STC8695-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8695-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03217-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros Generales Suramericana S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, Jaime Alberto Avenda\u00f1o Lotero, Sergio Arturo Ospina Lopera, Mar\u00eda Amanda Joya Bayona, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00ba 2019-00585. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de representante legal judicial, la entidad solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub lite: <\/p>\n
2.1. Aduce la promotora que al interior del proceso de responsabilidad civil extracontractual que Jaime Alberto Avenda\u00f1o Lotero promueve en su contra -y de Sergio Arturo Ospina Lopera y Mar\u00eda Amanda Joya Bayona- (rad. n.\u00b0 2019-00585), con ocasi\u00f3n de un accidente de tr\u00e1nsito \u00aben el que se vieron involucrados el autom\u00f3vil de placas MJK 279 conducido por Sergio Arturo Ospina Lopera, de propiedad de la se\u00f1ora Mar\u00eda Amanda Joya Bayona, asegurado en Seguros Generales Suramericana y la motocicleta de placas MHV66C conducida por Jaime Alberto Avenda\u00f1o Lotero\u00bb; el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn emiti\u00f3 sentencia negando las pretensiones incoadas en la demanda, como quiera que \u00abla causa del accidente la proporcion\u00f3 el demandante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Encontr\u00e1ndose el asunto en sede de segunda instancia para resolver la apelaci\u00f3n, destaca que el tribunal encartado \u00abdecreta prueba de oficio, ordena al tr\u00e1nsito remitir copias de todo el expediente\u00bb y, a continuaci\u00f3n, profiere fallo que \u00abrevoca \u2013 condena parte demandada reducida en un 60% – condena a Seguros Generales Suramericana S.A. a pagar directamente a los demandantes\u00bb, tras considerar \u00abque el punto de impacto fue en el \u201ccarril central\u201d, concluyendo que ambos conductores incidieron en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en aras de evidenciar el yerro f\u00e1ctico que alega, la querellante hace un extenso an\u00e1lisis de las pruebas que obran en el expediente objeto de queja, alternativo al efectuado por la corporaci\u00f3n enjuiciada, el cual tilda de indebido, discriminatorio y desigual, porque defini\u00f3 -sin estar probado- que \u00abel punto de impacto de los veh\u00edculos fue en el carril central, concluyendo que ambos conductores incidieron en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otra parte, al criticar igualmente el estudio probatorio que llev\u00f3 a la colegiatura a reconocer y cuantificar los perjuicios, aduce que \u00aben el dictamen pericial no se expresan los fundamentos, pues no presenta los soportes respectivos que expliquen las conclusiones de la valoraci\u00f3n, imposibilitando conocer las gu\u00edas centrales de la valoraci\u00f3n presentada. El dictamen aportado no es m\u00e1s que un formato de calificaci\u00f3n de la capacidad laboral y ocupacional regulado por el decreto 1507 de 2014\u00bb, por lo que no puede estimarse. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00ab[s]e deje sin efectos la sentencia proferida [en segunda instancia]\u00bb y, en su lugar, \u00abproferir un nuevo fallo de fondo teniendo en cuenta los hechos debidamente probados, en el cual, de conformidad con la autonom\u00eda judicial y las reglas de la sana cr\u00edtica se debe evaluar la totalidad del acervo probatorio del expediente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La magistratura convocada remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que la providencia criticada \u00abcontiene las razones de hecho y de derecho que l[a] sustentan\u00bb y solicit\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del caso se fundamente con exclusividad en los requisitos generales y en las causales especiales de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La entidad promotora trajo constancia del enteramiento de este tr\u00e1mite al accionado y vinculados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A trav\u00e9s de apoderada, Sergio Arturo Ospina Lopera y Mar\u00eda Amanda Joya Bayona coadyuvaron las peticiones de la parte actora, pues coinciden en que \u00abse presenta defecto f\u00e1ctico por falta de apoyo probatorio para sustentar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal querellado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la aseguradora convocante, en el verbal que, por responsabilidad civil extracontractual, se promueve en su contra -y otros- (rad. n.\u00ba 2019-00585), por cuanto decidi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia, \u00ab[declarando] civil, solidaria y extracontractualmente responsables a los demandados Sergio Arturo Ospina Lopera y Mar\u00eda Amanda Joya Bayona, de los perjuicios causados al demandante Jaime Alberto Avenda\u00f1o Lotero, por las lesiones sufridas en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 15 de junio de 2018\u00bb y, en consecuencia, \u00abcondenar a Seguros Generales Suramericana S.A., en aplicaci\u00f3n de la p\u00f3liza de seguro N\u00ba5569803, a pagar directamente al demandante hasta el monto del valor asegurado, las sumas [all\u00ed] indicadas, sin lugar a deducible conforme las condiciones de la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, se observa que, la corporaci\u00f3n querellada, tras hacer un recuento del marco normativo y te\u00f3rico que rige esta clase de asuntos -responsabilidad civil extracontractual-, precis\u00f3 los pormenores de la teor\u00eda de la responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas y empez\u00f3 por concluir, frente al caso en concreto, que a diferencia de lo afirmado por el demandante -apelante- \u00abno hubo la supuesta contradicci\u00f3n o incoherencia en cuanto al factor de imputaci\u00f3n establecido, analizado y resuelto en el fallo apelado, pues el a quo fij\u00f3 el marco jur\u00eddico decisorio en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil y en la doctrina probable de presunci\u00f3n de culpa o responsabilidad en concurrencia de actividades peligrosas y fue dentro de tales linderos que apreci\u00f3 el material suasorio para concluir probado que la incidencia causal del accidente estuvo determinada exclusivamente por el accionante\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, tras puntualizar que si bien, \u00ablas tesis procesales contrapuestas de los involucrados impiden que sus versiones aporten significativamente para la definici\u00f3n de lo acontecido, pues tampoco se cont\u00f3 con testigos presenciales, (\u2026) la apreciaci\u00f3n cr\u00edtica y conjunta de las pruebas recaudadas permite alcanzar tal cometido\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, estableci\u00f3 que \u00abno hay discusi\u00f3n en cuanto a la demostraci\u00f3n de los siguientes presupuestos axiol\u00f3gicos: i) el hecho generador del da\u00f1o con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 15 de junio de 2018 y; ii) la confluencia de actividades peligrosas, consistentes en la conducci\u00f3n del autom\u00f3vil de placas MJK-279 por parte de Sergio Arturo Ospina Lopera, propiedad de Mar\u00eda Amanda Joya Bayona y asegurado por Seguros Generales Suramericana S.A., y, la conducci\u00f3n de la motocicleta de placa MHV-66C por parte de Jaime Alberto Avenda\u00f1o Lotero\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al examinar las pruebas practicadas, a partir de la narraci\u00f3n de los hechos efectuada por los involucrados en el accidente de tr\u00e1nsito, estableci\u00f3 \u00abcoincidencia en el trayecto de los conductores (\u2026), pues ambos manifestaron haberse incorporado a la Avenida Regional mediante la oreja de la Avenida 80, de tal forma que, segu\u00edan la misma ruta, el autom\u00f3vil iba adelante y la moto iba detr\u00e1s y, la colisi\u00f3n aconteci\u00f3 momentos despu\u00e9s de haberse incorporado juntos a la Avenida Regional\u00bb. <\/p>\n
Por esa senda, dijo tambi\u00e9n que \u00abuna vez se present\u00f3 la colisi\u00f3n, el conductor de la motocicleta cay\u00f3 en el carril central, la moto cay\u00f3 en el carril izquierdo y el conductor del autom\u00f3vil maniobr\u00f3 el veh\u00edculo \u201cpara asegurar la escena\u201d, es decir que no se detuvo inmediatamente, sino que condujo hasta \u201cfrenar el veh\u00edculo de forma segura\u201d en el carril derecho, donde qued\u00f3 ubicado en posici\u00f3n diagonal de ingreso. Esta descripci\u00f3n de lo acontecido encuentra respaldo en las evidencias fotogr\u00e1ficas de la ubicaci\u00f3n y da\u00f1os materiales sufridos por los veh\u00edculos, que tambi\u00e9n permiten realizar inferencias l\u00f3gicas acerca del encuentro y posici\u00f3n final (\u2026)\u00bb, descartando, a partir de ello, las ilustraciones del informe policial de accidentes de tr\u00e1nsito -en cuanto al lugar del impacto de los veh\u00edculos- y definiendo, de contera, que \u00abla colisi\u00f3n no fue entre el costado derecho de la motocicleta y la parte posterior del autom\u00f3vil, (\u2026) sino que, tuvo ocurrencia entre la parte delantera derecha de la motocicleta y la parte lateral posterior izquierda del autom\u00f3vil, superficies en las que se aprecian las abolladuras y raspaduras de los veh\u00edculos\u00bb y en esa medida, \u00abel sitio de impacto fue el carril central\u00bb, por lo que \u00abla colisi\u00f3n aconteci\u00f3 tanto por la invasi\u00f3n de carril inadvertida, como por la desatenci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de adelantamiento y la falta de distancia prudente migratorio\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, dijo que las conductas desplegadas por ambos conductores se ajustaban a infracciones previstas en el C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre y, bajo el alero de la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, hab\u00eda lugar a determinar que dichas desobediencias incidieron concurrentemente en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n se persigue, estimando que \u00abmayormente [lo fue] la de la motocicleta quien desatendi\u00f3 las (\u2026) reglas, dise\u00f1adas precisamente para que quien tiene la mayor capacidad visual disponga de la mayor capacidad de maniobra y reacci\u00f3n\u00bb, por lo que le atribuy\u00f3 un 60%. <\/p>\n
Para reforzar sus aserciones, el ad quem subray\u00f3 que, teniendo la carga de probar un eximente de responsabilidad, el demandado \u00abse limit\u00f3 a afirmar la culpa exclusiva de la v\u00edctima, pero no ejerci\u00f3 la actividad probatoria que le correspond\u00eda, pues [solo] contra[puso] su versi\u00f3n con la del conductor de la motocicleta y, pese a que dispon\u00eda del informe de reconstrucci\u00f3n de accidente de tr\u00e1nsito que refiri\u00f3 en su interrogatorio, no lo aport\u00f3 oportunamente al proceso\u00bb, dejando sus alegaciones sin respaldo alguno. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la tasaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel monto pretendido como da\u00f1o emergente, en la suma de $828.116 correspondientes a los costos de transporte que debi\u00f3 asumir el demandante tras el accidente, no fueron probados\u00bb; trat\u00e1ndose del lucro cesante, descart\u00f3 la incapacidad m\u00e9dico legal otorgada por el Instituto de Medicina Legal, pero accedi\u00f3 al reconocimiento de los valores \u00abcorrespondientes al lucro cesante consolidado y futuro, con respecto al porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral certificado por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez que la determin\u00f3 en un 26.68%\u00bb, pues \u00abtanto que la historia cl\u00ednica, el informe de medicina legal y el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral que reposan en el expediente, brindan conocimiento acerca de la alteraci\u00f3n que en el tiempo supone para el afectado la merma en la aptitud laboral y dan cuenta de la existencia de un da\u00f1o cierto edificado en la p\u00e9rdida de capacidad productiva que afecta al demandante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, precis\u00f3 que aun cuando \u00abla parte pasiva se opuso a esta pretensi\u00f3n aduciendo que no se acredit\u00f3 una disminuci\u00f3n del salario o ingresos de la v\u00edctima, a m\u00e1s que el demandante sigue laborando en el cargo que desempe\u00f1aba con el ingreso que ten\u00eda antes del accidente. E igualmente, (\u2026) solicit\u00f3 no tener en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, pues se aduce que no se acredit\u00f3 la idoneidad de los peritos (\u2026), para esta Sala el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral aportado es prueba id\u00f3nea, en tanto fue expedido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia (\u2026). Aunado a ello, compareci\u00f3 a la audiencia el m\u00e9dico ponente C\u00e9sar Augusto Osorio V\u00e9lez, quien inform\u00f3 detalladamente los pormenores de la calificaci\u00f3n en su integridad. Correspond\u00eda entonces a la parte demandada desacreditar las conclusiones del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral con otro dictamen que diera cuenta que una valoraci\u00f3n diferente, lo que no sucedi\u00f3 (\u2026). Aunado a ello, demostr\u00f3 los ingresos que percib\u00eda para la fecha del siniestro, conforme la certificaci\u00f3n laboral aportada que fue inclusive ratificada por quien la suscribi\u00f3 y no fue desvirtuada por la pasiva (\u2026), en ese escenario, se concluye la existencia de un da\u00f1o cierto, cuantificado y probado\u00bb y, en tal virtud, establecida la procedencia de su reconocimiento, realiz\u00f3 los c\u00e1lculos pertinentes para la tasaci\u00f3n -descontando la reducci\u00f3n de su porcentaje en la participaci\u00f3n del da\u00f1o (60%)-. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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