STC8674-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8674-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01392-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de julio de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por An\u00edbal Charry Gonz\u00e1lez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2016-00480. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abaplicaci\u00f3n del precedente, primac\u00eda de la realidad sobre las formas en la relaci\u00f3n laboral, seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
An\u00edbal Charry Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Universidad Cooperativa de Colombia, en procura de que se declarara la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo \u00abdel 1\u00b0 de abril de 1995 al 19 de agosto de 2014\u00bb, la cual se dio \u00aba trav\u00e9s de sucesivas contrataciones\u00bb y que finaliz\u00f3 \u00abunilateralmente [por renuncia] [debido a] causas imputables a la empleadora (\u2026) [puesto que] atent\u00f3 contra su dignidad\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos tales como \u00abcesant\u00edas y sus intereses, (\u2026) los aportes al sistema de seguridad social; (\u2026) [las indemnizaciones] del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, la de la cl\u00e1usula 29 de la CCT 2013 por despido injusto, la de los perjuicios materiales y morales\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, quien verific\u00f3 la existencia de \u00abvarios\u00bb contratos a t\u00e9rmino indefinido y fijo entre ambas partes; en ese sentido, conden\u00f3 a la instituci\u00f3n educativa a reconocer: (i) el valor del c\u00e1lculo actuarial, correspondiente a los aportes no efectuados al Sistema General de Pensiones; y (ii) la indemnizaci\u00f3n por \u00abdespido injusto\u00bb. Finalmente, consider\u00f3 que \u00ablos derechos laborales causados antes de junio de 2013 hab\u00edan prescrito\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 las condenas impuestas por el a quo. En esa l\u00ednea, declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abpago\u00bb e \u00abinexistencia de las justas causas invocadas por el actor\u00bb, en tanto advirti\u00f3 que \u00abno era admisible la conclusi\u00f3n de la primera juez, seg\u00fan la cual, hubo desorden administrativo y desconocimiento de la posici\u00f3n jer\u00e1rquica del demandante que lesion\u00f3 su dignidad\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem (SL139-2023, 30 ene.), pues evidenci\u00f3 que la censura no \u00abderrib\u00f3\u00bb las premisas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que soportaron la determinaci\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
Seguidamente, el libelista solicit\u00f3 la \u00abnulidad constitucional\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, sin embargo, tal pedimento fue rechazado por el cognoscente (AL1486-2023, 23 may.). <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del querellante no tuvieron en cuenta, lo establecido en las sentencias \u00abSL4816-2015 (\u2026) y SL5595-2019\u00bb, en las cuales \u00abCASARON en su oportunidad las impugnadas por es[a] v\u00eda, y por estar en condiciones similares a las [actuales] como trabajador permanente en labores de docencia y misionales, durante casi 20 a\u00f1os, 9 de ellos como decano, debieron ser aplicadas. <\/p>\n
3. Pretende, se deje sin efectos el fallo SL139-2023, 30 ene., y se \u00abemita una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta los precedentes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. El magistrado ponente de las providencias confutadas se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en las mismas, y manifest\u00f3 que aquellas \u00abse atienen a la l\u00f3gica jur\u00eddica, as\u00ed como a la Constituci\u00f3n y a la ley, tanto como al precedente obligatorio, como le era imperativo, en ejercicio de la funci\u00f3n asignada por el legislador estatutario, cuyo objetivo propende por la materializaci\u00f3n de importantes derechos fundamentales, vinculados con el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el debido proceso y la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. La Universidad Cooperativa de Colombia indic\u00f3 que \u00abno puede el actor insistir en un an\u00e1lisis de instancia, cuando cont\u00f3 con la oportunidad de controvertir y demostrar sus posturas en todas las que el estatuto procesal le permite, (\u2026) teni\u00e9ndose que no existi\u00f3 ning\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n a alg\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla Corte, en sede de casaci\u00f3n laboral, examin\u00f3 el cargo propuesto, revis\u00f3 las particularidades del caso y los elementos de prueba allegados, sin que se evidencie defecto alguno pues contrario a lo manifestado por el tutelante, la providencia se ajust\u00f3 a la jurisprudencia que sobre el caso ha sido considerada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n accionada y el juez constitucional de primer grado ignoran lo consignado contundentemente en los precedentes mencionados sobre el car\u00e1cter fraudulento y de mala fe de la Universidad Cooperativa en la contrataci\u00f3n laboral de personal docente y misional, para no haber casado la sentencia impugnada en [su] caso que prest[\u00f3] durante casi 20 a\u00f1os con car\u00e1cter permanente labores de docencia y misionales, 9 a\u00f1os como decano, y haber amparado [sus] derechos laborales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL139-2023, 30 ene. y AL1486-2023, 23 may.) por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente desconociendo los precedentes aplicables al caso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Al revisar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem3 pues evidenci\u00f3 que no se \u00abderrib[aron]\u00bb las premisas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que soportaron dicha sentencia, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los tres cargos formulados: <\/p>\n
(i) Por la v\u00eda directa, en \u00abla modalidad de infracci\u00f3n directa de (\u2026) los art\u00edculos 101 y 102 del CST que conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 29 y 53 de la CP; 1\u00b0, 8\u00b0, 13, 56, 57, 127 (subrogado por el art\u00edculo 14 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el art\u00edculo 15 de la Ley 50 de 1990), 142, 186, 192 (modificado por el art\u00edculo 8 del Decreto 617 de 1954), 249, 252, 253 (subrogado por el art\u00edculo 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 10\u00b0 de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb. <\/p>\n
(ii) Por la senda indirecta, \u00abpor la aplicaci\u00f3n indebida de (\u2026) los art\u00edculos 53 de la CP; 19 (en relaci\u00f3n con la Recomendaci\u00f3n 198 de 2006 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo sobre la existencia de la relaci\u00f3n laboral), 46 numeral 9\u00b0; art\u00edculo 59 y 488 del CST, que conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 25, 29, 83, 93 de la CP; 1\u00ba del Convenio 95 de la OIT aprobado por Ley 54 de 1962, debidamente ratificado y promulgado por el Decreto n\u00famero 1264 de 1997; 1\u00b0, 13, 14, 16, 21, 32 (subrogado por el art\u00edculo 1\u00b0 del D.L. 2351 de 1965), 55, 56, 57, 59, 61 (subrogado por el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 50 de 1990), 64 modificado por el art\u00edculo 28 de la Ley 789 de 2002), 65 del CST (modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (subrogado por el art\u00edculo 14 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el art\u00edculo 15 de la Ley 50 de 1990), 132 (subrogado por el art\u00edculo 18 de la Ley 50 de 1990), 186, 192 (modificado por el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 617 de 1954), 193, 249, 253 (subrogado por el art\u00edculo 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 467, 468, 469, 470 y 470 (modificado por el art\u00edculo 38 del Decreto 2351 de 1965) del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 17, 18, 22, 23, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; 16, 17, 1603, 1622, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936), 1743 y 1746 del CC, 10\u00b0 de la Ley 52 de 1975, 16 de la Ley 446 de 1998 y 96 y 97 de la Ley 500 de 2000 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 19 del CST\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por id\u00e9ntica v\u00eda, \u00aben la modalidad de infracci\u00f3n directa\u00bb cuestionado parcialmente los mismos preceptos del embate anterior; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[N]inguno de los ataques logra derribar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la sentencia del juez de la apelaci\u00f3n, pues, como lo refiere la r\u00e9plica, la censura expone sus alegatos como si la tarea de la Corte fuera, que no lo es, decidir una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, procedi\u00f3 a estudiar cada uno de los reproches del convocante. En primer lugar, sobre la liquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas y vacaciones, refiri\u00f3 que dicho aspecto \u00abno fue t\u00f3pico de la alzada\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el ad quem \u00abno se pronunci\u00f3\u00bb y, en ese sentido, resultaba \u00abimposible abordar ese aspecto de la acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las interrupciones contractuales, se\u00f1al\u00f3 que \u00abentre una vinculaci\u00f3n y otra variaban los cargos y las funciones asignadas, pues el recurrente, por lo menos entre 1995 y 2011, fue contratado para ejercer como catedr\u00e1tico, jefe de \u00e1rea, coordinador de \u00e1rea, asesor del consultorio jur\u00eddico, director seccional y decano, lo que daba p\u00e1bulo a inferir, que era posible que no existiera unidad contractual\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abobjetivamente, las interrupciones que se declararon no eran cortas y, en todo caso, la documental respalda las conclusiones probatorias de la sentencia, que se impone denotar, tampoco confronta la censura, seg\u00fan las cuales, i) el recurrente tuvo m\u00faltiples contratos que regulaban su actividad como catedr\u00e1tico, por un lado y, por otro, como decano; ii) los \u00faltimas, inclu\u00edan el per\u00edodo acordado, que se destinaba para realizar las actividades administrativas extra\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l sentenciador no pas\u00f3 por alto, de la manera en que se le increpa, que los testigos hubieren anunciado que el impugnante realizaba labores adicionales que imped\u00edan tener por interrumpidos sus contratos, pues, inclusive, por ese motivo tuvo por continuos los 26 v\u00ednculos que ejecut\u00f3 el recurrente entre 1997 y 201. (\u2026) lo que el colegiado consider\u00f3 es que era razonable que algunos de los convenios declarados de t\u00e9rmino fijo no incluyeran la \u00faltima semana de diciembre y la primera de enero, pues, en todo caso, en ese per\u00edodo la Universidad se encontraba cerrada\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a la forma en que se \u00abregul\u00f3\u00bb la relaci\u00f3n de trabajo entre las partes, la Corporaci\u00f3n enjuiciada arguy\u00f3 que aquello se dio \u00aba trav\u00e9s de diferentes contratos de trabajo a t\u00e9rmino fijo, lo que es legal, constitucional, v\u00e1lido y eficaz (CSJ SL5262-2021)\u00bb, de manera que \u00abla suscripci\u00f3n de esas modalidades contractuales no puede tomarse, de la forma en que lo entiende el recurrente, como fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, enfatiz\u00f3, \u00abno hay demostraci\u00f3n de que (\u2026) se hubiere vulnerado alg\u00fan derecho laboral, al punto que qued\u00f3 establecido sin controversia del recurrente, que la empleadora pago directamente o por interpuesta persona los cr\u00e9ditos causados (\u2026); allende a que, menos a\u00fan, hay medio de convicci\u00f3n calificado que d\u00e9 cuenta de que en los per\u00edodos en los que no aparece v\u00ednculo convenido o prorrogado, hubiera prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, examin\u00f3 la prueba documental \u00abcalificada\u00bb y concluy\u00f3 que: \u00ab(\u2026) era razonable inferir, de la forma en que lo concluy\u00f3 el colegiado (\u2026) Que los actos que lesionaron la honra y dignidad del demandante, provienen de terceras personas a la relaci\u00f3n de trabajo, espec\u00edficamente de Di\u00f3genes S\u00e1nchez. (\u2026) Que la decisi\u00f3n que se le cuestiona a la empleadora, no fue abusiva, ni caprichosa; as\u00ed como tampoco, se dio en el marco de una directriz institucional para \u00abmancillar el honor y la dignidad del demandante\u00bb, raz\u00f3n suficiente, para no calificarla de grave\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dijo que \u00abla impugnaci\u00f3n dej[\u00f3] libre de cr\u00edtica los argumentos jur\u00eddicos que sostienen el juicio del sentenciador\u00bb. De esta manera, declar\u00f3 la no prosperidad de los embates. <\/p>\n
De otro lado, al referirse a la solicitud de nulidad \u00abconstitucional\u00bb interpuesta por el accionante4, en la cual argument\u00f3 que en la providencia cuestionada la Sala de Descongesti\u00f3n Especializada decidi\u00f3 apartarse del precedente jurisprudencial establecido en los fallos \u00abSL4816-2015 y SL5595-2019\u00bb, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala no desconoci\u00f3 el precedente, menos el relacionado con la declaratoria de existencia de un contrato laboral cuando se devela una utilizaci\u00f3n fraudulenta de las cooperativas de trabajo asociado, al punto que en el recurso extraordinario no estuvo en discusi\u00f3n que entre el solicitante y la universidad demandada hab\u00edan existido sendas relaciones subordinadas\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico resalt\u00f3 que \u00abel debate de legalidad por la v\u00eda indirecta que ocup\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, se circunscribi\u00f3 a determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al definir que las ataduras hab\u00edan sido varias a t\u00e9rmino fijo o una indefinida, aspecto en el cual la conclusi\u00f3n, (\u2026) fue id\u00e9ntica a la de las sentencias CSJ SL4816-2015 y CSJ SL5595-2019\u00bb, procediendo a realizar un comparativo entre dichas disposiciones, luego del cual, concluy\u00f3 que, en las aludidas providencias tambi\u00e9n se razon\u00f3 que no era posible la declaratoria de una relaci\u00f3n laboral \u00ab\u00fanica o lineal en el tiempo\u00bb puesto que, se presentaron interrupciones significativas. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que las disposiciones cuestionadas realizaron un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las resoluciones confutadas se advierten razonables, puesto que no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 17 de agosto de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Providencia SL139-2023, 30 ene. <\/p>\n
4\u0002 Auto AL1486-2023, 23 may. <\/p>\n
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STC8674-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8674-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01392-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75777","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75777"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75777\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}