad Ivanagro S.A.\u00bb, situaci\u00f3n que, a su vez configura un \u00aberror inducido, puesto que\u2026 [las] facturas son fraudulentas\u2026 comoquiera que\u2026 fueron emitidas por Gextion\u2026 S.A.S., por servicios inexistentes, en donde un extrabajador de la sociedad Ivanagro S.A., Oscar Alberto Aguirre Restrepo, actu\u00f3 de manera desleal e ilegal para aceptar dichas facturas, dando lugar a un entramado para cobrar presuntas facturas falsas [sic]\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que la corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia \u00abcomoquiera que\u2026 no estudi\u00f3 ni desat\u00f3 todos los reparos concretos enrostrados contra la sentencia\u00bb, como por no haber motivado suficientemente el fallo de segundo grado, \u00abal saltarse o soslayar los reparos de impugnaci\u00f3n y pasar a la parte resolutiva de la sentencia\u2026 sin su consideraci\u00f3n, ya fue en forma positiva, ora negativamente [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al \u00abTribunal Superior de Medell\u00edn que revoque la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito\u00bb y que, como consecuencia de ello \u00abno se acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas\u2026 y que se condene en costas a la Financiera Dann Regional Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Medell\u00edn dijo que el prove\u00eddo de segunda instancia \u00abfue expl\u00edcito en precisar las razones para confirmar [el] de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 atenerse a lo que se decida en sede constitucional. <\/p>\n
3. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn advirti\u00f3 que el proceso sobre el que recay\u00f3 el resguardo le fue asignado por reparto el pasado 24 de mayo para continuar el tr\u00e1mite posterior al fallo ejecutoriado, raz\u00f3n por la cual \u00abla actuaci\u00f3n acusada como vulneradora de garant\u00edas fundamentales\u2026 no radic\u00f3 en es[e] despacho\u00bb. <\/p>\n
4. Iris CF Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. (antes Financiera Dann Regional Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A.), por conducto de representante legal (suplente) se opuso a la prosperidad de la salvaguarda dada la inexistencia de los defectos atribuidos por la quejosa habida cuenta que \u00ablo que hace es exponer las razones por las que discrepa de los fallos de primera y segunda instancia, como si se tratara de un recurso, lo cual es contrario a la finalidad de la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Medell\u00edn vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la gestora al confirmar el fallo estimatorio proferido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad al interior del juicio ejecutivo en que fue demandada, pues, a su juicio, tal prove\u00eddo adolece de defectos material por inaplicaci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria y procedimental por desconocimiento del principio de congruencia y motivaci\u00f3n insuficiente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente salvaguarda, de cara a lo resuelto por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ejecutivo. <\/p>\n
Para confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, previa s\u00edntesis de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, as\u00ed como de reparos formulados por la sociedad impugnante, los cuales guardan simetr\u00eda con las quejas esgrimidas en esta oportunidad, abord\u00f3 el estudio del caso concreto, recordando que el disenso de la ejecutada gravit\u00f3 en torno a la ausencia de buena fe exenta de culpa de la demandante, lo cual sustent\u00f3 en el hecho de que, si las facturas cobradas no fueron rechazadas oportunamente, ello se debi\u00f3 a que se desconoc\u00eda su existencia, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) son producto del actuar fraudulento del se\u00f1or Oscar Alberto Aguirre Restrepo, quien se desempe\u00f1aba como gerente financiero de la ejecutada; por lo tanto, no se puede predicar buena fe exenta de culpa en la demandante; adem\u00e1s, nada se dijo sobre la necesaria confrontaci\u00f3n que ten\u00eda que realizar la ejecutante con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en cuanto a la persona que recibi\u00f3 las facturas y nada se indag\u00f3 sobre el negocio causal o subyacente que se torna inexistente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Frente a dicho planteamiento advirti\u00f3 el tribunal ad quem, al amparo de los medios de convicci\u00f3n adosados y con apoyo en el art\u00edculo 784 del Estatuto Mercantil, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al demandante que fue parte en el negocio causal que dio origen al t\u00edtulo valor o de la transferencia de \u00e9ste, se le pueden proponer todas las excepciones derivadas de ese negocio; en cambio, contra terceros no es posible esgrimir tales medios de defensa, como lo puntualiza el mandato que viene de transcribirse, al precisar \u201csalvo que no sea un tenedor de buena fe exenta de culpa\u201d, en cuyo caso, el excepcionante tiene una doble carga probatoria; de una parte, acreditar que el tenedor es de mala fe, o que siendo de buena fe es culposo y, de otra, confirmar los supuestos que sirven de fundamento a las excepciones invocadas; si no cumple con el primer presupuesto, las excepciones no le son oponibles al demandante, lo que es suficiente para desestimarlas; en cambio, si se cumple, se pasa a verificar si los hechos que sirven de fundamento a los medios de defensa est\u00e1n debidamente probados. <\/p>\n
(\u2026) el extremo pasivo no acredit\u00f3 que el demandante sea un tenedor de mala fe, o que siendo de buena fe, es culposo, como lo coligi\u00f3 el a quo, toda vez que si bien la pasiva afirma que las facturas objeto de cobro corresponden a un actuar fraudulento de quien se desempe\u00f1aba como gerente financiero de la empresa, el se\u00f1or Oscar Alberto Aguirre Restrepo y quien tambi\u00e9n laboraba con la endosante Gexti\u00f3n Grupo de Expertos en Gesti\u00f3n e Innovaci\u00f3n, en la prestaci\u00f3n de servicios; am\u00e9n, que el servicio del que dan cuenta los cartulares no se prest\u00f3; para acreditar esas afirmaciones aporta copia de la denuncia que present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra el citado empleado y por los rese\u00f1ados hechos, as\u00ed como un comunicado enviado a la demandante con posterioridad al endoso de las facturas, donde informa sobre el actuar fraudulento de su empleado; en verdad, dicha manifestaci\u00f3n y los rese\u00f1ados documentos, \u201cper se\u201d no dan cuenta de las maniobras fraudulentas que se endilgan al se\u00f1or Oscar Alberto Aguirre Restrepo y que se tienen como soporte de la mala fe que se atribuye a la demandante; toda vez, que dichos fundamentos no fueron corroborados en el litigio, como acertadamente lo indic\u00f3 el Juzgado de instancia; luego, al contrario de lo arg\u00fcido por el recurrente, en el plenario no est\u00e1 acreditado que el extremo activo sea un tenedor de mala fe, o que siendo de buena fe, es culposo. <\/p>\n
Advirti\u00f3 adem\u00e1s que, seg\u00fan la recurrente, los t\u00edtulos base del recaudo no pod\u00edan tenerse por aceptados, habida consideraci\u00f3n que quien los recibi\u00f3, pese a ser gerente financiero de la empresa ejecutada, \u00abno estaba autorizado, como se desprende del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal; am\u00e9n, que como las facturas son producto de [su] actuar fraudulento\u2026 no se puede afectar a la demandada\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, record\u00f3 lo ense\u00f1ado por la Corte Constitucional en sentencia T-310 de 2009, para resaltar que, de acuerdo con los art\u00edculos 625 y 626 del C\u00f3digo de Comercio: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para la eficacia del t\u00edtulo valor solo basta una firma puesta en \u00e9l, quedando el suscritor obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia; en el presente caso, no se efect\u00fao salvedad alguna y, bajo estas circunstancias, la demandada se oblig\u00f3 conforme al tenor literal de los t\u00edtulos; am\u00e9n, que las salvedades deben ser compatibles con la esencia del t\u00edtulo valor, esto es, no se puede dejar de lado como atributo de los t\u00edtulos cambiarios, entre otros, que su entrega conlleva la intenci\u00f3n de hacerlo negociable a trav\u00e9s de la circulaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para, finalmente, concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se acredit\u00f3 las conductas fraudulentas del se\u00f1or Oscar Alberto Aguirre Restrepo, gerente financiero de la demandada y quien a la vez laborada con la endosante Gextion Grupo de Expertos de Gestion e Inovacion [sic], en la prestaci\u00f3n de servicios y, mucho menos que hubieran sido conocidas por la demandante y que constituye el soporte de la mala fe de \u00e9sta, para abrir paso a las excepciones del negocio causal que se esgrimieron en su contra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De lo que acaba de verse, se advierte, que en el fallo objeto de reproche la autoridad accionada consign\u00f3 con claridad las razones jur\u00eddicas que sirvieron de soporte para ratificar la sentencia estimatoria de primer grado, de cara a los elementos de juicio recaudados en la actuaci\u00f3n y con sustento en las disposiciones legales y la jurisprudencia aplicable, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no desMedell\u00ednfica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al pretender hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas y jurisprudencia aplicables al caso particular, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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