STC8716-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8716-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 08001-22-13-000-2023-00438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 9 de agosto de dos 2023 en la acci\u00f3n de tutela que Dar\u00edo Alejandro Bornacelli Llanos promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla y citados el Banco Ita\u00fa CorpBanca Colombia SA, y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo n\u00b0. 011-2015-00792. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que el Banco Ita\u00fa CorpBanca Colombia SA. promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo, en el que estuvo representado por curador ad litem. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, luego de proferir la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, remiti\u00f3 el proceso a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, donde fue asignado su conocimiento al Primero, despacho que en providencia de 7 de diciembre de 2022 resolvi\u00f3 la solicitud del apoderado judicial del demandado aqu\u00ed accionante, y decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de los documentos allegados junto con la demanda, as\u00ed como el archivo del expediente. Lo anterior, en aplicaci\u00f3n del literal b numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostuvo que, contra ese pronunciamiento la entidad ejecutante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por lo que, en auto de 23 de junio de 2023 accedi\u00f3 a la censura del ejecutante, revoc\u00f3 la dictada el 7 de diciembre de 2022, para en su lugar continuar las actuaciones procesales pertinentes. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, la referida decisi\u00f3n constituye una v\u00eda de hecho, que vulnera los derechos que reclama, porque se adopt\u00f3 sin mayor argumentaci\u00f3n, adem\u00e1s de que desconoce precedentes jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, dejar sin efecto la decisi\u00f3n adoptada el 23 de junio de 2023, mediante la cual revoc\u00f3 el auto de 7 de diciembre de 2022 que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo identificado con el radicado n\u00famero 08001310301120150079200 iniciado por Banco Corpbanca Colombia SA contra Dar\u00edo Bornacelli Llanos, lo tramit\u00f3 hasta que profiri\u00f3 sentencia y el 26 de noviembre de 2018, fue enviado a la Oficina Judicial de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad, para continuar el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, teniendo en cuenta que los presuntos hechos que alega el accionante como vulneradores de sus derechos, se produjeron con posterioridad a la expedici\u00f3n del fallo, es decir, cuando el proceso ya no era de su conocimiento. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, indic\u00f3 que el amparo constitucional no super\u00f3 el examen de procedencia, pues, \u00abno se puede afirmar que el asunto sea de evidente relevancia constitucional\u00bb, tampoco se logr\u00f3 establecer de manera razonable los hechos constitutivos de la vulneraci\u00f3n de derechos alegada, pues el accionante \u00abno alcanza a sustentar jur\u00eddicamente el vicio o error constitutivo de la v\u00eda de hecho que alega\u00bb y adem\u00e1s, se incumple con el requisito de la subsidiariedad, puesto que \u00abcontra las decisiones reprochadas la hoy accionante no interpuso recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 haber actuado de manera diligente frente a las peticiones formuladas en el tr\u00e1mite procesal y salvaguardando los derechos de las partes e intervinientes, realizando pronunciamientos conforme a la norma correspondiente, por lo anterior, pidi\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela se declare improcedente. <\/p>\n
3. El Banco Ita\u00fa Corpbanca SA, mencion\u00f3 que en octubre de 2021 alleg\u00f3 al proceso, contrato de cesi\u00f3n de acreencias suscrito con la se\u00f1ora Liliana Beatriz Pati\u00f1o Arvilla, convenio en el que se incluyen las obligaciones perseguidas en el mencionado proceso, y que el Juzgado al encontrar que se hallaba pendiente de resolver la solicitud de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 7 diciembre de 2022 garantizando as\u00ed, no solo el debido proceso, sino el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los intervinientes en el proceso. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el reconocimiento de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito no es una petici\u00f3n f\u00fatil, pues est\u00e1 encaminada a establecer la legitimaci\u00f3n, por lo que reviste especial trascendencia, por ello consider\u00f3 que la decisi\u00f3n de revocatoria del auto de terminaci\u00f3n del proceso se encuentra ajustada a normativa pertinente. <\/p>\n
4. La se\u00f1ora Liliana Beatriz Pati\u00f1o Arvilla como cesionaria del cr\u00e9dito, refiri\u00f3 que las actuaciones del accionado, de ninguna manera vulneran el derecho al debido proceso del accionante, pues se encuentran ajustadas a la normativa que regula el proceso, y se opuso a la prosperidad de la tutela indicando que el accionante a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n pretende revivir una discusi\u00f3n fue dirimida en dicho asunto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado, al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito de la subsidiariedad, pues el accionante no ejerci\u00f3 los recursos pertinentes \u00abcomo quiera que el accionante no formul\u00f3 recurso contra el auto cuya revocatoria pretende por v\u00eda constitucional y no es admisible el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela para abrir una discusi\u00f3n que debi\u00f3 darse al interior del proceso, no queda opci\u00f3n diferente que declarar la improcedencia del amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, tras se\u00f1alar que la providencia de 23 de junio de 2023 proferida por el Juzgado accionado \u00abno es muy diciente y coloca entre dicho la sustentaci\u00f3n o argumentaci\u00f3n de la misma, ya que no resuelve con fundamentos jur\u00eddicos\u00bb y se constituye en una \u00abdecisi\u00f3n por v\u00edas de hecho, que lesiona el inter\u00e9s jur\u00eddico del demandado, ya que se le viola de manera ostensible el debido proceso\u00bb, cuestion\u00f3, adem\u00e1s, que el Juzgado de conocimiento en el auto atacado por v\u00eda de tutela, se alejara del precedente establecido por esta Sala, frente a los hechos que sirven para impulsar su tr\u00e1mite y que consecuentemente interrumpen el t\u00e9rmino establecido para que se configure el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Finalmente requiri\u00f3 se conceda la tutela a su derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia, se ordene al accionado \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n adoptada en el Auto del 23 de Junio de 2023,(\u2026) y en su lugar, ordenar al mismo juez a que sustente o argumente legal y constitucionalmente el auto atacado para que lo confirme o revoque y\/o en su defecto si lo confirma enviar el expediente al superior para que en segunda instancia se resuelva el Recurso de Apelaci\u00f3n interpuesto por el ejecutante y de esta manera tambi\u00e9n brindarle garant\u00edas al recurrente con la doble instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. <\/p>\n
b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, <\/p>\n
h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb\u201d. <\/p>\n
2. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Dar\u00edo Alejandro Bornacelli Llanos censura la decisi\u00f3n proferida el 23 de junio de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, mediante la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 7 de diciembre de 2022 que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, \u00abpara en su lugar, continuar con las actuaciones pertinentes\u00bb, porque en su sentir la decisi\u00f3n se encuentra sin motivaci\u00f3n, y se apart\u00f3 del precedente jurisprudencial relacionado con la figura del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso cuestionado. <\/p>\n
Examinado el link del expediente ejecutivo No. 011-2015-00792 promovido por Banco Corpbanca Colombia SA hoy Ita\u00fa SA contra Dar\u00edo Alejandro Bornacelli Llanos, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla el 23 de enero de 2018, dict\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra del demandado aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
ii) El 29 de enero de 2019 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
iii) El expediente fue remitido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, donde el apoderado judicial de la cesionaria radic\u00f3 el 26 y 28 de octubre de 2021 en el correo institucional, memorial junto al contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito celebrado entre Banco Ita\u00fa e Isabel Beatriz Arvilla Fill, y el poder especial que le confirieron. <\/p>\n
iv) El 20 de septiembre de 2022 el expediente ingres\u00f3 al despacho para resolver sobre la cesi\u00f3n. <\/p>\n
v) El 20 de octubre de 2022, el apoderado judicial del demandado solicit\u00f3 con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito puesto que el asunto hab\u00eda permanecido inactivo por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. El 7 de diciembre de 2022 el juzgado resolvi\u00f3 decretarla de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 2\u00ba del citado canon 317, sin hacer menci\u00f3n de la cesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. El apoderado judicial de la cesionaria interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, fundado en el hecho que no se hab\u00eda pronunciado sobre la cesi\u00f3n, ni le hab\u00edan reconocido personer\u00eda jur\u00eddica, as\u00ed como tampoco se contest\u00f3 un oficio proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de Pivijai en el que pidieron informaci\u00f3n del estado de la actuaci\u00f3n, y porque estaba pendiente de decretar el secuestro de un inmueble embargado. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En el cuaderno de medidas cautelares se observa que orden\u00f3 el embargo sobre los inmuebles con folios de matr\u00edcula No. 222-14782 y 222-1478, y seg\u00fan nota devolutiva de 4 de abril de 2016 en la primera no se registr\u00f3 ya que estaba vigente una medida dispuesta en la acci\u00f3n ejecutiva promovida por Bancolombia contra el demandado; y en la segunda se inscribi\u00f3. <\/p>\n
Ahora bien, en providencia de 23 de junio de 2023 el Juzgado resuelve revocar el auto censurado para en su lugar disponer que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso, tras considerar que, <\/p>\n
\u00abRevisado el plenario se pudo constatar que le asiste raz\u00f3n al recurrente, en raz\u00f3n a que por correo de fecha 26 de octubre de 2021, se alleg\u00f3 al proceso contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito suscrito entre la parte demandante y la se\u00f1ora ISABEL BEATRIZ ARVILLA FILL. <\/p>\n
De lo anterior se puede extraer sin elucubraci\u00f3n alguna, que el t\u00e9rmino establecido en el literal b del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para que operase el desistimiento t\u00e1cito, no hab\u00eda transcurrido por lo que se tendr\u00e1 necesariamente que revocar la decisi\u00f3n atacada para en su defecto, continuar con las etapas subsiguientes del proceso\u00bb. <\/p>\n
4. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
4.1 Efectuado ese recuento encuentra la Sala que se configura una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, cuando el Juzgado accionado revoc\u00f3 el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, para en su lugar disponer que deb\u00eda continuarse con el tr\u00e1mite, solamente con el argumento que le asist\u00eda la raz\u00f3n al demandante \u2013 recurrente-, porque el t\u00e9rmino de inactividad de dos a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso se hab\u00eda interrumpido con la presentaci\u00f3n de un contrato de cesi\u00f3n y un poder especial conferido por la cesionario. <\/p>\n
(\u2026) Dado que el desistimiento t\u00e1cito consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, busca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para [que] se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u201d. <\/p>\n
\u201cEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cComo en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el supuesto de que el expediente \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u00bb, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla en el \u00abproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u00bb, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d. <\/p>\n
\u201cLo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dicha postura ya hab\u00eda sido expuesta por la Sala en providencia STC4021-2020, donde se especific\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) No solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho\u201d. <\/p>\n
Simples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio v\u00e1lido de impulso procesal\u201d. <\/p>\n
Ciertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuaci\u00f3n que efectu\u00e9 la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser \u00fatiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento t\u00e1cito de su proceso y, especialmente, con relaci\u00f3n a la mora en la definici\u00f3n de la contienda\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisi\u00f3n de fondo en la controversia, el expediente lleva a\u00f1o y medio paralizado en la secretar\u00eda del despacho, la simple petici\u00f3n de copias por escrito o la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n, no pueden ser tenidas como v\u00e1lidas para interrumpir el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 del C.G.P. <\/p>\n
Ello, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que as\u00ed lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes de impedir la tardanza que tanto afecta a la administraci\u00f3n de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por id\u00f3neos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento t\u00e1cito\u00bb (Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Ahora bien, con fundamento en la citada jurisprudencia, corresponde se\u00f1alar que no todo escrito interrumpe el t\u00e9rmino para que opere del desistimiento, como quiera que, en las acciones ejecutivas que cuentan con sentencia o auto que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, como acontece en el presente caso, seg\u00fan lo ha reiterado la Sala, la suspensi\u00f3n de ese plazo, \u00abse logra \u00fanicamente con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido\u00bb (CSJ. STC4206-2021, STC1216-2022, reiterada en STC2400 -2013). <\/p>\n
5. Por tanto, como el funcionario cuestionado sin explicar los motivos por los que encontr\u00f3 que el tiempo de dos (2) a\u00f1os de inactividad se hab\u00eda interrumpido, resolvi\u00f3 revocar su decisi\u00f3n sin analizar si el escrito presentado era en realidad una actuaci\u00f3n apta y apropiada para \u00abimpulsar el proceso\u00bb, o si era id\u00f3nea para interrumpir el plazo establecido por la norma, y de esta manera continuar con el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n hasta llegar a la etapa de remate de bienes, como aqu\u00e9llas peticiones encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada, por ejemplo la actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o la solicitud de medidas cautelares, de donde se colige que el auto no se encuentra motivado, tema sobre el que esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, reiterada en STC7781-2016 y STC6688-2018). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se olvide que el deber de los jueces de motivar debidamente sus providencias es \u00ab(\u2026) un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798, 22 ag. 2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
6. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar se dejar\u00e1 sin efecto la providencia de 23 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, y las que de all\u00ed se deriven, para que resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 7 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo considerado en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia constitucional de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, para en su lugar Conceder la acci\u00f3n de tutela en favor de Dar\u00edo Alejandro Bornacelli Llanos. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto auto de 23 de junio de 2023 dentro del proceso ejecutivo n\u00b0. 011-2015-000792-00, y las actuaciones que de este dependan. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero. Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla que cumplido lo anterior y, en dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, se pronuncie nuevamente respecto del recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 7 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la pare motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
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STC8716-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC8716-2023 Radicaci\u00f3n No. 08001-22-13-000-2023-00438-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}