STC8626-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8626-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03205-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66001 31 03 002 2022 00063 00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido procedo\u00bb para que se ordenara a la Corporaci\u00f3n censurada \u00abaplicar\u00bb los precedentes \u00abSTL 1001-2018\u00bb, \u00abSTL14482-18\u00bb y \u00abC-089-2002\u00bb y, en consecuencia: i) Dejar sin valor el prove\u00eddo emitido el 15 de agosto de 2023, que en sede de segunda instancia mantuvo inc\u00f3lume el que inadmiti\u00f3 por improcedente la apelaci\u00f3n (18 jul.) frente al auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas fijadas por el a quo en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00063 (19 oct. 2022) y, ii) \u00abconceder\u00bb la alzada. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que con esa determinaci\u00f3n el iudex plural acusado desconoci\u00f3 los art\u00edculos 38 y 44 de la Ley 472 de 1998, que en lo concerniente a las \u00abcostas\u00bb remiten al numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abLa liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo no lo representan legalmente, pese a que no es abogado, es un \u00abciudadano lego en derecho\u00bb y se encuentra en estado de \u00abdebilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira se opuso al auxilio y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, enfatizando que corresponde al gestor solicitar a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional que defienda sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
El Municipio de Pereira adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en vista que no ha transgredido prerrogativa alguna del quejoso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia que la salvaguarda no puede abrirse paso, toda vez que el interlocutorio de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira (15 ag. 2023), que no repuso el que \u00abinadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas procesales en primera instancia y orden\u00f3 retornar el expediente al juzgado de origen\u00bb (18 jul.), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que la doble instancia es \u00abimprocedente\u00bb respecto de los \u00abautos\u00bb que se expiden en el tr\u00e1mite de la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb, si se tiene en cuenta que la misma s\u00f3lo est\u00e1 prevista para la sentencia de primer grado y la providencia que decreta medidas cautelares, de conformidad con los art\u00edculos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, respectivamente. <\/p>\n
Luego explic\u00f3 que el precepto 36 ib\u00eddem, establece como regla general, que la reposici\u00f3n es el instrumento impugnativo que resulta viable frente a todos los pronunciamientos dictados en tal litigio; disposici\u00f3n en torno a la cual la Corte Constitucional al declarar su exequibilidad (C 377 de 2002), predic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el legislador en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n puede se\u00f1alar en qu\u00e9 casos ES O NO ES PROCEDENTE EL RECURSO DE APELACI\u00d3N, decisi\u00f3n que, seg\u00fan se advirti\u00f3, no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y adem\u00e1s la igualdad, porque con tal determinaci\u00f3n se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como es la de obtener la pronta y efectiva protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones populares, imprimi\u00e9ndole celeridad al proceso judicial correspondiente. <\/p>\n
Con ese horizonte, cavil\u00f3 que las referidas disposiciones no develan un vac\u00edo que deba ser suplido por analog\u00eda con numeral 5\u00b0 del canon 366 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el amparo de los c\u00e1nones 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, pues el hecho que la norma especial no \u00abdiga expresamente que es improcedente la alzada\u00bb, no evidencia la existencia de una laguna normativa, al paso que \u00abhay regulaci\u00f3n espec\u00edfica que con claridad indica los recursos que proceden frente determinadas providencias\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Corte avale o no tales disertaciones, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC5095-2023). <\/p>\n
3.- En lo que concierne con el cuestionamiento a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo porque no lo han representado legalmente, se vislumbra que Mario Alberto no ha acudido ante tales autoridades a requerir las actuaciones que en este escenario busca, a fin de que se \u00abpronuncien\u00bb al respecto, en el marco de sus funciones; s\u00faplica que, por tanto, escapa de la \u00f3rbita constitucional, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que gobierna a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el reclamo supralegal debe fracasar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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