STC8705-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Catherine Garavito Echavarr\u00eda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en los procesos de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal 2021-00018-00 y ejecutivo de alimentos 2022-00194-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora reclama la salvaguarda de su derecho fundamental a la igualdad y dignidad. <\/p>\n
2. La accionante manifiesta que le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el conocimiento de los juicios de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal 2021-00018-00 y el ejecutivo de alimentos 2022-00194-00. Asuntos en los que es demandante y el demandado es Yesid Ib\u00e1\u00f1ez Galvis. <\/p>\n
2.1. Aduce que al interior de la causa de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal la juez \u00abha tenido actitudes de indiferencia frente a [sus] reclamos y de displicencia hac\u00eda su persona, las cuales ciernen sobre su labor una sospecha razonable de su parcialidad\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que la funcionaria \u00aben un extra\u00f1o ambiente de cordialidad y cercan\u00eda entre ellas, le tom\u00f3 a [la hermana de del demandado] testimonio. Lo anterior adquiri\u00f3 sentido cuando se pudo establecer que entre ellas existe una estrecha relaci\u00f3n de amistad y confianza habida cuenta que la testigo est\u00e1 casada con Carlos Mendoza Saad primo de [\u2026] Samir Saad, quien es el esposo de la juez, y a trav\u00e9s de este v\u00ednculo com\u00fan entre ellas, regularmente comparten\u00bb. En consecuencia, refiere que frente al \u00abirrespeto e intimidaci\u00f3n de [\u2026] Yesid Ib\u00e1\u00f1ez Galvis\u00bb solicit\u00f3 en \u00abdos ocasiones [\u2026] al Despacho que tome medidas [\u2026] sin que hasta la fecha haya un pronunciamiento de parte de la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
2.2. De cara a lo anterior, indica que present\u00f3 recusaci\u00f3n contra la juzgadora \u00absin embargo en un ejercicio sesgado de interpretaci\u00f3n judicial, que constituye una v\u00eda de hecho\u00bb, el tribunal cuestionado \u00ablimit\u00f3 en su argumentaci\u00f3n el alcance del numeral 9 del art\u00edculo 141 del CGP, y decidi\u00f3 anteponer aspectos formales a una cuesti\u00f3n sustancial, en clara contradicci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 228 Superior\u00bb. <\/p>\n
2.3. En ese orden, censura que los jueces de instancia \u00abdesconocieron en su interceptaci\u00f3n de la Ley sobre la recusaci\u00f3n, los principios caracter\u00edsticos de la administraci\u00f3n de justicia y que exigen a sus funcionarios conductas que exhiban altos est\u00e1ndares \u00e9ticos y morales. Y con ello, al negar la recusaci\u00f3n con fundamentos elaborados con el ejercicio de una rigurosa y arcaica exegesis, violaron [sus] derechos fundamentales\u00bb. Adem\u00e1s, anota que el \u00abreclamo no tiene que ver con los grados de consanguinidad o afinidad entre la [juez] de Barrancabermeja ni con suposiciones infundadas sobre la relaci\u00f3n de amistad que tiene [la] hermana de mi contraparte [\u2026] por extensi\u00f3n del parentesco de su compa\u00f1ero sentimental con el esposo de la se\u00f1ora Ib\u00e1\u00f1ez Galvis. Se trata de un reclamo leg\u00edtimo en que se le exige a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1ndares m\u00ednimos de decoro y trasparencia\u00bb. Y, se\u00f1ala que la \u00abcercan\u00eda entre la funcionaria judicial y la familiar consangu\u00ednea del demandado compromete el juicio de la primero, ya que tiene el potencial de sesgarlo en favor de los intereses de Yesid Ib\u00e1\u00f1ez Galvis. Resulta dif\u00edcil de creer, basada en las reglas de la experiencia y en inferencias l\u00f3gicas que, se mantendr\u00e1 la imparcialidad cuando el trato recurrente de indiferencia y silencio que he recibido muestra lo contrario\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se \u00abconceda la recusaci\u00f3n propuesta para evitar la consumaci\u00f3n de da\u00f1os a [sus] derechos\u00bb. Y, se ordene \u00abal Juzgado Promiscuo de Barrancabermeja separarse del conocimiento de los procesos\u00bb sub judice. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado remiti\u00f3 copia del auto del 26 de julio de 2023, que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
2. Yesid Ib\u00e1\u00f1ez Galvis se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los hechos y pretensiones esbozadas en la demanda. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que \u00abla juez ha mantenido distancia con las partes y sus apoderadas judiciales, tomando decisiones al interior de cada proceso en derecho conforme a las pruebas aportadas y lo debatido dentro de los mismos\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, y escrutado el material probatorio, esta Sala considera que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez la determinaci\u00f3n fustigada no se advierte irrazonable. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, la Sala advierte que la autoridad cognoscente -con prove\u00eddo del 26 de julio de 2023- declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n presentada por la actora1 -como control al auto del 29 de junio de 2023 proferido por la juez Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, con fundamento en el canon 143 del C.G.P.-2. Para ello, record\u00f3 lo relativo a la garant\u00eda de las partes a tener, al interior de las actuaciones judiciales, un juez imparcial e independiente, de acuerdo con lo suscrito por la Corte Constitucional, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana y el art\u00edculo 26 de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que la recurrente fund\u00f3 su cuestionamiento en la causal 9\u00b0 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso tocante con \u00abenemistad grave o amistad \u00edntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado\u00bb. Al respecto, son sustento en precedentes de esta Corporaci\u00f3n3 sostuvo que para que se configure la misma es necesario que \u00ab(i) la amistad sea entre el juez y una de las partes, o su apoderado, y (ii) que esa amistad sea calificada, que tenga el car\u00e1cter de \u00edntima, a tal punto que sea capaz de nublar y comprometer la imparcialidad y neutralidad que debe tener el juzgador al administrar justicia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que no se cumple lo reglado en la causal 9\u00b0 alegada contra la juez cognoscente del juicio sub examine, toda vez que \u00ablos hechos en que se sustenta la recusaci\u00f3n, no se encuadran en el presupuesto de la denominada causal, en tanto que se alega amistad \u00edntima entre la se\u00f1ora juez y una hermana del demandante, m\u00e1s no con el demandante [\u2026] y\/o su apoderado judicial\u00bb. Asimismo, resalt\u00f3 que no se demostr\u00f3 \u00abla existencia de una amistad que tenga el car\u00e1cter de \u00edntima entre la se\u00f1ora juez y la hermana del actor, y la forma en que permea la imparcialidad de la juzgadora para definir el proceso, cuando la amistad alegada es con una persona ajena al proceso\u00bb. Y, sostuvo que si bien la actora aport\u00f3 unas fotograf\u00edas \u00aben las que aparece la se\u00f1ora juez con su compa\u00f1ero permanente, junto a la se\u00f1ora Sandra Ib\u00e1\u00f1ez Galvis, y su esposo o compa\u00f1ero, en una reuni\u00f3n familiar, tal como lo admiti\u00f3 la se\u00f1ora juez en su providencia, lo cierto es que estas no hacen prueba de la amistad \u00edntima, as\u00ed como tampoco lo es, el hecho de que, entre las parejas de la se\u00f1ora JUEZ y la se\u00f1ora IBA\u00d1EZ GALVIS, haya un parentesco de consanguinidad, que al decir de la se\u00f1ora juez es en 6\u00b0, es decir que ni siquiera se trata de un grado de parentesco de aquellos a que hacen referencia las causales de recusaci\u00f3n previstas en el citado art\u00edculo 141\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil, Agraria y Rural, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, it\u00e9rese, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable4. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente5. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 13 a 21 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 6 a 12. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. 14 de agosto de 2020. Rad. 2020-00112-00 – CSJ ATC5815-2016 \u2013 CSJ AC3675-2016 \u2013 CSJ AC8260-2018 y CSJ AC5090-2018. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
5\u0002 Esta Sala ha sostenido reiteradamente, que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8705-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03194-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Catherine Garavito Echavarr\u00eda contra la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75796","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75796"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75796\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}