STC8509-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8509-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03144-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Drigelio Casta\u00f1eda Parada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Doce Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda 150 Seccional, y la Secretar\u00eda de Movilidad, todos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Ministerio de Transporte; as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-01995 y la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-01141. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad, trabajo y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y administrativa convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el aqu\u00ed actor, el 21 de octubre de 2010 compr\u00f3 un veh\u00edculo nuevo \u00abmarca Hyundai\u00bb, placa SWS-791, en el establecimiento comercial \u00abAlfa Motors\u00bb; asimismo, adquiri\u00f3 la tarjeta de operaci\u00f3n o cupo para convertirlo en taxi de servicio p\u00fablico, asign\u00e1ndosele por reposici\u00f3n la que le correspond\u00eda al veh\u00edculo de placas SIB-682. Durante m\u00e1s de 9 a\u00f1os labor\u00f3 como taxista afiliado a la empresa \u00abTaxi aeropuerto\u00bb. <\/p>\n
El 15 de enero de 2019 fue enterado, por comunicaci\u00f3n del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1 a la empresa a la que estaba afiliado su veh\u00edculo que, por sentencia judicial (rad. 2017-01995), dictada el 7 de marzo de 2018 por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (modificada en segundo grado por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el 27 de noviembre de 2018), en la que conden\u00f3 a Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chal\u00e1 por el delito de \u00abestafa agravada, con circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva en la modalidad de delito masa\u00bb, entre otras disposiciones, se orden\u00f3, como restablecimiento del derecho en favor de la v\u00edctima acreditada en dicho asunto penal, Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, que la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad de esta capital adelantara la cancelaci\u00f3n del registro fraudulento consignado el 7 de octubre de 2010 en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del rodante con placa SIB-682 \u00abinform\u00e1ndole que a la ciudadana Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, cuenta con el derecho de propiedad frente al cupo que en su momento fue asignado al rodante de placa SIB-682\u00bb. As\u00ed mismo, se dispuso la cancelaci\u00f3n del cupo asignado al veh\u00edculo de placa SWS-791, propiedad del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el actor que, acudi\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con el prop\u00f3sito de buscar el reconocimiento como v\u00edctima o ser vinculado como tercero de buena fe en el proceso penal referido, pero su postulaci\u00f3n no fue aceptada \u00abpor el derecho que le asist\u00eda a la se\u00f1ora Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, de acuerdo a la actividad delictiva del se\u00f1or Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chal\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la v\u00edctima acreditada en aqu\u00e9l juicio penal, Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, interpuso acci\u00f3n de tutela con la pretensi\u00f3n de que se diera cumplimiento a lo ordenado en el fallo penal en cuanto al restablecimiento de sus derechos en relaci\u00f3n con la propiedad del cupo que le hab\u00eda sido asignado al veh\u00edculo de Drigelio Casta\u00f1eda, aqu\u00ed actor. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con veredicto del 6 de abril de 2022 (rad. 2022-01141), concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a las autoridades y entidades accionadas dar cumplimiento a la sentencia penal emitida al interior del proceso radicado 2017-01995 por el Juzgado Doce Penal del Circuito. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del tribunal a quo en el sentido de avalar la salvaguarda de los derechos invocados por la actora (STP5949-2022). <\/p>\n
En acatamiento a la mencionada decisi\u00f3n constitucional, mediante auto 2986 del 12 de abril de 2022, la Secretar\u00eda de Movilidad resolvi\u00f3: \u00abdejar sin efecto el registro de los tr\u00e1mites de cancelaci\u00f3n de matr\u00edcula y tarjeta de operaci\u00f3n del veh\u00edculo de placas SIB-682 legalizados el 7 de octubre de 2010. (\u2026) activar el registro del veh\u00edculo de placa SIB-682 de propiedad de la se\u00f1ora Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez [\u2026] con lo cual se comunica a dicha ciudadana que el derecho a reponer el cupo ha retornado a su rodante (\u2026) adelantar las actuaciones administrativas tendientes a inhabilitar el registro del veh\u00edculo de placas SWS-791 (\u2026) Requerir al se\u00f1or Drigelio Casta\u00f1eda Parada, como propietario del veh\u00edculo de placa SWS-791 para que devuelva al Organismo de Tr\u00e1nsito: (i) la licencia de tr\u00e1nsito; (ii) Tarjeta de operaci\u00f3n; (iii) las latas de la placa del veh\u00edculo; (iv) el DIE \u2013 Dispositivo de Identificaci\u00f3n Electr\u00f3nica\u00bb. <\/p>\n
Notificado de la anterior determinaci\u00f3n administrativa, el hoy accionante, el 4 de mayo de 2022 elev\u00f3 petici\u00f3n a esa Secretar\u00eda solicitando \u00abreconsiderar la decisi\u00f3n [\u2026] en aras de proteger mi derecho a la propiedad, se permita activar la matr\u00edcula de placa SWS-791 con la reposici\u00f3n de otro cupo que le hubiera pertenecido a otro rodante y\/o rematr\u00edcula\u00bb, y que se le informe c\u00f3mo ser\u00eda el tr\u00e1mite para la venta del veh\u00edculo, considerando que la matr\u00edcula del mismo fue inhabilitada o c\u00f3mo ser\u00eda el tr\u00e1mite para convertirlo a veh\u00edculo particular. <\/p>\n
Frente al anterior pedimento, la secretar\u00eda, el 23 de junio de 2022 respondi\u00f3 que, seg\u00fan la normativa aplicable, el cambio de servicio p\u00fablico a particular \u00abno genera derecho, ni la posibilidad de revertir el cambio de servicio realizado\u00bb; y frente a las inquietudes respecto al cupo indic\u00f3 que, \u00abno puede emitir un pronunciamiento, toda vez que, es necesario que el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento se manifieste frente a los interrogantes planteados por esta Secretar\u00eda a trav\u00e9s del Consorcio SIM, [\u2026] para poder definir el estado de los veh\u00edculos involucrados en la providencia del 7 de marzo de 2018 emitida por ese despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
Luego, en contestaci\u00f3n fechada el 6 de julio de ese mismo a\u00f1o, la mencionada secretar\u00eda, en similares t\u00e9rminos, recalc\u00f3 que su decisi\u00f3n se dio en cumplimiento \u00aba las \u00f3rdenes judiciales [\u2026] lo que imposibilita reconsiderar el auto 2986 del 12 de abril de 2022\u00bb. As\u00ed mismo, le explic\u00f3 al peticionario que, como la matr\u00edcula de su veh\u00edculo de placas SWS-791 fue revocada, no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, y que \u00abde contar en este momento con el bien, este carec\u00eda de existencia legal, por lo tanto, se imposibilita realizar el traspaso o venta de la propiedad\u00bb. <\/p>\n
Id\u00e9ntica respuesta recibi\u00f3 del Ministerio de Transporte el 16 de agosto de 2022, precis\u00e1ndole que, \u00abno es procedente realizar el tr\u00e1mite de matr\u00edcula al veh\u00edculo de placa SWS-791 debido a su revocatoria\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, el accionante cuestiona que, \u00abninguna de las entidades demandadas quiere reconocer la propiedad que tengo sobre el veh\u00edculo al que inicialmente se le asign\u00f3 la matr\u00edcula SWS-791 en el a\u00f1o 2010, no obstante, se ha seguido cancelando cada uno de los impuestos que se ha exigido por la entidad competente posterior a la cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula desde el a\u00f1o 2020 a 2022\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, las autoridades accionadas no le han dado soluciones, ni para el cambio de servicio p\u00fablico a particular, o del tr\u00e1mite para la adquisici\u00f3n de un nuevo cupo o tarjeta de operaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene finalmente que, sus derechos fueron igualmente vulnerados por las autoridades judiciales, pues, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abse pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con el restablecimiento de derecho de la ciudadana Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, pero no tuvo en cuenta ni se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con el derecho que yo ten\u00eda, ni sobre el mencionado cupo, sino sobre el bien material, veh\u00edculo de placa SWS-791, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n pas\u00f3 desapercibida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tanto en sede de segunda instancia del proceso ordinario como dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la ciudadana D\u00edaz L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00abse ordene a la Secretar\u00eda de Movilidad [de Bogot\u00e1] y\/o Ministerio de Transporte o autoridad que corresponda, se modifique el auto 2986 del 2022 o lo deje sin efectos, para que en su lugar se pronuncien de manera favorable en relaci\u00f3n con el veh\u00edculo de mi propiedad al que se le asign\u00f3 inicialmente la matr\u00edcula SWS-791 (\u2026) se le ordene a la Secretar\u00eda de Movilidad y\/o Ministerio de Transporte, que permitan el traslado del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico a particular con la misma placa; o se permita la compra de un nuevo cupo para este veh\u00edculo o de manera excepcional se permita de matricularlo de manera inicial, pese a que no es un veh\u00edculo nuevo, dada la situaci\u00f3n at\u00edpica que se presenta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, por intermedio de la magistrada ponente de la acci\u00f3n de tutela 2022-1141 promovida por Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez contra el Juzgado 12 Penal del Circuito y otros, explic\u00f3 que, decidi\u00f3 en dicho asunto amparar los derechos de la accionante \u00abpor considerar que eran desconocidos por el Consorcio Circulemos Digital al negarse a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado 12 Penal del Circuito de esta ciudad dentro del proceso [2017-01995]\u00bb, decisi\u00f3n que fue impugnada por el Consorcio, pero confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de mayo de 2022. El asunto fue excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. Solicit\u00f3 denegar el resguardo porque lo que pretende el tutelante es cuestionar por esta senda sentencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda Distrital de Movilidad de esta capital, explic\u00f3 que el Distrito celebr\u00f3 con el Consorcio Circulemos Digital un contrato de concesi\u00f3n, mediante el cual este \u00faltimo asumi\u00f3 \u00abla prestaci\u00f3n de los servicios administrativos del registro distrital automotor, de conductores, traspaso de veh\u00edculos y tarjetas de operaci\u00f3n\u00bb, por lo que deber\u00e1 ser dicho Consorcio el que responda a la acci\u00f3n tutelar, y se desvincule a la secretar\u00eda de movilidad. <\/p>\n
3. El Consorcio Circulemos Digital, concesionario de la Secretar\u00eda de Movilidad, indic\u00f3 que, en su momento solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la sentencia penal al Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en aras de dar cumplimiento a la misma, pero no hubo pronunciamiento por parte de la autoridad judicial, lo que gener\u00f3 la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela de la se\u00f1ora D\u00edaz L\u00f3pez, la cual fue concedida. Luego debi\u00f3 responder los derechos de petici\u00f3n elevados por el ac\u00e1 actor precis\u00e1ndole sobre la imposibilidad de acceder a sus pedimentos en torno a la rehabilitaci\u00f3n de la matr\u00edcula su veh\u00edculo. Resalt\u00f3 que sus actuaciones se han ce\u00f1ido estrictamente a lo contemplado en el marco normativo respectivo por lo que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio de uno de sus Magistrados, destac\u00f3 que conoci\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n la tutela que formul\u00f3 Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, confirmando la concesi\u00f3n del amparo otorgado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Pidi\u00f3 se declare improcedente esta nueva demanda, ya que el accionante \u00abno indic\u00f3 cu\u00e1l fue la acci\u00f3n u omisi\u00f3n en que se incurri\u00f3 por parte de esta Sala (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. El Ministerio de Transporte manifest\u00f3 que no ha desplegado una conducta o ha omitido realizar una actividad que signifique un menoscabo de los derechos fundamentales de la parte actora, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogot\u00e1 expuso que tramit\u00f3 el proceso penal en contra de Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chal\u00e1, a quien conden\u00f3 a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n por el delito de estafa agravada en modalidad de delito de masa; tambi\u00e9n indic\u00f3 que, en la sentencia condenatoria, en el numeral 13, ac\u00e1pite de \u00abotras determinaciones\u00bb se orden\u00f3 el restablecimiento del derecho de la se\u00f1ora Claudia D\u00edaz L\u00f3pez, \u00abpor lo tanto se determin\u00f3 que por intermedio del Centro de Servicios le comunicara a la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad sobre la cancelaci\u00f3n del registro fraudulento que se realiz\u00f3 por parte del condenado Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chala\u00bb. Agreg\u00f3 que, revisado el plenario, no hall\u00f3 peticiones del hoy accionante. <\/p>\n
7. La Fiscal 156 Seccional de esta capital solicit\u00f3 se le desvincule del presente asunto ya que, no es competente para responder por las pretensiones del accionante, \u00abtoda vez que, no son decisiones de esta delegada fiscal las que se emitieron en su momento; y las disposiciones de orden administrativo tampoco son del resorte o competencia de esta fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si, (i) la autoridad administrativa convocada \u2013 Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1 \u2013 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas al expedir el auto n\u00ba 2986 de 12 de abril de 2022, con el cual, entre otras determinaciones, orden\u00f3 inhabilitar el registro del veh\u00edculo taxi de placas SWS791 propiedad del accionante, la devoluci\u00f3n de la licencia de tr\u00e1nsito y tarjeta de operaci\u00f3n; y, (ii) determinar, si el promotor act\u00faa con temeridad al reiterar la queja constitucional respecto del proceso penal rad. 2017-1995 que se adelant\u00f3 contra Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chala, en el que adem\u00e1s de la condena, se dispuso el restablecimiento de derechos de Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez como v\u00edctima acreditada, desconoci\u00e9ndose, supuestamente, la calidad de tercero de buena fe al no haber sido vinculado. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho, desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Al analizar el asunto que centra la atenci\u00f3n de la Sala, se estima que la protecci\u00f3n invocada no est\u00e1 llamada a prosperar por cuanto no se encuentra acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que se se\u00f1alan por parte del accionante como desconocidos por la autoridad administrativa demandada \u2013 Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lo anterior porque, examinada la s\u00faplica constitucional, que cuestiona principalmente el auto 2986 de 12 de abril de 2022 expedido por la mencionada secretar\u00eda, con el cual se inhabilit\u00f3 la matr\u00edcula del automotor propiedad del gestor del amparo, se observa que, la misma tuvo origen en el estricto acatamiento de una orden judicial derivada de un fallo de tutela (6 de abril de 2022, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirmado el 17 de mayo de ese a\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 STP5949-2022) que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n en favor de Claudia Luc\u00eda D\u00edaz L\u00f3pez, v\u00edctima reconocida en el proceso penal rad. 2017-01995, y quien persegu\u00eda la tutela judicial efectiva respecto de lo dispuesto en las sentencias all\u00ed proferidas que ordenaron el restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
De modo que, al margen de la problem\u00e1tica planteada por el quejoso en torno al desconocimiento de sus prerrogativas como comprador del veh\u00edculo de buena fe, no se observa desafuero que constituya v\u00eda de hecho como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial justicia, toda vez que, como se precis\u00f3, la referida determinaci\u00f3n administrativa no obedeci\u00f3 al capricho de la autoridad tutelada, sino que fue producto ineludible de lo dispuesto por jueces de la Rep\u00fablica en sede constitucional y ordinaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, un actuar contrario por parte de la secretar\u00eda, en el sentido de reconsiderar lo resuelto en dicho prove\u00eddo como lo reclama el tutelante Casta\u00f1eda Parada, significar\u00eda desatender una concreta orden judicial y podr\u00eda acarrear la comisi\u00f3n de una conducta punible, raz\u00f3n por la cual, conforme le fue explicado al actor en la respuesta del 6 de julio de 2022 al derecho de petici\u00f3n que elev\u00f3, no era posible acceder a esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la autoridad accionada actu\u00f3 de acuerdo a los lineamientos fijados en aquellos mandatos, no es dable atribuirle vulneraci\u00f3n de derecho alguno o v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos alegados por el accionante. <\/p>\n
Por lo discurrido, frente a este punto se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
4. De la temeridad. <\/p>\n
De otro lado, se advierte una actuaci\u00f3n temeraria del promotor del amparo respecto de los cuestionamientos que, aunque de manera difusa, plante\u00f3 en esta oportunidad contra las autoridades judiciales convocadas y las decisiones que adoptaron en el juicio penal radicado n\u00ba 2017-01995. <\/p>\n
En la anterior demanda tutelar que tramit\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, esta Sala, que conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n (radicado 2019-01106-01), rese\u00f1\u00f3 los hechos y pretensiones as\u00ed: <\/p>\n
\u00abA. La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, pues dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en contra de German Antonio Hern\u00e1ndez Chal\u00e1, no fue vinculado como tercero interesado por ser el propietario del veh\u00edculo cuya cancelaci\u00f3n del registro en el certificado de tradici\u00f3n y del cupo asignado a Radio TAXI Aeropuerto S.A., se gener\u00f3 con ocasi\u00f3n a la condena. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que se resguarden sus garant\u00edas y en consecuencia se le notifique en debida forma del asunto y se dejen sin efecto las decisiones de primera y segunda instancia, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
B. Los hechos. <\/p>\n
(\u2026) El 7 de marzo de 2018, el operador judicial acusado, instal\u00f3 la diligencia mencionada y conden\u00f3 al acusado, a la pena principal de 84 meses de prisi\u00f3n y multa de 71.1 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como coautor responsable a t\u00edtulo de dolo del delito de estafa agravada en modalidad de delito masa en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir. [Folio 45, c.1] <\/p>\n
En aquella oportunidad, se dispuso entre otras cosas, el restablecimiento de derecho de propiedad en favor de la se\u00f1ora Claudia Lucia D\u00edaz L\u00f3pez, con relaci\u00f3n al veh\u00edculo identificado con placas SIB-682, que en la actualidad se encontraba asignada al automotor de placas SWS-791, por lo cual se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del registro fraudulento y del cupo asignado a Radio TAXI Aeropuerto S.A. <\/p>\n
Aduj\u00f3 el suplicante que tal rodante era de su propiedad desde 28 de octubre de 2010, al igual que el cupo del veh\u00edculo afiliado a la empresa de transportes referida. <\/p>\n
El quejoso, present\u00f3 solicitud de amparo, para que se disponga la protecci\u00f3n de los derechos superiores, pues no fue vinculado como tercero interesado por ser el propietario del veh\u00edculo cuya cancelaci\u00f3n del registro en el certificado de tradici\u00f3n y del cupo asignado, se gener\u00f3 con ocasi\u00f3n a la condena, por lo que pretende que se le notifique en debida forma del proceso penal y se dejen sin efecto las decisiones de primera y segunda instancia, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n.\u00bb (STC11456-2019, 26 jul., rad. 01106-01). <\/p>\n
N\u00f3tese que, al igual que en la tutela cotejada, el actor reprocha que, ning\u00fan pronunciamiento se haya hecho en relaci\u00f3n con sus derechos tambi\u00e9n afectados por la conducta il\u00edcita investigada en el proceso penal radicado 2017-01995 que se adelant\u00f3 contra Germ\u00e1n Antonio Hern\u00e1ndez Chal\u00e1, justamente por no haber sido vinculado al mismo, y aunque difieren en la forma en que se exponen, se puede concluir que se constituye una equivalencia que estructura el actuar temerario. <\/p>\n
El criterio de improcedencia que se destaca, encuentra sustento jur\u00eddico en lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, concretado en la duplicidad del empleo del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. En tal sentido ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (STC 21 oct. 2009, rad. 01841-00, reiterada en STC3202-2014, 13 jun., rad. 00075-01). <\/p>\n
Entonces, al revelarse que Drigelio Casta\u00f1eda Parada promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de la misma naturaleza, similar en su esencia f\u00e1ctica, n\u00facleo tem\u00e1tico y pretensiones a las aqu\u00ed propuestas en cuanto al Juzgado Doce Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resulta evidente el abuso del instrumento al verificarse los presupuestos referenciados por la jurisprudencia en cita, de suerte que, la vigente demanda se encuentra agotada en sede del control directo de constitucionalidad, siendo justamente la actuaci\u00f3n que se trae a colaci\u00f3n la fuente de dicha clausura jurisdiccional. <\/p>\n
Finalmente, es importante memorar que, sobre el paralelismo de acciones constitucionales esta Corte ha indicado que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
Por lo tanto, a partir del se\u00f1alado criterio y sobre estos aspectos puntuales, se impone declarar la inviabilidad del resguardo, a fin de conjurar la injustificada extensi\u00f3n del debate propuesto. <\/p>\n
5. Conclusiones <\/p>\n
5.1. El auto 2986 del 12 de abril de 2022, de la Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1, no constituye una actuaci\u00f3n vulneradora de derechos fundamentales en tanto que, fue consecuencia del cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales emitidas al interior de un proceso penal y una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. Las inconformidades respecto del juicio penal 2017-01995 y las decisiones en \u00e9l adoptadas por las autoridades judiciales convocadas, fueron formuladas de manera similar por el actor en una anterior acci\u00f3n de tutela, lo que evidencia un proceder temerario que hace inviable la actual frente a ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8509-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8509-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03144-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Drigelio Casta\u00f1eda Parada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75717","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75717"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75717\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}