STC8718-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8718-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 44001-22-14-000-2023-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta \u001f\u001f\u001f\u001f\u001f\u001f\u001f(30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 1\u00ba de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Interaseo S.A.S. E.S.P., contra el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Riohacha, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio radicado 44001418900220190007900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Am\u00edlcar Rafael G\u00f3mez Deluque promovi\u00f3 en su contra acci\u00f3n reivindicatoria, una vez se notific\u00f3 formul\u00f3 excepci\u00f3n previa de falta de competencia por raz\u00f3n de la cuant\u00eda, con fundamento en que, si bien el inmueble identificado con la matr\u00edcula 210-15566 objeto del proceso estaba avaluado catastralmente en $1\u00b4294.000, lo cierto era que, seg\u00fan el dictamen pericial que aport\u00f3, el aval\u00fao real del predio ascend\u00eda a $307\u00b4800.000 situaci\u00f3n que, si se analiza con el monto fijado por el demandante en $513\u00b4000.000, permite colegir que el asunto deb\u00eda tramitarse como de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, el 20 de junio de 2019 el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Riohacha declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n propuesta, decisi\u00f3n que este mantuvo mediante providencia de 10 de abril de 2023, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que contra la primera determinaci\u00f3n interpuso, tras considerar que, previo requerimiento el demandante aport\u00f3 el recibo del impuesto predial unificado expedido por el Distrito de Riohacha con vigencia para los a\u00f1os 2017 a 2022, y el valor catastral del bien era $15\u00b4596.000. Entonces, como en ese monto no supera la m\u00ednima cuant\u00eda ($33\u00b4124.640 para el a\u00f1o 2019), el litigio deb\u00eda ventilarse por la v\u00eda de la \u00fanica instancia. <\/p>\n
Expuso que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un error de hecho -defectos f\u00e1ctico y org\u00e1nico- por falta de motivaci\u00f3n de la providencia que resolvi\u00f3 la referida excepci\u00f3n, en tanto que a) el aval\u00fao catastral no fue aportado por el se\u00f1or G\u00f3mez Deluque, b) no se tuvo en cuenta el aval\u00fao comercial que alleg\u00f3 como prueba, y c) la cuant\u00eda del proceso no debi\u00f3 determinarse teniendo en cuenta el recibo del impuesto predial unificado aportado con la demanda, sino el certificado expedido por el IGAC \u00aby en caso de no tenerlo, el despacho judicial debi\u00f3 oficiar (\u2026) a que certificara el aval\u00fao catastral del predio que se reclama de 5.130 mts2 con vigencia del a\u00f1o 2019, a\u00f1o en que se radic\u00f3 la demanda reivindicatoria de dominio que nos ocupa\u00bb, lo que conducir\u00eda a verificar la competencia del asunto en los jueces civiles del circuito. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, pretende se deje sin efectos el auto de 10 de abril de 2023 proferido por la autoridad accionada, al vulnerar sus derechos fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha inform\u00f3 que la demanda bajo estudio inicialmente le fue repartida para su conocimiento, pero mediante auto de 21 de febrero de 2019, la rechaz\u00f3 de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 17, 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el litigio se enmarc\u00f3 dentro de los de m\u00ednima cuant\u00eda, como quiera que, el inmueble pretendido en reivindicaci\u00f3n estaba avaluado catastralmente en $13\u00b4857.000, motivo por el cual lo remiti\u00f3 a los Jueces Civiles Municipales de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa ciudad, sin que de esa decisi\u00f3n se advierta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de la accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Riohacha, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desarrolladas en el asunto bajo examen, concluyendo que su decisi\u00f3n de 10 de abril de 2023 se ajust\u00f3 a las prescripciones normativas que regulan la materia, las que lo llevaron a concluir que era el competente para tramitar el asunto, en atenci\u00f3n a que el valor del bien a reivindicar no superaba la m\u00ednima cuant\u00eda conforme el aval\u00fao catastral que fue aportado, agreg\u00f3 que descart\u00f3 el dictamen pericial del predio allegado por la demandada, toda vez que no era id\u00f3neo para determinar la cuant\u00eda. <\/p>\n
3. Vanessa Garc\u00eda Mej\u00eda -quien dijo actuar como apoderada de Amilcar Rafael G\u00f3mez en el proceso objeto de revisi\u00f3n-, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, \u00abya que no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Riohacha neg\u00f3 el amparo, con fundamento en que las decisiones adoptadas por los Juzgados involucrados en esta causa se ajustan al ordenamiento legal, teniendo en cuenta que la competencia de los procesos reivindicatorios, por raz\u00f3n de su cuant\u00eda, no puede establecerse \u00abpor el aval\u00fao comercial del inmueble, porque la norma aplicable al caso concreto exige que sea por el aval\u00fao catastral, tal como fue expuesto por la Juzgadora accionada\u00bb. Por tanto, no advirti\u00f3 \u00abla configuraci\u00f3n de los defectos enrostrados por el accionante. Se observa que la providencia fue debidamente motivada y atiende los derroteros que al respecto son aplicables normativamente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en el escrito de tutela, insistiendo en los errores cometidos por los Jugados accionados y vinculados al resolver sobre la competencia del proceso, agreg\u00f3 que no era de recibo lo expuesto por el Tribunal a quo, en cuanto a que, seg\u00fan la doctrina, no era necesario el aval\u00fao catastral expedido por el IGAC para determinar la cuant\u00eda del asunto, sino que bastaba con que el demandante precisara en la demanda el guarismo definido por dicha autoridad como aval\u00fao catastral del predio, cuando, conforme la jurisprudencia constitucional (C-284 de 2015), la doctrina era un recurso interpretativo, que no es la raz\u00f3n de las decisiones judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. La inconformidad del accionante tanto en el escrito de tutela cono en la impugnaci\u00f3n, se dirigen contra las providencias de 21 de febrero de 2019, por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha rechaz\u00f3 por falta de competencia -factor cuant\u00eda- la demanda reivindicatoria propuesta por Am\u00edlcar Rafael G\u00f3mez Deluque contra Interaseo SAS ESP, y de 10 de abril de 2023, mediante el cual el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la misma ciudad resolvi\u00f3 desfavorablemente la excepci\u00f3n previa de falta de competencia que como recurso de reposici\u00f3n aquella promovi\u00f3 contra el auto admisorio de la misma. <\/p>\n
3. Una vez cotejados los argumentos del presente amparo con el expediente allegado a esta acci\u00f3n constitucional, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. Inicialmente la demanda reivindicatoria fue repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, el que mediante providencia de 21 de febrero de 2019 rechaz\u00f3 la demanda y la remiti\u00f3 a los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, tras considerar que, seg\u00fan el recibo del impuesto predial unificado expedido por la Secretar\u00eda de Hacienda de Riohacha, el inmueble objeto del litigio estaba avaluado en $13\u00b4857.000, por lo que, al tenor de lo previsto en los art\u00edculos 17, 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda deb\u00eda tramitarse por la senda de la m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
3.2. El 20 de junio de 2019 el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Riohacha admiti\u00f3 la demanda, decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n por la accionante, fundada en la formulaci\u00f3n de las excepciones previas de pleito pendiente, ineptitud de la demanda y falta de competencia, esta \u00faltima sustentada en que el aval\u00fao catastral aportado estaba desactualizado ($1\u00b4249.000), raz\u00f3n por la que aport\u00f3 un dictamen pericial en el que se avalu\u00f3 el bien en $307\u00b4800.000, lo que deja como conclusi\u00f3n que el litigio deb\u00eda tramitarse por la cuerda de la mayor cuant\u00eda, correspondi\u00e9ndole su conocimiento, entonces, a los juzgados civiles del circuito. <\/p>\n
3.3. Mediante auto de 27 de octubre de 2022, el Juzgado de conocimiento requiri\u00f3 al demandante para que proporcionara \u00abel aval\u00fao catastral del inmueble objeto de demanda reivindicatoria, con vigencia correspondiente al a\u00f1o 2019, mismo en que fue impetrada la demanda. ello en consideraci\u00f3n a que el aportado como anexo al momento de presentar la demanda data del a\u00f1o 2015 (\u2026) (sic)\u00bb, requerimiento acatado oportunamente. <\/p>\n
3.4. Posteriormente, el 10 de abril de 2023 el Juzgado accionado decidi\u00f3 no reponer el auto censurado despachando desfavorablemente las excepciones previas propuestas. <\/p>\n
En lo que interesa a este asunto, explic\u00f3 que la falta de competencia no se configuraba, por cuanto, dentro del t\u00e9rmino otorgado, el se\u00f1or G\u00f3mez Deluque un documento contentivo del certificado catastral del predio a reivindicar con vigencia para los a\u00f1os 2017 a 2022 \u00abdeterminado en la suma de $15\u00b4596.000\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, como la demanda fue presentada en el a\u00f1o 2019, \u00e9poca para la cual el salario m\u00ednimo legal mensual vigente era de $828.116, se colige que deb\u00eda tramitarse como un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda porque las pretensiones no superaban los $33\u00b4124.640 equivalentes a 40 s.m.l.m.v., de conformidad con los art\u00edculos 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior lo llev\u00f3 a deducir que ese despacho judicial era el competente para conocer de la acci\u00f3n reivindicatoria, teniendo en cuenta el aval\u00fao catastral aportado y <\/p>\n
\u00abno el aval\u00fao comercial, que es al que hace alusi\u00f3n el recurrente, para lo cual [alleg\u00f3 un] dictamen pericial con \u201caval\u00fao del predio\u201d de propiedad de Interaseo SAS ESP realizado por el arquitecto Omar Rafael Pinz\u00f3n Redondo, no apto para la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el aval\u00fao allegado por parte del ente demandado corresponde al predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 210-10000, el cual dista del descrito por la parte demandante al momento de elevar sus pretensiones reivindicatorias ante el aparato judicial, el cual es distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 2010-15566, correspondiente al inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se persigue\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas de este modo las cosas, las determinaciones acusadas no lucen antojadizas, caprichosas, alejadas del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, por lo que de lo expuesto, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la solicitante del amparo se contrajo, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que las autoridades judiciales convocadas determinaron la cuant\u00eda para as\u00ed verificar la competencia para conocer del asunto, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01). <\/p>\n
5. Ahora bien, respecto de los reparos del impugnante1 cumple decir que en el expediente obra un documento expedido por una entidad territorial competente (Secretar\u00eda de Hacienda de Riohacha), el cual da cuenta que el aval\u00fao del predio objeto de reivindicaci\u00f3n para el a\u00f1o que se present\u00f3 la demanda (2019), ascend\u00eda a $15\u00b4596.000, el cual es inferior a los 40 s.m.l.m.v., para que la actuaci\u00f3n fuera de menor cuant\u00eda y mucho m\u00e1s a los 150 s.m.l.m.v., si se pretend\u00eda que el juicio se adelantara como de mayor cuant\u00eda (arts. 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 26 ibidem es claro en cuanto a que la cuant\u00eda en asuntos que versen sobre el dominio de bienes se determinar\u00e1 \u00abpor el aval\u00fao catastral de estos\u00bb, lo que descarta la posibilidad de que se puedan presentar el valor comercial producto de trabajos periciales con esa finalidad, como lo pretende la accionante. <\/p>\n
Aun as\u00ed, Interaseo SAS ESP cont\u00f3 con la oportunidad de allegar al expediente las pruebas pertinentes para desvirtuar o desestimar la cuant\u00eda consignada en el documento aducido, sin que nada le impidiera aportar la certificaci\u00f3n catastral que seg\u00fan su dicho expide el IGAC, o por lo menos ninguna imposibilidad aleg\u00f3. <\/p>\n
Frente a esto vale la pena recordar que el juez debe abstenerse de practicar pruebas que, conforme al art\u00edculo 173 Ib\u00eddem, \u00abdirectamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u00bb, situaci\u00f3n que no se acredit\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
Lo que se advierte, es que la labor probatoria de la impugnante fue escasa, inobservando lo dispuesto en el art\u00edculo 101 de la referida codificaci\u00f3n, \u00ab[l]as excepciones previas se formular\u00e1n en el t\u00e9rmino del traslado de la demanda en escrito separado que deber\u00e1 expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deber\u00e1n acompa\u00f1arse todas las que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Precepto que, de alguna manera, limita el accionar del juez en la consecuci\u00f3n de elementos de convicci\u00f3n para resolver excepciones de esta \u00edndole, al decir que, \u00ab[e]l juez se abstendr\u00e1 de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podr\u00e1n practicar hasta dos testimonios\u00bb (se destaca), salvedades que no concurren en el particular. <\/p>\n
S\u00famese, que el hecho de que el Juzgado de conocimiento no haya requerido al IGAC, de oficio, para que le remitiera un certificado que diera cuenta del aval\u00fao catastral del predio, como lo sugiere la reclamante, lejos est\u00e1 de poder ser considerado como causal de procedencia del amparo, m\u00e1s a\u00fan cuando, <\/p>\n
\u00absi bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso. Al respecto esta Sala precis\u00f3: \u00ab(…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u00bb (CSJ STC10179-2019 y STC10171-2021). <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, las decisiones objeto de queja constitucional, se ci\u00f1eron a la normativa que rige la competencia -por factor cuant\u00eda- para conocer de juicios que versen sobre acciones reivindicatorias. <\/p>\n
7. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La impugnante enfil\u00f3 sus reparos a que, i) el aval\u00fao catastral no fue aportado por el se\u00f1or G\u00f3mez Deluque, ii) no se tuvo en cuenta el dictamen pericial que alleg\u00f3 como prueba, y iii) la cuant\u00eda del proceso no debi\u00f3 determinarse teniendo en cuenta el recibo del impuesto predial unificado aportado con la demanda, sino el certificado expedido por el IGAC. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8718-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC8718-2023 Radicaci\u00f3n No. 44001-22-14-000-2023-00042-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta \u001f\u001f\u001f\u001f\u001f\u001f\u001f(30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75803\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}