STC8672-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8672-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 25 de julio de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ruth Mery Cort\u00e9s Orobio contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2016-00325. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad social, salud, (\u2026) vida en condiciones de dignad [y] m\u00ednimo vital\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Ruth Mery Cort\u00e9s Orobio promovi\u00f3 ordinario laboral contra Seguros de Vida Alfa S.A. y Porvenir S.A., en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez \u00aba partir del 19 de octubre de 2012\u00bb teniendo en cuenta que \u00abfue dictaminada por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez \u2013 JRCI – del Valle del Cauca con una p\u00e9rdida de capacidad laboral \u2013 PCL – del 60,83 %\u00bb2; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, quien accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 la providencia del a quo, modificando \u00fanicamente las fechas y el monto para el reconocimiento del retroactivo; ello, pues advirti\u00f3 que \u00abla actora era cotizante activa al sistema, que reuni\u00f3 670,14 semanas en toda su historia laboral, de las cuales 36,71 fueron aportadas el a\u00f1o inmediatamente anterior que, por lo tanto, le era aplicable la Ley 100 de 1993, en su redacci\u00f3n original, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Porvenir S.A., recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que (i) no se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos establecidos en \u00abel art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, que modific\u00f3 el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993\u00bb; y (ii) que \u00abbajo ninguna circunstancia es factible resolver [la] petici\u00f3n de pensi\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 39 de la Ley l00 de 1993, en su versi\u00f3n original\u00bb. Luego, en sede de instancia, revoc\u00f3 lo dispuesto por el estrado de primer grado y, en su lugar, absolvi\u00f3 al extremo pasivo. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora, no fue suficientemente motivada, toda vez que \u00abes evidente la gran contradicci\u00f3n (\u2026) pues de un lado, acepta el car\u00e1cter cr\u00f3nico y degenerativo de [su] condici\u00f3n de salud (\u2026); y del otro, condiciona la validez de las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n (\u2026), a una supuesta justificaci\u00f3n de la mismas, pasando por alto que tales cotizaciones, se realizaron en vigencia de una relaci\u00f3n laboral, que tuvo inicio a finales del mes de julio de 2011; es decir, con anterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, explic\u00f3 que su \u00ab\u00faltima cotizaci\u00f3n correspondi\u00f3 al ciclo mayo de 2014 (\u2026), y al tratarse de pagos efectuados a trav\u00e9s de un empleador COMERCIALIZADORA RIGUEZZ Y CIA. LTDA., de ninguna manera pueden considerarse pagos de mala fe o que requieran justificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente constitucional, especialmente el contenido en las \u00absentencias T 435\/2018, SU 442 de 20163 y T-086 de 2018\u00bb, puesto que \u00absi bien no cumpl[e] con el requisito de las 50 semanas en los \u00faltimo 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n, ni con una estructuraci\u00f3n fijada entre (\u2026) 2003 y 2006, se han venido fijando arduas l\u00edneas jurisprudenciales respecto al reconocimiento de pensiones de invalidez cuando se trata de enfermedades cr\u00f3nicas\/ degenerativas y cuando se ha de reconocer (\u2026) bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se deje sin efectos el fallo SL747-2023, 27 mar. y, en consecuencia, se reconozca la aludida prestaci\u00f3n \u00aba partir del 16 de octubre de 2013\u00bb. En subsidio, pidi\u00f3 que \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se (\u2026) reconozca y pague una pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan a partir del 19 de octubre de 2012\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abning\u00fan derecho fundamental se le vulner\u00f3 a la parte actora, pues al estar demostrado que no cumple con los supuestos f\u00e1cticos para ser acreedora de la prestaci\u00f3n pensional deprecada deb\u00eda sin lugar a equ\u00edvocos negarse el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones inform\u00f3 que \u00abno es sujeto pasivo en el presente proceso tutelar\u00bb, teniendo en cuenta, que la solicitante \u00abno se encuentra afiliada a [esa] administradora\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Eugenia Upegui -quien fue la apoderada de la gestora en el tr\u00e1mite ordinario- se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 (\u2026) pas\u00f3 por alto tanto su jurisprudencia, como la Corte Constitucional frente a la flexibilizaci\u00f3n de requisitos para personas con enfermedades cr\u00f3nicas o degenerativas; y aunque adujo que no se soportaron las cotizaciones efectuadas por la demandante con posterioridad al 19 de octubre de 2012, es decir, en uso de su capacidad residual; tales consideraciones resultan contradictorias si se parte del hecho de que se trata de cotizaciones efectuadas a trav\u00e9s de un tercero\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abno se equivoc\u00f3 la [convocada], pues encontr\u00f3 acreditado error en la decisi\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, (\u2026) por cuanto no era aplicable para este caso la figura de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, de modo que \u00absu determinaci\u00f3n fue adoptada de manera razonable y est\u00e1 justificada en los registros obrantes en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abse equivoc\u00f3 el Despacho al abordar el estudio de la acci\u00f3n de tutela a la luz del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y desconocer que la alteraci\u00f3n en [su] estado de salud\/invalidez, es producto de enfermedades cr\u00f3nicas y degenerativas\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abla Corte Constitucional [y la] Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han precisado que cuando se est\u00e1 en frente a personas que sufr[en] enfermedades cr\u00f3nicas y\/o degenerativas, es posible computar las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la estructuraci\u00f3n (\u2026), para efectos de acceder al reconocimiento de una pensi\u00f3n de invalidez; y dado que en el caso particular, las cotizaciones efectuadas con posterioridad (\u2026) fueron efectuadas bajo el empleador COMERCIALIZDORA RIGUEZ Y CIA. LTDA.; la demanda que se hizo en la Sentencia SL 747 de 2023 (\u2026) resulta desproporcionada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL747-2023, 27 mar.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, absolvi\u00f3 al extremo demandado, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley 860 de 2003 y que \u00abbajo ninguna circunstancia es factible resolver [la] petici\u00f3n de pensi\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 39 de la Ley l00 de 1993, en su versi\u00f3n original\u00bb; y, (ii) en sede de instancia, absolvi\u00f3 a los all\u00ed demandados, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico cargo formulado por Porvenir S.A., por medio del cual \u00abse acusa la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 39 literal a) y 69 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en la medida en que as\u00ed lo tiene dispuesto la H. Sala cuando la sentencia acusada se funde en jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, de la Corte Constitucional y de las otras altas Cortes, como claramente ocurri\u00f3 en el asunto que nos ocupa\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
Luego, indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que la actora estructur\u00f3 su invalidez el 19 de octubre de 2012 y, ii) que no reun\u00eda los requisitos previstos en la Ley 860 de 2003 – 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abel proceder del Tribunal propici\u00f3 la ocurrencia de los errores jur\u00eddicos que denuncia la censura\u00bb procediendo a explicar las razones de tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Inicialmente, se refiri\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb y, en ese aspecto, cit\u00f3 en lo pertinente la providencia SL4294-2022, 30 nov., precisando que \u00aben virtud de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez (\u2026) la disposici\u00f3n aplicable es el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, (\u2026) Tal precepto consagra el derecho pensional en favor del afiliado que \u00abhubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb, requisitos que no satisfizo, pues no registra semanas cotizadas en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de su contingencia\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Respecto de dicha prerrogativa, agreg\u00f3 que \u00abopera con todo vigor entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, en un lapso de tres a\u00f1os, esto es del 26 de diciembre de 2003 al mismo d\u00eda y mes de 2006, eso significa que en el caso de la reclamante, no [es dable] su aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, resalt\u00f3 que la recurrente \u00abpor una parte, no contaba con una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normatividad que debiera ser resguardada y, por otra, su estado de invalidez se estructur\u00f3 el \u00ab19 de octubre de 2012\u00bb, es decir, por fuera del marco temporal al que se ha hecho referencia\u00bb. De este modo, declar\u00f3 la prosperidad del embate. <\/p>\n
Seguidamente, en sede de instancia, procedi\u00f3 a estudiar la determinaci\u00f3n del a quo y reliev\u00f3 que \u00abresulta desacertada la intelecci\u00f3n dada por la juzgadora de primer grado, pues, no hab\u00eda lugar a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y, en relaci\u00f3n con el principio pro homine, este no tiene el alcance dispuesto en esa decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, se remiti\u00f3 a lo establecido en la sentencia SL002-2022, 19 ene., y record\u00f3 que \u00abacorde con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, es dable en ciertos eventos, y en desarrollo del principio de solidaridad, el otorgamiento de la pensi\u00f3n de invalidez con base en los ciclos aportados en uso de la capacidad residual, cuando quiera que se trata de enfermedades cr\u00f3nicas y\/o degenerativas (\u2026). Igualmente, de acuerdo con el mismo precedente, debe quedar acreditado que las cotizaciones han sido producto de la capacidad laboral que le permita al (la) afiliado (a) desempe\u00f1ar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abuna revisi\u00f3n exhaustiva del plenario permite evidenciar que solo el primero de los supuestos se encuentra soportado, esto es, el de padecer una enfermedad \u00abcr\u00f3nica, degenerativa o cong\u00e9nita\u00bb; ello, por cuanto \u00abno se infiere que el deterioro paulatino de su estado de salud, (\u2026) hayan permitido o dado lugar a la realizaci\u00f3n de labores que, a su vez, soportaran las cotizaciones registradas [despu\u00e9s del] 19 de octubre de 2012, fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, carga de la prueba que tiene la accionante\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno se halla soporte alguno, obligaci\u00f3n que le incumb\u00eda a la actora, de la relaci\u00f3n contractual que conllev\u00f3 el pago de los aportes, para que, de ese modo, pudiese la Sala constatar que se trat\u00f3 de labores en uso de su capacidad laboral residual\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, revoc\u00f3 lo dispuesto por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar, absolvi\u00f3 al extremo demandado. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la disposici\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 16 de agosto de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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