STC8689-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8689-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03248-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucy Elvira Luna Albarrac\u00edn contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-00321. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, fue procesada penalmente por el delito de \u00abconcusi\u00f3n en calidad de interviniente\u00bb (rad. 2011-00321). Mediante fallo del 17 de febrero de 2020 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogot\u00e1 la absolvi\u00f3. Apelada esa decisi\u00f3n por la Fiscal\u00eda y la Procuradur\u00eda, la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial la revoc\u00f3 el 22 de septiembre de 2021 y le impuso, en consecuencia, una pena de 100 meses de prisi\u00f3n, multa de 77.41 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 81 meses. <\/p>\n
Refiere que, contra la sentencia condenatoria del tribunal su defensa formul\u00f3 impugnaci\u00f3n especial ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Relata que, el 21 de julio de 2022 \u2013 SP2536-2022 \u2013, esa Sala Especializada decidi\u00f3 anular la actuaci\u00f3n \u00abdesde el 14 de diciembre de 2018\u00bb tras advertir que hab\u00eda acaecido el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto del delito endilgado. <\/p>\n
Empero, destaca que, el 24 de agosto de 2022 la accionada, de oficio, profiri\u00f3 la sentencia SP3013-2022 con la cual resolvi\u00f3 \u00abenmendar el c\u00e1lculo aritm\u00e9tico realizado en la SP2536-2022 del 21 de julio de 2022 [\u2026] como consecuencia de ello, declar\u00f3 que la acci\u00f3n penal no hab\u00eda prescrito y [la] conden\u00f3 a la pena de 75 meses y 7 d\u00edas de prisi\u00f3n, 61.8 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas y multa de 57.96 smlmv como c\u00f3mplice del delito de concusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, luego de haber sido notificada de dicha providencia, su defensor solicit\u00f3 la nulidad de la misma, con fundamento en la vulneraci\u00f3n del debido proceso, comoquiera que, seg\u00fan su criterio, se habr\u00edan desatendido las normas y jurisprudencia que se refieren a la irreformabilidad de la sentencia por el mismo juez que la dict\u00f3. Sin embargo, la accionada desestim\u00f3 dicha pretensi\u00f3n (con prove\u00eddos del 26 de octubre de 2022 y de 21 de junio de 2023, este \u00faltimo que resolvi\u00f3 adversamente el recurso de reposici\u00f3n). <\/p>\n
Cuestiona las decisiones rese\u00f1adas, especialmente la del 24 de agosto de 2022 a trav\u00e9s de la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Penal con el objeto de corregir un error aritm\u00e9tico, modific\u00f3 lo resuelto el 21 de julio, y al hacerlo, encontr\u00f3 que la prescripci\u00f3n del punible reprochado no se hab\u00eda configurado, por lo tanto, decidi\u00f3 confirmar la condena impuesta por el tribunal ad quem, pero disminuyendo las sanciones. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, la Sala advirti\u00f3 que el reproche punitivo que deb\u00eda hac\u00e9rsele era en calidad de c\u00f3mplice, no como interviniente, situaci\u00f3n que implicaba que el \u00abcorredor punitivo al que se enfrentaba deb\u00eda disminuirse de la sexta parte a la mitad conforme lo establecido en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal\u00bb. Resalta que, la Hom\u00f3loga acusada para fundamentar normativamente esa determinaci\u00f3n, acudi\u00f3 a los art\u00edculos 412 de la ley 600 de 2000 y 286 del C\u00f3digo General del Proceso por integraci\u00f3n normativa, disposiciones que regulan la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos. <\/p>\n
Sin embargo, critica que, lo que hizo la Sala no fue una correcci\u00f3n puramente aritm\u00e9tica, ya que esa modificaci\u00f3n implic\u00f3 un cambio sustancial de la decisi\u00f3n, sobre el particular, adujo que, \u00ab(\u2026) el error de la sentencia inicial no pod\u00eda \u201ccorregirse\u201d de la forma realizada por la Sala y mucho menos bajo la consideraci\u00f3n de que es aritm\u00e9tico. En realidad, ese error es de car\u00e1cter sustancial, pues tiene su origen en la indebida aplicaci\u00f3n de un par\u00e1metro fijado en la ley para la determinaci\u00f3n del corredor punitivo y, tras su \u201ccorrecci\u00f3n\u201d, es necesario realizar distintas consideraciones jur\u00eddicas y valorativas de la conducta del procesado para proferir la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con esa determinaci\u00f3n, sostiene, la tutelada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto y desconocimiento de precedentes jurisprudenciales; frente a esto \u00faltimo, porque con la correcci\u00f3n oficiosa, se desatendi\u00f3 la postura expuesta por esa misma Sala en uno de sus pronunciamientos (AP4990-2022), en el que puntualiz\u00f3 que \u00abesos errores, no pod\u00edan corregirse desconociendo otros derechos como el debido proceso\u00bb; al igual que la sentencia T-875 de 2000 de la Corte Constitucional que precis\u00f3 que, la correcci\u00f3n de orden aritm\u00e9tico no puede \u00abalterar los factores o elementos que la componen [la decisi\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recrimin\u00f3 que, en los prove\u00eddos que resolvieron sobre la nulidad propuesta, la Sala indic\u00f3 que no hab\u00eda acudido a la literalidad de los textos legales citados que sirvieron para soportar la decisi\u00f3n, \u00absino a una interpretaci\u00f3n de la ley a partir de principios a los que debe acudirse cuando se trata de soluciones casos l\u00edmite o dif\u00edciles. Lo cierto es que, lo \u00fanico que permit\u00eda tildar este caso como l\u00edmite o dif\u00edcil fue su propio error que, por no ser puramente aritm\u00e9tico no pod\u00eda ser corregido en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se revoque la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abel 24 de agosto de 2022 y, en su lugar, confirmar la del 21 de julio de 2022 en la cual fue decretada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, sostuvo que, en dicha determinaci\u00f3n la Sala corrigi\u00f3 un error aritm\u00e9tico e hizo pronunciamientos sobre la responsabilidad de la procesada Luna Albarrac\u00edn. Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que, la tutela no propone ning\u00fan argumento novedoso o distinto a los expuestos en el proceso y \u00abtratados por la Corte en las providencias en las cuales se decidi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y luego la solicitud de nulidad\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en relaci\u00f3n con el precedente judicial que trae a colaci\u00f3n la actora, proferido por la misma Sala sobre la tem\u00e1tica de la correcci\u00f3n de las sentencias, dista del contexto de la actual demanda, pues, aqu\u00e9l caso vers\u00f3 sobre la valoraci\u00f3n del momento en que se produjo la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, m\u00e1s no de un error aritm\u00e9tico. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, el 22 de septiembre de 2021 emiti\u00f3 sentencia de segunda instancia en el caso de Luna Albarrac\u00edn, revocando la del a quo para en su lugar condenarla, decisi\u00f3n que fue objeto de impugnaci\u00f3n especial por la defensa de aquella. La Sala de Casaci\u00f3n Penal devolvi\u00f3 el expediente el 26 de agosto de 2022, a fin de que se d\u00e9 cumplimiento a lo resuelto en providencia del 24 de ese mismo mes. <\/p>\n
3. El Juzgado Sesenta y Dos Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, inform\u00f3 que adelant\u00f3 la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de Lucy Elvira Luna Albarrac\u00edn, llevada a cabo el 24 de abril de 2013, pero que una vez finalizada la misma, perdi\u00f3 competencia en dicho asunto, raz\u00f3n por la cual solicita la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 la garant\u00eda supralegal invocada por la quejosa al corregir de oficio, por error aritm\u00e9tico, la sentencia SP2536-2022 de 21 de julio de 2022 en la cual hab\u00eda declarado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con el delito de \u00abconcusi\u00f3n en calidad de c\u00f3mplice\u00bb (proceso penal radicado n\u00ba 2011-00321), para en su lugar \u2013 fallo SP3013-2022 del 24 de agosto de 2022 \u2013, confirmar la condena impuesta por el tribunal ad quem (con disminuci\u00f3n del quantum punitivo), incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto y desconocimiento de precedentes sobre la irreformabilidad de la sentencia por el mismo juez que la dict\u00f3 y las correcciones que modifican aspectos sustanciales. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Como la queja constitucional apunta esencialmente al hecho de haberse corregido por la Hom\u00f3loga accionada, de oficio, una decisi\u00f3n a partir de un error aritm\u00e9tico, lo que signific\u00f3 una variaci\u00f3n sustancial de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la procesada; el an\u00e1lisis de la Sala se circunscribir\u00e1 al pronunciamiento que resolvi\u00f3 la nulidad propuesta por la defensa \u2013 AP4990-2022 de 26 de octubre de 2022 y AP1814-2023 de 21 de junio de 2023 que confirm\u00f3 el anterior \u2013, escenario que concentr\u00f3 la controversia que ahora se replica por esta senda excepcional. <\/p>\n
3.2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la postura de la accionada no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.2.1. En ese contexto, la defensa de la tutelante aleg\u00f3 que el error corregido por la Sala no era \u00fanicamente aritm\u00e9tico, sino de interpretaci\u00f3n con efectos sustanciales y que, aunque el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso permita en cualquier tiempo enmendar las decisiones por ese tipo de yerros, no es posible hacerlo si aquello supone variar una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada. A\u00f1adi\u00f3 que no se trataba de un c\u00e1lculo equivocado de las proporciones para establecer la pena que le corresponde al c\u00f3mplice \u00absino de una interpretaci\u00f3n sobre los l\u00edmites de la reducci\u00f3n de la pena para el part\u00edcipe\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. La accionada, preliminarmente, previo a abordar dicha censura precis\u00f3 que, para corregir el error advertido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no sustent\u00f3 su decisi\u00f3n exclusivamente en el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso. Emple\u00f3 un conjunto de normas que tratan temas afines con el prop\u00f3sito de corregir un error aritm\u00e9tico que afectaba el orden justo que es el fundamento del Estado Constitucional. Es decir, interpret\u00f3 la ley de acuerdo con los principios y fundamentos del Estado para restaurar la juridicidad respecto de un error aritm\u00e9tico esencialmente subsanable. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, la Sala tambi\u00e9n indic\u00f3 que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal como consecuencia de notorios errores sustanciales constituye un defecto f\u00e1ctico, como lo decidi\u00f3 la Sala en la STP 8765-2022 del 3 de mayo de 2022. Lo hizo para significar que si defectos conceptuales pueden constituir v\u00edas de hecho judiciales (sic), con mayor raz\u00f3n los errores aritm\u00e9ticos, que son por esencia objetivos, pueden conducir a ese mismo tipo de desviaciones\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien es cierto el principio de la inmutabilidad de las decisiones es parte de aquellos que integran el debido proceso y la seguridad jur\u00eddica como derivaci\u00f3n del principio de cosa juzgada, tambi\u00e9n el debido proceso y el valor de la justicia autorizan la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos que se constaten de manera objetiva. En tal sentido, puntualiz\u00f3 en primer t\u00e9rmino que, no estaba en discusi\u00f3n que la procesada actu\u00f3 en calidad c\u00f3mplice, y que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La correcci\u00f3n se reduce a se\u00f1alar cu\u00e1l es la pena que le corresponde al c\u00f3mplice del delito desde el punto de vista aritm\u00e9tico, no desde la dogm\u00e1tica de la participaci\u00f3n. En esa medida, el ajuste que hizo la Corte tiende a guardar la coherencia entre lo decidido respecto del grado de participaci\u00f3n y la pena que le corresponde a quien participa de esa manera en el delito, pero esta vez bajo las proporciones aritm\u00e9ticas correctas. <\/p>\n
En efecto, la correcci\u00f3n es sobre un error aritm\u00e9tico, producto del cambio de los par\u00e1metros para establecer el m\u00ednimo y el m\u00e1ximo de la pena que le corresponde al c\u00f3mplice del delito. Esta operaci\u00f3n no admite interpretaci\u00f3n distinta a la indicada en los art\u00edculos 30 inciso segundo y 60, numeral 4 del C\u00f3digo Penal. Por eso el error surge al no haber sumado y restado las fracciones en la \u00fanica forma que la ley penal autoriza, que es como se manifiesta objetivamente el error aritm\u00e9tico en el derecho\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la posibilidad de corregir actos irregulares se encontraba contemplada en normativas procedimentales tales como la Ley 906 de 2004 (art\u00edculo 10), ley 600 de 2000 (art\u00edculo 412), y el decreto 2097 de 1991 (art\u00edculo 49), por lo tanto, acudir a ellos no atentaba contra la seguridad jur\u00eddica, por el contrario, permit\u00eda modular los efectos de un acto que afectaba la legitimidad de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente indic\u00f3 que, la nulidad formulada no pod\u00eda salir avante por cuanto la actuaci\u00f3n se\u00f1alada como inv\u00e1lida ten\u00eda sustento legal y, contrario a lo alegado, reivindicaba la juridicidad en vez de atentar contra ella, y a\u00f1adi\u00f3, <\/p>\n
\u00abSiguiendo la \u00faltima afirmaci\u00f3n se debe decir que luego de constatado el acto irregular o determinado el objeto de valoraci\u00f3n, proceden los juicios de taxatividad, residualidad y trascendencia. Como en este caso la sentencia mediante la se cual se corrigi\u00f3 el acto aritm\u00e9tico lo que hace es restaurar el orden jur\u00eddico, ese acto es legal y son improcedentes juicios de taxatividad, residualidad y trascendencia sobre un acto leg\u00edtimo\u00bb. <\/p>\n
Luego, en el auto de 21 de junio de 2023, en el que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto frente a la anterior determinaci\u00f3n, la Sala tutelada, previo a aclarar que el recurso impetrado lo \u00fanico que hac\u00eda era retomar la discusi\u00f3n suscitada con la petici\u00f3n de nulidad, se ocup\u00f3 de explicar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En materia de interpretaci\u00f3n judicial es insuficiente subsumir el caso a la norma general para aplicar la ley. La normativizaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, que antes era un asunto esencialmente pol\u00edtico, llev\u00f3 a incorporar principios y valores que le imprimen sentido a la ley. De esta manera, la ley, m\u00e1s que expresi\u00f3n de la voluntad general, es el producto de un proceso pluralista que realiza principios y valores de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esto es importante para mostrar por qu\u00e9 la Corte no se limit\u00f3 a considerar aisladamente el texto del art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso, sino a encontrar en la din\u00e1mica de normas de similar sentido, y de principios y valores constitucionales, una interpretaci\u00f3n que permitiera solucionar el error, m\u00e1s all\u00e1 del trazo ling\u00fc\u00edstico de la ley. <\/p>\n
Es decir, la Sala no se limit\u00f3 a aplicar la ley en sentido formal y como mero proceso de subsunci\u00f3n y, segundo, asumi\u00f3 el error como un procedimiento equivocado que no se limita a sumar y restar dos proporciones, sino a corregir consecuencias injustas que sobrevienen como resultado de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica equivocada, las cuales no pueden subsistir v\u00e1lidamente al ser consecuencia directa de ese error\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, explic\u00f3 que, los art\u00edculos 30 y 60 numeral 5\u00ba del C\u00f3digo Penal, disponen que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el c\u00f3mplice incurre en la mitad de la pena m\u00ednima y en la sexta parte de la m\u00e1xima que corresponde al autor. Es decir, que esas dos normas determinan c\u00f3mo se debe hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, sin que exista una opci\u00f3n diferente a la all\u00ed establecida. Dicho de otra manera, la ley dice c\u00f3mo se debe sumar y restar. Quien no lo hace as\u00ed, incurre en un error aritm\u00e9tico. <\/p>\n
Ante el error, la Sala estaba en el deber de corregirlo, para lo cual adujo que el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso permite esa correcci\u00f3n y estim\u00f3, adem\u00e1s, que otras normas que determinan la manera de solucionar irregularidades, conforman la proposici\u00f3n jur\u00eddica completa que avalan la legalidad de la decisi\u00f3n judicial que ahora se controvierte\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente recalc\u00f3 que, estaba claro que la decisi\u00f3n tuvo suficiente soporte legal, y, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [d]esde esa margen, entonces, el principio de cosa juzgada analizado bajo las reglas que autorizan la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos objetivos y que, en determinados casos, como el que se analiza, tienen incidencia en aspectos que dependen de su irregularidad, tiene una relatividad que est\u00e1 sujeta a la condici\u00f3n de que la sentencia no incorpore errores aritm\u00e9ticos que hagan de la decisi\u00f3n una sentencia injusta. <\/p>\n
La Corte, por esa raz\u00f3n, solucion\u00f3 un error aritm\u00e9tico, que impide mantener consecuencias que solo se explican como resultado de ese error objetivo. De all\u00ed que la decisi\u00f3n sea contraria a las hip\u00f3tesis que la defensa plantea al partir de supuestos diferentes\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta improcedente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; al respecto, se ha expuesto de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el que la gestora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
Y es que, m\u00e1s all\u00e1 de la diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala Especializada accionada apreci\u00f3 la discusi\u00f3n propuesta, observa la Corte que en realidad lo que hace la actora, por intermedio de su apoderado, es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, utilizando la tutela como una instancia adicional, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala Especializada convocada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8689-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8689-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03248-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucy Elvira Luna Albarrac\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75788","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75788"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75788\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}