STC8655-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8655-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 9 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cT\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba \u201c2017-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y dem\u00e1s prerrogativas de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 contra \u201cO\u201d, tras la solicitud elevada el 22 de noviembre de 2022 para que el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d ordenara seguir adelante la ejecuci\u00f3n, \u00abtuve que radicar 4 impulsos en fechas 16-enero-2023, 25 de enero de 2023, 03 de abril de 2023, y 27 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
Que conforme a la sentencia proferida el 4 de mayo de 2023, \u00abel d\u00eda 19 de mayo de 2023, present\u00e9 liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito para su aprobaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de entrega de t\u00edtulos judiciales, [pues] le han venido haciendo descuento al demandado desde el a\u00f1o 2017, [y el] 24 de mayo de 2023, presento [nueva solicitud de] impulso en vista [de] que no me han acusado recibido\u00bb. Que, en atenci\u00f3n a lo anterior, \u00abel d\u00eda 26 de mayo de 2023 se corre traslado a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito sin que haya habido objeci\u00f3n alguna, [y] el 16 de junio de 2023, vuelvo a radicar impulso al auto que aprueba la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, ya que no ha habido ning\u00fan pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Que pese a los nuevos pedimentos radicados el 27 de junio y el 19 de julio de 2023 para que se apruebe la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00aba la fecha [26 de julio de 2023] no se ha tenido pronunciamiento [al respecto]\u00bb, y por tanto no se ha autorizado la entrega de los dep\u00f3sitos que \u00abdesde el a\u00f1o 2017 se encuentran a \u00f3rdenes del juzgado\u00bb y se requieren para atender los alimentos de sus menores hijos, pues \u00aben estos momentos me encuentro desempleada, no poseo ingresos econ\u00f3micos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a la autoridad encartada, \u00abproferir pronunciamiento respecto a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito radicada el d\u00eda 19 de mayo de 2023 (\u2026), aprobando o modificando[la], autorizando [el cobro de] los t\u00edtulos judiciales a favor de mis menores hijos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado confutado, inform\u00f3 que, frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada dentro de la ejecuci\u00f3n en cuesti\u00f3n, \u00abel despacho decidi\u00f3 modificarla a trav\u00e9s de auto de fecha 03 de agosto [de 2023]\u00bb, aclarando que \u00abla actora cuenta con las cuotas alimentarias que mensualmente consigna el empleador del demandado\u00bb, pues seg\u00fan la relaci\u00f3n presentada han sido pagadas de manera peri\u00f3dica. En cuanto a los dep\u00f3sitos por concepto de las cautelas decretadas, \u00aba la fecha [3 de agosto de 2023] no han sido solicitados por la hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la secretar\u00eda del juzgado agreg\u00f3 que \u00abel 10 de agosto se recepcion\u00f3 en el buz\u00f3n del correo electr\u00f3nico (\u2026), solicitud de entrega de t\u00edtulos [por parte de la ejecutante]\u00bb, y previa verificaci\u00f3n de la ejecutoria del auto notificado por estado el 4 del mismo mes y a\u00f1o, \u00abel d\u00eda viernes 11 y lunes 14 de agosto procedi\u00f3 a ingresar los t\u00edtulos [siendo] autorizados hoy 14 de agosto, decisi\u00f3n que fue informada [a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la actora], realizando aproximadamente 63 t\u00edtulos de dep\u00f3sitos judiciales los cuales pueden ser cobrados en cualquier momento por la beneficiaria\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, solicit\u00f3 \u00abse amparen los derechos de los menores de edad (\u2026), a fin de materializar y garantizar el disfrute de las sumas ordenadas por concepto de alimentos para su subsistencia\u00bb, ello, sin perjuicio de la posible aplicaci\u00f3n de la figura del hecho superado, pues \u00abse desconoce por esta agencia el informe que rinda el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal \u201cY\u201d, se refiri\u00f3 a aspectos gen\u00e9ricos del proceso alimentario y al inter\u00e9s superior de los menores. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio al advertir \u00abuna carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el despacho accionado realiz\u00f3 las actuaciones deprecadas\u00bb, ya que durante el curso de la presente acci\u00f3n emiti\u00f3 providencia \u00abnotificada por estado No. 065 del 4 de agosto [de 2023]\u00bb, en la que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y dispuso el pago de los dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la demandante para indicar que se mantiene la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, \u00abya que no se han autorizado para el pago en el banco agrario los t\u00edtulos judiciales pendientes por cobrar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la reclamante, porque no ha dado impulso a la ejecuci\u00f3n de alimentos de menores n\u00b0 \u201c2017-00000\u201d, en particular, no ha resuelto sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y consecuente pago de los dep\u00f3sitos judiciales que puedan surgir a favor de sus representados. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC5661-2023, 14 jun., rad. 00401-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, toda vez que la circunstancia descrita como vulneradora de las prerrogativas invocadas, fue corregida durante el tr\u00e1mite de esta salvaguarda [cuya admisi\u00f3n se notific\u00f3 el 27 de julio de 2023], configur\u00e1ndose as\u00ed una carencia actual de objeto por hecho superado que torna innecesaria la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
Para tal aserci\u00f3n, prec\u00edsese que la situaci\u00f3n de mora judicial enrostrada al despacho convocado, de cara a la calificaci\u00f3n de la operaci\u00f3n contable y las determinaciones que le son consecuentes a ella, como la autorizaci\u00f3n para el pago de los dep\u00f3sitos judiciales retenidos en virtud a las cautelas, fue resuelta mediante prove\u00eddo del 3 de agosto de 2023, al \u00abmodificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la demandante (\u2026), cuyo valor asciende a la suma de $19.780.751\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, tras constatar la ejecutoria de la decisi\u00f3n antes indicada -la cual se notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico el 4 de agosto de 2023-, la autoridad cuestionada autoriz\u00f3 el pago de los correspondientes t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, que, seg\u00fan informe secretarial -allegado en sede de impugnaci\u00f3n-, \u00abpueden ser cobrados en cualquier momento por la beneficiaria\u00bb, y de ello se le inform\u00f3 a la interesada v\u00eda correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Conforme con lo descrito, sin perjuicio de que la accionante pueda disentir de la determinaci\u00f3n adoptada por el accionado, para lo cual cuenta con los mecanismos ordinarios que consagra la ley, con dicho pronunciamiento se resolvi\u00f3 de fondo las solicitudes elevadas al interior del litigio, y como esto se produjo \u00abestando en curso la tutela\u00bb, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en citada en STC6444-2023, 5 jul., rad. 00150-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, por cuanto la dilaci\u00f3n procesal endilgada al accionado, se super\u00f3 durante el diligenciamiento del presente resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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