STC8696-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8696-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03226-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n de Agricultores Agropecuarios la Ilusi\u00f3n Cuatro Bocas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y los Juzgados Primero de Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y Promiscuo Municipal de San Mart\u00edn (Cesar), tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2017-00093-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital, vida y vivienda digna, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en apretada s\u00edntesis, que los miembros de la asociaci\u00f3n gestora \u00abson campesinos vulnerables y v\u00edctimas del conflicto armado interno, que desde hace m\u00e1s 10 a\u00f1os se encuentran en posesi\u00f3n, quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida de los bienes inmuebles rurales llamados, La Ilusi\u00f3n Y San Felipe, ubicado en el corregimiento de Cuatro Bocas, jurisdicci\u00f3n del municipio de san Martin Cesar\u00bb. <\/p>\n
Relata, que respecto de los aludidos predios la Unidad <\/p>\n
Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Barrancabermeja, inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n a favor de Agropecuaria la Ilusi\u00f3n Ltda., -en Liquidaci\u00f3n, asunto que se tramita en el Juzgado Primero de Restituci\u00f3n de Tierras de ese lugar. <\/p>\n
Advierte, que mediante prove\u00eddo de 22 de febrero de 2018 le fue reconocida \u00abla calidad de opositor\u00bb, no obstante, censura que (i) el 26 de febrero de 2022 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen \u00abporque seg\u00fan dicha sala carec\u00eda de competencia para fallar dicho proceso; por cuanto las oposiciones planteadas se realizaron por fuera del termino (sic) o fueron extempor\u00e1neas y la otras no reuni\u00f3n los requisitos legales. Y que dicho termino (sic) para formular las oposiciones, empez\u00f3 a correr desde el 10 de septiembre del a\u00f1o 2017, cuando La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas alleg\u00f3 la publicaci\u00f3n del edicto de que trata el literal e) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011\u00bb; y (ii) tal situaci\u00f3n desencaden\u00f3 en que se profiriera sentencia vulnerando sus prerrogativas, el 14 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Asegura, que las precitadas providencias son susceptibles de declaraci\u00f3n de nulidad y resalta que la magistratura convocada \u00abse extralimit\u00f3 en su interpretaci\u00f3n respecto al art\u00edculo 86 de la ley 1448 del a\u00f1o 20211, (sic) en el sentido que dicha normatividad (sic) no se\u00f1ala termino alguno, simplemente se\u00f1ala la publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n, para para que las personas que tengan derechos leg\u00edtimos relacionados con el predio, los acreedores con garant\u00eda real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, as\u00ed como las personas que se consideren afectadas por la suspensi\u00f3n de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos, y se ataca esta norma porque es la que utiliza la sala para se\u00f1alar que la oposici\u00f3n presentada por la Asociaci\u00f3n Asagro fue extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que pese a que solicit\u00f3 la modulaci\u00f3n del fallo con el prop\u00f3sito de que se tuviese en cuenta que quienes conforman la asociaci\u00f3n han venido explotando los inmuebles objeto de restituci\u00f3n, tal pedimento fue despachado desfavorablemente el 25 de enero de 2023, enfatiza que la argumentaci\u00f3n aducida en ese auto \u00abes totalmente contradictori[a] a lo probado y manifestado [en] la solicitud de modulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pretende que se ordene (i) abstenerse de la realizaci\u00f3n de la diligencia de desalojo prevista para el 22 de agosto de 2023; (ii) \u00abdecretar La Nulidad, del proceso de restituci\u00f3n de tierras que termino con la sentencia de fecha 14 de diciembre del a\u00f1o 2021, emanada por el Juzgado 1 De Restituci\u00f3n De Tierras De Barranca Bermeja\u00bb (sic); (iii) \u00abcomo pretensi\u00f3n, subsidiaria a la anterior\u00bb que se dejen sin valor ni efecto las providencias de 26 de febrero de 2020 y 14 de diciembre de 2021; (iv) \u00abque se estudie formalmente la solicitud de MODULACION DE LA SENTENCIA que se present\u00f3 (\u2026) y en su lugar se ordene una medida de compensaci\u00f3n a [su] favor (\u2026) para cada una de las familias asentadas o en su lugar una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que les permita adquirir un predio donde puedan continuar con su vida productiva, junto a un proyecto productivo\u00bb; (v) que se ordene a las convocadas que cumplan las disposiciones emanadas del fallo de tutela que se profiera. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Barrancabermeja hizo un amplio recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del juicio que origina el reclamo constitucional, defendi\u00f3 su proceder y destac\u00f3 que ha sido garante de las prerrogativas de las partes e intervinientes en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se opuso a la prosperidad del auxilio puntualizando que incumple el presupuesto de la inmediatez y la subsidiariedad, respecto de la determinaci\u00f3n que esa corporaci\u00f3n profiri\u00f3 el 20 de febrero de 2020, en tanto que ha pasado m\u00e1s de tres a\u00f1os desde su expedici\u00f3n y aunado a ello la interesada no formul\u00f3 ning\u00fan reparo frente a ese prove\u00eddo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juez Promiscuo Municipal De San Martin, inform\u00f3 que a ese estrado le fue encomendada la labor de llevar a cabo la diligencia de entrega de los predios a los que alude la convocante, precisando que el comit\u00e9 previo de entrega se encuentra programado para el d\u00eda 5 de septiembre de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Alcald\u00eda Municipal de San Mart\u00edn asegur\u00f3 que no ha vulnerado los derechos que reclama la gestora, por lo tanto, pidi\u00f3 que el amparo fuera denegado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si las autoridades acusadas vulneraron las prerrogativas que reclama la asociaci\u00f3n promotora, en desarrollo del juicio de restituci\u00f3n de tierras despojadas n\u00b0 2017-00093. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que el resguardo implorado deviene improcedente por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a las providencias de 26 de febrero de 2020, 14 de diciembre de 2021 y 25 de enero de 2023, proferidas en virtud del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de predios despojados n\u00b0 2017-00093-00 no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 18 de agosto de 2023, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, aunque para acreditar el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez la gestora afirma que \u00abla tutela que se formula, se interpone dentro de un t\u00e9rmino razonable, toda vez que, si bien es cierto que el presente proceso de restituci\u00f3n de tierras inicio en el a\u00f1o 10 de Agosto del a\u00f1o 2017, la sentencia del mismo se adopt\u00f3 el 14 de diciembre del a\u00f1o 2021, pero dentro del dicho proceso se ha vendi\u00f3 presentado acciones y pronunciamientos del Juzgado (\u2026) lo que indica que las afectaciones en cuanto a los derechos fundamentales de mis representados se mantienen en el tiempo\u00bb, lo cierto es que no se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la pretensi\u00f3n de la convocante tendiente a que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se suspenda la diligencia de desalojo de los inmuebles involucrados en el asunto que origina el reclamo, relieva esta Corporaci\u00f3n que no es procedente tal solicitud, en la medida que dicha orden se produjo luego de agotadas todas las etapas legales dentro del aludido juicio, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala ha reiterado en m\u00faltiples ocasiones que \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez respecto del reproche endilgado frente a las decisiones de 26 de febrero de 2020, 14 de diciembre de 2021 y 25 de enero de 2023; aunado a que la tutela no ha sido erigida para lograr la suspensi\u00f3n de las diligencias ordenadas en virtud de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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