STC8697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00934-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alex Alberto Fern\u00e1ndez Harding contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional del Meta y los intervinientes reconocidos en el disciplinario 2018-00569. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 contradicci\u00f3n y\u2026 defensa\u00bb que estima vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra de Fern\u00e1ndez Harding se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en p\u00e1rrafos precedentes, producto de la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio1, en la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Meta, lo suspendi\u00f3 por un a\u00f1o para ejercer de la profesi\u00f3n de abogado tras hallarlo responsable de \u00abincurrir de manera dolosa en la falta contemplada en el numeral 8\u00ba [sic] del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 6\u00ba [sic] del art\u00edculo 28 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n el procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual, adem\u00e1s, impetr\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado por afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales toda vez que, a su juicio, el cognoscente realiz\u00f3 una \u00abincorrecta adecuaci\u00f3n t\u00edpica\u00bb y \u00abno permiti\u00f3 la participaci\u00f3n de testigos previamente admitidos\u00bb. <\/p>\n
Con sentencia del pasado 25 de mayo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial desat\u00f3 la alzada en el sentido de (i) desestimar la nulidad invocada y (ii) modificar la sanci\u00f3n irrogada, reduci\u00e9ndola a diez meses, luego de absolverlo por dos de los tres cargos que le hab\u00edan sido atribuidos. <\/p>\n
3. Para el accionante, los fallos adolecen de \u00abdefecto material\u2026 toda vez que\u2026 presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y las decisiones\u00bb. <\/p>\n
Con el fin de sustentar tal cuestionamiento, insisti\u00f3 en los planteamientos sobre los que ciment\u00f3 la solicitud de nulidad presentada al momento de impugnar la sentencia de primer grado, aduciendo que: <\/p>\n
\u00ab[L]as inasistencias injustificadas a las audiencias procesales no encajan en la conducta de abusos de las v\u00edas del derecho, tipificadas en el art\u00edculo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, pero si en la conducta de actuar poco diligente en el proceso, tipificada en el numeral 1 del art\u00edculo 37 ib\u00eddem. Esta \u00faltima, debi\u00f3 ser, sin duda alguna, la correcta tipificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite disciplinario\u2026 <\/p>\n
Lo cierto es que a tenor de lo estipulado en el art\u00edculo 93 de la Ley 1123 de 2007, todo el tr\u00e1mite disciplinario\u2026 est\u00e1 afectado de un vicio de nulidad, toda vez que se configura: violaci\u00f3n del derecho de la defensa del disciplinable y, ii) existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso; adem\u00e1s de configurar una v\u00eda de hecho al ratificar el a quo (Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina) una decisi\u00f3n de primera instancia que se encuentra afectada de un vicio de nulidad\u2026 <\/p>\n
(\u2026) [C]omo parte del ejercicio del derecho a la defensa\u2026 durante el tr\u00e1mite disciplinario, se anunci\u00f3 como testigo de la defensa al fiscal que actu\u00f3 en el caso\u2026 este fundamental elemento de prueba no fue permitido por el juez de primera instancia dentro del tr\u00e1mite disciplinario, soslayando de tal manera un asunto muy importante para las consideraciones a tomar: el diligenteaccionar como abogado defensor\u2026 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse revoque\u00bb el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada ponente de la sentencia de segundo grado, luego de referirse in extenso a su contenido, pidi\u00f3 desestimar el resguardo pues \u00ablo que pretende el accionante es encontrar una tercera instancia de debate de su conducta constitutiva de falta, pues se observa que, pese a que las mismas pretensiones fueron despachadas desfavorablemente a sus intereses en sede de apelaci\u00f3n, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional busca revivir los hechos y argumentos que fueron objeto de investigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
2. El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa dependencia en tanto que solo se limita a registrar las sanciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales disciplinarias. <\/p>\n
3. La Juez Primera Penal del Circuito Especializada de Villavicencio, se limit\u00f3 a dar cuenta de la causa penal en la que se origin\u00f3 la compulsa de copias en contra del ac\u00e1 gestor, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna en torno a los motivos de la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si las autoridades accionadas vulneraron las garant\u00edas invocadas por Alex Alberto Fern\u00e1ndez Harding, al sancionarlo como responsable de incurrir, a t\u00edtulo de dolo, en la falta descrita en el ordinal 8\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007 pues, a su juicio, realizaron una inadecuada calificaci\u00f3n jur\u00eddica del comportamiento y pretermitieron la pr\u00e1ctica de unas pruebas testimoniales previamente decretadas, lo que, considera, constituye \u00abdefecto material\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Sea lo primero indicar que aun cuando el promotor extiende el reclamo a cuestionar las decisiones emanadas tanto de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, como de la Seccional del Meta, el examen que esta oportunidad har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente a la de segundo grado, por cuanto fue la providencia que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de nivel inferior pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las disposiciones legales aplicables y el precedente jurisprudencial, sino tambi\u00e9n en las pruebas legal y oportunamente practicadas en la actuaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En efecto, la comisi\u00f3n accionada, luego de efectuar un amplio recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen a la causa censurada, del acontecer procesal y de la sentencia de primer grado, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de los reparos formulados por el profesional del derecho sancionado, dentro los cuales se impetr\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado por la supuesta existencia de \u00abirregularidades sustanciales que afect[aron] el debido proceso\u00bb, t\u00f3pico en torno al cual gravitar\u00e1 el an\u00e1lisis de la Corte comoquiera que las censuras de Fern\u00e1ndez Harding, en este amparo, se circunscribieron a reiterar lo aducido en la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia sancionatoria. <\/p>\n
As\u00ed, frente al primer motivo de nulidad invocado por el impugnante, \u00abnulidad por indebida tipificaci\u00f3n\u00bb, advirti\u00f3 la colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio\u2026 mediante Oficio No. 4590 del 21 de agosto de 2018, orden\u00f3 compulsar copias a la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigara el comportamiento del encartado de conformidad con el acta de fecha de 3 de agosto de 2018, esta \u00faltima, en la cual la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 se procediera conforme a la ley pues consider\u00f3 que la inasistencia del togado correspondi\u00f3 a \u201cexcusas dilatorias para no surtir las diligencias\u201d, petici\u00f3n que fue coadyuvada por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Asimismo, se tiene que el a quo en la formulaci\u00f3n del pliego de cargos realiz\u00f3 un recuento procesal de las actuaciones surtidas por el investigado dentro del proceso penal de marras, en el que evidenci\u00f3 los constantes aplazamientos que solicit\u00f3 el encartado con fundamento en quebrantos de salud, estudio o diligencias judiciales en otras ciudades, siendo as\u00ed, le endilg\u00f3 la falta contemplada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007, pues con sus constantes solicitudes de aplazamiento logr\u00f3 retrasar en a\u00f1os el tr\u00e1mite normal del proceso penal como viene de verse a lo largo de este prove\u00eddo, sin que en aquella oportunidad cuestionara la imputaci\u00f3n jur\u00eddico que se le hiciera (\u2026)\u00bb. [El subrayado es del texto, las negrillas son de la Corte] <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, contrario a lo entendido por el censor, los constantes retrasos y aplazamientos de las diligencias no se debieron a un comportamiento negligente de su parte, sino, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a un actuar consciente e intencional para utilizar un instrumento legal como la posibilidad de solicitar pr\u00f3rrogas\u2026 de manera excepcional\u2026 para entorpecer el normal desarrollo de la actuaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, al tratarse de una conducta constante y dilatoria, analiz\u00e1ndose la misma en su integridad, como una unidad, esta Colegiatura no encuentra que se hubiere formulado una indebida tipificaci\u00f3n, por cuanto, se itera, resulta evidente el abuso de las v\u00edas de hecho, esto es, las constantes solicitudes de aplazamiento\u2026 para entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos (\u2026)\u00bb. [El subrayado es del texto, las negrillas son de la Corte] <\/p>\n
Ahora bien, respecto de la segunda raz\u00f3n en que se sustent\u00f3 la petici\u00f3n invalidatoria, esto es, la \u00abfalta de pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb, asegur\u00f3 el colegiado ad quem que tal situaci\u00f3n es cumplimiento del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso que refiere como deber del funcionario judicial \u00abadoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, resalt\u00f3 que como los testigos que deb\u00edan declarar no comparecieron a las diferentes sesiones de audiencia para las que fueron citados, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la magistrada de instancia, en el ejercicio de su potestad como directora del proceso, procedi\u00f3 a desistir de ellos, raz\u00f3n por lo cual, de conformidad con las normas citadas, esta Colegiatura considera que tal actuaci\u00f3n no constituye nulidad alguna, pues se tiene que el a quo actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros establecidos por la ley, y procedi\u00f3 a continuar con el proceso, habi\u00e9ndose escuchado los dem\u00e1s testigos solicitados por el investigado a quien se le garantiz\u00f3 la oportunidad de interrogarlos. <\/p>\n
Sea lo que fuere, ya bastante se ha dicho que la \u201csola omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n o pr\u00e1ctica de una prueba, no es constitutiva de una v\u00eda de hecho. Para que \u00e9sta se produzca, debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles, atribuibles a una actitud caprichosa o arbitraria del funcionario competente. Adem\u00e1s, esas pruebas deben tener la capacidad inequ\u00edvoca de modificar el sentido del fallo. En consecuencia, no hay v\u00eda de hecho cuando no se practican pruebas o se omite la valoraci\u00f3n de las existentes, pero la decisi\u00f3n se fundamenta en un an\u00e1lisis coherente de otros elementos de juicio\u201d (\u2026)\u00bb [Negrillas extratexto]. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el promotor aduce que la sentencia censurada adolece de \u00abdefecto sustantivo\u00bb, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal yerro, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en la invalidaci\u00f3n de lo actuado, tema que, como atr\u00e1s se vio, fue agotado y resuelto al interior del respectivo proceso por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se observa que la intenci\u00f3n del querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n especializada en restituci\u00f3n de tierras <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra la Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada dada la improcedencia de lo pretendido por el demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al interior de la causa penal 2014-00191 en la que se desempe\u00f1\u00f3 como defensor del procesado. <\/p>\n
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