STC8685-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8685-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03180-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Doce Penal del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal n\u00ba 2017-00065. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando por conducto de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde defensa t\u00e9cnica y\u2026 debido proceso\u00bb que estima lesionados por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. De la demanda y las pruebas recaudadas se extracta que, mediante fallo de 17 de julio de 2020 proferido por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda fue condenado a 90 meses de prisi\u00f3n como coautor de los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos1. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el declarado penalmente responsable y confirmada, en lo medular, por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 28 de septiembre de 20212. <\/p>\n
Contra el anterior pronunciamiento el procesado, por conducto de su defensor, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, desatado por la Sala Especializada de esta Corte el pasado 1\u00ba de marzo (SP064-2023), en el sentido de absolverlo de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y ratificar la condena por peculado por apropiaci\u00f3n, procediendo a tasar las sanciones de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
* 82 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas.<\/p>\n
* Multa de $3.411.367.363,84.<\/p>\n
* Perjuicios a favor de ADRES por valor de $3.411.367.363,84. <\/p>\n
3. El actor acusa a la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de incurrir en defectos f\u00e1ctico y sustantivo pues: \u00abconsider\u00f3 err\u00e1ticamente que\u2026 ejerc\u00eda una funci\u00f3n p\u00fablica delegada consistente en el recaudo y administraci\u00f3n de los bienes parafiscales provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u2026, al pretermitir se\u00f1alar en su parte motiva en cuales [sic] pruebas fundament\u00f3 su fallo\u2026 y\u2026 desconoci\u00f3 las pruebas aportadas durante el debate procesal, y lo definido por la Ley 100 de Diciembre [sic] 23 de 1993 en sus Art\u00edculos 178- 152 -227, Decreto 723 de 1997 y 2753 de 1997\u00bb <\/p>\n
4. Finalmente, luego de exponer su particular visi\u00f3n respecto de la forma como debieron valorarse los medios de convicci\u00f3n que soportan su teor\u00eda y las disposiciones legales llamadas a ser aplicadas en el asunto particular, solicit\u00f3: \u00abRevocar el fallo adiado primero (1\u00b0) de marzo hoga\u00f1o, en su numeral tercero (3\u00b0) que determin\u00f3 confirmar la condena del Ad quem por la supuesta comisi\u00f3n de la Conducta de Peculado Por Apropiaci\u00f3n en favor de Terceros\u2026 impugnado mediante la presente acci\u00f3n constituci\u00f3n de la Tutela [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, por conducto del Magistrado ponente de la sentencia por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso extraordinario, transcribi\u00f3 la parte resolutiva de la providencia y advirti\u00f3 que en ella \u00abse consignaron las razones de hecho y de derecho que llevaron a\u2026 dictarla, por lo que a su contenido [se] remit[e], ya que, en t\u00e9rminos generales, lo arg\u00fcido en la acci\u00f3n constitucional fue planteado ante esta instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Cali se limit\u00f3 a dar cuenta de lo resuelto tanto en segunda instancia como en sede de casaci\u00f3n y a remitir copias de tales determinaciones. <\/p>\n
3. El Juez Doce Penal del Circuito de Cali, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas y decisiones adoptadas resalt\u00f3 que \u00abno se advierte vulneraciones al derecho fundamental alguno\u2026 por lo que\u2026 se solicita se nos desvincule del presente tr\u00e1mite procesal, por carecer completamente de competencia para absolver el objeto del litigio\u00bb. <\/p>\n
4. El Fiscal Cincuenta y Nueve Especializado contra la Corrupci\u00f3n, luego de referirse ampliamente a lo debatido en la causa penal, advirti\u00f3 que no existi\u00f3 la lesi\u00f3n alegada por el quejoso, por el contrario, las decisiones de las que se duele, contienen \u00abuna adecuada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
5. Coomeva EPS, en liquidaci\u00f3n, por conducto de apoderada general, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda, al ratificar su responsabilidad penal como coautor del delito de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, declarada por el Juzgado Doce Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior -ambos de la ciudad de Cali- porque, supuestamente, valor\u00f3 de forma \u00abindebida\u00bb las pruebas recaudadas y realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n \u00aberr\u00e1tica\u00bb de las normas llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 De la razonabilidad de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal <\/p>\n
Auscultadas las razones sobre las que se ciment\u00f3 la presente queja y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada en las pruebas legal y oportunamente practicadas en la actuaci\u00f3n penal de cara a las censuras planteadas en la instancia respectiva. <\/p>\n
En efecto, la Corte, luego de efectuar un amplio recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen a la actuaci\u00f3n penal, analiz\u00f3 los reparos formulados por el condenado, a trav\u00e9s de su defensor, en sede extraordinaria, los cuales se circunscribieron -como en este amparo- a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria incorrecta y la interpretaci\u00f3n normativa errada respecto de la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, frente a lo cual, record\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se dijo ya, pero debe reiterarse aqu\u00ed, que la naturaleza del delito, en el caso concreto, surge de que los dineros involucrados corresponden a fondos parafiscales, para cuyo recaudo, administraci\u00f3n y custodia, atribuye la ley la condici\u00f3n de servidores p\u00fablicos a los encargados de ello. <\/p>\n
El debate planteado por los defensores estriba, entonces, en que sus representados, con excepci\u00f3n del gerente de la EPS Coomeva, Jorge Humberto C\u00e9spedes Ibarra, eran ajenos a esas funciones y se limitaron a cumplir con sus obligaciones. <\/p>\n
La discusi\u00f3n, en principio, puede aparecer compleja, en tanto, no existen referentes concretos, dentro de las entidades p\u00fablicas, que puedan aplicarse sin matices a las EPS, dada la condici\u00f3n reglamentada que delimita la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos adscritos a las primeras, acorde con lo que de forma expresa consagran la ley y el manual o reglamento espec\u00edficos. <\/p>\n
No puede dejar de mencionarse, eso s\u00ed, que en trat\u00e1ndose de las funciones espec\u00edficas de administraci\u00f3n y custodia de dineros p\u00fablicos, esta Sala y la Corte Constitucional han adoptado un criterio expansivo o, mejor, material, al amparo del cual, incluso en los casos en los que la ley o el reglamento no atribuyen de forma expresa o directa las tareas en cuesti\u00f3n, si en la pr\u00e1ctica, por ocasi\u00f3n del reparto de funciones en la entidad u orden concreta, se desarrollan las mismas, el servidor p\u00fablico debe responder, dentro de la \u00f3rbita del peculado, por el mal uso o distracci\u00f3n del bien a su cargo. <\/p>\n
Ello tiene su fundamento, cabe agregar no solo en la naturaleza del bien objeto de apropiaci\u00f3n, sino en la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico de la persona \u2013que despeja una sujeci\u00f3n particular con deberes anejos al servicio- y la disponibilidad material o jur\u00eddica, en cuanto, le permite o facilita ese apoderamiento. <\/p>\n
Junto con lo anotado, la Corte no duda en torno de la posibilidad de intervenci\u00f3n de varias personas, como coautores, esto es, en calidad de sujetos activos calificados que de forma directa realizan la conducta, en el delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, en el entendido que dentro de las entidades p\u00fablicas puede presentarse un trabajo compartimentado que obliga, para la materializaci\u00f3n del delito, de la conjunci\u00f3n de varias voluntades y tareas subsecuentes, complementarias o coincidentes, sin las cuales no podr\u00eda consumarse la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En estos casos, se agrega, la disponibilidad opera conjunta (siempre y cuando, desde luego, todos posean la calidad de sujetos activos calificados), como quiera que un solo acto o voluntad, individual, no permite la disposici\u00f3n material o jur\u00eddica del bien (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En torno al comportamiento atribuido a Le\u00f3n Avellaneda destac\u00f3 que, como no exist\u00eda una disposici\u00f3n normativa (estatutaria o reglamentaria) dentro de la empresa para la cual laboraba (Coomeva EPS) que permitiera determinar, sin ambages, \u00aba qu\u00e9 empleado\u2026 le compet[\u00edan] las tareas de recaudo, administraci\u00f3n y custodia de los fondos parafiscales\u00bb o, quien ten\u00eda la disposici\u00f3n de los mismos, el an\u00e1lisis del caso concreto deb\u00eda efectuarse desde una perspectiva eminentemente material que permitiera dilucidar <\/p>\n
\u00ab[L]a forma en que se distrajeron los dineros p\u00fablicos y la intervenci\u00f3n espec\u00edfica que en ello tuv[o] [el] acusad[o], bajo el criterio, indiscutible, de que las EPS, necesariamente y dentro de su esencia, desarrollan una tarea delegada por el Estado, que implica indispensable la administraci\u00f3n de fondos parafiscales, de lo cual se sigue, para lo debatido, que sus empleados guardan una sujeci\u00f3n directa con la debida custodia, administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los mismos, cometido que no asoma aislado, coyuntural o excepcional. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, en un plano enteramente dogm\u00e1tico, si se dice que la Ley 100 de 1993 proh\u00edbe a las EPS contratar servicios de simple intermediaci\u00f3n m\u00e9dica, entre otras razones, porque ello constituye un indebido encarecimiento de la prestaci\u00f3n, que repercute directamente en el uso, disponibilidad y finalidades de los recursos parafiscales, perfectamente puede concluirse que aquellos contratos celebrados con determinadas IPS, entidades privadas o profesionales independientes, que destinen dichos dineros a pagar la prohibida intermediaci\u00f3n, determinan objetiva la apropiaci\u00f3n indebida que rotula el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, limitada, cabe precisar, al monto que perciben esos terceros, se le puede llamar ganancia, por la innecesaria tarea (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de la actividad realizada por el ac\u00e1 accionante dentro del entramado criminal que permiti\u00f3 el desv\u00edo de los recursos p\u00fablicos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Bajo estas consideraciones, no cabe duda de que al gerente de la EPS Coomeva \u2013en este caso, Jorge Humberto C\u00e9spedes Ibarra-, en cuanto, encargado de suscribir los contratos con las IPS o los prestadores independientes de servicios de salud, le cabe directa responsabilidad en el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, dado que la indebida distracci\u00f3n del dinero, se repite, ocurre necesariamente por la forma de contrataci\u00f3n y sus efectos espec\u00edficos. <\/p>\n
Pero, ya en lo que toca con la segunda de las modalidades de apropiaci\u00f3n expuesta \u2013sobrecostos, pagos injustificados, etc.- es factible advertir la presencia de otros actores directos, que con su acci\u00f3n u omisi\u00f3n propiciaron dichos pagos indebidos. <\/p>\n
Es lo que ocurre con Carlos Arturo Parra Orozco y Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda, en tanto, a m\u00e1s de advertirse su tarea directa en la determinaci\u00f3n de requisitos b\u00e1sicos a fin de escoger a los contratistas y, consecuentemente, la vinculaci\u00f3n con los dineros distra\u00eddos en la labor de intermediaci\u00f3n atribuida a Medicamentos de Occidente, tambi\u00e9n se signific\u00f3 en los hechos jur\u00eddicamente relevantes delimitados por la Fiscal\u00eda, acogidos por los falladores de las instancias ordinarias, que realizaron actividades relacionadas con la aprobaci\u00f3n de pagos por actividades m\u00e9dicas puestas en entredicho. <\/p>\n
(\u2026) [El] procesad[o] Manuel Humberto Le\u00f3n\u2026 en su calidad de Director Nacional de Salud\u2026 de la EPS Coomeva\u2026, desarrollab[a] funciones de verificaci\u00f3n de atenci\u00f3n y control de pagos, necesarias para que los dineros efectivamente se entregaran a Medicamentos de Occidente, no cabe duda de que su anuencia result\u00f3 significativa en el detrimento patrimonial que deriva, aco[r]de con lo referido por los auditores y lo consignado en los diferentes informes de Polic\u00eda Judicial, de los pagos dobles, sobrecostos, pagos a fallecidos, consignaciones anticipadas, conciliaci\u00f3n de glosas, etc. <\/p>\n
Esto, se reitera, bajo la consideraci\u00f3n que en su esencia la EPS se ocupa primordialmente de prestar el servicio de salud a la poblaci\u00f3n afiliada, a trav\u00e9s del uso de los dineros pagados por estos, estimados bienes parafiscales, de lo cual se sigue que el deber de custodia, administraci\u00f3n y adecuada destinaci\u00f3n, se difumina a todo lo largo de su estructura, aunque, desde luego, la responsabilidad penal radica en personas espec\u00edficas cuya actividad funcional y conducta concreta se adviertan fundamentales en el detrimento patrimonial. <\/p>\n
De esta manera, la l\u00ednea que adopta la Corte en torno de la responsabilidad penal por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, al interior de este tipo de entidades prestadoras de salud, se soporta en criterios eminentemente materiales, pues, la remisi\u00f3n a cualesquiera reglamentos o manual de funciones de la entidad, no permite abarcar el aspecto sustancial que gobierna el tema, entre otras razones, porque a m\u00e1s del criterio general de custodia y administraci\u00f3n de dineros parafiscales, los procesados en menci\u00f3n ocupan altos cargos dentro de la EPS, con absoluto deber de sujeci\u00f3n respecto del destino y uso de los recursos en cuesti\u00f3n, acorde con el objeto de la entidad, adem\u00e1s del deber espec\u00edfico que surge de su labor de supervisi\u00f3n de la efectiva prestaci\u00f3n del servicio de salud y la posibilidad de glosar o negar el pago al contratista, en los casos en los cuales este se registre inadecuado, inexistente, indemostrado o exagerado en su costo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De similar manera debe pronunciarse la Sala en torno de la actividad y responsabilidad penal atribuidas a Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda, como quiera que de manera directa varios empleados de la EPS lo refirieron adscrito al equipo mediante el cual, con la direcci\u00f3n de Melba Luc\u00eda Fl\u00f3rez, se seleccionaban los contratistas y el tipo de contratos a ejecutar. <\/p>\n
Dentro de su labor, es claro, supo de la intermediaci\u00f3n entregada a Medicamentos de Occidente y de la forma en que Fl\u00f3rez Toro intervino para entregar a esta entidad las cirug\u00edas de pr\u00f3tesis a trav\u00e9s de una carta acuerdo por completo irregular, que trat\u00f3 de justificar, el procesado, como una suerte de \u201cconvenio financiero\u201d, en tesis por completo absurda si se mira su contenido, expresamente dirigido a entregar la prestaci\u00f3n de un servicio espec\u00edfico de salud. <\/p>\n
Junto con lo anotado, la manifestaci\u00f3n de Le\u00f3n Avellaneda \u2013consignada en la indagatoria-, en la cual significa que su funci\u00f3n apenas remit\u00eda a verificar la calidad del servicio prestado -dirigida a eliminar cualquier intervenci\u00f3n en los delitos contractuales-, de contera delimita ostensible su responsabilidad en el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, conocidas las irregularidades que signaron la ejecuci\u00f3n concreta de los acuerdos de prestaci\u00f3n de servicios de salud, no controvertidas en un cargo espec\u00edfico dentro de la demanda presentada por su defensor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, para esta Sala la providencia emanada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en las pruebas v\u00e1lidamente allegadas al juicio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al confrontar la presente solicitud de amparo con las intervenciones del procesado al interior del tr\u00e1mite (que se extractan del fallo censurado), se observa que lo pretendido es insistir en argumentos que fueron analizados y desestimados por las autoridades jurisdiccionales con apoyo de los principios superiores consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, buscando hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las normas, la jurisprudencia aplicable y a\u00fan de las pruebas recaudadas, sobre la hermen\u00e9utica de la Sala convocada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el gestor es anteponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas, las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y de la jurisprudencia aplicable, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tambi\u00e9n se impusieron 90 meses de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas y multa de $4.317.146.799,84, al tiempo que se le conden\u00f3 a resarcir perjuicios por valor de $4.317.146.799,84. <\/p>\n
2\u0002 Corporaci\u00f3n modific\u00f3 \u00fanicamente lo relativo a la entidad beneficiaria de la sanci\u00f3n resarcitoria. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8685-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8685-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03180-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Manuel Humberto Le\u00f3n Avellaneda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75785","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75785\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}