STC8671-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8671-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Luis Orlando \u00c1vila Hern\u00e1ndez en contra de la Corte Constitucional, el Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima y el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagu\u00e9 -hoy S\u00e9ptimo Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9-. Al tramite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 73001400300920060061700. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo, debido proceso, honra, buen nombre e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo de radicado 2006-00617-00, promovido por Edna Ruth Moscoso Castro y otros contra Luis Fernando Cartagena Polania, que cursa ante el Juzgado Noveno Civil Municipal -hoy Juzgado S\u00e9ptimo Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9- Tolima y que se encuentra en etapa de remate, el 24 de octubre de 2022, la autoridad judicial anul\u00f3 un aval\u00fao realizado al bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 307-36070 \u2013presentado por la parte demandada\u2013, porque fue realizado por el tutelante, quien no est\u00e1 inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, y decidi\u00f3 tener en cuenta un avalu\u00f3 anterior, por $345.090.000, pues, aunque lo hizo el mismo perito, no fue objetado y fue aprobado legalmente1. <\/p>\n
2.2. El 21 de noviembre siguiente, el Juzgado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra el auto anterior, el cual repuso y, en consecuencia, orden\u00f3 anular todos los aval\u00faos presentados por el se\u00f1or Luis Orlando \u00c1vila Hern\u00e1ndez desde julio de 2018, dado que le asist\u00eda raz\u00f3n al solicitante, en cuanto a que los aval\u00faos realizados por el accionante carec\u00edan de validez al no encontrarse en la lista de auxiliares del Registro Abierto de Avaluadores2. <\/p>\n
2.3. Tales determinaciones fueron objeto de la acci\u00f3n de tutela de radicado 2023-0042, promovida por Luis Fernando Cartagena Polan\u00eda, que fue negada en primera instancia por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 9 de marzo de 2023, en raz\u00f3n a que las actuaciones \u00abse realizaron con las normas que rigen este tipo de procesos, incluyendo el prove\u00eddo atacado de fecha 21 de noviembre de 2022, mediante el cual se resolvi\u00f3 reponer el auto calendado el 24 de octubre de 2022, y por ende no tener en cuenta todos los aval\u00faos presentados por el se\u00f1or LUIS ORLANDO \u00c1VILA HERN\u00c1NDEZ\u00bb, decisiones que el Juzgado consider\u00f3 que se adoptaron con base en la \u00absana critica del Despacho, y (\u2026) han sido enmarcadas por lo establecido en la ley\u00bb; decisi\u00f3n que la Sala Civil – Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el 25 de abril de 2023, porque \u00abcorrespond\u00eda al demandado demostrar dentro del proceso ejecutivo y no en sede constitucional, que los dict\u00e1menes periciales presentados se atemperaron a las exigencias previstas en el art\u00edculo 2.2.2.17.3.5. de la Ley 1074 de 2015\u00bb. <\/p>\n
3. El actor censura los autos proferidos por el Juzgado accionado el 24 de octubre y el 21 de noviembre de 2022, porque carecen de motivaci\u00f3n, desconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de dict\u00e1menes periciales, no fue citado para sustentar sus experticias y tampoco fue informado de las citadas providencias. Sostiene que existe una flagrante omisi\u00f3n legislativa de los dem\u00e1s accionados, haciendo referencia a los art\u00edculos 22 de la ley 1673 de 2013, 228 y 232 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el actor solicita que se ordene corregir, en el t\u00e9rmino de 48 horas, la evidente omisi\u00f3n legislativa, por \u00abRESPONSABILIDAD ANTE LA INACCI\u00d3N, OMISI\u00d3N Y\/O IGNOMINIA JURISPRUDENCIAL, DOCTRINAL, JUR\u00cdDICA, ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y OSTENSIBLEMENTE POR FLAGRANTE OMISI\u00d3N LEGISLATIVA\u00bb, por el yerro de los autos referidos y por \u00abLA EVIDENTE OMISI\u00d3N LEGISLATIVA ENTRE EL ARTICULO 22 DE LA LEY 1673 DE 2013 Y LOS ART\u00cdCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 1564 de 2012\u00bb. Igualmente, pretende que deje sin dejen sin efectos los prove\u00eddos del 24 de octubre y del 21 de noviembre de 2022. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corte Constitucional adujo que no es la autoridad competente para tramitar o resolver las pretensiones formuladas por el accionante, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que lo reclamado es improcedente, porque no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. Adicionalmente, inform\u00f3 que este asunto ya hab\u00eda sido resuelto en una acci\u00f3n de tutela promovida por el demandado en el proceso de referencia. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no le endilga reparo alguno. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 asever\u00f3 que no tiene relaci\u00f3n alguna con las acciones u omisiones aludidas por el tutelante. <\/p>\n
5. La Superintendencia de Industria y Comercio manifest\u00f3 que no es responsable de los hechos expuestos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela en torno a las censuras esbozadas respecto de los autos proferidos el 24 de octubre y 21 de noviembre de 2022 por el Juzgado S\u00e9ptimo Transitorio Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, porque hab\u00edan sido objeto de una tutela previa. En cuanto a los dem\u00e1s reparos, referentes a la omisi\u00f3n legislativa, estableci\u00f3 que el actor contaba con otros medios de defensa para reclamar lo pretendido, como lo eran la acci\u00f3n de inconstitucionalidad y la iniciativa popular. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante afirm\u00f3 que el fallo de primera instancia no analiz\u00f3 los antecedentes que motivaron la tutela, como la evidente contradicci\u00f3n entre lo establecido en el art\u00edculo 22 de la Ley 1673 de 2013 y los art\u00edculos 222 y 238 del C\u00f3digo General del Proceso, en torno a los dict\u00e1menes periciales, lo cual afect\u00f3 sus derechos, porque el Juzgado accionado dej\u00f3 sin efectos varios de sus dict\u00e1menes desconociendo la jurisprudencia aplicable. Indic\u00f3 que la tutela no se interpuso por una omisi\u00f3n legislativa per se, sino por el perjuicio que se caus\u00f3 con las decisiones del Juzgado, que le dieron m\u00e1s peso a la normatividad que regula la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo que al estatuto procesal civil. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela carece de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
2. En primer lugar, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, lo relativo al auto del 21 de noviembre de 2022, que repuso el del 24 de octubre anterior y dej\u00f3 sin efectos los aval\u00faos realizados por el tutelante, fue objeto de una decisi\u00f3n constitucional previa, por lo que en torno a ese aspecto se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. En ese sentido, debe ponerse de presente que la Sala ha considerado en eventos similares que la tutela es inviable \u00abcuando lo relativo a la sentencia controvertida ya fue objeto de una decisi\u00f3n constitucional, instancia en la que el juez del amparo est\u00e1 dotado de ampl\u00edsimas facultades para resolver los asuntos\u00bb, de manera que \u00abello impide analizar nuevamente la providencia objeto de reproche\u00bb (Ver cita en CSJ STC12991-2021 y en CSJ STC5919-2023). <\/p>\n
3. Ahora bien, en torno a la omisi\u00f3n legislativa, contradicci\u00f3n normativa, inaplicaci\u00f3n del precedente correspondiente de la jurisdicci\u00f3n civil y dem\u00e1s aspectos que el tutelante aduce, es evidente que tales alegaciones tienen por objeto rebatir los autos referidos y, por tanto, se impone estarse a lo anteriormente resuelto en sede constitucional. A lo anterior se suma que con la tutela el actor no acredit\u00f3 haber expuesto ante la Corte Constitucional, el Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia, el Juzgado convocado, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima y la Superintendencia de Industria y Comercio las omisiones referidas en esta instancia, por lo que, al respecto, la tutela no satisface el presupuesto de subsidiariedad, pues no le es dable al juez del amparo anticiparse a pronunciarse sobre asuntos que deben plantearse, en primera medida, ante la autoridad correspondiente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 155200600617AutoControlLegalidad.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Documento 162200600617AutoConcedeReposicionOficial.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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