STC8669-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8669-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 30 de junio de 2023, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por Alba Liliana Murillo L\u00f3pez y Luis Gabriel Rangel Caballero contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada en el proceso de radicado 680013103012-2019-00066-00. <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga, los accionantes promovieron proceso de rescisi\u00f3n de contrato por lesi\u00f3n enorme contra Juan Pablo Mantilla. El cual, culmin\u00f3 con sentencia a su favor el 15 de julio de 2021; confirmada por el Tribunal de Bucaramanga el 19 de octubre de 2022. Como consecuencia de lo anterior, los demandantes solicitaron la ejecuci\u00f3n de la sentencia, por lo cual -en autos del 14 de abril de 2023- la accionada libr\u00f3 mandamiento ejecutivo de pago y decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas. <\/p>\n
2.1. Se duele la parte actora que, el Juez no \u00abha resuelto el tr\u00e1mite ejecutivo y, ahora debe resolver adem\u00e1s una presunta nulidad\u00bb. Manifiestan verse afectados pues \u00abno ha retornado a nuestro capital el pago de la condena judicial, tampoco la indexaci\u00f3n desde la fecha del primer fallo y el pago de las dem\u00e1s ordenes dispuestas por el se\u00f1or juez\u00bb. <\/p>\n
3. Pidieron que se amparen los derechos invocados y se ordene a la accionada que, inmediatamente, de \u00abSOLUCI\u00d3N A LO PETICIONADO\u00bb es decir \u00abPROCEDER A LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, CONCRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, Y RESOLVER LO PENDIENTE EN CUANTO A RECURSOS, ADICIONES Y OTRAS COSAS\u00bb. Asimismo, solicitaron que se le advierte al Juzgado \u00absobre cumplimiento y de las sanciones a lugar\u00bb1. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga inform\u00f3 que a la fecha \u00abhan sido resueltas todas y cada una de las peticiones radicadas por el apoderado judicial de los accionantes\u00bb. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que \u00abhabi\u00e9ndose emitido el mandamiento de pago, se dispuso la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares, libr\u00e1ndose, por Secretar\u00eda, los oficios respectivos, por lo que, s\u00f3lo se est\u00e1 a la espera de que se hagan efectivas dichas medidas, y distintas a esas, no se ha solicitado ninguna\u00bb2. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abtanto el mandamiento de pago, como las medidas cautelares que se echan de menos en el escrito genitor de esta causa, fueron debidamente emitidos el 14 de abril del a\u00f1o en curso, sin que existan posteriores peticiones por la parte all\u00ed demandante, m\u00e1s all\u00e1 de una solicitud de impulso procesal radicada el 30 de mayo pasado, en la que no se expresa una petici\u00f3n particular\u00bb. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba despecho de lo indicado por el accionante, es claro que el juez debe dar tr\u00e1mite y atender tambi\u00e9n los recursos y solicitudes que radique la parte ejecutada, pues ha de respetar las garant\u00edas procesales y constitucionales de ambos extremos de la litis y no s\u00f3lo de la parte activa\u00bb3. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que el a-quo \u00absolo hizo \u00e9nfasis en el proceso ejecutivo, pero no, en LAS MEDIDAS CAUTELARES, pues, son las mismas las que garantizan la efectividad del mismo\u00bb4. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte concluye que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. En efecto, del expediente, se advierte que la autoridad cuestionada -en autos del 14 de abril de 20235- libr\u00f3 mandamiento ejecutivo de pago y decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas por los accionantes. Sobre esto \u00faltimo, se observa, tambi\u00e9n, que el Juez mediante oficios No. 176 y No. 181 del 20 de abril de 2023 se enviaron las respectivas comunicaciones a las entidades bancarias correspondientes y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Piedecuesta6. Por tanto, las pretensiones aqu\u00ed invocadas por los tutelantes fueron atendidas previo a la interposici\u00f3n de esta tutela. Ahora, si lo que pretenden los gestores es diferente a esto deber\u00e1n solicitarlo en dicho proceso. <\/p>\n
2.1. Sobre la inexistencia de la vulneraci\u00f3n esta Sala ha predicado que, para la \u00abprosperidad\u00bb del amparo, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC6835-2019, 30 de mayo, rad. 00114-01. Reiterada en STC10459-2022 y STC559-2023). En el mismo sentido, se ha sostenido que este medio excepcional requiere: <\/p>\n
El cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda. (CSJ STC5337-2018. Reiterada en STC6126-2022 y STC13775-2022). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201cDEMANDA_20_6_2023, 14_41_32.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c08 RtaJ12CivCtoBga.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c09 Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c14 Impugnacio\u0301n.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivos \u201c013AutoLibraMandamientoPago.pdf\u201d y \u201c004AutoDecretaMedidasCauterales.pdf\u201d expediente del proceso de radicado 68001310301220190006600. <\/p>\n
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