STC8720-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8720-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03172-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ismael Augusto Rodr\u00edguez Hurtado y Nelly Esperanza Rodr\u00edguez Vargas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal… el d\u00eda 16 de noviembre de 2022…\u00bb; y que la Corporaci\u00f3n acusada les \u00abreconozca el derecho que t[ienen] para que [les] apliquen los pagos realizados a la obligaci\u00f3n de acuerdo a lo pactado en cada uno de los abonos hechos, es decir capital y la correspondiente terminaci\u00f3n del proceso de ser el caso o en su defecto sean aplicados el cr\u00e9dito, para que este sea liquidado en debida forma\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Miguel Pineda Solano (q.e.p.d.) promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Ismael Augusto Rodr\u00edguez Hurtado y Nelly Esperanza Rodr\u00edguez Vargas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que libr\u00f3 orden de pago y el 4 de octubre de 2016 profiri\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad y tras ser declarada una nulidad, se dict\u00f3 sentencia el 25 de octubre de 2019, en la que se declararon no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta y la respectiva liquidaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n fue apelada. <\/p>\n
2.3. Mediante fallo de 17 de noviembre de 2022 Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.4. Indicaron los accionantes que el 21 de abril de 2010 suscribieron cuatro pagar\u00e9s con vencimiento de 20 de abril de 2011, los que garantizaron con una hipoteca abierta sin limite de cuant\u00eda, la que constituyeron el 13 de abril de 2013; y que cancelaron los intereses conforme a lo pactado hasta julio de 2013. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1alaron que el 10 de agosto de ese a\u00f1o, Miguel Pineda les dijo que pod\u00edan hacer un abono a capital porque necesitaba efectuar un negocio, a lo que accedieron y le pagaron $40.000.000 con el fin de disminuir la deuda y bajar los intereses; y que esto lo expusieron en la contestaci\u00f3n de la demanda, sin que fuera tachado ni negado al descorrer las excepciones presentadas. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que por motivos econ\u00f3micos entraron en mora en septiembre de 2013; que se radic\u00f3 la demanda en septiembre de 2015, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 13 de octubre siguiente; que el extremo actor les remiti\u00f3 los citatorios cuando hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de las obligaciones; y que desde agosto del 2015 ya no viv\u00edan en dicho inmueble. <\/p>\n
2.7. Adujeron que no recibieron ninguna citaci\u00f3n; que en julio de 2016 se acerc\u00f3 una persona a su bodega inform\u00e1ndole que iba de parte de una abogada con el fin de acompa\u00f1arlo al estrado que conoc\u00eda del proceso por la deuda que ten\u00edan con Miguel Pineda; que se reuni\u00f3 con la referida profesional del derecho, la que le indic\u00f3 que no rematar\u00eda el bien, sin comunicarle que su acreedor hab\u00eda fallecido; y, si bien, ello no era excusa para no ejercer su defensa, dicha togada le dijo que se reunieran con una propuesta de pago, por lo que despu\u00e9s le consignaron $12.000.000 en la cuenta que les suministr\u00f3. <\/p>\n
2.8. Refirieron que el 4 de octubre de 2016 los tuvieron notificados; que el proceso se remiti\u00f3 a ejecuci\u00f3n; que el 24 de noviembre siguiente fue secuestrada su bodega, momento en el que se enter\u00f3 que la mencionada profesional del derecho no cumpli\u00f3 lo que acord\u00f3 y sigui\u00f3 con el tr\u00e1mite del juicio. <\/p>\n
2.9. Aseveraron que en octubre de 2017 se asesoraron de un abogado, revisaron el expediente, encontrando que se hab\u00eda emitido sentencia y les cobraban la totalidad del capital, sin tener en cuenta el abono efectuado; que su apoderado present\u00f3 una nulidad por indebida notificaci\u00f3n, la que se declar\u00f3 desde el auto de 13 de julio de 2018 respecto de la ejecutada Nelly Esperanza Rodr\u00edguez, quien propuso las excepciones de prescripci\u00f3n, pago parcial, mala fe y falta de lealtad procesal. <\/p>\n
2.10. Manifestaron que el ejecutado no ejerci\u00f3 su defensa al ser asaltado en su buena fe, pero la demandada nunca renunci\u00f3 a la prescripci\u00f3n; que el 25 de octubre de 2019 el juez de ejecuci\u00f3n profiri\u00f3 sentencia declarando no probadas las excepciones, decisi\u00f3n confirmada por el ad-quem; y que el Tribunal acusado incurri\u00f3 en error al aplicar indebidamente lo dispuesto en los art\u00edculos 2194 y 2539 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.11. Anotaron que los falladores tomaron como base de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n el abono realizado, es decir, contaban con tres a\u00f1os para hacer efectiva la obligaci\u00f3n, esto es, hasta el 14 de agosto de 2016, sin embargo, la ejecutada fue notificada el 5 de octubre de 2017. <\/p>\n
2.12. Se\u00f1alaron que si bien se analiz\u00f3 su enteramiento, se le rest\u00f3 importancia a que fue asaltado en su buena fe; que el Tribunal interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea las manifestaciones realizadas en la contestaci\u00f3n de la demanda; y que Juan Carlos Rivera Pineda, sobrino del causante estuvo presente al momento de efectuar el acuerdo y le constaba su cumplimiento. <\/p>\n
2.13. Agregaron que agotaron todos los recursos con los que contaban; que cumpl\u00edan con la inmediatez, en tanto que la sentencia fue emitida el 17 de noviembre de 2022, pero qued\u00f3 debidamente ejecutoriada el 17 de abril de 2023 con el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por el superior; y que el fallo contrario a derecho les causaba un perjuicio grave e irremediable. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en el fallo emitido se consignaron las razones de hecho y derecho en las que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, as\u00ed como en los prove\u00eddos que resolvieron una aclaraci\u00f3n y reposici\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad remiti\u00f3 el link del expediente censurado. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que se remit\u00eda a la actuaci\u00f3n que hab\u00eda adelantado. <\/p>\n
4. Oswaldo Ram\u00edrez Bol\u00edvar y Carolina Sierra Benavides, quienes dicen actuar en su condici\u00f3n de apoderados de V\u00edctor Eladio Pineda Solano, as\u00ed como de Miguel Pineda Solano (q.e.p.d.), respectivamente, allegaron memoriales, los cuales no son tenidos en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que los habilite para ejercer dicha representaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Juan Carlos Garc\u00eda Iba\u00f1ez, aduciendo actuar como apoderado de los accionantes, indic\u00f3 que coadyuvaba la petici\u00f3n de resguardo. <\/p>\n
6. Luis Gabriel Mu\u00f1oz Pinz\u00f3n, representante legal de la Inmobiliaria Contactos El Sol SAS, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones que adelant\u00f3 cuando fung\u00eda como secuestre del bien objeto del proceso. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo criticado de 17 de noviembre de 2022, as\u00ed como el prove\u00eddo que deneg\u00f3 la aclaraci\u00f3n el 15 de diciembre siguiente y la interposici\u00f3n de la tutela el 14 de agosto de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sea de recibo el argumento con el que los accionantes pretenden superar la mentada exigencia, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncian como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
En cuanto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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