STC8646-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8646-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 8 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por ABS Colombia \u2013Asociaci\u00f3n Buen Servicio, contra los Juzgados Doce Civil Municipal, hoy Quinto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, y, Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2016-01494. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la parte accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, dentro del ejecutivo adelantado por Jos\u00e9 Federico Ar\u00e9valo G\u00f3mez contra Diego Fernando Gil R\u00edos (n\u00b0 2016-01494), el Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagu\u00e9 orden\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 350-20610, del cual ABS Colombia es \u00abel titular leg\u00edtimo de la posesi\u00f3n material\u00bb, diligencia de secuestro que se llev\u00f3 a cabo el 27 de octubre de 2017 por la Inspectora Permanente de Polic\u00eda de esa localidad, quien ingres\u00f3 al predio, pese a estar desocupado, coloc\u00e1ndolo a disposici\u00f3n del respectivo auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Refiere que como ABS Colombia adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n material del bien \u00abpor entrega material directa de ADRIANA CONSTANZA CUBILLOS, mediante documento [que] nos cedi\u00f3 la posesi\u00f3n material y las mejoras sobre el citado inmueble. Y a la vez no cedi\u00f3 los derechos litigiosos sobre el inmueble, pues a pesar de que suscribi\u00f3 una escritura p\u00fablica con DIEGO GIL NUNCA LE HIZO ENTREGA DE [LA] POSESI\u00d3N MATERIAL DEL INMUEBLE, dicho se\u00f1or\u00bb, informaci\u00f3n que en su momento fue \u00abnotificada oficialmente al administrador del conjunto en esa \u00e9poca\u00bb, no s\u00f3lo se present\u00f3 una querella policiva de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n ante la alcald\u00eda municipal de Ibagu\u00e9, sino un \u00abINCIDENTE DE DESEMBARGO Y NULIDAD\u00bb, el que fue resuelto desfavorablemente el 12 de marzo de 2020 por la autoridad cognoscente, decisi\u00f3n que apelada, fue mantenida \u00edntegramente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa urbe el 3 de febrero de 2023, incurriendo en v\u00eda de hecho, \u00abal no apreciar todas las pruebas en su conjunto, al resolver la petici\u00f3n de ABSCOLOMBIA, que incuestionablemente la legitimaban como poseedora, para hacer valer sus derechos, toda vez que ignoraron por completo que conforme lo actuado en audiencia de pruebas (\u2026), y de interrogatorio de parte rendido por el se\u00f1or DIEGO FERNANDO GIL R\u00cdOS, acepta que el d\u00eda en que se suscribi\u00f3 la escritura publica (sic) 1244 del 25 de mayo de 2016, la se\u00f1ora ADRIANA CUBILLOS BEJARANO, no le entrego (sic) el inmueble, y que este (sic) supuestamente se har\u00eda el d\u00eda 15 de agosto de 2016, pero es enf\u00e1tico en aceptar que, desde esa fecha, NUNCA EXISTIO ENTREGA\u00bb. Adem\u00e1s, los despachos querellados tampoco tuvieron en cuenta \u00abla escritura p\u00fablica 170 del 7 de febrero de 2017, ante la notaria 2 de Ibagu\u00e9, en donde se protocolizo (sic) el contrato de cesi\u00f3n de derechos de ADRIANA CUBILLOS A ABS COLOMBIA\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 \u00abdejar sin efecto vinculante la providencia del tres (3) de febrero de 2023\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abproceda a dictar una nueva providencia (\u2026) de conformidad con los argumentos y directrices y las situaciones de hecho y derecho que se analizan en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, tras hacer una relaci\u00f3n de las decisiones tomadas al interior del coercitivo criticado, pidi\u00f3 negar lo pretendido a trav\u00e9s del amparo, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abnos atenemos a lo que resulte probado en legal forma dentro del trascurso normal de la acci\u00f3n constitucional y que tengan que ver con las actuaciones desplegadas por este Despacho judicial de las cuales se puede extraer con claridad que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Doce Civil Municipal de la misma urbe, hoy Quinto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, luego de realizar la trazabilidad del cobro revisado concluy\u00f3, que \u00ablas actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite del proceso han sido conforme a derecho, no viol\u00e1ndose las normas y las garant\u00edas procesales de las partes, ni del tercero\u00bb. <\/p>\n
3. Diego Fernando Gil R\u00edos, en calidad de ejecutado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla parte accionante est\u00e1 abusando del derecho, por la manera como se llevo (sic) el proceso buscando siempre hasta con acci\u00f3n de tutela (con esta ser\u00eda ya la tercera tutela que instaura) que adem\u00e1s no esta (sic) llamada a prosperar, pues todo lo resuelto tanto por el juzgado de peque\u00f1as causas en primera instancia como lo resuelto por el juzgado tercero civil del circuito en segunda instancia fue acorde a todos los principios de procedimiento, se respetaron todas las reglas para resolver y es evidente que esta nueva acci\u00f3n de tutela busca otra vez dilatar m\u00e1s a\u00fan todas las cosas que ya en derecho (que es como se hacen las cosas) ha perdido ante los estrados judiciales que gozan de una seguridad jur\u00eddica. (\u2026) en realidad la parte opositora que dentro del presente asunto es parte accionante nunca tuvo una verdadera posesi\u00f3n que alegara (\u2026) se trataba simplemente de una argucia entre la anterior propietaria y esta nueva empresa con la cual pretender que por unas v\u00edas y abusando del derecho se le d\u00e9 una posesi\u00f3n que nunca tuvo, eso qued\u00f3 m\u00e1s que demostrado con las pruebas en el en el incidente\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, Jos\u00e9 Federico Ar\u00e9valo G\u00f3mez, en su condici\u00f3n de ejecutante, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, comoquiera que \u00abla sociedad accionante no tiene ni un fundamento para esta tutela, que no es otra m\u00e1s de las que ya ha colocado cada vez que se ve vencida en el proceso\u00bb, pues est\u00e1 demostrado que la posesi\u00f3n del bien perseguido siempre ha estado en cabeza del obligado \u00abporque as\u00ed lo dice la escritura p\u00fablica de compraventa y tambi\u00e9n fue \u00e9l quien ten\u00eda el inmueble bajo su poder. (\u2026) Tambi\u00e9n se prob\u00f3 que la sociedad no hab\u00eda realizado ning\u00fan verdadero acto de poseedora que era lo que deb\u00eda demostrar para que saliera avante su incidente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, al advertir que la decisi\u00f3n criticada por esta senda no merece reproche alguno, toda vez que \u00abse observa que ech\u00f3 de menos el juzgador accionado los elementos fundantes para tener al opositor como poseedor sobre el inmueble identificado con n\u00famero de matr\u00edcula 350-20610, ante la carencia de prueba que diera cuenta de dicha calidad, y si bien se ciment\u00f3 la posesi\u00f3n en un contrato de cesi\u00f3n derechos litigiosos celebrado con la se\u00f1ora Adriana Constanza Cubillos Bejarano del 31 de mayo de 2016 en el que presuntamente le otorg\u00f3 \u00e9sta condici\u00f3n sobre el bien secuestrado, aparece con anterioridad escritura p\u00fablica No. 1244 del 25 de mayo de 2016 suscrita entre la se\u00f1ora Cubillos Bejarano y Diego Fernando Gil R\u00edos -ejecutado-, en la que se precis\u00f3 que se entregaba \u201c\u2026 a t\u00edtulo de DACI\u00d3N EN PAGO, el derecho de dominio pleno y posesi\u00f3n que recae sobre el siguiente inmueble APARTAMENTO DOSCIENTOS UNO (201)\u2026\u201d; lo que le restaba credibilidad a la supuesta condici\u00f3n alegada por el extremo incidentante, torn\u00e1ndose como obst\u00e1culo para la prosperidad del levantamiento del embargo y secuestro deprecado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte promotora insisti\u00f3 en que \u00abEL ACCIONADO tuvo un gran error de facto, al no apreciar todas las pruebas en su conjunto, al resolver la petici\u00f3n de ABS COLOMBIA que incuestionablemente la legitimaban como poseedora\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abLAS MEDIDAS CAUTELARES NO PUEDEN SER UTILIZADAS, PARA RECUPERAR LA POSESION COMO LO HIZO EL SE\u00d1OR DEIGO FERNANDO GIL RIO, en COLUSION con su contraparte\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al no acceder a la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro sobre el inmueble con matr\u00edcula n\u00b0 350-20610, formulada por ABS Colombia, aqu\u00ed interesada, dentro del proceso coercitivo adelantado por Jos\u00e9 Federico Ar\u00e9valo G\u00f3mez contra Diego Fernando Gil R\u00edos (n\u00b0 2016-01494). <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 3 de febrero de 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n que dispuso negar a ABS Colombia la oposici\u00f3n presentada a la diligencia de secuestro del inmueble perseguido, tomada en audiencia el 12 de marzo de 2022 por el Juzgado Doce Civil Municipal de la misma ciudad, hoy Quinto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may., 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC1454-2023, 22 feb. 2023, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener la decisi\u00f3n de no acceder a la oposici\u00f3n presentada a la diligencia de secuestro por ABS Colombia, comenz\u00f3 por precisar que, los argumentos en que la incidentada sustenta su postura, se soportan en que \u00abes titular leg\u00edtimo de la posesi\u00f3n del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba350-2061O y, que seg\u00fan las partes involucradas en este proceso simularon una presunta deuda para poder iniciar el hoy proceso ejecutivo y as\u00ed dejar sin posesi\u00f3n material a ABS COLOMBIA -ASOCIACI\u00d3N BUEN SERVICIO, (\u2026) [quien] adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n material del inmueble arriba descrito por entrega material directa de ADRIANA CONSTANZA CUBILLOS BEJARANO que mediante documentos les cedi\u00f3 la posesi\u00f3n material y mejores (sic) del bien\u00bb. <\/p>\n
Enseguida se\u00f1al\u00f3, que una vez el juez de instancia decret\u00f3 pruebas, y surtidas las etapas correspondientes, decidi\u00f3 no acceder a la oposici\u00f3n presentada, determinaci\u00f3n que es cuestionada por la incidentante, por cuanto, seg\u00fan su dicho, \u00abse omiti\u00f3 valorar en debida forma las pruebas, tambi\u00e9n de que el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta la situaci\u00f3n del demandado, que si bien es cierto la Sra. Adriana Constanza Cubillos Bejarano le otorgo (sic) el bien en daci\u00f3n en pago, el Sr. Gil R\u00edos, \u00e9ste nunca ha ejercido la posesi\u00f3n sobre el bien discutido\u00bb. <\/p>\n
Y descendiendo al caso concreto adujo, preliminarmente, luego de citar doctrina y jurisprudencia sobre los elementos necesarios para que se configure la posesi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAhora bien, del contrato de cesi\u00f3n de derechos litigiosos entre el opositor y la Sra. ADRIANA CONSTANZA CUBILLOS BEJARANO, nada tiene que ver con que la parte incidentante est\u00e9 realizando posesi\u00f3n sobre el bien descrito, m\u00e1xime, que mediante escritura p\u00fablica No. 1244 del 25 de mayo del 2016, la Sra. Cubillos Bejarano le otorg\u00f3 en daci\u00f3n en pago el bien inmueble del cual se est\u00e1 discutiendo al aqu\u00ed demandado Diego Fernando Gil R\u00edos, de lo cual permiten concluir inequ\u00edvocamente a esta sede que, el tercero opositor no es poseedor material del bien trabado en el proceso, el hecho de que se le haya otorgado un documento de cesi\u00f3n de un futuro derecho litigiosos, no acredita en ning\u00fan momento posesi\u00f3n alguna por parte del alzado, pues en ning\u00fan momento logra acreditar esa calidad y, con posterioridad realizada por parte de la se\u00f1ora CUBILLOS BEJARANO, un contrato -poder de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, el cual carece de autenticaci\u00f3n (para probar fecha de suscripci\u00f3n), habi\u00e9ndose puesto a pu\u00f1o y letra una fecha aparente del 31 de mayo de 2016, es decir seis (06) d\u00edas despu\u00e9s de haber dado (sic) realizado el contrato de daci\u00f3n en pago. De lo anterior, es claro que la Sra. Cubillos Bejarano, qued\u00f3 desprovista del bien inmueble al momento de celebrar la daci\u00f3n en pago, pues con ello, aparentemente no tendr\u00eda derecho alguno para realizar alg\u00fan tipo de acto jur\u00eddico sobre la cosa dada\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3 el fallador: <\/p>\n
\u00abPor otro lado, siendo el objeto del incidente de Oposici\u00f3n a la Diligencia de Secuestro, e Incidente de Levantamiento de Embargo y Secuestro, la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n material sobre los bienes embargados y secuestrados a la \u00e9poca de la diligencia, corresponde entonces al lncidentante dar la prueba de ello, esto es de la tenencia, con el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o mediante la ejecuci\u00f3n de actos que lo pongan de presente, sin que sea de recibo las que pretenden demostrar. Sumadamente, del argumento de la parte incidentante de que el proceso ejecutivo fue \u00absimulado\u00bb es decir, que las partes simularon una deuda, de esa situaci\u00f3n este Despacho no puede entrar a considerar, puesto no es el objeto de la presente decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Todo lo anterior para concluir, que <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, el incidente surge de la petici\u00f3n de un tercero que alega posesi\u00f3n pero que, revisado todo el tramite (sic) del proceso junto con las pruebas arrimadas al presente asunto, no logra demostrar ABS COLOMBIA -ASOCIACI\u00d3N BUEN SERVICIO, representada legalmente por el Dr. ISRAEL ANTONIO G\u00d3MEZ GUZM\u00c1N que ostenta la calidad de poseedor y as\u00ed poder actuar bajo el amparo del numeral 8 del art\u00edculo 597\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed las cosas, y como quiera que el Despacho considera que la incidentante no tiene posesi\u00f3n real y material del bien inmueble antes mencionado, no puede tampoco prosperar el presente incidente de desembargo, pues no est\u00e1 legitimada para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito querellado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la parte ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8646-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8646-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00227-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75763","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75763\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}