STC8588-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8588-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02753-001 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bettty Ru\u00edz Amaris, John Edward, Yenson Dar\u00edo Leal Ruiz, Dar\u00edo Eduardo y Adriana Leal Rivera, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de ese lugar y las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2013-00360-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa, contradicci\u00f3n, \u00abpropiedad (\u2026) y a disponer libremente del patrimonio\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, manifiestan, en apretada s\u00edntesis, que, ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, se adelant\u00f3 en primera instancia, el proceso declarativo de nulidad de contratos promovido por Jim Anthony Leal Lanziano contra los herederos indeterminados de Dar\u00edo Eduardo Leal Ram\u00edrez, Betty Ruiz Amaris, Jhon Edward Leal Ruiz, y otros, quien dict\u00f3 sentencia parcialmente favorable a las pretensiones el 17 de febrero de 2022. <\/p>\n
Relatan, que el citado fallo fue apelado por ambos extremos de las litis, por lo que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 21 de marzo de 2023 desat\u00f3 el recurso, en su criterio (i) faltando al deber de obrar con imparcialidad; (ii) desconociendo el precedente judicial; (iii) interpretando \u00abarbitrariamente la demanda para decretar una INOPONIBILIDAD de los negocios jur\u00eddicos, cuando se demand\u00f3 una nulidad ABSOLUTA\u00bb, atentando contra el principio de congruencia; (iv) valorando indebidamente las pruebas allegadas al litigio, las que a su juicio acreditaban la \u00absimulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos\u00bb, lo cual debi\u00f3 ser declarado, incluso, de oficio, y (v) ignorando el \u00abPRINCIPIO NON BIS IN IDEM y LA COSA JUZGADA\u00bb, en la medida que con anterioridad al juicio civil la madre del demandante hab\u00eda incoado una denuncia penal por \u00abfraude procesal\u00bb que concluy\u00f3 \u00abpor atipicidad de la conducta\u00bb. <\/p>\n
Indican, que la precitada sentencia fue aclarada, corregida y adicionada el 28 de abril anterior; que interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n el cual no fue concedido, en auto de 24 de mayo hoga\u00f1o \u00abpor razones de la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tras hacer referencia a los argumentos que soportaron la decisi\u00f3n fustigada se opuso a la prosperidad del auxilio advirtiendo que se pretende utilizar como una instancia adicional para revivir un debate legalmente concluido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio que origina el reclamo constitucional y asegur\u00f3 que ese despacho ha sido garante de las prerrogativas de las partes y que sus decisiones se encuentran ajustadas a la normativa vigente.<\/p>\n
3. Evelyn Leal Rivera manifest\u00f3 que est\u00e1 de acuerdo con las pretensiones manifestadas en la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales invocadas por los convocantes al dictar las providencias de 21 de marzo y 28 de abril de 2023, por medio de las cuales desat\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta contra el fallo de primera instancia, y resolvi\u00f3 las solicitudes de aclaraci\u00f3n correcci\u00f3n y adici\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n, respectivamente, al interior del juicio n\u00b0 2013-00360-06. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse el auxilio implorado, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por la parte actora son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el extremo pasivo en el proceso declarativo que origina el reclamo, es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada, en las providencias de 21 de marzo y 28 de abril de 2023, por medio de las cuales desat\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada frente al fallo de primer grado en virtud del proceso n\u00ba 2013-00360, y resolvi\u00f3 las solicitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n, respectivamente, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por los convocantes. <\/p>\n
En efecto, el aludido estrado para resolver, preliminarmente, puntualiz\u00f3 que \u00ab[c]orresponde al demandante se\u00f1alar a cu\u00e1l figura o especie de ineficacia se acoge para defender su inter\u00e9s en el pleito y proponer sus pretensiones, aportando prueba de los elementos constitutivos de la misma, pues cada una de ellas tiene sus elementos axiales que la diferencian de los dem\u00e1s; sin embargo, debe el juez adentrarse en una labor interpretativa para desentra\u00f1ar el esp\u00edritu de la demanda cuando esta no es clara\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00ab[a] partir de la forma en que se plantearon las pretensiones de la demanda y se expusieron los fundamentos f\u00e1cticos de la misma, la Sala asume el estudio de la cuesti\u00f3n jur\u00eddica a partir del concepto de ineficacia de los negocios jur\u00eddicos por inoponibilidad\u00bb. <\/p>\n
Tras hacer un an\u00e1lisis sobre la aludida concepci\u00f3n determin\u00f3 que \u00ab[d]e cara a los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, consideramos que el tema en litigio se encuadra en la primera causa de inoponibilidad citada, esto es, la falta de presupuesto de legitimaci\u00f3n negocial, justo porque el verdadero titular de los derechos reales, JIM ANTHONY LEAL RUIZ, no fue el disponente de los mismos, en tanto para la fecha de los negocios jur\u00eddicos cuestionados, no se encontraba vigente el poder general que otorgaba las facultades a quien actu\u00f3 como poderdante \u2013 representante-, del fallecido titular de los derechos, para la fecha en que se celebraron los negocios jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3, que \u00abresulta claro que la parte demandante finca sus pretensiones acusando de ineficaces por inoponibilidad, frente al mismo demandante, terceros y ajenos a los negocios jur\u00eddicos de que dan cuenta las escrituras No. 3720, 3721, y 3722 de 25\/11\/2002 y 559 de 16\/02\/2005 y 3826 de 21\/08\/1998 (registrada el 25\/11\/2002), en la medida en que para cuando se celebran hab\u00eda terminado el mandato conferido a DARIO EDUARDO LEAL RAMIREZ – quien actu\u00f3 en ellos como apoderado general del se\u00f1or JIM ANTHONY LEAL RUIZ \u2013 por causa del fallecimiento del mandante el d\u00eda 22\/11\/2022 (sic)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente expuso que, \u00abpor medio de escritura p\u00fablica No. 1529 de 16\/04\/1996, JIM ANTHONY LEAL RUIZ confiri\u00f3 poder general a su progenitor, DARIO EDUARDO LEAL RAMIREZ, entre otras, para \u201cadministrar los bienes del poderdante (\u2026) enajenar o adquirir a cualquier t\u00edtulo, bienes ra\u00edces o muebles, para gravarlos con hipoteca o prenda y para limitar su dominio.\u201d13; prevalido de dicho poder general y conforme a las mentadas clausulas, perfectamente LEAL RAMIREZ pod\u00eda disponer de los bienes ra\u00edces de propiedad de su mandante, conforme al art\u00edculo 2157 del C.C\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abese mandato tiene prevista una duraci\u00f3n o unas causales que, configuradas, permiten darlo por terminado, sea por voluntad de las partes o por ministerio de la ley. Una de esas ultimas causales es la prevista en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2189 del C.C., que establece \u201cEl mandato termina: (\u2026) Por la muerte del mandante o del mandatario (\u2026) significa lo anterior, y tal como ocurri\u00f3 en el presente caso, que, muerto el mandante JIM ANTHONY LEAL RUIZ el 22\/11\/2002 – hecho acreditado con el Registro Civil de Defunci\u00f3n \u2013 indicativo serial No. 0463548114 -, el mandato por \u00e9l conferido a su padre termin\u00f3 en tal fecha, y por lo mismo, a partir de ella, este \u00faltimo carec\u00eda de poder o facultad para representar al mandante fallecido\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al contrato expresado a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00b0 559 de 16 de febrero de 2005 \u00aben el que BETTY RU\u00cdZ AMARIS transfiere a t\u00edtulo de venta en favor de JHON EDWARD LEAL RU\u00cdZ el derecho de dominio o propiedad sobre la tercera parte del inmueble identificado con M.I. No. 300-20341, en principio podr\u00eda pensarse que, al ser este \u00faltimo un tercero de buena fe, no le es oponible. Empero, la mala fe se infiere as\u00ed: en la declaraci\u00f3n rendida por JOHN EDWARD LEAL RU\u00cdZ, se escuch\u00f3 claramente que \u00e9ste ten\u00eda pleno conocimiento del fallecimiento de su hermano JIM ANTHONY y la simulaci\u00f3n de la venta que el mandatario realiz\u00f3 a BETTY RUIZ AMARIZ, extensiva a la venta a \u00e9l realizada. En este sentido, s\u00ed le son oponibles los efectos de la compraventa contenida en la escritura No.3720 de 25\/11\/2022 (sic)\u00bb. <\/p>\n
Enunci\u00f3, que \u00ab[l]o mismo sucede con las compraventas realizadas por los demandados YENSON DARIO LEAL RU\u00cdZ, CAROLINA CUELLAR RAM\u00cdREZ y DOUGLAS DARIO LEAL RUIZ, frente a los inmuebles de marras, pues estos en sus declaraciones, al igual que JHON EDWARD y BETTY RUIZ AMARIS confesaron la simulaci\u00f3n de los negocios, atacados por no haber pagado ni recibido dinero alguno por dichas compraventas, y que los negocios fueron realizados por DARIO EDUARDO LEAL RAMIREZ en virtud del poder general que todos le otorgaron y que los bienes eran propiedad de este \u00faltimo. En este sentido, no existe duda sobre la mala fe de estas personas- hermanos del fallecido poderdante-, raz\u00f3n por la cual les son transferibles los efectos de la eventual declaratoria de ineficacia de los contratos contenidos en las escrituras No. 3720, 3721, y 3722 de 25\/11\/2002\u00bb. <\/p>\n
Y en lo relacionado con la escritura n\u00b0 3826 del 21 de agosto de 1998, enfatiz\u00f3 que \u00ab\u00e9ste fue realizado en ejercicio del poder conferido por JIM ANTHONY LEAL RUIZ a DARIO EDUARDO LEAL RAMIREZ \u2013 quien vendi\u00f3 a BETTY RU\u00cdZ AMARIS -, cuando el primero a\u00fan viv\u00eda y gozaba de plena disposici\u00f3n de sus bienes; m\u00e1s, sin embargo, tan solo fue registrada hasta el 25 de noviembre de 2002, es decir, con posterioridad al fallecimiento del mandante. De lo anterior se colige que, independientemente de si la compraventa fue registrada con posterioridad al fallecimiento del mandante, de ello no se predica ineficacia, por cuanto se itera y resalta, cuando se materializ\u00f3 el Negocio Jur\u00eddico, el mandante gozaba de plena disposici\u00f3n del bien y estaba vigente el mandato. Ahora bien, no existe un reproche legal al registro posterior a la emisi\u00f3n de la escritura, cuando excede a cuatro a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la corporaci\u00f3n accionada revoc\u00f3 parcialmente la sentencia fustigada y entre otras \u00f3rdenes, dispuso las siguientes: \u00abSEGUNDO: REVOCAR los numerales primero y noveno de la resolutiva contenida en la sentencia recurrida24; y CONFIRMAR los numerales s\u00e9ptimo y octavo de la resolutiva de la sentencia de primera instancia. TERCERO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia recurrida, los cuales quedar\u00e1n: \u201cSEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el demandado JHON EDWARD LEAL RU\u00cdZ, conforme a las razones expuestas en antecedencia. TERCERO: DECLARAR INEFICACES POR INOPONIBILIDAD, frente al demandante JIM ANTHONY LEAL LANZIANO \u2013 hijo de JIM ANTHONY LEAL RU\u00cdZ \u2013 hoy RU\u00cdZ AMARIS-, los negocios jur\u00eddicos contenidos en las escrituras p\u00fablicas No. 3720, 3721, y 3722 de 25\/11\/2002 y 559 de 16\/02\/2005, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ADICIONA la sentencia recurrida para ORDENAR a la Notaria Quinta del C\u00edrculo Notarial de Bucaramanga que registre, al margen de los correspondientes instrumentos escriturarios, que se declararon ineficaces por inoponibilidad frente al demandante JIM ANTHONY LEAL LANZIANO \u2013 hijo de JIM ANTHONY LEAL RU\u00cdZ \u2013 hoy RU\u00cdZ AMARIS- los negocios jur\u00eddicos expuestos en el numeral anterior de esta providencia, dejando las anotaciones pertinentes (\u2026) QUINTO: ORDENAR al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Bucaramanga realizar la anotaci\u00f3n pertinente respecto de la ineficacia por inoponibilidad declarada en este fallo en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 300-20341, 300-206691, 300-212288 y 300-84626, relacionadas con las anotaciones de las escrituras p\u00fablicas No. 3720, 3721, y 3722 de 25\/11\/2002 y 559 de 16\/02\/2005, todas expedidas por la Notar\u00eda Quinta de Bucaramanga, y las anotaciones derivadas de los anteriores negocios jur\u00eddicos\u00bb. El fallo fue aclarado, corregido y adicionado en providencia de 28 de abril anterior. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone declarar la negativa del auxilio implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tutela acumulada radicado n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02809-00, conforme se dispuso en al auto de 24 de julio de 2023, proferido en ese expediente. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8588-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8588-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02753-001 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bettty Ru\u00edz Amaris, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75739","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75739\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}