STC8516-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8516-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03151-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Norberto Mar\u00edn Mar\u00edn contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos -zona centro- de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de la misma ciudad, Tabares Ltda., Rafael Redondo Hern\u00e1ndez y dem\u00e1s intervinientes en los pleitos con radicaciones 2015-00567 y 2019-00775. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, dentro del proceso divisorio instaurado por Ernesto Carranza Mart\u00ednez contra Sildana Lobat\u00f3n (rad. 2015-00567), en diligencia de remate llevada a cabo en \u00abseptiembre de 2020\u00bb por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, le fue adjudicado en subasta p\u00fablica un inmueble \u00abque hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n identificado con el folio de MI No. 50C-517692, donde las partes solo ten\u00edan la posesi\u00f3n de sus derechos de cuota que les fueron adjudicados en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que curs\u00f3 en el Juzgado 20 de Familia de Bogot\u00e1 (\u2026), cuyo titular del derecho real de dominio en la sociedad Tabares Ltda. en liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que, recibido el predio, \u00abel cual consist\u00eda en una vivienda de un primer piso, con el fruto de su trabajo y el de [su] se\u00f1ora, realic\u00e9 mejoras sobre el mismo, adelant\u00e9 construcciones (\u2026), hoy consistentes en dos pisos adicionales [y] el mantenimiento correspondiente\u00bb, en tanto que, como \u00abrematante de buena fe, desconoc\u00eda que las partes del proceso hab\u00edan hecho uso del recurso de apelaci\u00f3n y por ende continu\u00e9 haciendo mejoras en mi pleno convencimiento de se\u00f1or y due\u00f1o, m\u00e1xime cuando la propiedad adquirida qued\u00f3 debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos zona centro\u00bb, y por ello, tambi\u00e9n \u00abproced\u00ed a realizar la [promesa de] venta del primer piso del inmueble rematado, (\u2026) el d\u00eda 13 de junio de 2022 [al] se\u00f1or Enrique Rafael Redondo Hern\u00e1ndez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que el funcionario encartado \u00abdebi\u00f3 revisar en forma exhaustiva los documentos presentados en especial el certificado de libertad y tradici\u00f3n aportado (\u2026), donde consta en la anotaci\u00f3n 106 existe otra medida cautelar de inscripci\u00f3n de demanda en este caso del d\u00eda 8 de octubre del 2019 dentro del proceso de pertenencia que cursa en el Juzgado 28 Civil Municipal de Bogot\u00e1 [rad 2019-00775]\u00bb, tampoco, que en el expediente \u00abobra la sentencia de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, donde claramente se menciona que se trata de una cuota parte del inmueble de un predio de mayor extensi\u00f3n, am\u00e9n de que en el folio extenso, se refieren varios procesos y [que] el titular de ese predio es la sociedad Tabares Ltda., situaci\u00f3n que [al] no [ser] evidenciada (\u2026) permiti\u00f3 que llegara al remate del predio, donde hoy estoy siendo perjudicado [as\u00ed como lo es] el se\u00f1or Rafael Redondo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, \u00abomiti\u00f3 su deber de control al inscribir una demanda y posteriormente registrar un remate de unos derechos que las partes no ten\u00edan consolidados, que con ligereza inscribi\u00f3 la admisi\u00f3n de demanda y posterior remate desprovisto de legalidad, debi\u00f3 igualmente haber devuelto dicha actuaci\u00f3n por tratarse de un derecho de cuota y no de la totalidad del inmueble y era evidente que no se deb\u00eda registrar por la \u00fanica raz\u00f3n que en el estudio del folio se evidenciaban cantidad de procesos de pertenencia, propietarios, que a todas luces no eran demandados\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juzgado 37 Civil del Circuito y al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, proteger los derechos adquiridos por el suscrito en calidad de rematante y poseedor parcial [del inmueble adjudicado dentro del divisorio n\u00b0 2015-00567]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, inform\u00f3 que \u00ablos recursos de apelaci\u00f3n formulados por ambas partes contra la sentencia emitida por el [a-quo], dentro del proceso adelantado por Ernesto Carranza Mart\u00ednez contra Sildana Lobat\u00f3n (\u2026) fue[ron] resuelto[s] en su debida oportunidad, el 6 de junio de 2023 actuaci\u00f3n que se registr\u00f3 en el sistema siglo XXI y se incluy\u00f3 en el estado electr\u00f3nico E-98 del 7 de junio siguiente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras referir a la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia, envi\u00f3 el enlace para acceder al correspondiente expediente digital. <\/p>\n
3. La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 -zona centro, indic\u00f3 que tanto la orden inscripci\u00f3n de demanda divisoria de fecha 24 de julio de 2015 como la correspondiente a la diligencia de remate del 22 de febrero de 2021, fueron registradas sobre el respectivo folio inmobiliario en atenci\u00f3n a providencia judicial \u00abdebidamente ejecutoriada\u00bb, al igual que lo hizo frente a la inscripci\u00f3n de proceso de pertenencia proveniente de otra autoridad, por lo que concluy\u00f3 que esa entidad \u00abha dado cabal tr\u00e1mite a los documentos radicados para registro\u00bb, y por ello \u00abno se ha violado ning\u00fan derecho fundamental del accionante [pues] ha dado debido cumplimiento a lo establecido en la Ley 1579 de 2012, por medio de la cual se estableci\u00f3 el Estatuto de Registro\u00bb. <\/p>\n
4. La abogada Luz Mary Rinc\u00f3n Duarte, quien dijo ser la apoderada judicial de la vinculada Sildana Lobat\u00f3n, manifest\u00f3 que conforme lo decidi\u00f3 el tribunal, en la providencia cuestionada se \u00abexplica de manera di\u00e1fana la realidad jur\u00eddica del inmueble y los motivos por los cuales no pod\u00eda ser objeto de subasta en la modalidad de derecho de propiedad, pues se trataba de derechos de posesi\u00f3n y mejoras construidas en suelo ajeno\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado Luis Harrison V\u00e1squez Melo, present\u00e1ndose como mandatario judicial del vinculado Ernesto Carranza Mart\u00ednez, tambi\u00e9n se opuso al auxilio implorado al aseverar que la resoluci\u00f3n confutada por esta v\u00eda, \u00abes totalmente clara, justa y equitativa, preserva los derechos fundamentales de las partes y del rematante hoy accionante\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que su poderdante \u00abest\u00e1 totalmente dispuesto a acatar la sentencia [y] hacer respetar su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el accionante, porque, en sede de apelaci\u00f3n surtida al interior del juicio divisorio n\u00b0 2015-00567, resolvi\u00f3 \u00abrevocar la sentencia impugnada, ante la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa de las partes respecto del derecho objeto de divisi\u00f3n\u00bb, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la queja constitucional tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia de su superior funcional, en la medida en que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la decantada jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, esta Sala desestimar\u00e1 el ruego tuitivo, comoquiera que la decisi\u00f3n proferida por el juzgador ad quem el 6 de junio de 2023, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por ende no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, de lo resuelto por el sentenciador de segundo grado dentro del litigio n\u00b0 2015-00567, no emergen los yerros \u00abprocedimentales, f\u00e1cticos y por error inducido\u00bb que el actor le endilga, puesto que la motivaci\u00f3n que a continuaci\u00f3n y en lo pertinente se extracta, muestra una providencia emitida con observancia en la normativa pertinente, una razonable ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, y no se avizora comportamiento arbitrario de tercero que pudiera viciar el proceder del sentenciador. En ese sentido, tras contextualizar los fundamentos f\u00e1cticos y el correspondiente marco legal, de manera preliminar record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cosa puede ser detentada, en com\u00fan, por varias personas, siendo ellos titulares de un determinado derecho, que en trat\u00e1ndose del dominio o propiedad de bienes inmuebles, se comprueba con el certificado especial del registrador de instrumentos p\u00fablicos o con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, documentos que son \u00fatiles para la identificaci\u00f3n plena del inmueble; la presencia de titulares inscritos de derechos reales principales, etc. por cuya presencia y contenido, en el proceso divisorio se garantiza que a \u00e9ste concurran solo las personas legitimadas para controvertir la acci\u00f3n, evitando, de paso, la eventualidad de que se emita una sentencia estimatoria que vulnere las prerrogativas dominicales de terceros. <\/p>\n
(\u2026) Por igual, dentro de los derechos que se pueden ejercer sobre un bien -aparte del de propiedad-, est\u00e1 el de la posesi\u00f3n personal, propia, caracterizada por ser exclusiva y excluyente, en claro repudio de las prerrogativas de los dem\u00e1s, aun las del aut\u00e9ntico due\u00f1o. As\u00ed mismo, ella puede ser ejercida por varias personas -coposesi\u00f3n- \u201cpro indiviso\u201d, \u201cindivisi\u00f3n posesoria, o posesi\u00f3n conjunta o compartida\u201d, la cual \u201ccorresponde a la conjunci\u00f3n y conjugaci\u00f3n de poderes de varias personas que, desprovistos de la titularidad del derecho de dominio de la cosa, sin embargo, ejercen el animus y el corpus sin dividirse partes materiales\u201d [CSJ SC1939-2019], la que puede hacerse cesar \u201cacudiendo al divisorio que produce efectos ex tunc (retroactivos), \u201cpero \u00fanicamente respecto de la parte adjudicada\u201d, o a la declaraci\u00f3n de pertenencia que genera efectos ex nunc (hacia el futuro), \u201ccuando uno de los coposeedores empieza a poseer para s\u00ed, desconociendo el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo de los dem\u00e1s\u201d [ibidem]\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, sobre el reparo cardinal formulado por la parte demandada, consistente en que proced\u00eda \u00abla revocatoria del fallo que orden\u00f3 la distribuci\u00f3n del dinero objeto de la almoneda, [en tanto] la titularidad del bien objeto de divisi\u00f3n no recae en los extremos procesales, sino en una persona jur\u00eddica que no es parte, materia que encarna un problema de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, empez\u00f3 por relacionar los medios de prueba allegados, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cumplimiento de lo ordenado en el art\u00edculo 406 procesal, el actor aport\u00f3 el folio de matr\u00edcula del inmueble ubicado en la Calle 18 110 \u2013 85, identificado con la matr\u00edcula 50C-517692, en el que se inscribieron m\u00faltiples procesos de pertenencia, la apertura de matr\u00edculas independientes sobre algunos porcentajes, y en su anotaci\u00f3n 31 consta la especificaci\u00f3n \u201c01\u201d seguida de \u201cADJUDICACI\u00d3N LIQUIDACI\u00d3N SOCIEDAD CONYUGAL JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA. OFICIO NO. 2706 DEL 11-12-2012 (MODO ADQUISICI\u00d3N)\u201d, como tambi\u00e9n la \u201cX\u201d frente a los nombres de Ernesto Carranza Mart\u00ednez y Sildana Lobat\u00f3n, que seg\u00fan el art\u00edculo 8 de la Ley 1579 de 20125, son las variables que identifican al titular de derecho real de dominio y\/o los t\u00edtulos que conllevan modos de adquisici\u00f3n, documento que, en principio, publicita la presunta copropiedad que los habilita para actuar en el plenario, apariencia que conllev\u00f3 a que se admitiera el tr\u00e1mite del divisorio. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed mismo, alleg\u00f3 la escritura p\u00fablica 00537 del 14 de marzo de 2013 otorgada por la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, que contiene la sentencia de 19 de septiembre de 2012, por la que el Juzgado Veinte de Familia liquid\u00f3 la sociedad conyugal conformada por los extremos procesales, adjudic\u00e1ndoles a cada uno un 50%, de los derechos de posesi\u00f3n y mejoras sobre el inmueble de la Calle 18A 112 A – 64 MJ, que hace parte del predio matriz. <\/p>\n
Luego se\u00f1al\u00f3 que de tales medios de convicci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se advierte que la citada anotaci\u00f3n 31 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria emitido por la Oficina de Registro no corresponde al t\u00edtulo que le sirvi\u00f3 de puntal a la adquisici\u00f3n, en com\u00fan, del derecho de propiedad, pues a estos no se les trasfiri\u00f3 el dominio y, en sentido adverso, ostentan una coposesi\u00f3n y unas mejoras sobre el lote, tal como consta en la escritura p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n que se registr\u00f3 en la matr\u00edcula del predio de mayor extensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual esa inscripci\u00f3n no pod\u00eda realizarse a t\u00edtulo de cond\u00f3minos, pues en los casos de \u201cventas de inmuebles ajenos, sin antecedentes propios, mejoras en suelo ajeno, \u2026\u00bb etc, quienes as\u00ed se encuentran, son aparentes titulares del derecho de dominio, y no pasan de ser simples poseedores\u201d[CSJ SC10882-2015]. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el antecedente que se pretendi\u00f3 registrar no concuerda con el derecho que finalmente se inscribi\u00f3 y, este se trasmiti\u00f3 a favor de un tercero con la intermediaci\u00f3n del Estado, en nombre de los titulares de ese derecho, se difumina la inicial legitimaci\u00f3n que, en apariencia, portan las partes, motivo por el que as\u00ed habr\u00e1 de declararse, en especial en protecci\u00f3n del licitante triunfador, pues este particip\u00f3 en la adquisici\u00f3n del derecho de propiedad y no de la posesi\u00f3n que realmente detentan los trasmisores de ese derecho, siendo de importancia memorar que tan an\u00f3mala situaci\u00f3n no se supera con el registro proveniente de la almoneda, en aplicaci\u00f3n del brocardo \u201cnemo plus iure transfere potest quam ipso habet, es decir, quien no es due\u00f1o no puede transmitir esa calidad, y nadie puede recibir lo que no tiene su presunto tradente\u201d [ibidem], defectos que no se purgan, ni siquiera con el transcurso del tiempo, o por los diferentes actos dispositivos o transmisivos que posteriormente se realicen. <\/p>\n
(\u2026) Con fundamento en las razones expresadas, la sentencia que decret\u00f3 la distribuci\u00f3n del producto del remate entre los condue\u00f1os ser\u00e1 revocada, con la consecuencial terminaci\u00f3n del proceso en virtud de la evidente ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa de ambas partes; as\u00ed mismo, al afectarse el remate efectuado se ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n de lo pagado al licitante\u00bb. <\/p>\n
3.2. Los anteriores planteamientos se ajustan a derecho, pues tras un suficiente debate para zanjar la controversia que le fue planteada, frente al fundamento f\u00e1ctico y con el suficiente marco normativo y jurisprudencial, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por el accionante en el caso sub j\u00fadice, demuestran que la intenci\u00f3n es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC6476-2023, 5 jul., rad. 02478-00, entre otras). <\/p>\n
En similar sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, lo cual no ocurre en el sub lite, y en esas circunstancias es necesario recordar que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC3047-2023, 29 mar., rad. 03838-00). <\/p>\n
Del mismo modo se ha sostenido que este remedio excepcional, \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00 y STC4631-2023, 17 may., rad. 00314-01, entre otras). <\/p>\n
En punto de la censura relacionada con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha dicho constantemente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada, entre otras, en STC3437-2023, 13 abr., rad. 01235-00). <\/p>\n
Por tanto, como se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n refutada no constituye defecto espec\u00edfico alguno, en particular de orden f\u00e1ctico, porque de la actuaci\u00f3n criticada no se avizora \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15), sino, una valoraci\u00f3n ce\u00f1ida a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
En suma, por cuanto la resoluci\u00f3n criticada no revela arbitrariedad, capricho o desmesura, sino solo una divergencia conceptual, ello no la descalifica para abrirle paso a la protecci\u00f3n deprecada, en tanto no constituye actuaci\u00f3n que desencadene en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial alegada. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza de cara a la inobservancia a la Ley 1579 de 2012 que se el actor le enrostra a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos -zona centro- de Bogot\u00e1, por haber admitido la inscripci\u00f3n del remate, para se\u00f1alar que las consecuencias derivadas de tal proceder, as\u00ed como las posibles falencias en que pudieron incurrir las partes e intervinientes en el diligenciamiento del pleito, fueron corregidas por el tribunal mediante la providencia que se avala en esta excepcional sede. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se desestimar\u00e1 el resguardo implorado, toda vez que la determinaci\u00f3n de fondo que profiri\u00f3 el ad quem dentro del proceso divisorio en cuesti\u00f3n, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8516-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8516-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03151-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Norberto Mar\u00edn Mar\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}