STC8506-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8506-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01303-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de julio de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Mar\u00eda Caucali Amaya contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2019-00586. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abvida digna, el m\u00ednimo vital, la buena fe, [y] seguridad social\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
\u00c1ngela Mar\u00eda Caucali Amaya promovi\u00f3 ordinario laboral contra la UGPP, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del deceso de su \u00abcompa\u00f1ero permanente\u00bb Audelino Cagua Garz\u00f3n (q.e.p.d.) a quien se le hab\u00eda reconocido la prestaci\u00f3n de invalidez \u00aba trav\u00e9s de acto administrativo 11750 del 20 de octubre de 1976\u00bb2; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revoc\u00f3 lo establecido por el a quo y, en su lugar, concedi\u00f3 la aludida prestaci\u00f3n, pues advirti\u00f3 que \u00abla demandante s\u00ed demostr\u00f3 la cohabitaci\u00f3n de manera continua durante \u00abpor lo menos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la entidad all\u00ed convocada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no se acredit\u00f3 \u00abla convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco a\u00f1os inmediatamente anteriores al \u00f3bito\u00bb. Luego, en sede de instancia confirm\u00f3 lo dispuesto por el estrado de primer grado. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora incurri\u00f3 en exceso de ritual manifiesto, violaci\u00f3n directa a la constituci\u00f3n y defecto f\u00e1ctico, toda vez que \u00abd[io] valores nulos a los documentos (\u2026) allegados con la demanda inicial, arguyendo de que no son pruebas para demostrar la convivencia ni de su lapso, haciendo una evaluaci\u00f3n individual de cada documento en el que da raz\u00f3n de un determinado modo, tiempo y lugar, pero que, al ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas o par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica y como lo establece el art\u00edculo 176 del CGP, se puede establecer claramente que sumados estos lapsos visualizan una real convivencia, un apoyo mutuo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL018-2023, 24 ene., y en consecuencia, se confirme la determinaci\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00absi la accionante no comparte las decisiones de la Sala (\u2026) no es ninguna raz\u00f3n valedera para hacer uso del amparo constitucional, pues el citado mecanismo no es una instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de reexaminar el acervo probatorio recaudado, ni revivir controversias concluidas con sentencia en firme y con efectos de cosa juzgada, que es lo que se pretende en el sub judice\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital del asunto cuestionado. <\/p>\n
3. La UGPP se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno con la decisi\u00f3n del despacho accionado, que neg\u00f3 las pretensiones de reconocimiento pensional, sino tambi\u00e9n porque no existi\u00f3 una mala interpretaci\u00f3n de las normas que regulan el tema y menos un desconocimiento de las pruebas obrantes al expediente laboral pues con base en el acervo probatorio aportado gener\u00f3 que se pudiera adoptar esa decisi\u00f3n negativa que hoy no es aceptada por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abel razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00absi [se observa] (\u2026) la totalidad las pruebas aportadas y las practicadas, de manera conjunta, como lo establece la l\u00ednea normativa y la jurisprudencial, se puede apreciar claramente el tiempo, modo y lugar de convivencia entre el causante pensionado y su compa\u00f1era permanente. (\u2026) el Certificado de la EPS., (\u2026) determina el tiempo de convivencia entre Audelino Cagua Garz\u00f3n y Angela Mar\u00eda Caucali Amaya, [se puede] establecer por l\u00f3gica y acogi\u00e9nd[ose] a las reglas de la sana cr\u00edtica que, la pareja no inicio su vida com\u00fan o convivencia el mismo d\u00eda de dicha afiliaci\u00f3n, que antes hubo un inicio real de convivencia en donde la pareja como tal pas\u00f3 por una etapa de acoplamiento\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00ablas atacadas providencias amputan el suplimiento del apoyo econ\u00f3mico que el pensionado fallecido brindaba a su compa\u00f1era permanente, repercutiendo en el desamparo, la desprotecci\u00f3n o la afectaci\u00f3n de la subsistencia m\u00ednima de la misma\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la UGPP solicit\u00f3 \u00abse confirme el fallo de primera\u00bb y reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL018-2023, 24 ene.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no se acredit\u00f3 \u00abla convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco a\u00f1os inmediatamente anteriores al \u00f3bito\u00bb; y, (ii) en sede de instancia, confirm\u00f3 la providencia de primer grado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico cargo formulado por la v\u00eda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 46 a 48 y 73 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, y como violaci\u00f3n de medio los art\u00edculos 167 176, 184, 191, 198, 219, 220, 221 y 222 del CGP; 60 y 145 del CPTSS\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[A] la Sala le corresponde elucidar si el juez plural se equivoc\u00f3, desde la perspectiva f\u00e1ctica, al encontrar acreditada la convivencia entre la promotora del proceso y Audelino Cagua Garz\u00f3n durante los cinco a\u00f1os previos a la calenda del \u00f3bito, que permita acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, procedi\u00f3 a estudiar las pruebas y piezas procesales denunciadas. En primer lugar, sobre la historia cl\u00ednica del causante con fecha del 5 de abril de 2018, precis\u00f3 que \u00abno aporta ning\u00fan elemento de juicio de cara a demostrar la convivencia de la presunta pareja Cagua Caucali, durante un lapso de por lo menos cinco a\u00f1os anteriores a la muerte del compa\u00f1ero permanente, como equivocadamente coligi\u00f3 el juez de segundo grado, habida consideraci\u00f3n que de la misma \u00fanicamente se desprende que ese d\u00eda Audelino Cagua Garz\u00f3n asisti\u00f3 a consulta m\u00e9dica acompa\u00f1ado por \u00c1ngela Mar\u00eda Caucali Amaya, de quien se afirm\u00f3 era la esposa\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Respecto del \u00abcertificado emitido por Famisanar del 24 de julio de 2018 y escrito de la misma fecha 921-S-592173\u00bb, indic\u00f3 que \u00ablos aludidos elementos de persuasi\u00f3n simplemente demuestran que el pensionado, el 24 de julio de 2013, inscribi\u00f3 como su beneficiaria en salud a la hoy demandante y que en tal condici\u00f3n permaneci\u00f3 hasta que el afiliado falleci\u00f3, pero en realidad no acreditan una real y efectiva convivencia\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo a la \u00abdeclaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho de data 24 de junio de 2013\u00bb estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEsta escueta aseveraci\u00f3n tampoco es convincente, por cuanto ni siquiera se informa desde que fecha inici\u00f3 la supuesta cohabitaci\u00f3n, a lo que se suma que el referido formato se diligenci\u00f3 el 24 de junio de 2013 con el \u00fanico fin de que el pensionado pudiera inscribir como su beneficiaria en salud a la hoy demandante, de ah\u00ed que tal documental, por s\u00ed sola resulta insuficiente para acreditar la convivencia durante los cinco a\u00f1os anteriores al \u00f3bito del pensionado, pues no dar\u00eda cuenta de una convivencia posterior a la fecha de su expedici\u00f3n y hasta la muerte del causante, m\u00e1xime que en ella intervino la propia interesada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abno existe prueba que permita establecer que en realidad desde que Cagua y Caucali rindieron la \u00abdeclaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho\u00bb hicieron vida marital hasta la muerte de aquel\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 analizando los \u00abtestimonios y declaraciones extrajuicio de Rubiel Uribe Zapata y Rigoberto Garc\u00eda Preciado\u00bb y destac\u00f3 que \u00abexisten notorias contradicciones entre lo afirmado en la declaraci\u00f3n extrajuicio y la versi\u00f3n rendida ante el juzgado por ambos testigos\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno es dable tener las referidas pruebas como id\u00f3neas y contundentes para acreditar el tiempo de convivencia entre la demandante y el causante Cagua Garz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u00absurge palmario el equ\u00edvoco de la colegiatura al encontrar acreditada la convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco a\u00f1os inmediatamente anteriores al \u00f3bito\u00bb. De esta manera declar\u00f3 la prosperidad del cargo y, en sede de instancia, confirm\u00f3 lo dispuesto en primer grado. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la \u00abigualdad\u00bb y los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 15 de agosto de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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