STC8692-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8692-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03211-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samuel Rascovsky Rascovsky, Altos del Teusac\u00e1 S.A.S. y Forestal Andina S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de esta ciudad y las partes y dem\u00e1s intervinientes reconocidos en el ejecutivo n\u00ba. 2015-00785. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando por conducto de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estiman vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n allegados, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Los ac\u00e1 accionantes promovieron el compulsivo indicado en p\u00e1rrafos precedentes, por obligaci\u00f3n de hacer, contra Arias, Serna y Saravia S.A.S., Promover Gerencia Inmobiliaria S.A.S. e Inversiones Proarsesa S.A. (en liquidaci\u00f3n), exhibiendo como t\u00edtulo de recaudo el laudo de 4 de junio de 20131 proferido por el Tribunal de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se conden\u00f3 a las ejecutadas a realizar las obras pactadas en el \u00abConvenio para Desarrollar el Proyecto de Parcelaci\u00f3n Campestre denominado \u201cAltos del Teusac\u00e1\u201d, situado en el municipio de La Calera\u00bb y a sufragar unas sumas de dinero por concepto de cl\u00e1usula penal, as\u00ed como las multas por mora previstas en el aludido contrato, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
2.2. La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, luego de algunas vicisitudes2, libr\u00f3 orden de apremio el 3 de noviembre de 2016 en la que incluy\u00f3 el pago de las multas pactadas en el convenio fuente de la negociaci\u00f3n; asimismo, el 17 de agosto de 2017 profiri\u00f3 un nuevo mandamiento, ordenando el pago de \u00abperjuicios moratorios en raz\u00f3n de $1.000.000 diarios por el incumplimiento de las obligaciones de hacer correspondientes al Eje Vial No. 1 y No. 2\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agotado el debate probatorio, el 29 de septiembre de 2022 la c\u00e9lula judicial cognoscente profiri\u00f3 fallo desestimatorio al declarar probadas las excepciones relativas a la satisfacci\u00f3n de las obligaciones, formuladas por la pasiva. <\/p>\n
2.4. Contra dicha determinaci\u00f3n los demandantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El pasado 16 de febrero la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 parcialmente el prove\u00eddo de primer grado para, en su lugar, disponer la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n respecto de la \u00abconstrucci\u00f3n de la red de servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica, acorde al dise\u00f1o y normatividad correspondiente al eje v\u00eda n\u00famero 1; la conexi\u00f3n, para las Etapas 3 y 4 de Altos del Teusac\u00e1, al sistema de suministro de agua, proveniente del acueducto interveredal de Aguas de Bogot\u00e1, en el eje vial n\u00famero 2; y las obras que garanticen, durante el lapso de construcci\u00f3n de la Primera Etapa, el correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas negras, as\u00ed como el manejo del agua reciclada, de la manera se\u00f1alada en los considerandos del laudo arbitral\u00bb, no as\u00ed frente al cobro de los \u00abperjuicios moratorios\u00bb representados en la multa estipulada en el convenio. <\/p>\n
3. Los accionantes acusan la incursi\u00f3n, por parte del tribunal, en defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo: <\/p>\n
3.1. Frente al primero, dijeron que, si bien, \u00abde acuerdo con la jurisprudencia civil el juez tienen la posibilidad y el deber de revisar el mandamiento de pago en cualquier estado del proceso para asegurar su adecuaci\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el d\u00e9ficit que solo en la sentencia de segunda instancia manifiesta haber encontrado, con lo cual, despu\u00e9s de cinco a\u00f1os de un azaroso proceso, priva a la parte ejecutante de toda oportunidad de defensa o de actuaci\u00f3n procesal y la deja sin la posibilidad de recibir la indemnizaci\u00f3n debida por los perjuicios atribuibles al persistente incumplimiento de los demandados\u00bb. <\/p>\n
Aseguraron que la colegiatura \u00abantes de proferir la sentencia de segunda instancia\u2026 tuvo la oportunidad de realizar la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n en dos oportunidades distintas, en las cuales no hizo reparo alguno respecto de las multas cobradas, as\u00ed como del t\u00edtulo ejecutivo presentado para el efecto\u00bb; no obstante, solo vino a hacerlo \u00abcinco a\u00f1os despu\u00e9s\u2026 de manera sorpresiva\u00bb con lo que socav\u00f3 su derecho de defensa y el principio de confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
3.2. En torno al defecto f\u00e1ctico manifestaron que el tribunal soslay\u00f3 que la solicitud de ejecuci\u00f3n se fundament\u00f3 en el laudo arbitral en el cual se conden\u00f3, adem\u00e1s de cumplir unas obligaciones de hacer, a pagar, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, las multas por mora sobreviniente (derivada del hecho de que aquellas cargas no se cumplieron en el plazo determinado) bajo la denominaci\u00f3n de cl\u00e1usula penal, teni\u00e9ndose que, para el caso puntual, la base del recaudo la constitu\u00eda un t\u00edtulo complejo \u2013el laudo y el contrato-. <\/p>\n
En tal sentido, se\u00f1alaron que se inobserv\u00f3 el contenido del documento de cobro y fue valorado \u00abarbitrariamente\u00bb pues \u00ab\u00fanicamente a partir del hecho de que se emple\u00f3 la denominaci\u00f3n de multa [la cl\u00e1usula # 14] se desconoci\u00f3 ese car\u00e1cter indemnizatorio que tiene la cl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
3.3. Finalmente, respecto del yerro material, advirtieron la inaplicaci\u00f3n del \u00abart\u00edculo 793 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debido a que para disponer seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de los perjuicios moratorios, el Tribunal exige que se aporte prueba que los acredite, cuando del tenor literal de esa disposici\u00f3n se desprende que tal prueba s\u00f3lo es necesaria cuando los perjuicios no obren en el t\u00edtulo ejecutivo, y el t\u00edtulo ejecutivo, tal como qued\u00f3 recogido en el mandamiento de pago, es un t\u00edtulo complejo que ampara, por un lado, las obligaciones de hacer que el tribunal encontr\u00f3 incumplidas y, por otro, las multas pactadas por las partes por la mora en la ejecuci\u00f3n de tales obligaciones, las cuales, como se ha dicho, tienen el car\u00e1cter de estimaci\u00f3n anticipada de los perjuicios derivados de la mora y tienen, entre otras finalidades, precisamente la de evitar tener que probar la existencia y la cuant\u00eda de los perjuicios o la responsabilidad del deudor\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo pretendido a t\u00edtulo de \u00abindemnizaci\u00f3n moratoria\u00bb se encontraba consignado en el documento ejecutivo, \u00abel Tribunal debi\u00f3\u2026 ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de los perjuicios moratorios, sin que le fuera dado exigir la prueba de los perjuicios o rechazar la orden de ejecuci\u00f3n con base en la ausencia de la misma\u00bb. <\/p>\n
4. Solicitaron, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos de la providencia cuestionada exclusivamente en el \u00abaparte\u2026 en el que se neg\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n por los perjuicios moratorios causados por el incumplimiento de las obligaciones de hacer impuestas en el laudo arbitral\u00bb y ordenar a la colegiatura ad quem proferir una nueva en la que incluya dicho concepto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n de segundo grado dijo acogerse a los razonamientos vertidos en ella. <\/p>\n
2. El Juez Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 luego de detallar el tr\u00e1mite procesal surtido, resalt\u00f3 que \u00abno ha conculcado las prerrogativas constitucionales invocadas por quien aqu\u00ed acciona, como quiera que [sus] decisiones\u2026 tuvieron un sustento firme en la legislaci\u00f3n procesal civil que se encuentra vigente, en igual sentido, no esta llamada a acudir a la salvaguarda de los derechos denunciados como conculcados en el libelo de tutela, en la medida que no le es dable a esta agencia judicial intervenir en las decisiones tomadas por el superior jer\u00e1rquico en cumplimiento de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
3. Arias, Serna y Saravia S.A.S., por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que la corporaci\u00f3n accionada \u00abactu\u00f3 en el margen de la legalidad, respetando las disposiciones constitucionales, la ley y los principios que hacen parte del ordenamiento jur\u00eddico colombiano\u00bb, evidenci\u00e1ndose que lo pretendido por los promotores es \u00abobtener un nuevo pronunciamiento favorable\u00bb, ante la no prosperidad de sus alegaciones en sede ordinaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la autoridad accionada vulner\u00f3, al interior del ejecutivo 2015-00785, la garant\u00eda fundamental invocada por los promotores por cuanto, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n por ellos formulado contra el fallo desestimatorio de primer grado, se abstuvo de incluir en la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, los perjuicios moratorios representados en la multa estipulada en la cl\u00e1usula 14 del acuerdo base de la negociaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el laudo arbitral de 4 de junio de 2013 emanado del Tribunal de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por los promotores, habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las disposiciones legales aplicables y el precedente jurisprudencial, sino tambi\u00e9n en las pruebas legal y oportunamente practicadas. <\/p>\n
En efecto, para no acceder a la pretensi\u00f3n reclamada, la corporaci\u00f3n accionada indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inciso 2 del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil habilita al acreedor de una obligaci\u00f3n de hacer para reclamar, conjuntamente con su ejecuci\u00f3n, los perjuicios moratorios que se le han causado por la tardanza en su realizaci\u00f3n, desde cuando se hizo exigible y hasta su cumplimiento. En este evento, deber\u00e1 estimar bajo juramento su valor mensual, si no figura en el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, el art\u00edculo 1610 de la ley sustantiva Civil regula que, constituido en mora, el deudor de una obligaci\u00f3n de hacer, puede pedir al acreedor junto con la indemnizaci\u00f3n del retardo, la realizaci\u00f3n del hecho convenido, o que este lo ejecute un tercero a expensas del deudor, o el resarcimiento de los detrimentos resultantes de la infracci\u00f3n del contrato (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) examinado el tenor literal de esta estipulaci\u00f3n descarta que se trate de un pacto anticipado de una indemnizaci\u00f3n moratoria por la inejecuci\u00f3n de las obligaciones de hacer emanadas del laudo arbitral -documento b\u00e1culo de esta ejecuci\u00f3n-, dentro del plazo all\u00ed se\u00f1alado, toda vez que esta cl\u00e1usula no fij\u00f3 una penalidad por mora, sino una multa diaria que se hac\u00eda efectiva, si determinadas obras a cargo de las aqu\u00ed intimadas no se ejecutaban en el plazo convenido en los anexos de la negociaci\u00f3n, cuyo incumplimiento conllev\u00f3 a que se emitiera la decisi\u00f3n soporte del recaudo. <\/p>\n
As\u00ed que, ante la carencia de un convenio de perjuicios moratorios, los detrimentos de esta naturaleza que se reclamen deb\u00edan demostrarse en cuanto a su existencia y cuant\u00eda, m\u00e1xime cuando esta fue objetada por la parte convocada. <\/p>\n
Empero, las gestoras de este compulsivo, en acatamiento de la carga de la prueba, ning\u00fan elemento de juicio, incorporaron al plenario que acreditara que los menoscabos de esa estirpe invocados se generaron y adem\u00e1s en el monto solicitado. <\/p>\n
Tal orfandad demostrativa conspira en contra de sus intereses, pues la ausencia de prueba de los detrimentos por mora impetrados impide que se contin\u00fae con su ejecuci\u00f3n, y dicho sea de paso, en estas circunstancias, torna innecesario cualquier pronunciamiento frente a la objeci\u00f3n que se plante\u00f3 contra el juramento estimatorio que de los mismos se efectu\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en los precedentes de esta Colegiatura y en las pruebas v\u00e1lidamente allegadas al juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por los gestores es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas, las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y de la jurisprudencia aplicable, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Complementado mediante providencia de 5 de julio siguiente. <\/p>\n
2\u0002 La demanda fue inicialmente rechazada, pero al resolverse el recurso de apelaci\u00f3n formulado por los demandantes, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 orden\u00f3 su admisi\u00f3n. <\/p>\n
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