STC8612-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03235-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Clara Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez le promovi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito \u2013 Ley 600, ambos de Bogot\u00e1, extensiva a la Unidad de Fiscal\u00edas Anticorrupci\u00f3n, el Fondo para el Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia \u2013 Foncolpuertos, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-04-016-2015-00030-01 (Rad. Interno 62860). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad del proceso y se ordene al Juzgado de primera instancia, declarar la nulidad de la sentencia y precluir la investigaci\u00f3n a mi favor por violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba y el escrito inaugural se extrae que con ocasi\u00f3n de una demanda ordinaria contra Foncolpuertos promovida Jos\u00e9 Francisco Mej\u00eda Sierra, Jos\u00e9 del Carmen Granados Mart\u00ednez, Alfredo Pardo Useche y Lacides Antonio Ariza Sierra donde la accionante fungi\u00f3 como apoderada de los extrabajadores, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito \u2013 Ley 600 de 2000, la conden\u00f3 a ochenta y ocho (88) meses y diecisiete (17) d\u00edas de prisi\u00f3n y a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso, le concedi\u00f3 la sustituci\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad en establecimiento carcelario por domiciliaria, por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, en calidad de determinadora (20 ago. 2021), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (29 jul. 2022), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte inadmiti\u00f3 la demanda (CSJ AP1491-2023, 17 may.), acudi\u00f3 en insistencia sin \u00e9xito, porque el proceso fue rituado bajo Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que tanto los funcionarios de segunda instancia como la magistratura de cierre en materia penal incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que llev\u00f3 al desenlace en su contra porque \u00abla pena prescribi\u00f3 el 04 de mayo de 2008 puesto que trascurrieron m\u00e1s de los 10 a\u00f1os que tiene consagrado el delito de peculado por apropiaci\u00f3n cuando no supera los 50 SMLMV como ocurri\u00f3 en el caso objeto de estudio y se demostr\u00f3 en el proceso, ya que se insiste la suma que recib\u00ed no supera los 50 SMLMV, como se logr\u00f3 demostrar en el proceso por el abogado de la defensa\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 su prove\u00eddo y refiri\u00f3 que \u00abel debate sobre la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el paso del tiempo fue debidamente examinado por el Juzgado 16 y nuevamente abordado de manera pormenorizada por este Tribunal (\u2026)\u00bb. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito \u2013 Ley 600 de esta ciudad y la Fiscal\u00eda 397 Seccional resistieron los anhelos. El Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia explic\u00f3 que en lo atinente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal dichos aspectos \u00abtambi\u00e9n fueron referidos en la demanda de casaci\u00f3n y la Sala advirti\u00f3 que el demandante vulner\u00f3 el principio de correcci\u00f3n material al manifestar situaciones contrarias a la realidad procesal, pues, en primer lugar, para se\u00f1alar la ocurrencia de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal afirm\u00f3 que el delito de peculado materializado hab\u00eda sido por un valor inferior a 50 SMLMV, por lo que el m\u00e1ximo de la pena era de 10 a\u00f1os, pero lo cierto es que el monto fue de m\u00e1s de 200 SMLMV y la acci\u00f3n penal prescrib\u00eda en 15 a\u00f1os, t\u00e9rmino que no se hab\u00eda cumplido cuando qued\u00f3 en firme la acusaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta ponencia fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien es cierto la queja se enfila contra las determinaciones de los juzgadores de instancia, desde el p\u00f3rtico se anuncia que el examen constitucional recaer\u00e1 exclusivamente en la providencia expedida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal (CSJ AP1371-2023, 17 may.), en tanto es aquella la que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio en tanto lo acaecido en el proceso fue sometido a escrutinio, a trav\u00e9s del remedio extreordinario, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, STC11805-2021, STC13648-2022, STC076-2023, reiterada entre muchas en STC4413-2023). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, la salvaguarda incoada por Clara Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la resoluci\u00f3n emitida por el colegiado de cierre en materia penal se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos, probanzas, marco normativo aplicable al caso concreto y garant\u00edas superiores de la inconforme. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, por cuanto una vez revisada la decisi\u00f3n objeto de escrutinio (CSJ AP1491-2023, 17 may.), advierte la Sala que, contrario a lo aducido por la solicitante, la autoridad judicial de casaci\u00f3n s\u00ed analiz\u00f3 las circunstancias especiales en que se desarroll\u00f3 la actuaci\u00f3n que llev\u00f3 a la magistratura acusada a negar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en primera medida, advirti\u00f3 que la demanda presentada por la aqu\u00ed actora se apart\u00f3 de los postulados se\u00f1alados en el art\u00edculo 212 de la Ley 600 de 2000, toda vez que las alegaciones del cargo subsidiario relacionadas con prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal refirieron que, <\/p>\n
(\u2026) el apoderado de CLARA MAR\u00cdA HERN\u00c1NDEZ HERN\u00c1NDEZ acus\u00f3 la sentencia de haber sido emitida cuando ya hab\u00eda prescrito la acci\u00f3n penal, pues, seg\u00fan dijo, la acci\u00f3n penal prescribi\u00f3 el 4 de mayo de 2008 y la sentencia se dict\u00f3 el 29 de julio de 2022. Argument\u00f3 que, de acuerdo con la norma aplicable, esto es, el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1980, modificada por el art\u00edculo 19 de la Ley 190 de 1995, la pena a imponer oscilaba entre 6 y 15 a\u00f1os y como el valor apropiado por su defendida fue de menos de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), se deb\u00eda disminuir la pena de la mitad a las tres cuartas partes. <\/p>\n
Al realizar esta \u00faltima afirmaci\u00f3n, sin embargo, el demandante incurre en vulneraci\u00f3n del principio de correcci\u00f3n material, pues el Tribunal precis\u00f3 que la cuant\u00eda apropiada por la que fueron acusados los procesados fue de $106.900.000.oo, es decir, una cuant\u00eda superior a los 200 salarios m\u00ednimos, sin importar que la abogada HERN\u00c1NDEZ HERN\u00c1NDEZ haya recibido s\u00f3lo la suma de $6.114.000.oo como pago de sus honorarios. Record\u00f3 el Tribunal que, de anta\u00f1o, la Corte aclar\u00f3 que el valor de lo apropiado no admite interpretaci\u00f3n que responda a cantidades parciales, sino que se tasa por todos los valores cobrados a favor de los extrabajadores. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa y luego de reiterar apartes de la sentencia de segundo grado concluy\u00f3 que, <\/p>\n
No es cierto, entonces, que la acci\u00f3n penal haya prescrito antes de dictarse la sentencia como lo se\u00f1al\u00f3 el demandante. Su argumentaci\u00f3n no tiene trascendencia alguna para afectar las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es dable admitir que al margen de que la impulsora no comparta tales inferencias, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis del marco normativo de la especialidad penal, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021, STC2322-2022 memoradas en STC4675-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, surge inevitable el fracaso del ruego, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos de que se duele la convocante. Por el contrario, resulta notorio que la aspiraci\u00f3n de la gestora es la anteponer su propio criterio para atacar la actuaci\u00f3n que, aunque viene salvaguardando sus garant\u00edas procesales, no lo hizo en la forma en que aspiraba, designio ajeno a esta v\u00eda residual y subsidiaria. <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n y la Ley, NIEGA el amparo de Clara Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no ser impugnado este veredicto, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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