STC8522-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8522-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-002-2023-00079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y legalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene: \u00c1ngela Patricia Molina R\u00edos, impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la gestora, con la cual implor\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, salud y dignidad humana, los cuales consider\u00f3 transgredidos al no renov\u00e1rsele el contrato laboral que finaliz\u00f3 el 25 de marzo de 2023. Una vez repartida la demanda, el Juzgado vinculado \u2013con fallo del 11 de mayo de 2023- resolvi\u00f3 denegar el amparo pues, \u00ablas controversias que se suscitan son atribuibles \u00fanica y exclusivamente a su estudio al juez ordinario laboral, lo cual corresponde a un fallo a derecho, teniendo en cuenta que las atribuciones de un juez Constitucional no deben anteponerse a la del juez ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la entonces libelista present\u00f3 impugnaci\u00f3n. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago \u2013con providencia del 21 de junio de 2023 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. En consecuencia, orden\u00f3 el reintegro laboral, as\u00ed como el reconocimiento y pago de las acreencias dejadas de percibir por la impulsora desde el momento de la no renovaci\u00f3n contractual. Adujo que Juzgado encarado se extralimit\u00f3 en su jurisdicci\u00f3n y competencia al proferir la determinaci\u00f3n anterior. Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que no se tuvo en cuenta las pruebas aportadas con la demanda de tutela. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado debatido el 21 de junio de 2023. Y, en su lugar, se emita una nueva providencia en la que se tenga en cuenta la no renovaci\u00f3n del contrato laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago1 expres\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n criticada halla su respaldo en premisas f\u00e1cticas probadas en la acci\u00f3n p\u00fablica constitucional\u2026\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00absi bien es cierto se protegieron los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada de ANGELA PATRICIA MOLINA RIOS, tambi\u00e9n lo es que, el amparo se dispens\u00f3 como mecanismo transitorio -4 MESES-; pues, es sin duda ante la jurisdicci\u00f3n laboral \u2013juez natural- donde deber\u00e1n librarse en forma definitiva, las reclamaciones blandidas por la citada trabajadora\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. y la Compa\u00f1\u00eda Seguros Generales Suramericana S.A. alegaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no han vulnerado los derechos invocados por la libelista. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, luego de relatar sus actuaciones, mencion\u00f3 que declar\u00f3 improcedente el amparo implorado, decisi\u00f3n que fue revocada por el superior en providencia del 21 de junio de 2023. Recalc\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. \u00c1ngela Patricia Molina R\u00edos refiri\u00f3 que el Juzgado encarado \u00abno es c\u00f3mplice de nada, pues est\u00e1 cumpliendo funciones que le otorga la constituci\u00f3n y la ley\u00bb. Cuestion\u00f3 las actuaciones del apoderado de la aqu\u00ed actora, por tanto, indic\u00f3 que las pondr\u00e1 en conocimiento de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con la posibilidad de acudir a este mecanismo excepcional para cuestionar otro u otros fallos de tutela el \u00f3rgano de cierre constitucional del pa\u00eds ha trazado una s\u00f3lida l\u00ednea jurisprudencial en virtud de la cual, por regla general, tal cosa resulta improcedente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora insistiendo en los argumentos plasmados en el escrito inicial. Aleg\u00f3 que se le han vulnerado sus derechos \u00abpuesto que se evidencia como la accionante acude a distintas maniobras para establecer un v\u00ednculo laboral fortuito, que para el caso que nos ocupa expone la inseguridad jur\u00eddica latente al determinar que la accionante es objeto de reintegro y pago de acreencias laborales sobre una valoraci\u00f3n m\u00e9dica y restricciones o recomendaciones laborales que ya vencieron y que si se observa la accionante ha pretendido sin resultados, lo cual se reh\u00fasa a aceptar y promueve nuevas simulaciones con el fin de dilatar nuevamente su vinculaci\u00f3n contractual, premisa totalmente desconocida por el tribunal en su sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala considera que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto los reparos de la quejosa van dirigidos a cuestionar un fallo de la misma naturaleza proferido el 21 de junio de 2023. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que <\/p>\n
L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
2.1. De lo anterior se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional con sentencia SU-627 de 2015 sostuvo que la guarda procede, excepcionalmente, contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
\u2026cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia. <\/p>\n
3. Bajo esos lineamientos, en el caso concreto, es evidente que la libelista pretende se deje sin efectos el fallo tutelar proferido por el Juzgado del Circuito debatido el 21 de junio de 2023, con el cual se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta en la acci\u00f3n de tutela referida. As\u00ed las cosas, se concluye la improcedencia del amparo invocado. M\u00e1xime cuando no se acreditaron hechos constitutivos de una situaci\u00f3n fraudulenta, lo cual, como qued\u00f3 visto, habilitar\u00eda la procedencia de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, se verifica que la acci\u00f3n de tutela fue radicada en la Corte Constitucional el 4 de agosto de 2023. Por tanto, la gestora tiene a su alcance el medio de defensa previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el fallo de tutela mediante la revisi\u00f3n ante la citada Corporaci\u00f3n. Incluso, de no ser seleccionada podr\u00e1 elevar la solicitud de insistencia, lo cual cierra la posibilidad de auscultar por este camino el prove\u00eddo dictado en un tr\u00e1mite de similar temperamento. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 4-6. Anexo 007Juzgado1CivilCircuitoCartago.pdf <\/p>\n
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