STC8544-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC8544-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00895-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Aceptado el impedimento manifestado, la Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Antonio Rodr\u00edguez Mendoza contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada en el proceso disciplinario de radicado 200011102000-2017-00144-02. <\/p>\n
2. Ante la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Carlos Enrique Mattos Li\u00f1\u00e1n present\u00f3 queja en contra del promotor \u00abpor cuanto el 29 de enero de 2014 firmaron un contrato en el cual se comprometi\u00f3 a representarlo dentro del proceso Nro. 2013-00520-00 que se segu\u00eda ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, donde el accionante era la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, y buscaba la expropiaci\u00f3n (\u2026) de una finca de su propiedad, para la construcci\u00f3n de la Ruta del Sol Sector 3\u00bb. En la denuncia, se dol\u00eda que hab\u00eda pagado de manera anticipada al actor una suma que despu\u00e9s tomo para s\u00ed \u00abbajo el argumento de que su remuneraci\u00f3n era del 9%\u00bb pese a que se pact\u00f3 \u00abcomo contraprestaci\u00f3n el 6%\u00bb. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que el gestor -en virtud de un proceso ejecutivo donde tambi\u00e9n era apoderado del quejoso- se \u00abacord\u00f3 con el letrado que recibir\u00eda el 11% sobre la suma recaudada\u00bb y pese a que se hizo un adelanto de una \u00abcifra que superaba sus emolumentos, descont\u00f3 el 4 de agosto de 2015\u00bb un monto adicional. <\/p>\n
2.1. En primera instancia, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar -en sentencia del 23 de septiembre de 2019- neg\u00f3 la nulidad interpuesta por el disciplinado, lo absolvi\u00f3 de los cargos dentro del proceso ejecutivo y lo declar\u00f3 disciplinariamente responsable por la falta del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la ley 1123 de 2007 por las actuaciones que surgieron en el proceso de expropiaci\u00f3n al que se refer\u00edan las diligencias. Como consecuencia de ello, sancion\u00f3 al promotor con la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de dos meses. Inconforme, el actor interpuso apelaci\u00f3n; no obstante, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013 en providencia del 19 de abril de 2023- neg\u00f3 la solicitud de nulidad propuesta por el gestor y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.2. El actor considera que, la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 el debate incurri\u00f3 en defecto procedimental y sustancial. Sobre el primero, habida cuenta que le dio validez \u00abprobatoria a las manifestaciones del quejoso por encima de un comprobante de fecha 23 de enero de 2014\u00bb que daba cuenta que el dinero all\u00ed consignado \u00abno pertenece al proceso judicial de expropiaci\u00f3n sino la etapa administrativa de la expropiaci\u00f3n por ello est\u00e1 fechada con anterioridad al poder y al contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales\u00bb. De cara al segundo reparo, indic\u00f3 que la autoridad cuestionada se apart\u00f3 de \u00abuna decisi\u00f3n judicial ejecutoriada proferida por un juez en la esfera de su competencia, mediante la que resolvi\u00f3 el monto de los honorarios en un incidente surtido en un proceso de su competencia\u00bb por ende la accionada \u00abfragment\u00f3 la decisi\u00f3n judicial revestida de cosa juzgada aplicando apartes de su contenido y desconociendo otros puntos comprendidos en ella, con el prop\u00f3sito de investigar y juzgar de nuevo un asunto ya resuelto por juez competente\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que se amparen los derechos invocado y, en consecuencia, se le ordene a la autoridad atacada emitir \u00abnueva decisi\u00f3n respetando los derechos constitucionales fundamentales quebrantados\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial manifest\u00f3 que no hubo \u00abinobservancia del debido proceso o derecho a la defensa\u00bb2. <\/p>\n
1. En el asunto sub examine la Corte concluye que la solicitud de amparo ser\u00e1 negada en raz\u00f3n a que esta Sala -en su calidad de juez constitucional- no advierte que la decisi\u00f3n cuestionada pueda ser recibida como irrazonable. <\/p>\n
2. En efecto, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -en sentencia del 19 de abril de 20233- resolvi\u00f3 negar la nulidad propuesta por el accionante y confirmar la providencia de la seccional del Cesar en cuanto a la responsabilidad del tutelante frente a la falta del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 20074 en concordancia con la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por 2 meses. <\/p>\n
De cara a la solicitud de nulidad propuesta por el disciplinado por la presunta violaci\u00f3n al debido proceso debido a \u00abla incongruencia existente entre los hechos que fueron puestos en conocimiento por el se\u00f1or Carlos Enrique Mattos Li\u00f1\u00e1n, los cuales aduce corresponden a un cobro excesivo de honorarios, y aquellos que son el sustento f\u00e1ctico de la imputaci\u00f3n y posterior sanci\u00f3n -retenci\u00f3n de dineros-\u00bb, encontr\u00f3 que -a diferencia de lo afirmado por el promotor- \u00abel quejoso jam\u00e1s se doli\u00f3 de un cobro excesivo de honorarios\u00bb por lo cual el a-quo \u00abcalific\u00f3 la actuaci\u00f3n mediante un \u00fanico cargo, por la presunta violaci\u00f3n al deber de honradez\u00bb por la no entrega de una \u00abdiferencia de dinero generada entre lo recibido por el letrado en virtud de la gesti\u00f3n, y el monto concertado por honorarios\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 -en este punto- que no se configur\u00f3 nulidad alguna pues \u00absi a pesar de conocer la imputaci\u00f3n en su contra, decidi\u00f3 encaminar su defensa a desvirtuar la conducta contenida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 35 ibidem, dicha situaci\u00f3n en nada es imputable a la seccional de origen\u00bb. Por \u00faltimo, de cara a la presunta violaci\u00f3n del juzgador de primera instancia al \u00abprincipio de investigaci\u00f3n integral\u00bb por no decretar una prueba pericial y un testimonio, refiri\u00f3 que \u00abel togado jam\u00e1s requiri\u00f3 escuchar en declaraci\u00f3n a su colega Jos\u00e9 Gregorio Ochoa Quintero, ni practicar prueba a cargo de un experto en sistemas, a fin de acreditar la fecha de elaboraci\u00f3n y contenido de un documento en versi\u00f3n Word\u00bb por tanto es claro que el a-quo \u00abno estaba obligado a decretarlas de manera oficiosa\u00bb. <\/p>\n
En el an\u00e1lisis del caso en concreto, determin\u00f3 que el recurrente \u00abdefiende la atipicidad de la conducta imputada\u00bb al existir \u00abuna duda razonable\u00bb por cuanto \u00abno se qued\u00f3 con dineros adicionales al monto de los honorarios pactados\u00bb. <\/p>\n
En el primer reparo, el promotor reproch\u00f3 que no se valor\u00f3 \u00abel comprobante de egreso fechado a 23 de enero de 2014 (\u2026) para concluir que el anticipo de honorarios correspond\u00eda a $96.000.000,00, lo que sumado a los $28.600.000,oo cobrados directamente -descontando el dinero cancelado a un auxiliar de la justicia-, superar\u00eda su retribuci\u00f3n en $12.253.858,oo de titularidad de su mandante\u00bb. No obstante, la autoridad accionada advirti\u00f3 que5 \u00abdesde un principio el implicado pretendi\u00f3 defender la teor\u00eda de que su remuneraci\u00f3n era mixta, $50.000.000,oo en efectivo, m\u00e1s el 6% de la indemnizaci\u00f3n cancelada al se\u00f1or Carlos Mattos Li\u00f1\u00e1n\u00bb pese a que \u00abel contrato de prestaci\u00f3n de servicios no reflejase tal cifra\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que sobre los $50.000.000,oo en la versi\u00f3n libre -del 13 de junio de 2017- el promotor le explic\u00f3 al a-quo \u00abque se pagar\u00edan en tres contados\u00bb siendo el segundo de ellos el que \u00abascend\u00eda a $25.000.000,oo\u00bb y en el requerimiento del instructor de \u00abprecisar si hab\u00eda recibido toda la suma seg\u00fan \u00e9l pactada en efectivo\u00bb el actor \u00abreconoci\u00f3 el comprobante de egreso\u00bb. Sin embargo, en su ampliaci\u00f3n de la versi\u00f3n libre, \u00abpretendi\u00f3 desconocerlo bajo el raciocinio de que no conten\u00eda su firma, la cual contrario a sus dichos, reposa en el documento en cuesti\u00f3n\u00bb. De forma tal que, igual que en primera instancia, la accionada concluy\u00f3 que \u00abla versi\u00f3n del implicado respecto de la documental cambi\u00f3 constantemente durante la investigaci\u00f3n, y por esta raz\u00f3n, se dio valor a las manifestaciones del quejoso, quien sin dubitaci\u00f3n siempre afirm\u00f3 que se adelanto era imputable al caso de la expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como segundo cargo, estudi\u00f3 el reproche del apelante sobre \u00abla duda razonable en el hecho de que inclusive admiti\u00e9ndose el pago de los $25.000.000,oo antes rechazados, el dinero que recibi\u00f3 no superaba sus emolumentos\u00bb pues el a-quo hizo el c\u00e1lculo sobre los \u00ab$1.755.000.000,oo pero la indemnizaci\u00f3n definitiva percibida por el se\u00f1or Carlos Enrique Mattos Li\u00f1\u00e1n, cuando a\u00fan el ostentaba la calidad de apoderado fue de $2.128.000.000,oo, lo que en sus c\u00e1lculos, lo har\u00eda acreedor de $127.600.000,oo\u00bb. En este punto, con base en el \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb afirm\u00f3 que en \u00e9l se dispuso \u00aben la cl\u00e1usula quinta que en caso de terminaci\u00f3n, la cancelaci\u00f3n de los honorarios se realizar\u00eda de manera proporcional hasta la etapa procesal en que hubiera actuado el jurista\u00bb y el poder -en este caso- fue revocado en \u00abmayo de 2017\u00bb. Por tanto, no \u00abincurri\u00f3 en ning\u00fan yerro\u00bb la decisi\u00f3n de primera instancia al hacer las cuentas sobre la base referida \u00abpues la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n superior a los $2.000.000.000,oo ocurri\u00f3 el 21 de agosto de 2018, calenda para la cual el disciplinado ya no ostentaba la calidad de representante judicial del denunciante\u00bb. <\/p>\n
Agotado lo anterior, la Comisi\u00f3n Nacional pas\u00f3 a ocuparse de dos asuntos adicionales. El primero de ellos, si corresponde \u00ababsolverlo de responsabilidad de cara a los hechos ligados al proceso ejecutivo donde el demandado era el se\u00f1or Jorge Giovannetti Mendoza, pues considera no debi\u00f3 fundarse en una duda razonable, sino en la conclusi\u00f3n de haber actuado en el marco del contrato suscrito con el quejoso\u00bb, aqu\u00ed manifest\u00f3 que no har\u00eda \u00abpronunciamiento alguno, habida cuenta que no le asiste inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir una determinaci\u00f3n que en esencia lo beneficia\u00bb. <\/p>\n
El segundo punto, relacionado con \u00abla petici\u00f3n elevada en curso de esta instancia por el disciplinado, atinente a valorar el fallo proferido en el marco del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb por el Tribunal de Valledupar \u00abprovidencia que fue aportada por fuera de las oportunidades procesales establecidas en la Ley 1123 de 2007\u00bb y que resolvi\u00f3 no ser\u00eda objeto de apreciaci\u00f3n pues \u00abno observa necesario decretarlas de oficio, \u00fanica alternativa para proceder a su estudio en esta fase procesal, de conformidad con el art\u00edculo 107 ibidem\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable6. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Sumado a que, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con impedimento) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-11, archivo \u201c11001023000020230089500-0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0009Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folio 15-36, archivo \u201cSEGUNDA INSTANCIA.PDF\u201d del expediente digital del proceso de radicado 20001110200020170014402. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (\u2026) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo. <\/p>\n
5\u0002 Escuchados los registros de las audiencias de primera instancia. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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