STC8706-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03185-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jhon Jairo Giraldo Rivera, Roiber Adri\u00e1n Quintero Delgado, Dora Estella Delgado Maya, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y Clelia Andrea Anaya Benavides1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre, libertad y patrimonio, presuntamente conculcados en el tr\u00e1mite de radicado 17001311000220220038200 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Dora Estrella Delgado Maya, Jhon Jairo Giraldo Rivera y Roiber Adri\u00e1n Quintero Delgado promovieron una acci\u00f3n de tutela contra la Unidad Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, en la que, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2022, se tutelaron los derechos de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad y m\u00ednimo vital de los actores y se orden\u00f3 a la entidad convocada que, en las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n, \u00abd\u00e9 una respuesta CLARA, PRECISA Y DE FONDO, donde se indique el turno y la fecha en la cual se le ser\u00e1 cancelada la indemnizaci\u00f3n administrativa a la que tiene derecho\u00bb. El fallo fue confirmado el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal accionado. <\/p>\n
2.2. El 6 de marzo de 2023, los tutelantes de la referida acci\u00f3n constitucional presentaron una solicitud de incidente de desacato, exponiendo que no se les hab\u00eda notificado respuesta alguna y no se les hab\u00eda indicado la fecha y turno de pago de la indemnizaci\u00f3n otorgada. <\/p>\n
2.3. Con ocasi\u00f3n del requerimiento previo efectuado por el Juzgado2, la UARIV manifest\u00f3 que \u00abse encuentra justificada legalmente para abstenerse de indicar el turno y la fecha en la cal se le ser\u00e1 cancelada la indemnizaci\u00f3n administrativa la que tiene derecho\u00bb, pues, de acuerdo con lo establecido en la Resoluci\u00f3n 04102019-415213 del 12 de marzo de 2020, por la cual se les reconoci\u00f3 el derecho a la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, tal pago se sujet\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n contemplado en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, el cual fue realizado el 31 de julio de 2022, arrojando como resultado que no era procedente materializar la entrega de la indemnizaci\u00f3n en esa vigencia presupuestal, dado que no se demostr\u00f3 que estuvieran en situaci\u00f3n alguna de vulnerabilidad extrema, por lo que tal m\u00e9todo se aplicar\u00eda nuevamente en la vigencia 2023. Destac\u00f3 que de \u00abla aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico no se genera ning\u00fan listado, ni orden de entrega, puesto que, generar dichos criterios resultar\u00eda inoficioso, entendiendo que el m\u00e9todo t\u00e9cnico se realiza anualmente y no acumula los puntajes\u00bb. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad concluy\u00f3 que se encontraba frente a una imposibilidad jur\u00eddica y material para dar cumplimiento a la orden judicial, por lo que solicit\u00f3 abstenerse de iniciar el incidente. <\/p>\n
En soporte anex\u00f3 la respuesta dirigida a los incidentantes, suscrita el 17 de noviembre de 2022, por la entonces Directora T\u00e9cnica de Reparaciones de la UARIV, Clelia Andrea Anaya Benavides, en la que inform\u00f3 que volvi\u00f3 a aplicar el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n el 8 de noviembre de 2022, arrojando resultados desfavorables, por lo que se volver\u00eda a evaluar su situaci\u00f3n en el a\u00f1o 2023. En la referida contestaci\u00f3n, la entidad explic\u00f3 el procedimiento anterior, con soporte en las disposiciones aplicables, e indic\u00f3 que estaba en \u00abimposibilidad de dar fecha y cierta y\/o pagar la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb, por cuanto deb\u00eda respetar las reglas contempladas en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y el debido proceso administrativo3. Tambi\u00e9n adjunt\u00f3 constancia del env\u00edo de la respuesta en la misma fecha al correo referido por los tutelantes en la solicitud de incidente de desacato. <\/p>\n
2.4. El 24 de marzo de 2023, el Juzgado abri\u00f3 el incidente frente a Clelia Andrea Anaya Benavides, en calidad de Directora T\u00e9cnica de Reparaci\u00f3n de la Unidad, y Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed, como superior jer\u00e1rquico de aquella y Directora General de la entidad convocada, y orden\u00f3 correr el respectivo traslado a las partes. La Unidad se pronunci\u00f3, reiterando lo manifestado en el memorial anterior y solicit\u00f3 desvincular del tr\u00e1mite incidental a Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed, en tanto que la persona que directamente estaba llamada a dar cumplimiento de la orden judicial era Clelia Andrea Anaya Benavides. Destac\u00f3 que, a la fecha, no hab\u00eda recibido documento que acreditara \u00abalguna situaci\u00f3n de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad inmersas en el art\u00edculo 4 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019\u00bb y que contest\u00f3 lo exigido el 17 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.5. El 31 de marzo de 2023, el Juzgado tuvo como pruebas las allegadas. <\/p>\n
2.7. La UARIV present\u00f3 escrito dirigido al ad quem, en el que expuso nuevamente los argumentos ya planteados y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel m\u00e9todo t\u00e9cnico de la vigencia 2023 se est\u00e1 adelantado por parte de la Entidad y hasta tanto no se culmine dicha aplicaci\u00f3n no podr\u00e1 expedirse el resultado ni fecha (\u2026), ya que en su estudio est\u00e1n inmersas todas las victimas incluidas en el RUV que se encuentran sujetas a la aplicaci\u00f3n de dicho m\u00e9todo\u00bb. Y remiti\u00f3 nuevamente la respuesta dada a los tutelantes en ese sentido el 17 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.8. El 24 de abril de 20235, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, tras advertir que los argumentos de la convocada no satisfac\u00edan los requerimientos concretos de la orden impartida. <\/p>\n
2.9. El 25 de abril de 2023, la entidad convocada pidi\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones ante el a quo, con fundamento en las mismas explicaciones, pues estaba obligada a respetar el procedimiento establecido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, el debido proceso administrativo y el derecho a la igualdad de las otras v\u00edctimas, m\u00e1xime que la indemnizaci\u00f3n administrativa no estaba asociada al m\u00ednimo vital y que la prioridad era indemnizar a las v\u00edctimas que por diversas situaciones acreditaran mayor vulnerabilidad. <\/p>\n
2.10. El 22 de junio de 20236, la UARIV present\u00f3 memorial, por el cual insisti\u00f3 en la imposibilidad jur\u00eddica de cumplir la orden de tutela, pues a la fecha los interesados no hab\u00edan aportado ninguna certificaci\u00f3n que acreditara lo establecido en el art\u00edculo 4 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 ni cumpl\u00edan con la edad contemplada en la Resoluci\u00f3n 582 de 2021, por lo que solicit\u00f3 reconsiderar la sanci\u00f3n impuesta, con sustento en lo referido por esta Sala en sentencia CSJ STC1233-2022. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que la sancionada Clelia Andrea Anaya Benavides hab\u00eda renunciado a partir del 15 de mayo de 2023. <\/p>\n
2.11. El 29 de junio de 20237, el Juzgado no accedi\u00f3 a la solicitud elevada por la UARIV, porque la orden de tutela exig\u00eda \u00abindicar el turno y la fecha en la cual se les ser\u00e1 cancelada la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb, lo cual no se hab\u00eda cumplido, e indic\u00f3 que la sanci\u00f3n s\u00f3lo segu\u00eda en firme frente a Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed, por la renuncia de Clelia Andrea Anaya Benavides. <\/p>\n
2.12. El 4 de julio de 2023, la UARIV reiter\u00f3 la petici\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n y anex\u00f3 oficio \u00abAlcance a respuesta derecho de petici\u00f3n\u00bb, remitido a los accionantes el 1\u00b0 de julio de 2023, por el cual les inform\u00f3 que se aplicar\u00e1 nuevamente el MTP de la presente vigencia en septiembre de 2023. <\/p>\n
2.13. El 1\u00b0 de agosto de 2023, el Juzgado neg\u00f3 lo pretendido y orden\u00f3 que se compulsaran copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que investigara la conducta de las servidoras p\u00fablicas sancionadas. <\/p>\n
2.14. El 4 de agosto de 2023 se adelantaron labores de verificaci\u00f3n y de ubicaci\u00f3n por parte de la SIJIN, en las instalaciones de la UARIV, a fin de arrestar a Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed, no obstante, fueron informados de que la Directora de la entidad se encontraba fuera de la ciudad. <\/p>\n
3. La actora sustenta su petici\u00f3n de amparo constitucional en los argumentos que la entidad expuso en el tr\u00e1mite incidental, referentes a que est\u00e1 obligada a acatar el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n contemplado en la Resoluci\u00f3n 01049 de 20129, que fue proferida para acatar la orden contenida en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, que orden\u00f3 a la entidad reglamentar el procedimiento para la obtenci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n pretendida por las v\u00edctimas del conflicto. Aduce que las providencias proferidas en ese tr\u00e1mite no valoraron el material probatorio allegado, a la luz de la responsabilidad subjetiva, y desconocieron el precedente aplicable. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se ordene a los Despachos judiciales accionados modular los efectos del fallo del 15 de noviembre de 2022 y, en consecuencia, inaplicar o dejar sin efectos la sanci\u00f3n impuesta y que tal decisi\u00f3n se comunique a la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de la orden emitida en sede de desacato. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal accionado se\u00f1al\u00f3 que su providencia se ciment\u00f3 en una valoraci\u00f3n razonable de los hechos y de las normas aplicables, sin perjuicio de las situaciones sobrevinientes acreditadas el Juzgado Segundo de Familia de Manizales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado convocado relat\u00f3 las principales actuaciones surtidas en el incidente de desacato. <\/p>\n
3. La UARIV insisti\u00f3 en las alegaciones expuestas en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales. Por regla general, este mecanismo no es viable frente a decisiones emitidas en sede de desacato, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb8, siendo procedente solo si se cumplen los requisitos establecidos en la sentencia CC SU034-189. <\/p>\n
2. Del marco conceptual referido y del examen de las probanzas allegadas, esta Colegiatura anticipa la prosperidad del amparo frente a la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal accionado, en tanto confirm\u00f3 las sanciones impuestas por desacatar el fallo constitucional, por cuanto se sujet\u00f3 a que \u00abla obligaci\u00f3n de la entidad radica en informar una \u00e9poca y turno de pago estimados seg\u00fan los datos y proyecciones que maneja\u00bb, que los actores no ten\u00edan por qu\u00e9 permanecer en la incertidumbre respecto al derecho que leg\u00edtimamente reclamaban y que los argumentos de la entidad incidentada eran insuficientes para explicar razonablemente la demora en el cumplimiento de la orden de tutela, sin tener en cuenta las argumentaciones de la entidad. <\/p>\n
En efecto, la entidad sustent\u00f3 su defensa en lo previsto en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, que estableci\u00f3, entre otros, el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n frente a la indemnizaci\u00f3n administrativa otorgada a las v\u00edctimas del conflicto armado, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el auto 206 de 2017, determinando el procedimiento para realizar el desembolso de la indemnizaci\u00f3n correspondiente y la asignaci\u00f3n de los turnos para el pago proporcional a la disponibilidad presupuestal asignada para cada vigencia, en aras de proteger a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, seg\u00fan los criterios previamente definidos, razones por las cuales no se configuraba la responsabilidad subjetiva necesaria para imponer sanci\u00f3n en sede de desacato, puesto que, acorde con tal reglamentaci\u00f3n, era imposible asignar el turno pretendido. <\/p>\n
Tampoco tuvo en cuenta que ello fue informado a los tutelantes el 17 de noviembre de 2022, esto es, con posterioridad al fallo de tutela de primera instancia, respuesta en la que la UARIV detall\u00f3 las reglas del m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n, sus variables, los resultados obtenidos en la vigencia 2022, indicando a los solicitantes que si llegaran \u00aba contar con uno de los tres criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los art\u00edculos 4 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y primero de la Resoluci\u00f3n 582 de 26 de abril de 2021\u00bb, pod\u00edan adjuntar los soportes en cualquier momento \u00abpara priorizar la entrega de la medida\u00bb, lo cual no realizaron. <\/p>\n
2.1. Tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n allegados a la foliatura, para definir si la actuaci\u00f3n de las sancionadas era negligente, desidiosa y si, por su mera liberalidad, hab\u00edan decidido no acatar la orden constitucional sin justificaci\u00f3n alguna. Recu\u00e9rdese que la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n por desacato debe hacer un an\u00e1lisis de la conducta particular y subjetiva del incidentado. <\/p>\n
Al respecto, se resalta que, en el caso concreto, era necesario evitar incurrir en contradicci\u00f3n con lo establecido en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019 y en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, por cuanto materializar lo ordenado implicaba per se asignar un turno para los pagos de unos dineros frente a unas personas que no hab\u00edan superado los criterios objetivos de priorizaci\u00f3n y, por tanto, no pod\u00edan ser prevalecidas en la distribuci\u00f3n de los recursos que se asignan para cada vigencia presupuestal, en tanto ello conculcar\u00eda los derechos de las dem\u00e1s v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Dora Estrella Delgado Maya, Jhon Jairo Giraldo Rivera y Roiber Adri\u00e1n Quintero Delgado, as\u00ed como los de aquellos en estado de mayor vulnerabilidad. <\/p>\n
En consecuencia, las exculpaciones que fueron expuestas en sede de desacato no pod\u00edan ser desconocidas, siendo indispensable determinar, con base en estas, si la conducta de las incidentadas era susceptible de ser calificada, en el plano subjetivo, como negligente, desidiosa o caprichosa. <\/p>\n
2.2. Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). Al respecto, esta Sala, en asunto similar expuso que: <\/p>\n
Examinada la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n cuestionada (7 dic. 2021) y las respuestas brindadas por el incidentado en el respectivo tr\u00e1mite (17 y 25 nov. 2021), se advierte que la magistratura omiti\u00f3 valorar a cabalidad las manifestaciones sometidas a su conocimiento. Ciertamente, se extra\u00f1a de esa determinaci\u00f3n el an\u00e1lisis de las actuaciones posteriores al veredicto con las que el accionado pretendi\u00f3 justificar su proceder, sus alegatos de imposibilidad material de cumplimiento del fallo y su invocada ausencia de responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras) (CSJ STC1233-2022, subraya la Sala). <\/p>\n
En otra oportunidad, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Con tal proceder, se itera, la Tribunal censurado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, para as\u00ed definir su verdadero alcance de cara al caso concreto y no contradecir lo establecido por la Corte Constitucional entorno a dicho procedimiento y al derecho a la igualdad de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado (CSJ STC2756-2022). <\/p>\n
En otro caso, la Sala estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Con ese derrotero, los precursores, en representaci\u00f3n de la UARIV, informaron a los despachos confutados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Carlos Arturo Caicedo y su n\u00facleo familiar. Explicaron que en \u00abResoluci\u00f3n n\u00ba 04102019 -713739 del 3 de junio de 2020 (\u2026) se reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb empero, una vez se efectu\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d en aras de registrar la fecha de entrega de los emolumentos, arroj\u00f3 un puntaje de 24.8767 el cual era insuficiente para alcanzar la prelaci\u00f3n reclamada en la lista para el a\u00f1o 2021, as\u00ed como tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda pues, para ello, se requer\u00eda gestionar, nuevamente, el mismo an\u00e1lisis con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
En s\u00edntesis, tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al infolio y evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar\u00bb lo ordenado implicaba per se alterar los turnos fijados transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Carlos Arturo (CSJ STC3802-2022). <\/p>\n
El criterio referido fue reiterado por esta Sala en las sentencias CSJ STC4173-2022 y CSJ STC7695-2023. <\/p>\n
2.3. En ese sentido, en el sub examine era necesaria la apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n allegados, para establecer con precisi\u00f3n la responsabilidad subjetiva en disputa, pues, la falta de motivaci\u00f3n en ese aspecto y de una valoraci\u00f3n detallada de las circunstancias expuestas, vulneraba sin duda el derecho al debido proceso. <\/p>\n
Por supuesto, no desconoce la Sala que la orden constitucional impon\u00eda dar respuesta con la asignaci\u00f3n del turno correspondiente para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n reconocida, no obstante, el 17 de noviembre de 2022, la entidad inform\u00f3 a los tutelantes, en forma motivada, que ello no era posible para esa vigencia y, en el tr\u00e1mite incidental, explic\u00f3 las razones que le imped\u00edan modificar la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica de priorizaci\u00f3n realizada en la vigencia 2022, la cual deb\u00eda renovarse anualmente, como lo dispone el art\u00edculo 17 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. Frente a tales alegaciones correspond\u00eda al Tribunal, al resolver la consulta de la sanci\u00f3n, analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva requerida para confirmar la decisi\u00f3n del a quo, pues no pod\u00eda limitarse a indicar que la orden constitucional hab\u00eda impuesto asignar un turno, sin validar si quiera en detalle las disposiciones de la referida reglamentaci\u00f3n y la respuesta dada a los peticionarios el 17 de noviembre de 2022, motivaci\u00f3n que era necesaria, dado que, para imponer una sanci\u00f3n por desatenci\u00f3n de un fallo de tutela, imperioso resulta determinar la conducta caprichosa y antojadiza que habr\u00eda llevado a las incidentadas a no asignar el turno pedido o, por el contrario, establecer si, desde el punto de vista subjetivo, tal omisi\u00f3n estaba razonablemente justificada, al punto de no comprometer su responsabilidad personal. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se acceder\u00e1 al amparo invocado frente a la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura accionada, pues las alegaciones expuestas en esta tutela s\u00ed fueron presentadas en el tr\u00e1mite incidental inicial y debieron ser valoradas en sede de consulta. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el auxilio implorado por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed. En consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Ordenar al Tribunal accionado que, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, deje sin efectos la providencia dictada el 24 de abril de 2023 y las dem\u00e1s que de ella dependan, y proceda nuevamente a resolver la consulta del incidente de desacato cuestionado, con observancia de las consideraciones en las que se fundamenta esta decisi\u00f3n y las pruebas que obran en el expediente. <\/p>\n
SEGUNDO. Notificar esta providencia a los interesados de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el auto admisorio de la demanda se decret\u00f3 la medida previa solicitada y, en consecuencia, se orden\u00f3 suspender provisionalmente, hasta que se decida de fondo el presente amparo constitucional, las \u00f3rdenes de arresto y de multa impuestas en contra de Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Manizales el 13 de abril de 2023, confirmadas en sede de consulta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el 24 de abril siguiente (Rad. 2022-00382). <\/p>\n
2\u0002 Auto del 13 de marzo de 2023. <\/p>\n
3\u0002 Documento 06, cuaderno de incidente de desacato, expediente 2022-00382. <\/p>\n
4\u0002 Documento 12, cuaderno desacato, expediente 2022-00382-00. <\/p>\n
5\u0002 Documento 16, cuaderno desacato, expediente 2022-00382-00. <\/p>\n
6\u0002 Documento 2, cuaderno desacato, expediente 2022-00382-00. <\/p>\n
7\u0002 Documento 24, cuaderno desacato, expediente 2022-00382-00. <\/p>\n
8\u0002 En ese sentido ver cita en la sentencia CSJ STC8187-2021. <\/p>\n
9\u0002 \u00abi) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb. <\/p>\n
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STC8706-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8706-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03185-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75797\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}