STC8643-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8643-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-01770-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n que Rene Rosero Rios formul\u00f3 frente a la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Familia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de la citada ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos radicado No. 2020-00219-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista pretende a trav\u00e9s de este mecanismo que se \u00abORDENE LA NULIDAD DE LO ACTUADO\u00bb desde que se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, o, en su defecto, se ordene al Juzgado convocado librar los oficios relacionados con la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas en su contra, aunado a que se \u00abREINT\u00c9GRE[N] los valores embargados en exceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que Gloria Valencia, actuando en representaci\u00f3n del hijo en com\u00fan Andr\u00e9s Rosero Valencia, promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio en su contra, persiguiendo los alimentos adeudados desde el a\u00f1o 2020; tr\u00e1mite en el cual pese a que no se le \u00abnotific\u00f3\u00bb la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme las previsiones de la Ley 2213 de 2022, el Juzgado convocado, no solo, la modific\u00f3 para disponer la terminaci\u00f3n de la controversia por pago total de la obligaci\u00f3n hasta abril de 2023, sino, adem\u00e1s, reducir el embargo hasta el monto de la cuota alimentaria y entregar unos dineros restantes a su favor; sin embargo, al presentarse a reclamar los t\u00edtulos judiciales, se le inform\u00f3 que ten\u00eda \u00abque hacer una serie de solicitudes por el correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como quiera que el citado litigio finiquit\u00f3, solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva accionada que ajustara la mentada medida cautelar del 40% al 25% de descuentos de su salario; no obstante \u00abno se ha llevado a cabo\u00bb. En su criterio todo lo anterior le impide cumplir las obligaciones alimentarias con otro de sus hijos y una entidad financiera. <\/p>\n
2.- El titular del estrado referido precis\u00f3 que, si bien orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n, lo cierto es que esa decisi\u00f3n qued\u00f3 si valor ni efecto en raz\u00f3n a que en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se tuvo en cuenta erradamente un dep\u00f3sito judicial que no era con destino a la controversia, y rehecha la estimaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n con corte mayo de 2023 advirti\u00f3 que el gestor \u00aba\u00fan adeudaba el valor de $7.172.457,29\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional accionada puntualiz\u00f3 que emiti\u00f3 las respuestas correspondientes a todos y cada uno de los requerimientos elevados por el inconforme. <\/p>\n
La se\u00f1ora Valencia se opuso a la salvaguarda y el Banco Davivienda S.A. aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar, por una parte, que el Juez \u00abajust\u00f3 su conducta, a las previsiones del C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 411 y 422, en armon\u00eda con el C G P, art\u00edculos 461 y art\u00edculo 594, la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 134, y el Decreto 1073 de 2002, art\u00edculo 33, el CIA art\u00edculo 130, y a la jurisprudencia oficial\u00bb, y de la otra, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor no interpuso los recursos procesales procedentes contra el prove\u00eddo que dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n respecto de la cual se pretende su cumplimiento. Agreg\u00f3 que la autoridad administrativa convocada, tampoco incurri\u00f3 en yerro alguno, pues atendi\u00f3 los requerimientos del actor teniendo en cuenta la realidad del juicio ejecutivo. <\/p>\n
4.- El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que demostrar\u00eda \u00abla inaplicaci\u00f3n (\u2026) de los art\u00edculos 130 y 131 de la ley 1098 de 2006 dentro del proceso ejecutivo (\u2026) pues la cuota de alimento[s] y de contera el embargo se materializa luego de los descuentos de ley, prerrogativa que omiti\u00f3 el demandado y no se sabe[n] los destinos del dinero embargado violando la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte al escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que si bien las pretensiones del actor van encaminadas a que se declare la nulidad de lo actuado, habida cuenta de la presunta falta de notificaci\u00f3n del auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido y adem\u00e1s se libren los oficios para la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares y la devoluci\u00f3n de saldos a su favor, lo cierto es que puntualmente las decisiones a que hace alusi\u00f3n quedaron sin valor ni efecto. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, se evidencia que el resguardo ser\u00e1 negado porque incumple con el requisito de la subsidiariedad. Como se puso de presente, encuentra la Sala que en \u00faltimas la providencia que es objeto de cr\u00edtica, esto es, la que dej\u00f3 sin valor ni efecto los citados prove\u00eddos (7 jun. 2023), era susceptible del recurso de reposici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, e incluso si persist\u00eda la presunta falta de notificaci\u00f3n, de la figura de la nulidad prevista en el canon 133-7 ibidem. <\/p>\n
Entonces, como el gestor desperdici\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para discutir las providencias de las que hoy se duele, provoc\u00f3 que la tutela perseguida resulte improcedente por irrespetar la residualidad que aqu\u00ed impera. Mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC9227-2022). <\/p>\n
De otra parte, se advierte, en relaci\u00f3n a los repartos consistentes en la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006, que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto se trata de hechos nuevos respecto de los cuales los accionados y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien <\/p>\n
\u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021) <\/p>\n
Finalmente, y comoquiera que el actor aduce la existencia de otro menor respecto del cual tambi\u00e9n le asiste una obligaci\u00f3n alimentaria, cabe advertir que, si a bien lo tiene, por una parte, puede solicitar en el proceso ejecutivo la reducci\u00f3n del embargo decretado sobre su salario y prestaciones sociales, y por la otra, en vista de que esta en curso el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos de otro ni\u00f1o1, que all\u00ed se regulen ambos estipendios. <\/p>\n
2.- Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. 2022-00564-00. <\/p>\n
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