STC8678-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8678-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2023-00118-02. <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Yuly Paola V\u00e1squez R\u00edos contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrio. Al tramite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2000-00069. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Diana Mar\u00eda R\u00edos Barrera, en calidad de representante legal de Yuly Paola V\u00e1squez R\u00edos, entonces menor de edad, demand\u00f3 por la desaparici\u00f3n forzada de Byron Alonso V\u00e1squez R\u00edos, asunto que fue admitido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berr\u00edo el 28 de febrero del a\u00f1o 20001. <\/p>\n
2.2. El 10 de marzo del 2000, el apoderado de la actora pidi\u00f3 que se oficiara al Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berr\u00edo, para que diera cuenta de los dineros depositados en ese Despacho a nombre del presunto desaparecido2. El 14 de marzo de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado requiri\u00f3 al Juzgado Laboral3, autoridad que, el 16 de marzo siguiente, se\u00f1al\u00f3 que la empresa SAIPEM consign\u00f3 $938.453.00, por concepto de prestaciones sociales y salarios4. <\/p>\n
2.3. El 4 de julio del 2000, el abogado de la accionante solicit\u00f3 oficiar al representante legal de la citada empresa, para que informara qu\u00e9 conceptos prestacionales, salariales, por seguro de vida e indemnizaciones se encontraban pendientes de cancelar a favor del presunto desaparecido5. El 5 de julio de esa anualidad, el Juzgado orden\u00f3 oficiar a la empresa6, que contest\u00f3 el 16 de marzo siguiente, indicando que aquello correspond\u00eda a la suma de $938.453.00. <\/p>\n
2.4. El 14 de septiembre de 2012, Diana Mar\u00eda R\u00edos Barrera inst\u00f3 qu\u00e9 se le informara si hab\u00eda dineros depositados a \u00f3rdenes del Juzgado, por cuenta del referido proceso7. El 28 de septiembre de 2012, el Juzgado puso a disposici\u00f3n de la solicitante copias del expediente8. <\/p>\n
2.5. El 16 de mayo de 2013, la tutelante solicit\u00f3 al Juzgado que dispusiera la entrega de los dineros consignados con cargo al Despacho9. Al respecto, previo requerimiento judicial, el 10 de octubre de 2013, el Banco Agrario inform\u00f3 que el t\u00edtulo correspondiente fue pagado el 27 de junio de 2001 al se\u00f1or Ernesto Tob\u00f3n10. <\/p>\n
2.5.1. La anterior informaci\u00f3n se puso en conocimiento de la actora a trav\u00e9s de auto del 11 de octubre siguiente11 y, el 24 de octubre posterior, la accionante manifest\u00f3 al Juzgado que no conoc\u00eda al sujeto que reclam\u00f3 el t\u00edtulo judicial, por lo cual exigi\u00f3 que se tomaran las acciones pertinentes para aclarar las razones por las cu\u00e1les fue entregado a una persona ajena al proceso12. <\/p>\n
2.5.2. El 14 de enero de 201413, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que desconoc\u00eda los motivos por los cuales dicho t\u00edtulo judicial fue entregado al citado se\u00f1or por parte de anteriores funcionarios del Despacho y, en consecuencia, compuls\u00f3 copias del expediente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n14, remisi\u00f3n que fue realizada el 10 de febrero de esa anualidad. <\/p>\n
2.5.3. El 20 de marzo de 201415, la accionante solicit\u00f3 copias aut\u00e9nticas de toda la actuaci\u00f3n, las cuales fueron ordenadas el 25 de marzo16 y recibidas por ella el 26 de marzo posterior17. <\/p>\n
3. Al respecto, la gestora censura que se haya autorizado el pago del citado t\u00edtulo a un sujeto ajeno al proceso. Igualmente, cuestiona que el Juez encargado del asunto en el a\u00f1o 2014 haya omitido denunciar los hechos que fueron de su conocimiento. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita que se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrio pagar la suma relacionada en el t\u00edtulo judicial referenciado, los da\u00f1os y perjuicios, con los respectivos intereses moratorios, a cargo de los funcionaros de la \u00e9poca. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado accionado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, porque la tutela no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, dado que la tutelante conoci\u00f3 del aludido pago irregular hace casi una d\u00e9cada. A su vez, advirti\u00f3 que la petici\u00f3n carec\u00eda de relevancia constitucional, pues lo reclamado estaba asociado a un derecho econ\u00f3mico, en relaci\u00f3n con el cual la tutela es inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 el accionante, quien manifest\u00f3 que el a quo no se pronunci\u00f3 sobre la falta que cometieron los funcionarios judiciales que ordenaron el pago del t\u00edtulo judicial a un tercero y destac\u00f3 que el Juzgado accionado no le notific\u00f3 el tr\u00e1mite relacionado con la compulsa de copias ni indic\u00f3 en su respuesta el n\u00famero de noticia criminal. De otro lado, adujo que la acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n se interpuso contra los funcionarios judiciales que intervinieron en la entrega del dinero, pero no fueron notificados. <\/p>\n
2. Mediante auto del 3 de agosto de 2023, el Tribunal rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que la actora carec\u00eda del inter\u00e9s para invocar la endilgada irregularidad. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
2. En efecto, revisada la actuaci\u00f3n se observa que, desde el momento que la actora tuvo conocimiento del alegado pago irregular de los dineros, seg\u00fan la reclamaci\u00f3n formulada en ese sentido por ella el 24 de octubre de 2013 y que dio lugar al prove\u00eddo del 14 de enero de 2014, por el cual Juzgado orden\u00f3 compulsar copias, hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela referencia -16 de junio de 2023- se super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales (CSJ STC2283-2022), sin que se advierta raz\u00f3n alguna para que la petici\u00f3n de amparo constitucional no se hubiera formulado tempestivamente, pues, aunque la tutelante argumenta que no conoci\u00f3 esa actuaci\u00f3n, a folio 73 del proceso digitalizado se observa que el 26 de marzo de 2014 ella firm\u00f3 constancia de haber recibido todo el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que, si la actora considera que los empleados o funcionarios del Juzgado incurrieron en una falta disciplinaria o en una conducta penal, puede formular la queja o denuncia correspondiente ante la autoridad competente, pues la acci\u00f3n de tutela no es un instrumento para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 18. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 24. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 25. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Folio 27. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Folio 29. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Folio 31. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Folio 37. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
8\u0002 Folio 38. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
9\u0002 Folio 39. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
10\u0002 Folio 56. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
11\u0002 Folio 61. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
12\u0002 Folio 63. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
13\u0002 Folio 66. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
14\u0002 Folio 68. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
15\u0002 Folio 70. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
16\u0002 Folio 72. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
17\u0002 Folio 73. 0011 Expediente2000-00069.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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