STC8650-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00809-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 28 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia y la Comisar\u00eda Segunda de (\u2026) de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar radicado bajo el n\u00b0 2021-116 \/ 2021-00607. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del adolescente involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 7 de julio de 2021, la Comisar\u00eda Segunda de Familia decreta medida de protecci\u00f3n a favor de \u201cI\u201d y su hijo \u201cS\u201d, en la que me ordena abstenerme de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra\u00bb, incurriendo en \u00abyerros\u00bb que lo afectan \u00abde manera abrupta por los tratos inequitativos [puesto que] no pudo ejercer sus derechos [de defensa y contradicci\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque \u00aben la audiencia del 07 de julio de 2021 (\u2026), se realiza el traslado de las pruebas de manera inapropiada; esto es, no tuve conocimiento del acervo probatorio de forma que me permita analizar, valorar u objetar de manera t\u00e9cnica las pruebas en forma correcta, como por ejemplo (\u2026), no cont\u00e9 dentro del procedimiento con la posibilidad de examinar detalladamente (\u2026) el dictamen psicol\u00f3gico emitido por la Red de Feministas (\u2026) y el dictamen de Medicina Legal; (\u2026) no se me dio oportunidad de controvertir pruebas que fueron practicadas en la Comisar\u00eda y de las cuales no se pudo presentar ning\u00fan tipo de interrogatorio, como [las] declaraci[ones] de \u201cL\u201d [padre del menor], \u201cI\u201d, \u201cS\u201d [y respecto] de la testigo solicitada por el suscrito \u201cP\u201d solo se me permiti\u00f3 hacer 2 preguntas\u00bb, tampoco \u00abse me corri\u00f3 traslado\u00bb del \u00abCD video [y] extractos [bancarios] aportado[s]\u00bb. <\/p>\n
Que, apelada la anterior decisi\u00f3n, \u00aben auto del 09 de septiembre de 2021 [el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d] devuelve el expediente y solicita que la Comisaria allegue el expediente completo. Despu\u00e9s de constantes solicitudes que se realizan de manera presencial ante la comisaria, esta entidad remite el expediente digital nuevamente al Juzgado\u00bb, quien, para confirmarla con fallo del 8 de mayo de 2023, \u00abse sustenta en pruebas inexistentes y no se visualiza un estudio a profundidad del caso\u00bb, por lo que pidi\u00f3 su \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb la cual fue denegada \u00aben auto del 05 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel se\u00f1or juez afirma que las agresiones f\u00edsicas son supuestamente acreditadas con fotograf\u00edas, sin embargo, esta afirmaci\u00f3n no tiene asidero alguno ya dentro del expediente no obra ninguna fotograf\u00eda donde se evidencie[n], por lo que resulta incomprensible como el juzgador tiene bajo sus criterios de la sana valoraci\u00f3n de la prueba, unas supuestas im\u00e1genes que no obran dentro del expediente, [situaci\u00f3n que] ofrece un verdadero motivo de duda sobre el estudio profundo del expediente para tomar la decisi\u00f3n del 18 de mayo de 2023. Las \u00fanicas fotograf\u00edas obrantes son las aportadas por el suscrito de un viaje por Washington y Nueva York 15 d\u00edas antes de los supuestos hechos de violencia denunciados\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene \u00abdejar sin valor ni efecto toda la actuaci\u00f3n surtida en el proceso [adelantado] por la Comisaria (\u2026) de Familia de (\u2026) y consecuencialmente a las actuaciones surtidas en segunda instancia (\u2026) por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, desde la audiencia del 07 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, dijo que tras haber aceptado el desistimiento del recurso interpuesto por la demandante, \u00abse requiri\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia, con el fin de que aportar\u00e1 de manera \u00edntegra el expediente [lo cual hizo] solo hasta el 21 de abril de 2023, [el] 18 de mayo de 2023 se profiri\u00f3 decisi\u00f3n (\u2026), mediante la cual se neg\u00f3 (sic) el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed accionante, toda vez que se encontraron probados los hechos de violencia denunciados, [es decir], que existieron episodios de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica y verbal cometidos por el se\u00f1or \u201cJ\u201d [contra la denunciante y su hijo], por lo que no fue posible acceder a revocar la decisi\u00f3n\u00bb. Solicit\u00f3 denegar lo pretendido, \u00abpor inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria (\u2026) de Familia de (\u2026), rechaz\u00f3 las afirmaciones del actor se\u00f1alando que, respecto de las pruebas allegadas, \u00aben audiencia se corre traslado y se dan a conocer a las partes para sus descargos\u00bb, igualmente, que \u00abel despacho hizo un an\u00e1lisis detallado de cada una\u00bb. Se opuso a lo pretendido al concluir que \u00abno ha existido violaci\u00f3n alguna [de los derechos fundamentales invocados]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al descartar \u00abla restricci\u00f3n del derecho de contradicci\u00f3n por negar la oportunidad de controvertir la prueba, pues como se ve el accionante estuvo presente en la diligencia, tom\u00f3 conocimiento del decreto e incorporaci\u00f3n de las pruebas, tuvo ocasi\u00f3n de controvertirlas, pudo aportar las suyas y solicitar un testimonio, la inconformidad del actor se centra m\u00e1s en el juicio de valor dado a esos medios de convicci\u00f3n\u00bb; sobre la \u00abindebida valoraci\u00f3n\u00bb de fotograf\u00edas y del video, precis\u00f3 que \u00abesa alegaci\u00f3n no corresponde a la realidad porque (\u2026), la comisar\u00eda puntualmente se refiere a la incorporaci\u00f3n al expediente de material fotogr\u00e1fico, por lo que la argumentaci\u00f3n de la autoridad judicial no se refiere a pruebas inexistentes\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abel informe pericial de cl\u00ednica forense describe hallazgos de lesiones consistentes con el relativo de la v\u00edctima, asociada a violencia e intolerancia por cuenta de los que se otorg\u00f3 7 d\u00edas de incapacidad\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que para \u00abcontraprobar las acusaciones de violencia econ\u00f3mica\u00bb, el demandante \u00abaporta a prop\u00f3sito una serie de documentos relacionados con el uso de tarjetas de cr\u00e9dito y bienes entregados a la denunciante (\u2026), pero lo cierto es que tales medios de prueba deb\u00edan incorporarse en el momento oportuno, no en la segunda instancia y mucho menos en sede de tutela, porque el procedimiento de control en la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo para insistir en los argumentos de su querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el reclamante, porque dentro del pleito n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, ratific\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n por actos de violencia intrafamiliar, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien el reproche tambi\u00e9n fue dirigido contra la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de (\u2026), el examen se circunscribir\u00e1 a la definici\u00f3n del litigio por parte su superior funcional. Lo anterior, por cuanto esta Sala ha venido se\u00f1alando que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC7318-2023, 27 jul., rad. 00637-01). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales adosadas al expediente, en particular la providencia de segundo grado proferida por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 18 de mayo de 2023, la Sala avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que la decisi\u00f3n confutada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se advierte que las medidas de protecci\u00f3n impuestas por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de esta capital el 7 de julio de 2021, consistieron en: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Imponer medida de protecci\u00f3n a favor de \u201cI\u201d y del NN \u201cS\u201d de 17 a\u00f1os de edad, y ORDENAR al se\u00f1or \u201cJ\u201d cese de inmediato todo acto de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, maltrato, acoso, toda amenaza, persecuci\u00f3n, se le conmina y PROHIBE hacer esc\u00e1ndalo en lugar p\u00fablico o privado, intimidar o de cualquier manera ocasionar molestia a las v\u00edctimas en este proceso. Se le proh\u00edbe la utilizaci\u00f3n de todo tipo de armas (\u2026) en contra de ellos, as\u00ed como se PROHIBE cualquier tipo de violencia (\u2026) hacia ellos; (\u2026) TERCERO: Reiterar el apoyo policivo concedido a \u201cI\u201d y a su hijo \u201cS\u201d para que le presten toda la atenci\u00f3n con relaci\u00f3n a los hechos de violencia y amonesten en el lugar de residencia o en cualquier sitio donde se encuentre el se\u00f1or \u201cJ\u201d en caso que diere lugar a los hechos de agresi\u00f3n mencionados; CUARTO: ordenar a \u201cJ\u201d acuda a tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico en la entidad de salud a la cual se encuentre afiliado (\u2026), para adquirir herramientas a fin de resolver conflictos de manera pac\u00edfica, comunicaci\u00f3n asertiva, manejo de la ira e impulsos (\u2026). As\u00ed como se le ordena la se\u00f1ora \u201cI\u201d vincularse al tratamiento con psic\u00f3logo ya sea en forma particular o a trav\u00e9s de la EPS, en aras de garantizar un mejor bienestar para ella; QUINTO. Ordenar tratamiento por psicolog\u00eda para \u201cS\u201d, con el fin de fortalecer el manejo de emociones, normas y h\u00e1bitos por pauta de crianza\u2026; SEXTO. Informar a \u201cJ\u201d sobre la obligaci\u00f3n de asistir a curso pedag\u00f3gico sobre derechos de la ni\u00f1ez y de la adolescencia ante la Defensor\u00eda del Pueblo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El querellante atribuye vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas al debido proceso porque, en su sentir, se incursion\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por omisi\u00f3n e indebida valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, empero, la Sala observa que dicho reparo es infundado, comoquiera que, para resolver el pleito, el accionado tuvo en cuenta la normativa aplicable (Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008), y se vali\u00f3 de los medios de convicci\u00f3n oportunamente y adecuadamente decretados y practicados por el a-quo, a los cuales realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
3.2. En efecto, luego de resumir los cargos y descargos, relacion\u00f3 adem\u00e1s de la versi\u00f3n ampliada de los hechos que present\u00f3 la denunciante, el \u00abinforme pericial de cl\u00ednica forense No. UBCFS-DRBO-00(\u2026) de 2021 del 1 de junio de 2021 [donde] se establece los hallazgos equimosis con incapacidad de 7 d\u00edas; fotograf\u00edas del d\u00eda de los hechos en las cuales se ve a la accionante con algunas huellas de lesi\u00f3n en la piel (cara y manos); epicrisis de psiquiatra de la Cl\u00ednica (\u2026) del 31 de mayo de 2021 12:25 pm., donde establece paciente con trastorno de estr\u00e9s agudo; valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica con la fundaci\u00f3n (\u2026); video donde se grabaron las agresiones provocadas por el se\u00f1or \u201cJ\u201d\u00bb, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De los relatos de las partes, (\u2026) se colige que nos encontramos ante una relaci\u00f3n conflictiva como pareja, respecto a los hechos de violencia que fueron g\u00e9nesis de la acci\u00f3n que nos ocupa, se tiene que se tiene una certeza plena sobre su ocurrencia, pues con base en las declaraciones [y] relato de [las partes], coincidieron en circunstancias de tiempo y lugar, y de las que se colige que existieron agresiones f\u00edsicas por parte del accionado a la se\u00f1ora \u201cI\u201d, las cuales fueron acreditadas mediante fotograf\u00edas y con la valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal allegada en la que se evidenciaron secuelas consecuentes con las agresiones denunciadas por la accionante, en donde tambi\u00e9n se aport\u00f3 videograbaci\u00f3n en la cual el accionado agrede al adolescente involucrado, mediante el uso de violencia f\u00edsica y verbal, pruebas que llevan a establecer que ciertamente existieron episodios de violencia intrafamiliar, ocasionados por el accionado se\u00f1or \u201cJ\u201d. <\/p>\n
Sobre los hechos expuestos por el apelante es necesario precisar que revisado el tr\u00e1mite administrativo encuentra el Juzgado que se respetaron las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n probatoria, as\u00ed mismo, que la Comisar\u00eda de Familia realiz\u00f3 una correcta valoraci\u00f3n de pruebas, puesto que las considero acertadamente y en conjunto, lo que la llev\u00f3 a establecer que se configuran los presupuestos f\u00e1cticos y legales para proceder con la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, respecto a la solicitud de medida de protecci\u00f3n que solicit\u00f3 el accionado en su favor y en contra de la se\u00f1ora \u201cI\u201d, tenemos que los hechos denunciados no fueron probados en debida forma, pues si bien es cierto existe certeza sobre el episodio en el cual la referida arroja el computador contra el suelo, tambi\u00e9n cierto es que con base en los dict\u00e1menes psicol\u00f3gicos aportados, se puede colegir que esa reacci\u00f3n es la consecuencia de un episodio de estr\u00e9s generado por los hechos de violencia acreditados, por lo tanto deber\u00e1 aplicarse una interpretaci\u00f3n del caso bajo los par\u00e1metros de una violencia de g\u00e9nero, en donde es prevalente la imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que permitan salvaguardar los derechos de una mujer y de un menor de edad. <\/p>\n
3.2. En este orden, los planteamientos contenidos en la providencia censurada se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica, pues tras un suficiente debate para zanjar la controversia jur\u00eddica, el juzgado respald\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, emergiendo de ello que las discrepancias nuevamente esbozadas por el actor, demuestran que lo perseguido es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los hechos y del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC6476-2023, 5 jul., rad. 02478-00, entre otras). <\/p>\n
Sobre el reparo en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha dicho constantemente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada, entre otras, en STC3437-2023, 13 abr., rad. 01235-00). <\/p>\n
En ese sentido, reit\u00e9rase que esta acci\u00f3n procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, comoquiera que este extraordinario remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC4631-2023, 17 may., rad. 00314-01). <\/p>\n
En consecuencia, como se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n refutada no constituye defecto sustantivo, en la medida en que la agencia judicial convocada se rigi\u00f3 por un contenido normativo ajustado a los presupuestos del caso examinado, y tampoco incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico, acot\u00e1ndose respecto de este \u00faltimo, que se configura cuando se produce \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15), situaciones que lejos est\u00e1n de evidenciarse en el caso sub j\u00fadice, pues la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, ya que la determinaci\u00f3n censurada a trav\u00e9s de este instrumento, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC8650-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00809-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}