STC8623-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8623-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n proferida el 30 de enero de 2023 [CSJ SL173-2023] (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se profiera una nueva sentencia de casaci\u00f3n que acoja la decisi\u00f3n del Tribunal en el numeral segundo, parte final. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que Alastair Gordon Kelson Turton promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de la accionante con la finalidad de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 1 de julio de 1986 hasta el 30 de junio de 2012, con el consecuente pago de las acreencias laborales como salario integral, servicios, auxilio de cesant\u00edas y sus correspondientes intereses, pago de los aportes a la seguridad social y pago de indemnizaciones por despido injusto. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar quien el 29 de agosto de 2012 dispuso: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar no probada la inexistencia del salario integral, por lo expuesto en parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar a la demandada FUNDACI\u00d3N COLEGIO BILINGUE DE VALLEDUPAR a pagar a ALASTAIR GORDO KELSON TURION (sic) los siguientes conceptos: <\/p>\n
A) PRIMAS DE SERVICIOS DEL PERIODO 1\u00b0 DE JULIO DE 1986 A JUNIO 30 DE 1996, la suma de $6’905.000 <\/p>\n
B) AUXILIO DE CESANT\u00cdAS: 1\u00b0 DE JULIO DE 1986 A JUNIO 30 DE 1996, la suma de $36’000.000 <\/p>\n
C) INTERESES DE CESANT\u00cdAS DOBLES: La suma de $8\u00b4640.000 <\/p>\n
TERCERO: Cond\u00e9nese a la FUNDACI\u00d3N COLEGIO BILINGUE DE VALLEDUPAR a pagar las sumas ordenadas en esta sentencia debidamente indexadas, a la fecha del pago, de acuerdo con el IPC expedido por el DANE. <\/p>\n
CUARTO: Absolver a la demandada de las dem\u00e1s pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva. <\/p>\n
QUINTO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la accionada, por lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
SEXTO: Cond\u00e9nese en costas a la parte vencida [\u2026] (acta de f.\u00b0 750 a 752, en relaci\u00f3n con el CD anexo a la car\u00e1tula, ib). <\/p>\n
Apelaron los litigantes y el juez plural de la alzada en veredicto de 13 de noviembre de 2014, decidi\u00f3, <\/p>\n
A. El pago al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES y a PORVENIR S.A, entidades de seguridad social a que ha pertenecido el demandante, de las cotizaciones faltantes del complemento de las efectuadas por valores inferiores a los que en su momento constituyeron el salario, valores que aparecen relacionados en la demanda a folios 37 a 40 desde el 1\u00b0 de julio de 1986 al 24 de julio de 2011, que incluye los gastos de representaci\u00f3n pagados desde el 1\u00b0 de julio de 1996 hasta el 1\u00b0 de octubre de 2010, fecha en que los gastos de representaci\u00f3n se destinaron al alquiler del veh\u00edculo del director en la proporci\u00f3n pactada en el contrato, porque dejan de ser parte del salario, y desde esa fecha en adelante hasta el 24 de julio de 2011, por la diferencia entre el valor de gastos relacionados y el del contrato de trabajo; lo anterior m\u00e1s los intereses que de acuerdo con la ley se hubieran causado a favor de las respectivas aseguradoras, estos dineros deben ser destinados a las entidades de seguridad social mencionadas, de acuerdo con la liquidaci\u00f3n que estas entidades elaboren. <\/p>\n
B.- CONDENAR el pago de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITR\u00c9S MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($94.623.272), por concepto de indemnizaci\u00f3n por despido injusto debido a que no se probaron las causas esgrimidas en el despido. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, en cuanto declar\u00f3 no probadas las excepciones de prescripci\u00f3n y cobro de lo no debido, para en su lugar declarar probada la prescripci\u00f3n respecto a las prestaciones sociales adeudadas frente al contrato de trabajo en el lapso anterior al pacto de salario integral y declarar no probada dichas excepciones, mantener el contenido restante en cuanto a que las excepciones de prescripci\u00f3n y cobro de lo no debido, no prosperan respecto a las pensiones reconocidas, modificar el ordinal sexto de la sentencia apelada en cuanto al valor de las agencias en derecho dado el incremento del valor de la condena impuestas [\u2026]. <\/p>\n
Dada la prosperidad de los recursos interpuestos no hay lugar a condena en costas de esta instancia. <\/p>\n
Los ordinales restantes: primero, tercero y cuarto quedan inc\u00f3lumes. <\/p>\n
El demandante postul\u00f3 casaci\u00f3n y al Corte, el 30 de enero del a\u00f1o que avanza (CSJ SL173-2023), Cas\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del Tribunal en cuanto: <\/p>\n
i) Confirm\u00f3 el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, que declar\u00f3 no probada la inexistencia del salario integral. <\/p>\n
ii) Revoc\u00f3 las condenas impuestas en los literales A, B, C del ordinal segundo del primer fallo, por concepto de primas de servicios, auxilio de cesant\u00edas e intereses a las mismas del 1\u00b0 de julio de 1986 al 30 de junio de 1996. <\/p>\n
iii) Excluy\u00f3 de la condena impuesta en el literal A) del ordinal primero de su providencia, la inclusi\u00f3n en el IBC de los aportes a seguridad social (faltantes y deficitarios concedidos), de la diferencia entre lo que ven\u00eda siendo percibido por el trabajador por gastos de representaci\u00f3n y lo destinado al alquiler del veh\u00edculo, entre el 1\u00b0 de octubre de 2010 y el 24 de julio de 2011, as\u00ed como el porcentaje faltante del salario ordinario que calific\u00f3 como integral. <\/p>\n
iv) Excluy\u00f3 de la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por despido injusto que impuso en el literal B) del ordinal primero de su providencia, el valor cancelado por conceptos de gastos de representaci\u00f3n, bajo la denominaci\u00f3n de alquiler del veh\u00edculo, entre el 1\u00b0 de octubre de 2010 y el 24 de julio de 2011 y, en consecuencia, el valor sobre el cual calcul\u00f3 dicho cr\u00e9dito resarcitorio, el cual corresponder\u00e1 a $189.235.231. <\/p>\n
v) Revoc\u00f3 la primera decisi\u00f3n que declar\u00f3 probadas las excepciones de prescripci\u00f3n y cobro de lo no debido. <\/p>\n
vi) Confirm\u00f3 los ordinales tercero y cuarto del primer prove\u00eddo. <\/p>\n
En sede de instancia orden\u00f3 oficiar \u00aba la Fundaci\u00f3n Colegio Biling\u00fce de Valledupar, para que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la recepci\u00f3n del correspondiente memorial, allegue certificaci\u00f3n laboral de Alastair Gordon Kelso Turton, en la que precise los salarios que percibi\u00f3 en el \u00faltimo contrato de trabajo, entre el 1\u00b0 de julio de 1990 y el 30 de junio de 1995\u00bb. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el juez plural de cierre al declarar la prosperidad del segundo cargo propuesto por Alastair Gordon Kelson Turton incurri\u00f3 en \u00abdesconocimiento del precedente jur\u00eddico\u00bb que para la \u00e9poca de emisi\u00f3n del fallo de segundo grado avalaba la existencia del pacto de salario integral, con una providencia posterior. <\/p>\n
2. El juez de conocimiento hizo el recuento de las actuaciones. Alastair Gordon Kelso Turton respald\u00f3 el acaecer procesal. La magistratura de descongesti\u00f3n acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras colegir que \u00abla tutela no es una fase adicional en la que se intente revivir etapas procesales ya fenecidas y que se sustentan en decisiones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad\u00bb, adem\u00e1s que \u00aben la decisi\u00f3n se tuvo presente la l\u00ednea jurisprudencial sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, vigente a la fecha de juzgamiento (CSJ SL, 9 ag 2011, rad. 40259; CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 37592 y CSJ SL4235- 2014). Tal precedente ten\u00eda car\u00e1cter vinculante y obligatorio, ya que la accionada no est\u00e1 habilitada para modificar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la convocante e insisti\u00f3 en las argumentaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario (CSJ SL173-2023, 30 ene.) no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Ciertamente, una vez analizada la providencia de casaci\u00f3n reprochada, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, para declarar la prosperidad de los dos primeros cargos, de los cuatro que en esa sede elev\u00f3 Alastair Gordon Kelso Turton, una vez superadas las imprecisiones en el alcance de la impugnaci\u00f3n, sintetiz\u00f3 el problema jur\u00eddico a resolver y en ese escenario se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurri\u00f3 en interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 132 del CST, al considerar que el pacto de salario integral no requiere solemnidad para su \u00abvalidez y eficacia\u00bb1, pues puede inferirse de cualquier medio de convicci\u00f3n que no deje dudas sobre su car\u00e1cter bilateral, incluso si la aceptaci\u00f3n del trabajador es t\u00e1cita; adem\u00e1s, al considerar que el pago de los cr\u00e9ditos laborales causados hasta la fecha de ese acuerdo (de haber existido), son solo una advertencia para su exigibilidad y no un presupuesto para que surta efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, si incurri\u00f3 en error de hecho al dar por probado que entre las partes se acord\u00f3 este tipo de remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento advirti\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que la postura jur\u00eddica del segundo fallador fue acorde con la prevista, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 40259; CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 37592 y CSJ SL4235-2014, en la que se admiti\u00f3 como v\u00e1lido el pacto de salario integral que estuviese \u00abplasmado en cualquier escrito que no dej[ara] duda de que esa fue la voluntad de los contratantes, incluso por iniciativa del empleador, siempre que medi[ara] la aceptaci\u00f3n, t\u00e1cita inclusive, del trabajador\u00bb, as\u00ed como en lo se\u00f1alado en la providencia CSJ SL4594-2016, que acept\u00f3 que el juez formara el convencimiento de ese hecho, entre otros, con \u00abla conducta asumida por las mismas [partes] durante la ejecuci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, dichas reglas fueron rectificadas en la providencia CSJ SL2804-2020. <\/p>\n
En efecto, en la \u00faltima decisi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n, una vez analizado el principio de libertad de formas y sus excepciones, as\u00ed como las caracter\u00edsticas y finalidades de los actos solemnes y su prueba, recogi\u00f3 su postura, bajo el argumento de que a pesar de que, por regla general, conforme al art\u00edculo 37 del CST, el derecho laboral se rige por los principios de consensualismo y libertad, por excepci\u00f3n, el legislador previ\u00f3 \u00abel cumplimiento de una forma espec\u00edfica para la formaci\u00f3n del acto [jur\u00eddico] o su prueba\u00bb, raz\u00f3n por la cual, al tenor del art\u00edculo 177 del CPC, hoy 167 del CGP y 61 del CPTSS, existe libertad probatoria, salvo \u00abcuando la ley exija una formalidad ad substantiamactus o ad solemnitatem\u00bb. <\/p>\n
Tal es el caso del \u00abpacto de duraci\u00f3n a t\u00e9rmino fijo de los contratos de trabajo (art. 46 CST), el periodo de prueba (art. 77 CST) y el salario integral (art. 132 CST), los cuales por expresa orden legal deben celebrarse por escrito\u00bb, por lo que, para su existencia es \u00abindispensable que la forma preordenada por el legislador se cumpla\u00bb y, en consecuencia, \u00abno es admisible la aportaci\u00f3n de otro medio de prueba distinto al acto mismo\u00bb para su acreditaci\u00f3n, so pena de que se considere \u00abinexistente\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que las formas reguladas en la ley laboral tienen como finalidad la tutela de la autonom\u00eda de la voluntad del trabajador, escenario en el que resulta de gran importancia \u00abque los actos que introduzcan excepciones a los reg\u00edmenes laborales generales en las condiciones de empleo, sean suscritos de manera consciente, reflexiva y deliberada\u00bb, sin que quede margen de duda de la voluntad del subordinado de obligarse o comprometerse <\/p>\n
En ese orden de ideas, a partir de la citada providencia, que ha sido reiterada, entre otras, en la CSJ SL2142-2021, para la Corporaci\u00f3n es presupuesto de existencia del pacto de salario integral, la voluntad bilateral expresada en un documento escrito y, por tanto, su prueba no puede ser otra que aquella que lo contenga, materializada en el contrato de trabajo o sus anexos o en documento separado o, \u00abincluso, mediante un cruce de comunicaciones que refleje la intenci\u00f3n del trabajador de convenir un salario integral, con todas sus consecuencias\u00bb, pero sin que esa obligaci\u00f3n pueda suplirse con \u00abconductas inductivas del [subordinado]\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 explicando que, <\/p>\n
(\u2026) como lo increpa la censura, el Tribunal incurri\u00f3 en error de puro derecho, pues contrario a lo que adujo, el pacto de salario integral no pod\u00eda tenerse por existente y, por ende, por v\u00e1lido y eficaz, as\u00ed como tampoco como probado por cualquier medio de convicci\u00f3n que permitiera deducir la existencia de la aceptaci\u00f3n, incluso t\u00e1cita del recurrente, en tanto requer\u00eda, para lo primero, que el acuerdo bilateral entre las partes hubiese sido escrito y no dejara duda de la aceptaci\u00f3n libre, consciente y voluntaria del trabajador sobre el cambio de su modalidad remuneratoria, as\u00ed como, para lo segundo, la oportuna aportaci\u00f3n de ese documento. <\/p>\n
Ahora, aunque lo anterior ser\u00eda suficiente para la prosperidad al primer ataque, no pasa por alto la Corporaci\u00f3n el argumento del impugnante, en torno a los efectos jur\u00eddicos que, sobre dicho pacto, tiene el ordinal 4\u00b0 del art\u00edculo 132 del CST, seg\u00fan el cual \u00abel trabajador que desee acogerse a esta estipulaci\u00f3n (pacto de salario integral), recibir\u00e1 la liquidaci\u00f3n definitiva de su auxilio de cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Lo referido porque, a modo de doctrina se precisa que contrario a lo planteado en el ataque, dicho precepto no establece una condici\u00f3n o presupuesto de validez ni eficacia del acuerdo escrito de salario integral en la relaci\u00f3n obrero \u2013 patronal, sino una regla de exigibilidad de la liquidaci\u00f3n y pago de las cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales causadas hasta ese acto jur\u00eddico, denotando que esa excepci\u00f3n a la regla general de pago de las acreencias laborales en los periodos que se\u00f1ala la ley, no constituye, ni pueden entenderse, como una terminaci\u00f3n del contrato de trabajo. <\/p>\n
Lo \u00faltimo fue analizado por la Corte, aunque \u00fanicamente en relaci\u00f3n con las obligaciones derivadas de las cesant\u00edas, en la sentencia CSJ SL859-20212, en la que consider\u00f3 que proced\u00eda la sanci\u00f3n moratoria por el no pago de esa prestaci\u00f3n en la forma prevista por el legislador, al momento de suscribirse el acuerdo de salario integral. <\/p>\n
Ahora bien, la convocante centra su reproche en que fue irregular la aplicaci\u00f3n del precedente CSJ SL2804-2020 (22 jul.), que vari\u00f3 la tesis relacionada con la solemnidad de la prueba de existencia de pacto de salario integral, ya que en su entender esa fue la postura que sigui\u00f3 el Tribunal para la data en que expidi\u00f3 el veredicto de la alzada (13 nov. 2014); no obstante, dicho actuar no comporta la vulneraci\u00f3n alegada como quiera que de conformidad con la Ley 1781 de 2016, \u00abpor la cual se modifican los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb, las Salas de Descongesti\u00f3n Laboral fueron creadas con el prop\u00f3sito de agilizar la resoluci\u00f3n de los recursos sobre asuntos y posturas previamente definidos por la Sala permanente, en el entendido que a las Salas transitorias les fue vedado realizar cualquier cambio de jurisprudencia. En este orden de ideas el pronunciamiento de la magistratura acusada no constituy\u00f3 una variaci\u00f3n o apartamiento del precedente pues, como qued\u00f3 visto, en contraste, acogi\u00f3 \u00edntegramente, como era su deber, los nuevos postulados emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, atinentes a la solemnidad del pacto de salario integral, lo que llev\u00f3 la prosperidad parcial del recurso extraordinario propuesto por el all\u00e1 demandante. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la entidad promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda residual y subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Efecto jur\u00eddico utilizado por el Colegiado y que, por s\u00ed mismo implica la aceptaci\u00f3n de su existencia. <\/p>\n
2\u0002En dicho prove\u00eddo, ante el incumplimiento del deber de consignaci\u00f3n de ese cr\u00e9dito, causado en un periodo laboral del a\u00f1o 2012 y del no pago directo del mismo al trabajador, en el comprendido \u00abentre el 1.\u00ba de enero de 2013 y el 2 de mayo del mismo a\u00f1o\u00bb (fecha a partir de la cual se suscribi\u00f3 el pacto de salario integral), consider\u00f3 que proced\u00edan las sanciones del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, \u00fanicamente respecto de lo primero y, la del art\u00edculo 65 del CST una vez finalizado el contrato de trabajo, para ambas. <\/p>\n
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