STC8684-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8684-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2023-00266-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 3 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Patricia Linares y Jes\u00fas Miguel Jim\u00e9nez Pineda contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2015-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante, en nombre propio y como apoderada de Jes\u00fas Miguel Jim\u00e9nez Pineda, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa e \u00abIMPARCIALIDAD COMO ATRIBUTO DE LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En s\u00edntesis explic\u00f3 que, dentro del proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria seguido por Jos\u00e9 Miguel Jim\u00e9nez Pineda contra Aica SAS y otros, donde ella funge como cesionaria (n\u00b0 2015-00078), por auto del 31 de enero de 2022 fue requerida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira para que aportara una serie de \u00abcertificados especiales concernientes al proceso\u00bb, pese a que \u00ablos mismos obran en el expedite, desde el 24 de enero de 2022\u00bb, raz\u00f3n por la cual se acerc\u00f3 al despacho judicial con el fin de obtener informaci\u00f3n sobre el expediente, pues \u00abexist\u00edan dos procesos con el mismo radicado\u00bb, pero \u00ablo \u00fanico que consegu\u00ed (\u2026) fue maltrato de la secretaria de ese juzgado\u00bb, por lo que interpuso la respectiva queja. <\/p>\n
Refiere que, como no aport\u00f3 los documentos exigidos, el 30 de marzo de ese mismo a\u00f1o se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales, toda vez que \u00abestos se encuentran dentro del expediente en el archivo digital No. 18 de la carpeta que contiene el cuaderno principal\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 \u00abse deje sin valor, ni efectos, se decrete la NULIDAD de todo lo actuado desde el 31 de enero del 2022 fecha en la cual se requiri\u00f3 a la parte actora aportar unos documentos que ya exist\u00edan en el expediente, ya que, con base en esta solicitud el d\u00eda 30 de marzo de 2022 fue que ese juzgado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, el archivo del expediente, y el levantamiento de las medidas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, luego de advertir que no supera el presupuesto general de la inmediatez, \u00abpor cuanto lo que se pretende es revivir un debate que al interior del proceso judicial qued\u00f3 zanjado desde el 30 de marzo de 2022, fecha en que se dict\u00f3 el auto por medio del cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del citado proceso de pertenencia, luego es notorio que se supera con creces el t\u00e9rmino de seis meses que, en regla de principio, se ha se\u00f1alado como razonable para acudir a la solicitud de amparo, ya que en este caso se ejerci\u00f3 la tutela solo hasta el 19 de julio \u00faltimo, es decir aproximadamente un a\u00f1o y tres meses despu\u00e9s de proferida aquella decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora recurri\u00f3 la precitada sentencia, se\u00f1alando que \u00abel Juzgado tuteado (sic) act\u00fao de mala fe, toda vez que en el momento en que mi persona como abogada me hice presente ante la secretar\u00eda del despacho y fui atendida por la secretaria (\u2026) en forma poco cortes (sic), grosera y atrevida, me rega\u00f1\u00f3 que porque yo no sab\u00eda leer los autos v\u00eda estado electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna, y de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la usucapi\u00f3n de la referencia (n.\u00ba 2015-00078), al declarar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC323-2023, 25 en. rad. 02630-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que los cuestionamientos no atienden el postulado que viene de comentarse, comoquiera que las determinaciones proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de las cuales (i) se requiri\u00f3 a la parte demandante, aqu\u00ed interesada, para que allegara al proceso \u00ablos certificados especiales del se\u00f1or Registrados de la ORIP respecto de los predios identificados con los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No 290-106871, 290-106872 y 290-192545 que englob\u00f3 las matr\u00edculas 290-6873 y 290-6874\u00ab; y (ii) se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso en aplicaci\u00f3n a lo previsto en el num. 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, datan del 31 de enero y del 30 de marzo de 2022, respectivamente, mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 19 de julio de 2023, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los presuntamente afectados con las decisiones que consideran vulneradoras de sus derechos fundamentales debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de los promotores que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado, y, por el contrario, tal y como obra dentro del expediente, se observa que los gestores ning\u00fan pronunciamiento efectuaron en su momento para cuestionar las decisiones aqu\u00ed criticadas y exponer ante el juez de la causa las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, por lo que mal pueden pretender ahora acudir a la tutela para revivir oportunidades fenecidas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Los accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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