STC8609-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8609-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03213-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Gloria Esther Pe\u00f1aranda Zequeda le promovi\u00f3 a Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito \u2013 Ley 600 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Bogot\u00e1, extensiva a las Fiscal\u00edas Segunda Delegada ante la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n y Cuarenta y Tres Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-04-056-2016-00325-01 (Rad. Interno 61683). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la sentencia de segunda instancia y repartir a otra Sala del Honorable Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para que se pronuncie sobre todos los argumentos planteados en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb o, en subsidio \u00abse pida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que de manera oficiosa se pronuncie sobre las sanciones impuestas con base en actos legislativos no vigentes al momento de los hechos y otros yerros de las sentencias de instancia\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba y el escrito inaugural se extrae que con ocasi\u00f3n de la venta irregular de un predio en el a\u00f1o 2001 cuando la accionante fungi\u00f3 como Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial liquidadora de los asuntos del Instituto Nacional de Cr\u00e9dito Territorial (UAE.ICT), el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de esta ciudad la conden\u00f3 a ochenta (80) meses de prisi\u00f3n, multa de $2.385.511.600 y setenta y cinco (75) meses de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas como autora de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros (29 jul. 2021), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo atinente al peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, por el que le fij\u00f3 como pena definitiva 72 meses de prisi\u00f3n, mantuvo la multa en $2.385.511.600, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fabicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, adem\u00e1s, declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n penal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (24 feb. 2022), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte inadmiti\u00f3 la demanda (CSJ AP1371-2023, 17 may.), acudi\u00f3 en insistencia ante el Ministerio P\u00fablico, sin \u00e9xito porque el proceso fue rituado bajo Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que tanto los funcionarios de segunda instancia como la magistratura de cierre en materia penal incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que llev\u00f3 al desenlace en su contra, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 darse tr\u00e1mite a la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
2. Una empleada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito – Ley 600 de esta urbe se opuso a las pretensiones. La Unidad de Fiscal\u00edas Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta ponencia fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 negado, en la medida en que la sentencia del tribunal no puede ser objeto de examen constitucional en tanto el desaprovechamiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n torna en improcedente el amparo, as\u00ed como porque el auto con el que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n resulta razonable. <\/p>\n
Pues bien, revisada la actuaci\u00f3n surtida por el cuerpo colegiado convocado no se evidencia la ocurrencia de v\u00eda de hecho alguna toda vez que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n promovido por la gestora fue inadmitido en raz\u00f3n a la incumplimiento de \u00ablas exigencias de claridad y precisi\u00f3n argumentativa, que le permitan a la Corte establecer sin dificultad el error relevante que afecta el fallo recurrido por violaci\u00f3n de la ley sustancial, o desconocimiento de las garant\u00edas fundamentales de las partes\u00bb; adem\u00e1s, en esa misma providencia fue estudiada a fondo la sentencia de segundo grado. Sobre el particular la magistratura anticip\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el fallo recurrido enfatiza que el incumplimiento de los deberes funcionales de la acusada, diversos por dem\u00e1s, no fue producto de negligencia o por haber sido asaltada en su buena fe, \u201csino que se trat\u00f3 de algo fraguado\u201d, lo que sin lugar a equ\u00edvocos equivale a decir que la omisi\u00f3n en el cumplimiento de deberes constitucionales, legales y reglamentarios de la acusada, los emple\u00f3 como herramienta o medio para alcanzar el prop\u00f3sito espec\u00edfico de permitir la apropiaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos en beneficio del tercero contratante. <\/p>\n
Realidad que, se anunci\u00f3 en precedencia, el recurrente se empe\u00f1a en distorsionar, sosteniendo el desarrollo de cada censura en la errada hip\u00f3tesis de que la sentencia estructura el tipo subjetivo de la conducta il\u00edcita en el actuar negligente de la acusada, a pesar de lo cual se la condena como autora de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. Propuesta que simplemente confronta la declaraci\u00f3n f\u00e1ctica, la valoraci\u00f3n probatoria y las razones de orden jur\u00eddico que sustentan esa determinaci\u00f3n, y deja sin posibilidad las diversas censuras por carencia absoluta de fundamento. <\/p>\n
As\u00ed, al ocuparse del estudio del primer ataque resalt\u00f3 que la censura, <\/p>\n
(\u2026) proclama la nulidad de la sentencia por motivaci\u00f3n anfibol\u00f3gica, teniendo en cuenta que, en la atribuci\u00f3n del tipo subjetivo, las razones que se exponen, fundadas en violaci\u00f3n del deber objetivo de cuidado y omisi\u00f3n de deberes funcionales de la acusada, chocan con la determinaci\u00f3n adoptada en la parte resolutiva que la condena por la autor\u00eda dolosa del delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. <\/p>\n
Acerca de los defectos de motivaci\u00f3n la Sala ha identificado cuatro situaciones que configuran el concepto de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia; tres de las cuales se conciben como errores in procedendo generadores de nulidad y por lo tanto atacables a trav\u00e9s de la causal tercera \u2013 r\u00e9gimen de Ley 600\/00 \u2013, a saber: i) cuando hay ausencia absoluta de motivaci\u00f3n, ii) cuando la motivaci\u00f3n es incompleta o deficiente, y, iii) cuando la motivaci\u00f3n es ambivalente o contradictoria. La cuarta causa, generada por la llamada motivaci\u00f3n falsa, ha sido considerada como un vicio de juicio atacable por la v\u00eda de la causal primera, cuerpo segundo, en el mismo sistema de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
La primera causa, tiene establecido la Sala, se presenta cuando el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos jur\u00eddicos en los cuales sustenta su decisi\u00f3n; la segunda, cuando omite analizar uno de los aspectos se\u00f1alados o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que ella se sustenta; la tercera, cuando las contradicciones que contiene la motivaci\u00f3n impiden desentra\u00f1ar su verdadero sentido o las razones expuestas en ella son contrarias con la determinaci\u00f3n finalmente adoptada en la resolutiva; y, la cuarta cuando la motivaci\u00f3n del fallo se aparta abiertamente de la verdad probada. <\/p>\n
En este caso, el actor afirma que la sentencia es anfibol\u00f3gica, es decir, equ\u00edvoca o contradictoria, cr\u00edtica que demandaba de su parte acreditar que lo argumentado por el Tribunal sobre el tipo subjetivo de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, resulta imposible de desentra\u00f1ar en su verdadero sentido o contiene motivaciones contrarias a lo decidido; deber imposible de satisfacer cuando la acreditaci\u00f3n del error se funda, como en este caso, en criterios personales que intentan predominar sobre los m\u00e1s autorizados del juzgador, o con lecturas interesadas de la sentencia que desconocen su contenido y la realidad procesal. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento infiri\u00f3, <\/p>\n
La argumentaci\u00f3n de la providencia en ese aspecto no envuelve confusiones o ambig\u00fcedades, de modo que el ataque, adem\u00e1s de infundado, deviene intrascendente, pues existiendo precisi\u00f3n en la sentencia acerca de los elementos objetivo y subjetivo que estructuran en este caso el peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, el tema pod\u00eda enfrentarse con los recursos procedentes, como de hecho lo hizo la defensa del momento, que apel\u00f3 la sentencia, no sobre la base de hallarse afectada por la confusi\u00f3n que aqu\u00ed exponme el actor, sino por entender que no se demostraban los presupuestos que estructuran el delito, del cual, adem\u00e1s, la se\u00f1ora Pe\u00f1aranda Zequeda no ser\u00eda responsable. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el segundo cargo que en esa sede postul\u00f3 la inconforme relacionada con el grado de participaci\u00f3n en los hechos que se le endilgaron reliev\u00f3, <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte tiene decantado que quien invoca en casaci\u00f3n la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial no impugna la prueba y muestra su conformidad, por ende, con los hechos tal como se hallan plasmados en la sentencia recurrida, esto es, acepta la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica del fallo, discrepando con el Tribunal solo en cuestiones relativas a la aplicaci\u00f3n de la norma sustancial al caso juzgado o a la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica de su contenido. <\/p>\n
El actor dice respetar la valoraci\u00f3n probatoria y la facticidad declarada en la sentencia, como presupuesto de admisibilidad de la censura. Su afirmaci\u00f3n, sin embargo, no es cierta, pues en este reproche destaca tambi\u00e9n solo unos fragmentos descontextualizados de la decisi\u00f3n, para hacer ver una realidad diversa a la declarada por los juzgadores e imponer la tesis sobre la que edifica los diverso cargos, seg\u00fan la cual, la apropiaci\u00f3n de dineros del erario por la sociedad comercial Ol\u00edmpica S.A., \u2018deriv\u00f3 de la violaci\u00f3n de deberes de cuidado y la negligencia de los deberes funcionales de la acusada, por lo que su conducta no se adec\u00faa al tipo penal del art\u00edculo 133 del Decreto 100 de 1980, por tratarse de un comportamiento que solo admite la modalidad dolosa.\u2019 <\/p>\n
La argumentaci\u00f3n del actor repele las consideraciones de los juzgadores que dieron por acreditado en todos sus componentes el tipo penal de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, de manera concreta el de orden subjetivo, relativo al conocimiento que tuvo la acusada de la ilicitud y de su voluntad de desarrollarla, por cuanto \u2013 puntualiz\u00f3 la juzgadora a quo \u2013 Gloria Esther Pe\u00f1aranda Zequeda, en calidad de directora general de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del ICT, vendi\u00f3 un inmueble de esa entidad a una sociedad particular, sin cumplir los requisitos legales para la celebraci\u00f3n de ese contrato estatal, como quiera que el precio de venta se bas\u00f3 en un aval\u00fao carente de justificaci\u00f3n, el cual, se estableci\u00f3, era bastante inferior al que en realidad correspond\u00eda al predio, circunstancia de la cual hab\u00eda recibido informaci\u00f3n oficial mediante actas del comit\u00e9 de aval\u00faos establecido por ella, que le advirti\u00f3, de igual modo, de las deficiencias que para la fijaci\u00f3n del valor conten\u00eda esa pericia, presentada por la Lonja Inmobiliaria Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. Sin embargo [consigna la sentencia de segundo grado] la procesada como directora de UAE-ICT, adelant\u00f3 el proceso contractual, para lo cual fij\u00f3 en los t\u00e9rminos de referencia como precio base de venta del lote Bochica III, el avalu\u00f3 comercial elaborado por la Lonja Inmobiliaria Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, con lo que procedi\u00f3 \u201ca ofertar el predio desconociendo los aval\u00faos oficiales y de personas jur\u00eddicas de rigurosa confrontaci\u00f3n en este tipo de transacciones, lo que indica que ten\u00eda conocimiento del valor real del predio, sin embargo contrat\u00f3 por un precio palmariamente inferior.\u201d (\u2026) <\/p>\n
Y en ese contexto, luego de traer apartes del veredicto del Tribunal, enfatiz\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) como la declaraci\u00f3n f\u00e1ctica de la sentencia establece sin ambages que la acusada ejecut\u00f3 ese delito y se verifican en la actuaci\u00f3n los componentes objetivo y subjetivo que lo estructuran, el desacierto de adecuaci\u00f3n normativa predicado por el actor, carece de fundamento, pues en el caso resultaba pertinente aplicar, como hicieron las instancias, los art\u00edculos 36 y 133 del C\u00f3digo Penal de 1980. <\/p>\n
Ahora, como en la proposici\u00f3n del cargo el demandante vincula la indebida aplicaci\u00f3n de esas disposiciones a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 599 de 2000, d\u00edgase que desde esta perspectiva el reproche carece igualmente de sustento, como quiera que los fundamentos de la sentencia desarrollan esa norma rectora de la ley penal colombiana y, en forma adicional, el sentenciador hizo expresa su aplicaci\u00f3n al acometer el problema jur\u00eddico por resolver [\u201cestablecer si se configur\u00f3 la materialidad de los delitos imputados a los procesados y si se demostr\u00f3 su responsabilidad en la ejecuci\u00f3n de esos il\u00edcitos\u201d], con base, precisamente, en el art\u00edculo 232 de la Ley 600 de 2000, que se\u00f1ala como presupuesto para condenar la certeza sobre la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del acusado, \u201cen concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Penal [L. 599\/00)] que se\u00f1ala: Para que la conducta sea punible se requiere que sea t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable, dado que la causalidad por s\u00ed sola no basta para la imputaci\u00f3n jur\u00eddica del resultado.\u201d <\/p>\n
Finalmente, al realizar el estudio de la tercera censura, relativa al falso juicio de raciocinio dijo: <\/p>\n
El falso raciocinio se concreta en una equivocaci\u00f3n en el proceso de valoraci\u00f3n cr\u00edtica del medio de convicci\u00f3n que funda la sentencia, por lo cual entra en contradicci\u00f3n con un razonamiento l\u00f3gico y\/o cient\u00edfico que conlleva a una conclusi\u00f3n errada. De all\u00ed que le corresponda al demandante para demostrar el yerro, no la mera enunciaci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n a las reglas de la sana cr\u00edtica, sino la carga de identificar cu\u00e1l fue la regla de experiencia, de la l\u00f3gica o de la ciencia que se desconoci\u00f3, y c\u00f3mo tal desconocimiento trascendi\u00f3 en el resultado de la sentencia, es decir, debe hacer ver la conclusi\u00f3n absurda a la que arrib\u00f3 el juez de segundo grado como resultado de un equivocado razonamiento. <\/p>\n
En el presente asunto la queja del recurrente se estructura a partir de su propia hip\u00f3tesis de lo ocurrido, seg\u00fan la cual, en la sentencia se le atribuye a la acusada la ejecuci\u00f3n de una conducta culposa por haber desconocido el deber objetivo de cuidado, por la omisi\u00f3n negligente del cumplimiento de las funciones del cargo, de modo que es il\u00f3gico inferir, de cada incumplimiento u omisi\u00f3n de funciones [hechos indicantes], que realiz\u00f3 la conducta propia del autor de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros. <\/p>\n
Por contraste, en la actuaci\u00f3n qued\u00f3 establecido que esas omisiones sucedieron por la determinaci\u00f3n consciente y voluntaria de la acusada, como forma de asegurar un precio devaluado al inmueble y lograr, de ese modo, que el tercero contratante se apropiara de cuantiosos recursos del erario. As\u00ed lo declararon las instancias con base en las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n. El actor, sin embargo, porf\u00eda en su hip\u00f3tesis mediante una exposici\u00f3n desordenada de los hechos y de los fundamentos de la decisi\u00f3n, para aparentar que adolece del error denunciado. <\/p>\n
La referencia de los sentenciadores al desconocimiento de los deberes de la acusada, previstos en: i) el Decreto 1565 de 1996, \u201cseg\u00fan el cual por su obligaci\u00f3n de llevar la representaci\u00f3n legal de la Unidad, ten\u00eda a cargo los activos y pasivos de la misma y deb\u00eda adoptar estrategias de administraci\u00f3n que velaran por la legalidad de los actos, contratos y operaciones que le involucraran\u201d; ii) la Resoluci\u00f3n 109\/00, emitida por ella y que contiene el manual de funciones de la Unidad; y iii) el Decreto 1420\/98, que reglament\u00f3 parcialmente el art\u00edculo 37 de la Ley 9\/98; representa el sinuoso comportamiento que despleg\u00f3 para asegurar el bajo precio de venta que determin\u00f3 un aval\u00fao no ajustado a par\u00e1metros legales y que se utiliz\u00f3 \u2013 en palabras el Tribunal \u2013 \u2018como medio para lograr el apoderamiento de $2.385\u2019511.600, monto que dej\u00f3 de recibir el Estado por un predio de su propiedad a partir del desequilibrio con el valor real.\u2019 <\/p>\n
El recurrente omite tan esencial aspecto, esto es, que la acusada obr\u00f3 con dolo, y simula que fue simplemente negligente en su desempe\u00f1o funcional, de modo que, de los indicios supuestamente estructurados por los juzgadores, solo es posible concluir que la acusada realiz\u00f3 una conducta culposa, no la il\u00f3gica consignada en la sentencia, conforme a la cual realiz\u00f3 la conducta dolosa de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
El cargo, como los anteriores, desconoce el principio de correcci\u00f3n material y resulta adem\u00e1s insuficiente para derruir la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la decisi\u00f3n recurrida, en tanto solo expone su personal versi\u00f3n de los acontecimientos y la respuesta jur\u00eddica que en su criterio corresponde, de modo que \u00fanicamente se opone a la declaraci\u00f3n f\u00e1ctica y la valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal, sin lograr acreditar la concurrencia cierta del error que le atribuye ni la trascendencia frente a la decisi\u00f3n de justicia confutada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que uno de los ejes de la apelaci\u00f3n radic\u00f3 en que la decisi\u00f3n de instancia no satisfac\u00eda la acreditaci\u00f3n del elemento subjetivo del peculado, afirmaci\u00f3n desvirtuada por el Tribunal en tanto verific\u00f3 que el comportamiento de la acusada Pe\u00f1aranda Zequeda corresponde a un obrar doloso dado que fue consciente del detrimento en que incurr\u00eda, desde el mismo momento en que resolvi\u00f3 ofertar y vender el predio por un valor inferior cercano al 50% del precio comercial que realmente le correspond\u00eda, logrando, de ese modo, que un tercero se apropiara de dineros p\u00fablicos en suma superior a dos mil millones de pesos. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo aducido por la accionante, la magistratura de cierre efectu\u00f3 un estudio detallado de la conducta desarrollada por la justiciable confrontado con el caudal probatorio aportado. De manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, reiterada en STC4601-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, n\u00f3tese que pese a la idoneidad del citado remedio, la ausencia de rigor t\u00e9cnico y el incumplimiento de los requerimientos legales llevaron a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n a desestimar la demanda que al efecto propuso la quejosa (CSJ AP1371-2023), quien si bien intent\u00f3 repeler ese resultado a trav\u00e9s del recurso de insistencia establecido en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, tal remedio no es viable bajo las directrices de la Ley 600 de 2000, como de vieja data lo ha sostenido la hom\u00f3loga en lo penal (CSJ AP, 8 oct. 2007, rad. 25800; CSJ AP, 1 jul. 2009, rad. 31583 y CSJ AP, 29 sep. 2011, rad. 36274)). <\/p>\n
Sobre el punto tiene asentado el \u00f3rgano de cierre en materia penal que ese instrumento, <\/p>\n
(\u2026) resulta extra\u00f1o al sistema de enjuiciamiento contenido en la Ley 600 de 2000, de manera que s\u00f3lo es viable para los delitos cometidos con posterioridad al 1\u00b0 de enero de 2005 de acuerdo con la gradualidad prevista para la implementaci\u00f3n de la Ley 906 de 2004 en el territorio patrio, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 528 a 530 y 533 de esa codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Si dentro de la libertad de configuraci\u00f3n normativa inherente al legislador, dispuso en la Ley 906 de 2004 unas ritualidades para promover el recurso de casaci\u00f3n diversas en algunos aspectos de las establecidas en la Ley 600 de 2000, como por ejemplo, que en aquella al momento de la inadmisi\u00f3n de la demanda no se ha surtido traslado a los no recurrentes, mientras en esta s\u00ed ha tenido lugar tal oportunidad, o que en aquella la Sala puede superar los defectos del libelo, proceder no dispuesto en la legislaci\u00f3n adjetiva del 2000, puede colegirse que una y otra normatividad cuentan con rasgos e instrumentos propios que a la postre desarrollan la pol\u00edtica criminal del Estado, sin resultar entonces viable una indebida simbiosis de c\u00f3digos procesales, por completo ajena a los prop\u00f3sitos del legislador, en su car\u00e1cter de representante del pueblo. (CSJ AP2843-2014, rad. 42255, reiterado entre otros en AP2251-2015). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la interesada desde\u00f1\u00f3 el medio judicial eficaz para exponer sus discrepancias respecto de la legalidad de la actividad cumplida por los despachos querellados o frente a la labor interpretativa que desplegaron, es incuestionable que no puede servirse de este mecanismo superlativo para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, porque sin lugar a dudas era esa la oportunidad y el escenario donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas cuyo desmedro hoy esgrime y plantear las hipot\u00e9ticas anomal\u00edas en el objetado devenir o la inobservancia persuasiva que echa de menos. <\/p>\n
De otra parte, en lo atinente a la aspiraci\u00f3n relativa al estudio oficioso resalt\u00f3 el colegiado de cierre que, <\/p>\n
(\u2026) dado que la demanda no cumple las condiciones formales y sustanciales requeridas para ser examinada de fondo, la Sala la inadmitir\u00e1 y ordenar\u00e1 devolver el proceso al Tribunal de origen, al no advertir, adem\u00e1s, violaciones de las garant\u00edas fundamentales que deba proteger de manera oficiosa. <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, importa recordar que al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la \u00f3rbita de competencias de los dem\u00e1s funcionarios, so pretexto de tener un criterio diferente, en desmedro de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues quien ha sido investido por el legislador para dirimir el asunto es el juez natural y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes que, como se dej\u00f3 plasmado, en este caso no acontecen. <\/p>\n
Adicionalmente y para ahondar en argumentos, cabe acotar que si la impulsora estima que con posterioridad a la \u00absentencia condenatoria\u00bb surgieron \u00abhechos nuevos\u00bb o \u00abpruebas no conocidas\u00bb que demuestren su \u00abinocencia\u00bb o \u00abinimputabilidad\u00bb, o que aquel \u00abfallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero\u00bb o que se fundament\u00f3 \u00aben todo o en parte, en prueba falsa\u00bb, le corresponde, si as\u00ed lo estima conveniente, instaurar la \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb que consagra en su caso la Ley 600 de 2000, en sus preceptos 220 y siguientes, posibilidad esta \u00faltima que, dicho sea de paso, no hace m\u00e1s que ratificar la ostensible inviabilidad del ruego, a voces de lo se\u00f1alado en el inciso tercero del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el canon 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n y la Ley, NIEGA el amparo de Gloria Pe\u00f1aranda Zequeda. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no ser impugnado este veredicto, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8609-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC8609-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03213-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la tutela que Gloria Esther Pe\u00f1aranda Zequeda le promovi\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75742","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75742","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75742"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75742\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}