STC8675-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8675-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-01518-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo promovido por Noelly Franco Rivera en contra de los Juzgados 50 Civil del Circuito y 32 Civil Municipal, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 11001400303220210075600. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 8 de septiembre de 20211, Inversiones Romano Ltda., indicando que estaba representada legalmente por Camilo Nicol\u00e1s Montejo Borras2, formul\u00f3 una demanda ejecutiva contra la sociedad Franco Suministros y Papeler\u00eda Ltda., representada legalmente por la se\u00f1ora Noelly Franco Rivera, con fundamento en el pagar\u00e9 001 del 15 de marzo de 2021, por $108.609.763.00, m\u00e1s los correspondientes intereses moratorios. <\/p>\n
En dicha demanda se anex\u00f3 poder, que dice ser otorgado por \u00c1ngela Patricia Montejo Borras -como representante legal de la demandante- al profesional del derecho Andr\u00e9s Arturo Pacheco D\u00e1vila, para que iniciara \u00abProceso Ejecutivo, (\u2026) contra Franco Suministros y Papeler\u00eda LTDA (\u2026) representada legalmente por Camilo Nicol\u00e1s Montejo Borras\u00bb, documento que fue firmado por Camilo Nicol\u00e1s Montejo Borras como mandante3. <\/p>\n
2.2. El 19 de octubre de 2021, el Juzgado 32 Civil Municipal de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago contra Noelly Franco Rivera y Franco Suministros y Papeler\u00eda Ltda.4 y, en la misma fecha, decret\u00f3 medidas cautelares5. <\/p>\n
2.3. El 4 de febrero de 20226, el extremo demandante alleg\u00f3 un memorial indicando que la sociedad convocada realiz\u00f3 abonos por $101.993.000.007. <\/p>\n
2.4. El 18 de febrero de 20228, la parte demandada interpuso un incidente de nulidad, en raz\u00f3n a los defectos del poder otorgado por la actora. Por su parte, la demandante, el 25 de febrero de 20229, alleg\u00f3 un memorial, en el que precis\u00f3 que, por un error mecanogr\u00e1fico, en el mandato entregado inicialmente se cit\u00f3 solo a uno de los representantes legales, pudiendo ambos o uno de ellos ejercer tal representaci\u00f3n, por lo que adjunt\u00f3 un nuevo poder10. <\/p>\n
2.5. El 1 de marzo de 202211, el extremo accionado alleg\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda12 y un escrito contentivo de las excepciones de m\u00e9rito de cobro de lo no debido, pago total de la obligaci\u00f3n y mala fe13. A su vez, el 3 de mayo de 202214 interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, en raz\u00f3n a que Noelly Franco Rivera no fue demandada como personal natural, pues el profesional del derecho que representaba a la demandante no ten\u00eda poder para el efecto15. <\/p>\n
2.6. El 13 de junio de 2022, el Juzgado Municipal decidi\u00f3 no reponer la orden de apremio, toda vez que, de acuerdo con lo previsto en el p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, solo pueden controvertirse a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n los requisitos formales del t\u00edtulo. De otro lado, indic\u00f3 que, frente al yerro endilgado a la demandante, en relaci\u00f3n con el poder, deb\u00eda tenerse en cuenta que este hab\u00eda sido subsanado, por lo que no proced\u00eda una excepci\u00f3n previa en ese sentido, y neg\u00f3 el recurso de alzada, por improcedente16. En la misma fecha estableci\u00f3 que la nulidad alegada fue saneada17. <\/p>\n
2.7. El 5 de septiembre de 2022, el Juzgado fij\u00f3 fecha para la audiencia inicial y decret\u00f3 las pruebas que se practicar\u00edan en audiencia. <\/p>\n
2.8. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 19 de octubre de 2022 se realiz\u00f3 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y, el 20 de octubre siguiente, el Juzgado dict\u00f3 sentencia escrita en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, levant\u00f3 las medidas cautelares y conden\u00f3 en perjuicios a la actora, por la prosperidad de la excepci\u00f3n planteada, orden\u00e1ndola a restituir $438.576, m\u00e1s los intereses civiles causados desde el 26 de octubre de 2021. Tambi\u00e9n la conden\u00f3 en costas, reconociendo $1.008.000, por agencias en derecho. Igualmente, en la parte considerativa de la decisi\u00f3n, el Juzgado expuso que la accionada estaba en \u00abtoda libertad para presentar las denuncias y quejas correspondientes ante la justicia penal, as\u00ed como frente a la DIAN, escenarios en los cuales deben darse esas discusiones\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 29 de noviembre de 2022, el extremo demandado propuso un incidente de reparaci\u00f3n de perjuicios, en el que reclam\u00f3 el reconocimiento de los da\u00f1os materiales, morales y constitucionales, en especial, causados por las medidas cautelares decretadas, con sustento en lo previsto en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso18. <\/p>\n
2.10. El 30 de enero del 202319, el Juzgado rechaz\u00f3 de plano el incidente, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que fue confirmada el 8 de marzo por el a quo y, el 23 de junio posterior, por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 -en sede de apelaci\u00f3n-20. <\/p>\n
3. Al respecto, la promotora censura que, de acuerdo con el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado 32 Civil Municipal de Bogot\u00e1 omiti\u00f3 lo correspondiente al tr\u00e1mite de la condena en abstracto y rechaz\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios, pese a que fue formulado para subsanar ese error, sin considerar lo alegado por ella sobre los pagos de las medidas cautelares que tuvo que realizar. Aduce la juez no encendi\u00f3 su c\u00e1mara durante la audiencia, por lo que tuvo una justicia sin rostro y destaca que ella no fue demandada principal, no obstante, el asunto se tramit\u00f3 y decidi\u00f3 con su vinculaci\u00f3n. Asimismo, se\u00f1ala que pidi\u00f3 que se compulsaran copias a la DIAN y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pero no se hizo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado 32 Civil Municipal indic\u00f3 que la actora no formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 20 de octubre de 2022, de manera que la tutela no cumple con el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 sostuvo que el amparo solicitado contra la sentencia emitida por el Juzgado Municipal accionado no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y que el auto del 23 de junio de 2023, proferido por ese Despacho, estaba ajustado a derecho. <\/p>\n
3. El apoderado en el proceso ordinario de Inversiones Romano Ltda. afirm\u00f3 que, por hechos similares, se hab\u00edan formulado dos tutelas previas y que la actora busca revivir t\u00e9rminos fenecidos, porque la sentencia qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n pretendida contra lo actuado en la diligencia del 19 de octubre de 2022, porque no cumpl\u00eda con los presupuestos de subsidiaridad e inmediatez, dado que la actora no plante\u00f3 en el proceso las inconformidades aludidas en esta sede y la tutela se formul\u00f3 m\u00e1s de 6 meses despu\u00e9s. Tampoco se superaban tales requisitos frente a la sentencia escrita, pues se dict\u00f3 el 20 de octubre de 2022 y no fue apelada. En cuanto a la providencia emitida por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 23 de junio de 2023, el Tribunal consider\u00f3 que no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho. Y, en relaci\u00f3n con la compulsa de copias reclamada, determin\u00f3 que pod\u00eda ser formulada directamente ante la autoridad competente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto declar\u00f3 improcedente el amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones procesales atacadas, se advierte que, frente al tr\u00e1mite surtido en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento del 19 de octubre de 2022 y lo decidido en la sentencia del 20 de octubre siguiente o con anterioridad a esta, la tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues se formul\u00f3 el 6 de julio de 2023, esto es, superado el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n constitucional (CSJ STC2283-2022), sin que se advierta raz\u00f3n alguna para que la actora no hubiera acudido a esa sede en forma tempestiva, lo cual es suficiente para negar la protecci\u00f3n invocada en lo relacionado con tales actuaciones. <\/p>\n
3. En torno a la providencia que neg\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios, proferida el 23 de junio de 2023 por el Juzgado del Circuito accionado, que fue la que zanj\u00f3 el asunto en segunda instancia, se advierte que concluy\u00f3 que no era esa la instancia para atacar la sentencia, en cuanto fue en esa providencia que se estableci\u00f3 la condena de perjuicios en contra de la sociedad demandante en $438.576, pues hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, dado que no fue recurrida. De otro lado, precis\u00f3 que el tr\u00e1mite incidental de la condena de perjuicios emitida en abstracto: <\/p>\n
\u2026no est\u00e1 autorizado cuando \u00e9stos han sido tasados previamente en la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, pues su estimaci\u00f3n y valor han quedado respaldados por \u00e9sta siendo el deber de quien de ella discrepe cuestionar la decisi\u00f3n misma mediante el recurso de apelaci\u00f3n que es el procedente, lo que aqu\u00ed no se llev\u00f3 a efecto por la parte ahora inconforme, dejando como ya se indicaba la providencia en firme. <\/p>\n
3.1. Tales conclusiones no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. A lo anterior se suma que la simple disparidad de criterios entre lo considerado por la tutelante y lo establecido por la autoridad accionada no es suficiente para abrir paso a la protecci\u00f3n reclamada, pues el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese un juez de instancia; m\u00e1xime que, en efecto, la condena de perjuicios se tas\u00f3 en la sentencia en $438.576, decisi\u00f3n que no fue recurrida, omisi\u00f3n que no puede subsanarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza residual. <\/p>\n
4. Finalmente, respecto de la solicitud orientada a que se compulsen copias, para que se investiguen las faltas en las que habr\u00eda incurrido el Juzgado 32 cuestionado, se advierte que no es procedente, pues la tutela no est\u00e1 consagrada para ese fin, por lo que corresponde a la tutelante, si lo estima pertinente, formular la denuncia pertinente ante las autoridades competentes, en raz\u00f3n del aludido car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 004ConstanciaDeRadicado.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1. Documento 002DemandaAnexos.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 5. Documento 002DemandaAnexos.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Documento 006AutoLibraMandamientoDePago.pdf. <\/p>\n
5\u0002 002AutoDecretaMedidasCautelares.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Documento 008ConstanciaRadMemAportAbonos.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Documento. 007MemorialAportaInfAbonos.pdf. <\/p>\n
8\u0002 002ConstanciaRadicadoIncidenteNulidad.pdf. <\/p>\n
9\u0002 Documento 023ConstanciaRadicadoMemorialPoder.pdf. <\/p>\n
10\u0002 Documento 022MemorialyPoder.pdf. <\/p>\n
11\u0002 Documento 029ConstanciaDeRadicado.pdf. <\/p>\n
12\u0002 Documento 028ContestacionDemanda.pdf. <\/p>\n
13\u0002 Documento 027MemorialExcepciones.pdf. <\/p>\n
14\u0002 Documento 047ConstanciaRadRecursoReposicion.pdf. <\/p>\n
15\u0002 Documento 046MemorialRecursoReposicion.pdf. <\/p>\n
16\u0002 Documento 059AutoResuelveRecursoNoRepone.pdf. <\/p>\n
17\u0002 008AutoRechazaPlanoNulidad.pdf. <\/p>\n
18\u0002 001EscritoIncidenteReparacionPerjuicios.pdf. <\/p>\n
19\u0002 003AutoRechazaDePlanoIncidente.pdf. <\/p>\n
20\u0002 Documento 141FalloSegundaInstanciaConfirma.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8675-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8675-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-01518-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75778","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75778\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}