STC8647-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8647-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00401-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 el Juzgado 5\u00b0 de Familia del Circuito de Barranquilla contra el fallo de 24 de julio de 2023, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en la acci\u00f3n de tutela que Blanca Mendoza Escobar en representaci\u00f3n de sus hijos Camilo Andr\u00e9s Morales Mendoza y Ana Morales Mendoza le instaur\u00f3, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n N\u00b0 08001-31-10-005-2021-00494-00. <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se ordene al Juzgado querellado pronunciarse sobre las solicitudes de embargo y secuestro que ha presentado desde el 26 de septiembre de 2022 en el proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En sustento, adujo que ante el Juzgado accionado se adelanta la sucesi\u00f3n de Luis Antonio Morales, donde es demandante y en la cual el 25 de septiembre de 2022 solicit\u00f3 el embargo y secuestro del \u00abapartamento 403, torre 4 piso 4 del condominio el Portillo etapa sector 1 R.P.H. No. 15-356 Kra 30 Turbaco, el parqueadero del mismo apartamento y un dep\u00f3sito D-403\u00bb. Posteriormente pidi\u00f3 ordenar el secuestro definitivo sobre la totalidad de los bienes del causante de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 496 del C\u00f3digo General del Proceso, solicitud que ha venido reiterando en varias ocasiones y de la cual a\u00fan no ha tenido respuesta. La actora se queja de la mora del juzgado en resolver sus peticiones, la cual puede llegar a generar perjuicios econ\u00f3micos irremediables. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que no todos los correos electr\u00f3nicos con sus mensajes de textos o memoriales se encuentran registrados en el expediente digital, sino solo algunos, lo cual tambi\u00e9n le genera un perjuicio. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado remiti\u00f3 el link del proceso. <\/p>\n
3. El a quo concedi\u00f3 el resguardo porque revisado el expediente se observa que no se ha dado respuesta a las solicitudes presentadas por la libelista y, adem\u00e1s, la autoridad judicial criticada \u00fanicamente remiti\u00f3 el link del proceso y no rindi\u00f3 el informe solicitado por lo cual se presumen ciertos los hechos expuestos por la actora. <\/p>\n
4. El Juzgado 5\u00b0 de Familia del Circuito de Barranquilla recurri\u00f3 e indic\u00f3 que en prove\u00eddo de 21 de julio de 2023 resolvi\u00f3 las solicitudes de la accionante, pedimentos que fueron resueltos de manera favorable a sus intereses, toda vez que se decretaron las medidas cautelares de los bienes relictos. <\/p>\n
La gestora agreg\u00f3 memorial en el cual pidi\u00f3 iniciar incidente de desacato de la sentencia de primera instancia, porque el accionado mediante auto de 21 de julio de 2023 \u00fanicamente se pronunci\u00f3 sobre el embargo y secuestro del \u00abapartamento 403, parqueadero y dep\u00f3sito ubicados en la torre 4 piso 4 del condominio el Portillo\u00bb y no sobre el de la totalidad de los bienes del causante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se advierte que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada comoquiera que las razones dadas por el Juzgado accionado no son justificantes de la tardanza en la que se ha incurrido; adem\u00e1s, no fueron allegados a esta instancia medios de prueba que permitan constatar una circunstancia objetiva que imposibilite dar respuesta a la solitud relacionada con decretar el embargo y secuestro de la totalidad de los bienes del difunto. <\/p>\n
En el mismo sentido se evidencia que a pesar de que el Despacho aleg\u00f3 en la impugnaci\u00f3n que mediante auto de 21 de julio de 2023 dio respuesta a las solicitudes y decret\u00f3 las medidas cautelares sobre los bienes relictos, raz\u00f3n por la cual estima que la tutela debe ser declarada improcedente por hecho superado, se constat\u00f3 que en dicho prove\u00eddo \u00fanicamente se pronunci\u00f3 sobre las medidas cautelares de algunos bienes y no sobre la totalidad de ellos. Por consiguiente, solo se dio respuesta a la petici\u00f3n del 25 de septiembre de 2022, pero no a la concerniente al secuestro definitivo de la totalidad de los bienes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que el Juzgado 5\u00b0 de Familia del Circuito de Barranquilla incurri\u00f3 en mora para desatar los pedimentos relacionados con decretar las medidas cautelares sobre la totalidad de los bienes relictos. Sobre el particular, es pertinente recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando ellas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00, reiterada en STC17261-2021). <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que han transcurrido m\u00e1s de 10 meses desde que la actora viene esperando que se d\u00e9 respuesta a su solicitud. En esa l\u00ednea, es sabido que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, num. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los intervinientes en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. Obs\u00e9rvese que, salvo norma especial en contrario, el art\u00edculo 120 del estatuto procesal estipula que: \u00abEn las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, sopesadas las circunstancias expuestas por la parte actora y el informe rendido por la autoridad reprochada, resulta admisible colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de prerrogativas esenciales de la accionante, pues es claro que se super\u00f3 con el t\u00e9rmino que contaba la entidad para dar respuesta a la petici\u00f3n y est\u00e1 no prob\u00f3 su defensa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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